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Las organizaciones ecologistas ven bien la propuesta de Ley de Cambio Climático pero piden más ambición para reducir las emisiones

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Europa Press.- Las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ven con buenos ojos que el Ministerio para la Transición Ecológica haya lanzado el documento base sobre el cual se elaborará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque «era urgente» aunque reclaman mayor ambición en el objetivo de reducir las emisiones de gases invernadero.

En una primera valoración hasta el análisis pormenorizado de la propuesta, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, señala que el plazo que plantea el Ejecutivo para dejar de matricular vehículos de gasolina, diesel o híbridos, es decir todos los que emitan CO2, es «poco ambicioso» porque precisamente el sector del transporte es el más emisor en España.

En todo caso, observa que en un futuro descarbonizado «no tienen ningún espacio» los vehículos contaminantes, puesto que la carretera es el principal emisor al que hasta ahora no se le puso coto. Por eso, pese a considerar que se podría ir a una mayor ambición, cree que con este planteamiento se envía un mensaje claro a la industria sobre lo que es «más conveniente».

«Los coches contaminantes son una tecnología obsoleta que, además de cambio climático, provocan otros muchos problemas en las ciudades», asegura. Añade que aún falta mayor concreción en el texto pero confía en que las medidas se darán a conocer en el Plan Nacional de Energía y Clima que espera ver pronto y en el que confía que haya «más ambición«.

Del mismo modo y sin profundizar en la valoración del texto hasta su análisis pormenorizado, el coordinador de políticas ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, celebra que las «primeras señales son positivas y van en la buena dirección» y ha destacado que el texto recoge «muchas» de las reclamaciones que la ONG planteó al Ejecutivo en una lista de propuestas. «Las señales son buenas pero, a primera vista, la propuesta no es tan ambiciosa como esperábamos en cuanto a reducción de emisiones. Animamos a los partidos a que de aquí hasta su aprobación los políticos se pongan a trabajar a favor de la ambición e intentar consensuar un buen texto», concluye.

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera que “el aspecto inicial es bueno. Suena bien e incluye propuestas interesantes que ahora debemos analizar». Asimismo, cree que el proceso de tramitación para que se llegue a un acuerdo de consenso será «rápido». En definitiva, pronostica que una vez se apruebe la Ley de Cambio Climático, el Gobierno marcará la línea a seguir, algo «muy importante» porque guiará a la sociedad y a los sectores económicos hacia donde van las cosas y por dónde deben continuar.

Insiste en que lo que han podido conocer del texto o borrador «tiene buen aspecto» e incluye propuestas interesantes. «La Ley es la música y el Plan nacional de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa son la letra», compara. Por último, el responsable de WWF ha apuntado que «lo recibimos bien. El Gobierno lleva poco tiempo y ha trabajado rápido». Las ONG ambientales forman parte del Consejo Nacional del Clima al que se presentará formalmente el borrador del texto para que puedan aportar sus comentarios y sugerencias.

El Gobierno propone prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos desde 2040 y ser 100% renovables en 2050

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Europa Press.- El Gobierno propone un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollará las actuaciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de 2040.

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que se ha trasladado a los grupos parlamentarios. El Ministerio ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Fuentes ministeriales han señalado que el objetivo es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado por Bruselas para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases invernadero en, al menos, un 20% respecto al año 1990. Esto supone que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar a reducir las emisiones hasta las 230 millones de toneladas de CO2.

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un borrador que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que al menos el 20% de los Presupuestos deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. El Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2, para lo que desde 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los híbridos. Esta propuesta es similar a las de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, entre otros, aunque con distintas fechas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advierte de que aún quedan 32 años por lo que desde el Ministerio consideran que la industria tiene tiempo para adaptarse hasta 2050. Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y del territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.

Por otro lado, el documento base para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Así se prohibirá expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.

En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que quedarán prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad esté relacionada con los combustibles fósiles e incluso se desprenderá de ellos. Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megavatios de potencia renovable al año y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. Asimismo, el Ejecutivo aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán especialmente en los colectivos vulnerables.

En coherencia con esto, el Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública, al tiempo que los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da de plazo hasta 2025 para que los existentes logren la máxima calificación energética. De hecho, el sector público, a partir de 2025 solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los arrendamientos en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.

En cuanto a las empresas cotizadas, de las que prevén que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí a 2030 en la descarbonización, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35. Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá.

En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% respecto a 1990, 6 puntos más de lo exigido por la Unión Europea. Para ello, en 2030 prevé lograr una penetración de energías renovables final del 35%; un sistema eléctrico con un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35%, algo más que los objetivos marcados por la Unión Europea.

De cara a 2050, la ambición será mayor, ya que quiere reducir las emisiones invernadero un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable. En la actualidad, las emisiones españolas están un 17% sobre 1990, por lo que el objetivo para 2030 supone reducirlas en 37 puntos. Desde el Ministerio explican que lograr en 2030 una reducción del 20% del total de emisiones supone que entonces España deberá emitir 230 millones de toneladas, lo que equivale a decir que una de cada tres emisiones debe desaparecer.

Finalmente, el secretario de Estado subrayó que el documento supone un «pistoletazo de salida» al diálogo para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para cumplir el objetivo del Gobierno de tenerla antes de final del año 2019 y espera que la norma se alcance con consenso tras un proceso de «encuentro» con administraciones y sectores implicados y que «nadie se quede descolgado en este proceso».

Teresa Ribera asegura que el borrador de la ley de cambio climático recoge el sentir «unánime» de la conciencia social

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Europa Press.- El Gobierno asegura que el Plan Nacional de Energía y Clima combatirá la pobreza energética en España mientras que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el documento base para elaborar la Ley de Cambio Climático, cuyas líneas generales trascendieron, recoge el «sentir unánime» de la sociedad española de que hay que poner en marcha un marco regulatorio «estable y predecible, que guíe la transición hacia un desarrollo libre de emisiones”.

Ribera ha recordado que España es un país «altamente vulnerable» al cambio climático y su ciudadanía «está totalmente concienciada de la magnitud del problema». Así, este marco regulatorio deberá convertir este proceso en una oportunidad para un crecimiento «más justo y solidario». La propuesta, según ha explicado, plantea reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero actuales de España en tan solo una década. «Lo consideramos un hito a nivel internacional y una muestra de nuestro firme compromiso con la lucha contra el cambio climático», ha añadido.

Por ello, ha defendido que el Gobierno defiende una ley que da «señales claras y predecibles» a los inversores y al resto de agentes económicos del modelo de desarrollo descarbonizado al que se dirige España. «La transición hacia una economía neutra en carbono en 2050 generará progreso y empleo estable, y presenta grandes oportunidades económicas que España debe aprovechar», vaticina.

Se combatirá la pobreza energética

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha asegurado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de que finalice el año combatirá la pobreza energética, especialmente agravada por la subida del precio de la electricidad que, aunque en octubre quebró la tendencia alcista de los últimos 6 meses, aun presentó una cifra un 14% superior a la registrada en octubre del 2017.

Por otro lado, Domínguez Abascal ha señalado la descarbonización y la electrificación de la economía como unos objetivos que pueden parecer «ambiciosos» pero también suponen una «gran» oportunidad para los ingenieros, las empresas y la economía española. Además, añadió que se hace «urgente» revertir la situación que España ha vivido bajo las «políticas conservadoras» del Gobierno anterior. «En España tenemos un 17% más de emisiones que en 1990. Esta situación debe revertirse y el Gobierno trabajará en esa dirección«, aseguró.

2030: objetivo renovable del 32%

De igual forma, Domínguez Abascal ha matizado que la economía española seguirá las directrices de la Unión de alcanzar el 32% en generación energética mediante fuentes renovables para el año 2030 y de alcanzar la descarbonización de la economía entre el 90% y el 100% para 2050. Con el fin de lograr tal objetivo, Domínguez Abascal destacó que se debe desarrollar una labor «conjunta» entre la industria y el Estado.

Domínguez Abascal también ha apuntado a la necesidad de cambiar la forma de movilidad dentro de las grandes urbes: «Un 25% de las emisiones actuales provienen del transporte y estas crecen más rápido que cualquier otro tipo de emisiones». A este respecto, el secretario de Estado reiteró que es «oportuno» aprovechar las mejoras que se están realizando en los vehículos eléctricos, los cuales «se están volviendo competitivos, algo muy importante«.

Ribera afirma que las medidas adoptadas convierten al país en el que más ha caído el precio de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con la caída desde máximos del precio del CO2, han permitido a España «pasar de ser el líder» en Europa en los incrementos en los precios de la electricidad a «ser el país, junto a los nórdicos, en el que más ha caído el precio mayorista en octubre».

En comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera valoró así las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo a principios de octubre para combatir la espiral alcista en el precio de la luz de los últimos meses, aunque subrayó que no es suficiente y que «hay que seguir trabajando» y adoptando «medidas de fondo». El recibo de la luz vio cortada en octubre la tendencia alcista de los últimos meses y se abarató por primera vez desde mayo, mitigando así las subidas de agosto y septiembre.

Ribera indicó que combatir el alza en el recibo de la luz ha sido «uno de sus primeros mensajes» desde que llegó al Gobierno ya que la electricidad limpia y eficiente tiene «un inmenso futuro», aunque es necesario mantener unos «precios razonables y evitar sobrecostes que dificulten el periodo de transición«. Así, subrayó que desde marzo se ha vivido una espiral alcista de «subidas muy importantes y continuas no previstas por el Gobierno anterior». «El señor Nadal dijo que iba a bajar el precio por sus medidas, pero se le olvidó que el CO2 era un factor que existía y que iba a incidir en el precio de la energía».

Concesiones de las centrales hidroeléctricas

Además, Ribera indicó que «en las próximas semanas» se presentará una propuesta que afectará a la prórroga de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que expiran en estos años ya que el agua para generación eléctrica existe en «un volumen limitado» y es necesario pensar «en las condiciones más acordes al siglo XXI». La ministra, que no entró en más profundidad al respecto, subrayó que el objetivo debe ser el de «garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que es público«.

Ribera también destacó ese real decreto de medidas urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, aprobado el pasado octubre, como un primer conjunto de señales en el camino que se quiere tomar, con medidas como el fin del impuesto al sol o los ajustes para asegurar que España «llegue con los deberes hechos» en materia de energías renovables o la eliminación de trabas que impiden el despliegue de la movilidad eléctrica.

«En todo caso, la señal más precisa consiste en la adopción del marco estratégico que ha de conducirnos a un camino distinto en los próximos años, ese puente que hay que construir entre la realidad actual y la realidad que queremos en 2030«, subrayó, remarcando que estarán recogidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa del Gobierno.

Concretamente, estima que son «piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí», que fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030, con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada 5 años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes «obligatorios» en la contratación pública.

España debe instalar 50.000 MW renovables hasta 2030 para alcanzar un objetivo del 35% frente al 32% marcado por Europa

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Europa Press.- España deberá instalar 50.000 megavatios (MW) verdes de aquí a 2030 para alcanzar el objetivo del 35% de renovables de la energía final, según anunció el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en el Congreso APPA Renovables 2018.

Domínguez señaló que esta hoja de ruta se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de acabar 2018 y donde se definirá «la senda del país de aquí a 2030», tratando así de «evitar la improvisación«. El secretario de Estado de Energía destacó que esta senda de 50.000 MW nuevos al horizonte de 2030, lo que representa un ritmo de unos 5.000 MW anuales, permitirán duplicar en 12 años el peso de las renovables en la energía, pasando así del 17,5% actual a ese reto del 35%, por encima del 32% del objetivo de media europea.

Además, auguró un objetivo de entre 5 y 4 millones de vehículos eléctricos para ese horizonte de 2030, así como la rehabilitación energética de 100.000 viviendas anuales, lo que obliga «a un gran plan de la mano de los Ministerios de Fomento e Industria», añadió. Domínguez señaló que antes de que acabe 2018 se remitirá al Congreso de los Diputados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se recogerá esta senda de España hacia la descarbonización. Asimismo, valoró que España tiene capacidad de ser «100% renovable en 2050».

Por su parte, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, señalo que la alta dependencia energética de España debe «no solo ser un reto, sino también una oportunidad» para aprovechar los recursos del país en renovables. Para ello, Villarig subrayó que será necesario «adaptar la fiscalidad excesiva y recaudatoria» y pidió «no caer en los errores» de anteriores gobiernos que llevaron a una acumulación de déficit de tarifa «tremendo». El presidente de APPA Renovables consideró que 2020 será un año «preocupante» ante la incertidumbre respecto a un posible cambio en la rentabilidad razonable y la evolución de las subastas de renovable, aunque destacó que el sector ha encontrado «receptibilidad» por parte del actual Gobierno.

Inversión en solar y eólica

Por otro lado, las fuentes de energía renovables, en especial la energía solar y eólica, figuran entre las favoritas en inversiones energéticas futuras, según el informe global Tendencias en Energías Renovables elaborado por Deloitte. Según el informe, las exigencias de la demanda, así como la combinación de la reducción de costes y la innovación tecnológica, están propiciando que ambas fuentes de energía puedan competir con las tradicionales, hasta el punto de posicionarse por delante de estas en proyecciones de inversión. El socio responsable a nivel mundial de Power&Utilities de Deloitte, Felipe Requejo, considera que la energía solar y la eólica podrían satisfacer la creciente demanda de empresas, ciudades y mercados emergentes “de manera más económica y baja en emisiones contaminantes«.

El informe considera que la paridad de precios y la continua reducción de sus costes derivada de la innovación tecnológica de estas energías favorecen su competitividad frente a las tradicionales. Así, destaca que en países como China, Estados Unidos, Alemania y otros, ya se alcanzó la paridad en precio para algunas de las energías renovables. En este sentido el LCOE (levelized cost of energy) de la eólica onshore (terrestre) se ha convertido a finales de 2017 en la fuente de energía más barata, con un LCOE de entre 30 y 60 dólares por MWh, mientras que la solar fotovoltaica se ha convertido en la segunda con un LCOE de 43 a 53 dólares por MWh.

Además, señala la continúa mejora de sus capacidades de integración, que permiten a estas tecnologías disponer de la capacidad para suministrar y abastecer la red eléctrica de manera fiable y rentable, así como la evolución de los mercados eléctricos y regulaciones que favorecen las tecnologías libres de emisiones. El informe elaborado por Deloitte también señala otros dos agentes clave en el aumento de la demanda de energías renovables, como son el auge de las llamadas smart cities o ciudades inteligentes, y el gran desarrollo de la demanda en mercados emergentes.

Unanimidad en el Congreso para pedir al Gobierno recursos para que el IDAE articule una estrategia «ambiciosa» de eficiencia energética

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Europa Press.- La Comisión de Transición Ecológica del Congreso apoyó por unanimidad una proposición no de ley del PSOE por la que reclaman al Gobierno recursos para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) con el objetivo de aplicar una estrategia ambiciosa de ahorro y eficiencia energética, que se sitúe entre las prioridades de la política energética del país.

El texto, que ha contado con aportaciones de Ciudadanos y ERC, cuenta con una decena de puntos que buscan «el impulso de la eficiencia y el ahorro energético», según explicó el portavoz socialista en este debate, Marc Lamuà. Entre las medidas que se reclaman, destacan la petición al Ejecutivo para aprobar un plan estratégico que incluya actuaciones preferentes para viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética. Además, se propone impulsar en el medio plazo la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda y revisar las normas de edificación y rehabilitación, así como desarrollar instrumentos financieros específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos.

Asimismo, también pide fomentar cambios sustanciales en nuestra movilidad, apostando como una de las claves del ahorro energético en la movilidad sostenible, en la que el transporte público y el vehículo eléctrico juegan un papel fundamental. Del mismo modo, apuesta por reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas y apostar decididamente por las energías renovables para reducir el consumo energético.

Apuesta por la economía verde

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley que pide al Gobierno a impulsar un plan para promover una transición hacia un estilo de vida sostenible, que tenga impacto sobre la educación, la economía y el sistema social. La propuesta, promovida por el grupo parlamentario socialista, ha sido aprobada después de haber pactado dos modificaciones de la propuesta para incluir las enmiendas de ERC y de Cs. Así, la primera señala que el plan deberá elaborarse de acuerdo con las comunidades autónomas a las que se dotará de fondos proporcionales y suficientes para aplicar estas políticas en sus territorios de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas.

Por otro lado, la iniciativa insta también al Gobierno a presentar cuanto antes un proyecto de ley de lucha contra el cambio climático y la transición energética, que remita a la Unión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y a aprobar la Estrategia Española de Economía Circular y que incorpore medidas dirigidas a fomentar una administración sostenible.

El portavoz socialista en la Comisión para la Transición Ecológica, Ricardo García Mira, cree que una respuesta institucional al reto de la sostenibilidad ha estado muy fragmentada hasta el momento y, a pesar de que se han promovido campañas de concienciación, hay «algunos aspectos aún controvertidos». Por ejemplo, señala que «no está claro» hasta qué punto los ciudadanos afrontan los retos ambientales con cambios de estilo de vida, algo que «exige introducir cambios en el diseño de los modelos económicos» si se quiere observar algún impacto en la vida cotidiana. «Como políticos y como sociedad no está claro que se estén creando mecanismos efectivos para promover la participación y la cooperación para una transición firme hacia la sostenibilidad», ha defendido.

Una movilidad con menos emisiones

Esta estrategia incluirá la renovación del parque móvil público por vehículos de emisiones nulas o reducidas; aumentar la compra pública inteligente y sostenible; la adaptación de edificios públicos al estándar de consumo energético casi nulo, la reducción de los residuos generados y aumento del reciclado, la reutilización de agua y reducción del consumo neto de agua. El plan para impulsar un nuevo estilo de vida sostenible debe incorporar un diálogo entre innovadores, investigadores y otros actores sociales, sobre todo de los grupos de interés medioambientales y de la economía, para poder poner en contexto el significado e impacto de distintos modelos económicos que se basen en la economía verde y otros modelos de crecimiento sostenible.

El plan deberá consultar también a las iniciativas que ya en la actualidad contribuyen a reducir el impacto ambiental en áreas de relevancia, como la movilidad o el consumo. Al mismo tiempo, este plan irá acompañado de un programa de apoyo e incentivos económicos de estas iniciativas empresariales de economía verde, sobre todo las más innovadoras y que tengan un mayor impacto social. También habrá de facilitar el conocimiento y la implantación de alternativas de estilos de vida sostenibles según las recomendaciones del Acuerdo de París contra el cambio climático.

También prevé una campaña de educación y concienciación ambiental sobre la necesidad de implicarse en estilos de vida sostenibles, que permita adquirir información veraz sobre el impacto negativo del actual comportamiento sobre el cambio climático y que refuerce la idea de la necesidad de cambiar de vida para responder al reto de la sostenibilidad. Igualmente, incluirá incentivos a la utilización de transporte público y a la creación de infraestructuras verdes que permitan el diseño de corredores verdes en las ciudades.

El Gobierno creará un grupo de trabajo de «manera inmediata» para estudiar la reforma del mercado mayorista de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo de «manera inmediata» en el que participarán todos los actores con el fin de abordar la reforma del mercado eléctrico mayorista, el conocido como pool. En este sentido, Ribera señaló que el objetivo de este grupo será «presentar, estudiar y discutir» a partir de 2019 las propuestas que hay sobre la mesa para la revisión del mercado eléctrico.

Hay que recordar que el Gobierno y Unidos Podemos alcanzaron un acuerdo sobre Presupuestos para 2019 en el que, entre otras medidas, pactaron realizar los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que consideran que recibe en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear. Ambas partes consideran que recortar esta retribución podría destinarse, directamente, a abaratar la factura eléctrica.

Ribera subrayó que la electricidad tiene «un futuro brillante» dentro del proceso de descarbonización, pero también reconoció que el funcionamiento del pool debe contar con «mejoras importantes«. Así, señaló que estas mejoras deben ir enfocadas a permitir un funcionamiento del mercado que facilite «la estabilidad y confianza de los inversores», pero sin que esto «suponga la aparición de retribuciones excesivas».

A este respecto, apuntó que el Gobierno presentará antes de que acabe 2018 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional de Energía, que deben marcar la hoja de ruta para cumplir con los objetivos europeos para 2030 y 2050, con el objetivo de que sea una realidad antes de finalizar la Legislatura, ya que cuenta con un «consenso elevado» por parte de los partidos políticos.

Respecto al futuro de las centrales nucleares, subrayó que no tiene todavía la información necesaria para adoptar una decisión, debido a que el anterior Ejecutivo no trabajó en «una construcción de escenarios» de descarbonización, pero recordó que es ministra de un Gobierno que pertenece a un partido en el que el cierre de las centrales al final de su vida útil «es una referencia importante» en su programa. Además, destacó que tampoco existe un plan actualizado sobre la gestión de residuos radioactivos, lo que hace que la respuesta definitiva de este Gobierno respecto a las nucleares «esté en stand by».

Respecto a las centrales de carbón, recordó que existe un marco comunitario «que viene dado» que obliga a las plantas a cumplir con las obligaciones medioambientales o a cerrar las instalaciones, por lo que tienen «poco recorrido«. No obstante, mostró el compromiso del Gobierno para buscar soluciones para las zonas donde la falta de anticipación para buscar soluciones ha hecho que la situación sea «dramática».

Por otra parte, Ribera insistió en que es intención del Gobierno dar una respuesta «pronto» a los pequeños inversores en renovables que se vieron perjudicados por los recortes aplicados a las renovables por el anterior Gobierno. «Es verdad, hubo un problema que se trasladó a los inversores en renovables, con una expectativa que podría estar confundida en la manera de ser cuantificada y que ha generado un gran daño», apuntó la ministra, reconociendo que la situación «ha ido complicándose desde el punto de vista judicial» con el paso del tiempo.

El Congreso rechaza tramitar la Ley de Cambio Climático del PP reprochándole los 7 años de inacción en el Gobierno

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Europa Press.– El pleno del Congreso rechazó tramitar la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética del PP, quien ha recibido las críticas de la mayoría de los partidos por presentar ahora una norma que se comprometió a elaborar durante su estancia de 7 años en la Moncloa. También ha sido una mayoría quien ha reclamado al actual Ejecutivo socialista que presente en un corto periodo de tiempo el proyecto de ley sobre esta materia.

El texto popular incluía el objetivo de reducir un 26% las emisiones en 2030 y llegar al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, pretendía que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a mejorar la eficiencia energética.

Asimismo, proponía elaborar un plan de adaptación al cambio climático, tener en cuenta la asistencia a grupos sociales y sectores especialmente vulnerables y elaborar un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberían tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura. Del mismo modo, se incluía la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética formado por expertos de reconocido prestigio como asesoramiento de las políticas y medidas que se aprobaran en la materia. Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establecía que las administraciones públicas destinaran, al menos, un 20% de su presupuesto anual a actuaciones para luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, todos los partidos, excepto Foro Asturias, han rechazado la propuesta de los de Pablo Casado. Tanto PSOE como Unidos Podemos han criticado que el PP haya usado el trabajo de los funcionarios del anterior Ministerio de Medio Ambiente para «uso partidista». «Se creen que España es su cortijo», criticó el portavoz socialista Marc Lamuà, mientras que su homólogo del grupo confederal, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino, criticó que durante 7 años de Gobierno haya «hasta legislado en contra» del cambio climático y, «15 días después» de salir de la Moncloa, presente una ley sobre la materia.

«Tuvieron 8 años y 2 semanas después de caerse del Gobierno presenta esta ley que sacaron de no sé qué cajón», insistió el portavoz de Ciudadanos en este debate, José Luis Martínez González. A su juicio, el texto no cumple con ninguna de las exigencias que solicitaron los sectores implicados: que fuera consensuada y participativa. Del mismo modo, ha destacado la falta de medidas en materia energética, pesca, turismo, agricultura o biodiversidad, entre otros aspectos.

Desde el PNV, su portavoz Joseba Agirretxea tampoco considera el texto el más adecuado para la lucha contra el cambio climático y urge al Gobierno socialista a presentar cuanto antes el proyecto de ley al que se comprometió a su llegada al poder. Por su parte, el portavoz de ERC en esta materia, Xavier Eritja, ha reprochado al PP que ahora busque el consenso y se de cuenta de que es necesario cambiar el modelo energético «con retraso y mal».

Desde el PDeCAT, su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha llamado también al Gobierno a presentar su propuesta, recordando que la duración de la legislatura es «una incertidumbre» y que sería «una lástima» que se acabara sin haber cumplido con una ley de cambio climático. Sólo Foro Asturias ha apoyado al PP, mientras que EH Bildu ha reconocido el cambio de los populares reconociendo ahora la importancia del cambio climático, aunque del texto, según han explicado, no han encontrado nada positivo.

Iberdrola coincide con el IPCC de la ONU en la «necesidad» de limitar el calentamiento a 1,5ºC con políticas «robustas»

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Europa Press.- Iberdrola considera que el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) es un «elemento básico y sustancial» de cara a la próxima cumbre del Clima y coincide con el grupo de expertos en la «necesidad» de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados (ºC) frente al objetivo actual de 2ºC y considera que algunas herramientas para lograrlo pasan por una fiscalidad adecuada y políticas «climáticas robustas».

La compañía eléctrica considera que el informe del IPCC es un «elemento básico y sustancial» para consolidar con éxito la fase política del Diálogo de Talanoa en la Cumbre Climática de Katowice de diciembre de 2018 (COP24). Además, Iberdrola comparte «la visión» del IPCC sobre la «necesidad» de avanzar hacia un escenario de 1,5ºC, su viabilidad y las oportunidades asociadas en términos de mejoras de crecimiento económico, desarrollo industrial y de calidad del aire. En este contexto, apoya «firmemente» el desarrollo de estrategias climáticas de largo plazo para alcanzar economías con emisiones netas «nulas» y marcos de políticas climáticas robustos.

En concreto, Iberdrola afirma que la fiscalidad y los instrumentos del precio de carbono deben estar basados en el principio quien contamina, paga y juegan un papel «central». En su opinión, la eficiencia energética debe lograrse «principalmente» a través de la electrificación de usos finales, como el transporte eléctrico, las bombas de calor, la iluminación LED, así como con el desarrollo de energías renovables. Del mismo modo, observa que las políticas y los planes sectoriales deben ayudar a superar las actuales barreras a la descarbonización.

Para ello, considera que es urgente actuar para alcanzar un pico de emisiones «lo antes posible» y una senda de reducción de emisiones que asegure que el incremento de la temperatura a final de siglo se sitúe «sensiblemente» por debajo de los 2ºC. Asimismo, Iberdrola manifiesta su convencimiento en que «todos» los sectores, tales como el transporte, edificación o la industria, deben acelerar su transición hacia la descarbonización para cumplir con ese escenario. Igualmente comparte la visión sobre el «importante papel» del sector energético y, en particular, de la electricidad como la «principal vía» para descarbonizar los usos finales de la energía tanto en transporte, como en edificación e industria.

Por último, Iberdrola cree también «oportuno» tener en cuenta la «elevada incertidumbre» asociada al papel que pueden jugar las tecnologías de captura de CO2, ya que el informe del IPCC les otorga un papel «muy relevante» y señala que la «efectividad de estas técnicas no está probada a gran escala«. Si bien, aunque la empresa pone la vista en el largo plazo, insiste también en que las acciones de corto plazo deben ser «prioritarias» debido a la «gravedad del problema y su ritmo de agravamiento».

Unidos Podemos reclama un plan

Unidos Podemos ha reclamado al Gobierno en el Congreso un «plan de choque para revertir los daños irreparables» del cambio climático de los que han advertido el IPCC de Naciones Unidas. Según este texto, está previsto que las temperaturas aumenten hasta 1,5ºC entre 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa avanzando a su ritmo actual y no se ponen en marcha una serie de medidas a nivel internacional. En este sentido, los expertos han aseverado que la limitación del cambio climático «tendría beneficios claros para las personas y los ecosistemas naturales y podría ir acompañada del afianzamiento de una sociedad más sostenible y equitativa».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde, ha señalado, en este sentido, que la posición geográfica de España en la región Mediterránea es una de las más expuestas al cambio climático y hace al país «especialmente vulnerable» a este fenómeno. López de Uralde también recuerda en la iniciativa que la ministra para la Transición Ecológica ya informó que la calidad del aire ha empeorado en 2017, con respecto a los niveles de 2016, y que ha aumentado el número de zonas y poblaciones donde se han superado los niveles límite de dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión (PM10) han aumentado.

Ante esta situación, el coportavoz de Equo apremia al Ejecutivo a presentar el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometido por la ministra para antes de que acabe el año y también medidas para que entre el 70% y el 85% de la electricidad global sea de origen renovable, tal y como el IPCC propone para 2030.

Galán ve «alcanzable» que en 2030 el 80% de la electricidad sea renovable siempre que se aplique «quien contamina, paga»

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cree que es «perfectamente alcanzable» que en 2030 entre el 70% y el 80% del consumo de electricidad proceda de energía renovable, aunque considera que para ello hay que aplicar el criterio de que “quien contamina, paga«. «El medio ambiente no es un problema, sino una gran oportunidad de creación de riqueza y empleo, pero siempre que apliquemos el criterio de que quien contamina, paga. Si no, no lo conseguiremos», ha aseverado Galán.

Así, ha recordado que los objetivos para 2030 pasan por un peso de las energías renovables del 32% y que ello llevaría a que entre el 70% y 80% de la electricidad proceda de fuentes renovables. «Son objetivos ambiciosos pero perfectamente alcanzables desde un punto de vista tecnológico y económico», indicó. Esto pasaría, abundó, por la integración en el sistema eléctrico de 40.000 nuevos megavatios (MW), la extensión y digitalización de las redes de distribución, un «aumento sustancial» de la capacidad de almacenamiento, la ayuda al consumidor para una «gestión más activa» de la demanda y la electrificación del transporte.

En este último punto, ha apostado por que «el despliegue del coche eléctrico tiene que ser una realidad». «Como empresa eléctrica, no queremos ser el cuello de botella para este despliegue y estamos en un proceso de despliegue de contadores en todas las carreteras para que pueda ocurrir», ha subrayado. Todo ello, desgranó, implicaría una inversión global de entre 70.000 y 100.000 millones de euros, pero también «marcos claros e incentivadores que garanticen la estabilidad regulatoria, atraigan ese capital y aporten visibilidad más allá de situaciones coyunturales». «Hay que hacerlo atractivo a inversores mundiales», advirtió.

En este sentido, ha reclamado que estos marcos regulatorios «apoyen a los que miren al futuro» y garanticen «un reparto justo y equilibrado de los costes medioambientales entre los diferentes emisores» para que «no sólo pague el sector eléctrico, sino los que tengan alguna responsabilidad». Galán espera que todos estos objetivos «claros y ambiciosos» se contengan en la próxima Ley de Transición Energética y el Plan integrado de Energía y Clima, de la que espera «una planificación energética coherente» y «mecanismos regulatorios que garanticen esa consecución del modelo más eficiente«.

La renta familiar “sube más”

Por otro lado, Galán resaltó que el precio de la electricidad para los hogares, sin computar los impuestos en la tarifa, ha subido un 30% menos que el aumento de la renta familiar disponible. «Hemos crecido más en renta que lo que ha crecido la factura, un 40% menos que el metro cuadrado de vivienda en la capital y un 45% menos que productos de primera necesidad, como el pan y la leche», aseveró Galán.

Asimismo, Galán ha reconocido que existe una «sensibilidad especial con los precios» pero que esta situación «está ocurriendo en todo el mundo». Incluso considerando en este coste todos los impuestos incluidos y costes de política energética que soporta actualmente la factura eléctrica, el presidente de Iberdrola ha destacado que el precio por kilovatio hora (kWh) ha aumentado un 7% menos que la renta de las familias. «Ello ha sido posible gracias a un significativo esfuerzo de las empresas eléctricas por mejorar su eficiencia operativa», subrayó.