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La patronal renovable APPA pide en la Ley de Transición Energética una fiscalidad que penalice a las tecnologías más contaminantes

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Europa Press / EFE.– Mientras el Grupo Español para el Crecimiento Verde propone un decálogo para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera necesario que la futura legislación introduzca una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes y beneficie a la generación renovable. La patronal considera que, hasta el momento, la fiscalidad energética recae en mayor parte sobre las tecnologías renovables «con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la transición energética».

Esta petición está recogida en la contribución que presentó APPA a la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes más perjudiciales para el medioambiente», indicó el director general de APPA Renovables, José María González Moya, quien subrayó que «si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados».

Por otra parte, APPA considera que la normativa debe establecer un marco regulatorio «estable y predecible» que permita acometer la transición energética y pide que se contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables «para que no se repitan errores del pasado y los cambios legislativos retroactivos». En este sentido, la entidad considera que «se deben abordar los sectores difusos», estableciendo metas vinculantes, ambiciosas y alcanzables en climatización y transporte, «para que no se vuelquen todos los objetivos en el sector eléctrico», pues consideran que los esfuerzos deben ser distribuidos «de forma proporcional» entre los diferentes sectores económicos «para no perjudicar a ninguno«.

Por ello, APPA ha solicitado una planificación energética vinculante que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones. La asociación también ha resaltado la necesidad de que la futura ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas «que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas comunidades autónomas». La consulta previa de la Ley tiene el objetivo de que la preparación de esta norma recoja el mayor número de propuestas de los diferentes sectores de la sociedad para la elaboración de la legislación.

Un decálogo para la Ley

La descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050 o la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte son algunas de las propuestas que el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) ha presentado en su decálogo para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, las empresas que componen la entidad han reclamado la creación de un órgano de la Administración que se encargue de coordinar todo el proceso de elaboración de esta Ley.

Además, el GECV ha solicitado un reequilibrio del marco fiscal basado en el principio de quien contamina, paga, que promueva la acción climática de forma eficiente al mínimo coste y que contribuya, a través de la recaudación, a financiar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, el grupo ha solicitado que se aplique «un gravamen relacionado directamente con el nivel de emisiones de dióxido de carbono», para así asegurar «un reparto equilibrado del esfuerzo en materia de mitigación de manera viable y proporcionada».

De igual forma, considera indispensable la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del los vehículos, con energía de origen renovable y un mayor uso de combustibles alternativos de bajas emisiones. Asimismo, «la Ley deberá incorporar la creciente concienciación de los mercados financieros internacionales sobre riesgos asociados al cambio climático por su impacto sobre los estados financieros» y por la necesidad de «mayor transparencia y dinamismo» en este ámbito.

En sus propuestas el GECV también ha subrayado que la transición energética requiere de «un marco estable y predecible» para la inversión privada, «necesario para incentivar el esfuerzo inversor para el proceso de descarbonización«. Por ello la entidad se presenta como interlocutor de referencia del sector empresarial con las administraciones públicas, así como con las asociaciones empresariales y profesionales, ya que «las oportunidades económicas y de inversión deben pasar por la participación de los agentes implicados, para generar alianzas público-privadas».

La consulta pública para la Ley de Cambio Climático suma ya 170 propuestas, pero varios sectores la tildan de insuficiente

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Europa Press.- La consulta pública abierta por el Gobierno desde el pasado julio para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha recibido ya más de 170 propuesta, según ha indicado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), mientras que otros sectores, como ONG ambientales, expertos y organizaciones políticas de la oposición, tildan el proceso participativo de «insuficiente» y de ir «con retraso».

El próximo 10 de octubre finaliza el plazo de la consulta para la elaboración del texto, que tiene como objetivo construir una Ley «con la mayor implicación social», según ha señalado el MAPAMA, que ha añadido que la futura normativa es «un compromiso del presidente del Gobierno para cumplir con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París y en el marco de la Unión Europea«. Sin embargo, diferentes sectores de la sociedad, como ONG ambientales, partidos políticos de la oposición y expertos que han participado en la comisión del Congreso para su puesta en marcha, han criticado el proceso.

Insuficiente valor de la participación

En el caso de Ecologistas en Acción, lamentan que la participación ciudadana para elaborar la normativa está siendo «insuficiente» porque la consulta pública abierta ahora «sólo implica preguntas cerradas de orden jurídico». En la misma línea, la ONG Greenpeace España ha expresado su malestar, junto a otras organizaciones ecologistas, por no haber sido invitada a la comisión de expertos creada por el Gobierno para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, y que estará formada por 14 miembros.

Mientras tanto, para el partido socialista, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «una obligación del Estado» con la que el Gobierno de España «va muy por detrás de la mayoría de países». Por su parte, el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Arnau Queralt, expresó durante su intervención en la comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso, «que la participación pública no se debe reducir a colgar un texto en la web para que la gente opine».

Pese a las críticas, según fuentes ministeriales, este procedimiento es «novedoso» porque deja a la ciudadanía realizar todas sus aportaciones y contestar a preguntas abiertas sin la base de un borrador, al tiempo que han señalado que es la «primera vez» que el MAPAMA lo pone en marcha para atender a una ley «de esta envergadura, que necesita un proceso participativo amplio». Asimismo, el Gobierno ha creado un grupo interministerial para la elaboración de la Ley, que se reunió por primera vez el pasado abril.

El PSOE propone impulsar el uso de tecnología fotovoltaica para suministrar energía eléctrica a las desaladoras y reducir sus costes

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Europa Press.- El secretario de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, propone el impulso del uso de la energía fotovoltaica para la generación de energía que alimente las desaladoras, con el objetivo de reducir los costes. Morán ha dado a conocer las líneas de actuación del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía junto con su presidenta, Teresa Ribera, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero.

Escudero apuntó que el PSOE quiere introducir como «novedad» la fiscalidad verde en los Presupuestos del Estado. Su intención es contemplar esta fiscalidad verde en la alternativa que ofrecerán frente a los presupuestos del Ejecutivo para 2018 con el fin de paliar, a su juicio, «la falta de coherencia absoluta» del sistema fiscal. En su opinión, el actual sistema fiscal «viene de los años 70» y «no es un capricho, sino la herramienta más potente de la que dispone un Gobierno para orientar sus políticas».

Según explicó Ribera, el consejo nace sin fecha de caducidad y estará formado por 22 personas con diferentes perfiles con el objetivo de «entender cómo avanza la sociedad, cuáles son las advertencias, riesgos y oportunidades» y elaborar recomendaciones para «inspirar la acción política de los órganos de Gobierno» en general. Esta nueva herramienta comenzará a trabajar con cuatro ejes «clave»: energía, ordenación del territorio y urbanismo, empleo y fiscalidad verde, tal y como enumeró Ribera.

Por su parte, Narbona ha señalado que este consejo persigue elaborar recomendaciones para «transformar el modelo productivo de España«. «Esta transición debería llevarnos a un modelo de sociedad donde lo que tenga realmente valor sea el progreso seguro, justo y duradero, algo que no puede medir el actual PIB, por lo que hay añadir otros indicadores, como las renovables y los niveles de contaminación«, indicó.

Los representantes socialistas han puesto de manifiesto las «carencias» de la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno y que consideran «debería agilizarse». Actualmente, se encuentra en un proceso de consulta pública previa a la elaboración de un borrador. «Es difícil que nos encuentren en el camino para un pacto por la transición energética si no hay un consenso previo con la Ley de Cambio Climático», han concluido.

La Ley de Cambio Climático debe ser «corta» y «blindarse» ante los cambios de Gobierno, según la Generalitat de Cataluña

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Europa Press.- La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno debe ser «corta, directa y blindarse ante posibles cambios del signo político”, según el director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat de Cataluña, Arnau Queralt, que ha participado en la elaboración de la misma normativa catalana. Así lo ha expresado durante su intervención en la comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados.

Queralt ha incidido en que una Ley «demasiado larga, que luego no se pueda aplicar, no serviría de nada», al tiempo que ha destacado que otro elemento «fundamental» es que la norma tenga consenso político y social y «que la participación pública no se reduzca a colgar un texto en la web para que la gente opine». Asimismo, señaló que la normativa debería señalar un plazo de validez, una estructura para inspirar las políticas, cómo modificar la planificación sectorial, territorial y urbanística e incorporar un sistema de fiscalidad “que premie a quien lo hace bien».

Por otro lado, el experto ha puesto varios ejemplos de otros países como Suecia, que todos los años, junto a los Presupuestos, presenta un informe sobre cómo afecta el cambio climático a la economía, además de haber fijado «de forma clara» un objetivo de emisiones netas cero «e incluso negativas«. Además, Queralt ha puesto encima de la mesa un debate, que después han continuado los parlamentarios en el turno de réplica, sobre cómo se coordinan las diferentes comisiones y a dónde van todos los temas y propuestas que se plantean.

Por su parte, el director de la Cátedra de Cambio Climático y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Pulido, que ha hecho un repaso sobre las causas y efectos del cambio climático en el mundo, ha señalado que España debe descarbonizar la economía, hacer una «apuesta clara» por renovables, realizar una reordenación del territorio y potenciar el I+D+i para luchar contra este fenómeno.

Por último, el responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha pedido el cierre de las centrales nucleares y de las «ayudas encubiertas» al carbón, así como el fin del sistema tarifario actual y una auditoria al precio de la luz. En cuanto a transporte, han señalado la necesidad de una Ley de movilidad sostenible que reduzca los coches privados, que recoge también una reordenación urbana. Andaluz también ha lamentado que la participación ciudadana para elaborar la normativa está siendo «insuficiente» porque la consulta pública «son preguntas cerradas de orden jurídico», mientras que la comisión de expertos creada no incorpora organizaciones civiles.

Ciudadanos reclama más participación social en la Ley de Cambio Climático y apostar por una fiscalidad verde

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EFE.- Una de las grandes tareas parlamentarias de este curso es la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que Ciudadanos reclama un «mayor debate social y participación» en tanto que implicará un «cambio total de mentalidad» en las personas. Así lo cree José Luis Martínez, diputado de Ciudadanos y portavoz del grupo en la Comisión de Cambio Climático.

«La futura Ley de Cambio Climático, que permitirá dar cumplimiento por parte de España a los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de París, va a implicar cambios tremendos en la manera de producir y consumir, por eso es vital que cuente con un gran apoyo social«, explica el diputado. Para Martínez, esa implicación de la sociedad española debe ir «mucho más allá» que las jornadas de dos días que organizó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el pasado mayo.

«Queremos que la ley que regule la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono sea ambiciosa. Para que esto sea así su elaboración debe ser más participativa y abierta, la gente tiene que estar implicada desde la base porque requiere un profundo cambio de mentalidad», añade. La transición que promoverá la nueva regulación supondrá, según Martínez, «una oportunidad de crear trabajos y de atraer inversiones» hacia esta nueva economía, en la que «la prosperidad estará disociada de la emisión de gases contaminantes«.

Martínez reconoce que uno de los primeros pasos del cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo será «abandonar el uso del carbón en España de manera progresiva, contemplando planes económicos alternativos para las comarcas afectadas». Además, la ley debe «apostar fuertemente por un modelo energético basado en las energías renovables, por la eficiencia energética, por la promoción del coche eléctrico y por una fiscalidad verde, en la que el principio de que quien contamina paga se lleve a rajatabla». «Esa nueva fiscalidad es imprescindible», recalca.

Martínez incide también en que la ley debe de hacer que la contratación pública siga las pautas del nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono. «La contratación pública en España representa alrededor de 20% del PIB, por tanto aquí hay un margen de maniobra tremendo para cambiar el rumbo de las cosas», señala. Martínez cita como ejemplos de cosas que pueden hacerse desde la contratación de las administraciones, la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos, el uso de coches eléctricos para los desplazamientos, o la autogeneración renovable.

El diputado insiste en que es «necesario y urgente» que el Congreso elabore una ley de Cambio Climático «transversal» que afecte a todos los sectores (agricultura, transporte, energía, residuos) porque «España es uno de los países más afectados por este fenómeno». «Somos la generación que tiene que poner en marcha este cambio de modelo bajo en carbono. España tiene que ser líder, con una Ley de Cambio Climático modélica que sirva de inspiración a otros países de Iberoamérica», concluye Martínez.

Las principales compañías piden consenso en la Ley de Transición Energética y que se actúe más allá del sector eléctrico

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Redacción / Agencias.- Algunas de las empresas del sector energético español coincidieron en destacar la necesidad de alcanzar un consenso en la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que trabaja el Ministerio de Energía, agradecieron la seguridad jurídica que la norma tendrá al tener rango de ley y reclamaron que el foco recaiga también en la edificación y el transporte y no solo en el sector eléctrico.

Altos cargos de varias empresas energéticas españolas analizaron los aspectos más relevantes del sector energético español ante la nueva legislación. Participaron en el acto el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia; los presidentes de Red Eléctrica de España, José Folgado; Enagás, Antonio Llardén; los consejeros delegados de Acciona, Rafael Mateo; Endesa, José Damián Bogas; Repsol, Josu Jon Imaz; X-Elio, Jorge Barredo; y el director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker.

Todos coincidieron en la importancia de que la nueva norma en la que se trabaja tenga rango de ley como señal de su importancia para alcanzar un mayor desarrollo sostenible y lograr los objetivos de reducción de emisiones, así como ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas para afrontar la transición energética y las inversiones necesarias para ello. También destacaron la importancia de la ley para fomentar el desarrollo tecnológico y lograr el objetivo de desarrollo sostenible de forma competitiva.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, aseveró que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene que ser «ordenada, con seguridad para los inversores”, y con «una planificación seria» que evite los «despropósitos» del pasado.  En este sentido añadió que «no es serio» plantearse el cierre de 8.000 MW de nucleares y abrir 8.000 MW de subastas renovables, refiriéndose a la decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Garoña y las reciente subastas de renovables.

Asimismo, Mateo subrayó el papel de las energías renovables como «las más baratas» que existen y ha señalado la importancia de desarrollar el proceso de descarbonizar la generación para posteriormente electrificar la economía. «Hacerlo de otra manera es ineficiente. En Polonia venden coches eléctricos de carbón», concluyó. Mateo también ha criticado «los cambios en la retribución y la falta de planificación» como algunos problemas a los que se enfrenta el mercado energético en España, “con nefastas consecuencias para los inversores”.

Respecto a las interconexiones energéticas, ha dicho que es favorable siempre que haya una simetría fiscal y tributaria que evite que compañías de unos países tengan ventajas sobre las de otros y que contribuyan a reducir los costes domésticos por pagos de capacidad (los que se hacen para mantener abiertas centrales que actúen de respaldo en momentos de baja generación). Por ello subrayó la necesidad de reforzar las interconexiones, «pero las justas y necesarias» para abrirse a los mercados internacionales.

En el ámbito de las interconexiones incidieron otros ponentes como Llardén, quien se ha mostrado totalmente a favor de que se incrementen las interconexiones, pues sin ellas «todo este bello edificio cojea», en alusión a los objetivos europeos de incremento de renovables. También mencionó la necesidad de crear una interconexión entre la Península Ibérica y el norte de África. Además Llardén puso énfasis en valorar los costes de manera permanente para que la ley de transición energética sea adecuada y consideró que el trabajo en esta norma debe realizarse siguiendo el interés general y no una suma de intereses subsectoriales.

Llardén destacó el rol del gas natural en el proceso de transición energética y en la descarbonización de España al ocupar el hueco térmico que irá abandonando el carbón, reduciendo de manera «brutal» las emisiones. También ha reseñado el papel de este combustible en los vehículos alternativos, tanto el coche como el tren. «Enagás está colaborando con Adif y Renfe para utilizar el Gas Natural Licuado (GNL) como combustible del ferrocarril», ha apuntado el directivo de la empresa participada en un 5% por el Estado.

Por su parte, Bogas habló de la necesidad de que la transición energética no solo se centre en el sector eléctrico sino también en otros «sectores difusos», como la construcción y el transporte, para alcanzar el objetivo de descarbonización de la economía al 100% para 2050. «Habrá que dejar de usar el carbón, quedan los ciclos combinados, pero también habrá que dejarlos en 40 años. Tenemos que sustituir una energía con emisiones de CO2 por otra sin emisiones, ese es el objetivo final», ha agregado.

En este sentido Bogas, ha defendido una transición ordenada «para cumplir con las garantías de suministro», pues aunque el incremento de la demanda que haya a partir de ahora se hará con renovables, en la transición esas energías tendrán que ser respaldadas. Por eso, ha dicho que en el periodo de transición a la economía descarbonizada habrá que buscar mecanismos que hagan viables centrales de respaldo que generan electricidad a partir de combustibles fósiles y que funcionarán sólo entre 1.500 y 2.000 horas al año.

En esta línea, Bogas mencionó la necesidad de impulsar los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga eléctrica de los mismos, así como la introducción de medidas de gestión de la demanda. Bogas se refirió además a la necesidad de mantener la energía nuclear durante la transición energética por su contribución para mantener más bajo el precio de la luz.

El director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker, también destacó la importancia de sectores como la industria y la agricultura, además de la construcción y el transporte, para lograr la descabonización. Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de transición debe hacerse con garantías y respaldo para hacer los procesos rentables y que haya inversiones. Confió en que el grupo de expertos que va a trabajar en la elaboración de la ley logrará un amplio consenso.

En este sentido Bécker destacó la complejidad de elaborar esta ley, ya que la energía unida al cambio climático «es difícil de compatibilizar», y ha señalado que la climatología española «es complicada, con la sequía actual, la falta de viento o la descompensación norte-sur». A esto se une, entre otros problemas, la fiscalidad en España, que, a su juicio, es «muy elevada» y está provocando un futuro «totalmente inviable» a tecnologías como la energía nuclear. También demanda Bécker que se le dé un tratamiento conjunto a la fiscalidad en todos los niveles de la Administración (central, autonómica y local), además de eliminar todo lo que distorsiona el mecanismo de precios.

Josu Jon Imaz coincidió en señalar que la descarbonización es «absolutamente necesaria» y afirmó que «en España lo estamos haciendo bien», aunque incidió en la importancia de realizar la transición de forma eficiente y optimizando costes. Entre otras medidas, el consejero delegado de Repsol propuso que las inversiones para transformar los edificios públicos para lograr mayor eficiencia energética no computasen en el déficit público. Pidió también mayores incentivos a los vehículos de consumo más eficiente.

Imaz también resaltó la contribución del gas natural para reducir las emisiones y puso como ejemplo a Estados Unidos, pese a no firmar el Protocolo de Kioto, como uno de los países occidentales que más reducen sus emisiones gracias precisamente a sustituir el carbón al gas natural en la generación de electricidad. Imaz también pidió mayor inversión en la investigación, resaltando el papel de la industria en la transición energética y la importancia de esperar al momento adecuado para invertir en ciertas tecnologías. «Hay que esperar el desarrollo de tecnologías para que sus costes se reduzcan, no cometamos los mismos errores con nuevas energías ni tampoco con el almacenamiento«, añadió.

Por su parte, Jorge Barredo, quien también es presidente de la patronal fotovoltaica UNEF, afirmó que la transición energética es algo que «va a ocurrir sí o sí porque la sociedad lo va a demandar» y señaló que querer seguir viviendo como vivimos en España y Europa «es una visión cortoplacista» y que también se tiene que dar un cambio en nuestras formas de vida.

En este sentido Barredo señaló que «el cambio social es el que va a arrastrar el cambio económico» y destacó la necesidad de hacer una ley de autoconsumo. «El autoconsumo es una posibilidad que se está abriendo paso en toda Europa y que en España no lo está haciendo porque se está protegiendo todo lo que no es autoconsumo», criticó, para mencionar también las «trabas» administrativas que frenan el autoconsumo.

Red Eléctrica pide aprovechar la Ley de Cambio Climático para reducir la fiscalidad de la energía en España

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Europa Press / EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, ha pedido al Gobierno una serie de medidas para realizar la transición energética, como establecer planes sectoriales, cuantificar costes de inversión y revisar los impuestos que hay sobre la energía, replanteando el impuesto del 7% sobre la energía generada. Folgado también indicó que habría que replantearse, por ejemplo, el impuesto al carbón del 5% que perciben las comunidades autónomas, aunque ha reconocido las dificultades para proponerles a las autonomías quitarles ese dinero.

«Los impuestos específicos tienen que implantarse por razones que los justifiquen, como el del tabaco o el del alcohol, pero el impuesto a la energía debe ser reconsiderado, que pueda modularse para que España no incumpla sus objetivos de déficit, pero es una cuestión que debe estar en los estudios que hagan desde la comisión de expertos que está elaborando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética», señaló Folgado, que felicitó al Gobierno por su iniciativa de elaborar una ley para regular la transición energética y recordó las diferentes iniciativas internacionales y europeas al respecto, como el Acuerdo de París o el Paquete de Invierno de la Unión Europea.

También indicó que la futura norma tiene que ser una oportunidad para impulsar la actividad y el desarrollo tecnológico, a través de la puesta en marcha de «incentivos valientes». Además, apuntó que tendrán que fijarse planes sectoriales para la edificación, del que proviene un 25% de las emisiones de CO2 en España, o el transporte, responsable de un 40% de las emisiones. Por ello pidió el desarrollo de un programa de rehabilitación de edificios. En cuanto a la sustitución de vehículos convencionales por eléctricos, cuya introducción considera que es una «tendencia imparable» en el mundo, está en contra de que la Ley de Cambio Climático establezca medidas de prohibición a los convencionales, aunque sí para estimular la producción de eléctricos.

En cuanto a la introducción de las renovables, ha señalado que habrá que contemplar en la futura norma mecanismos cómo garantizar la seguridad del suministro, dado el carácter intermitente de esas fuentes de energía, dependientes de la climatología. Para ello insistió en la necesidad de que se hagan interconexiones desde «el norte de Europa al norte de África», pues «no deja de hacer viento o sol al mismo tiempo» en toda esa vasta zona, si toda Europa quiere alcanzar el objetivo de que el 100% de toda la energía que consume tenga origen renovable en 2050. Finalmente, se mostró partidario de dar protagonismo al ciclo combinado con gas y advirtió de la necesidad de mecanismos de gestión de la demanda.

UGT reclama acelerar los plazos para contar con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- La Unión General de Trabajadores (UGT) ha reclamado acelerar los plazos para establecer una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que sea capaz de frenar los efectos del cambio climático.

En la misma línea, ha exigido al Gobierno el compromiso de fondos para la financiación de las medidas necesarias, que se deben incluir en un Plan Estratégico sobre Transición Justa, hacia un nuevo modelo productivo y energético, que proteja a las personas trabajadoras con el desarrollo de sectores alternativos sostenibles y bajos en carbono.

Para el sindicato, la actividad humana ha provocado «un aumento» de gases de efecto invernadero y de la temperatura global, haciendo, a su juicio, «insostenible» el clima. Sin embargo, ha asegurado que muchos colectivos «niegan la existencia del cambio climático», le «restan importancia» o afirman que las medidas para luchar contra el mismo «inevitablemente perjudicarán el crecimiento económico».

Además, ha recordado que, desde hace «más de 25 años», el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), integrado por científicos de todo el mundo, alerta sobre el cambio climático y propone soluciones de mitigación y adaptación al mismo.

El sindicato ha subrayado que los estudios sobre cambio climático, a nivel europeo, señalan que las mayores consecuencias afectarán al sur de Europa y en especial a España, con las consiguientes pérdidas económicas, ecológicas y sociales. Consecuencias, en su opinión, «cada vez más evidentes».

Asimismo, ha afirmado que el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera está provocando sequías, olas de calor y cambios en el régimen de lluvias, siendo «más escasas» a lo largo del año, pero «más torrenciales y destructivas».

Por ello, UGT propone «estabilizar y revertir» la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una «profunda transformación» en todos los sectores productivos, con inversiones que apuesten por el desarrollo de tecnologías de bajas emisiones de carbono y medidas de ahorro y eficiencia en el uso de la energía.

Igualmente, ha pedido que este «esfuerzo inversor» para avanzar hacia la economía de la descarbonización, se acompañe de cambios en el estilo de vida de la ciudadanía, basados en un consumo responsable a la hora de elegir productos y/o servicios respetuoso con el medio ambiente.

Para UGT, es «necesario concienciar» en los centros de trabajo sobre los impactos del cambio climático y establecer soluciones para hacer posible una transición socialmente justa. «Se debe lograr una mayor eficiencia energética, exigiendo, desde el Diálogo Social la investigación, la innovación y la formación imprescindibles para el mantenimiento y la generación de empleos decentes y de calidad», ha precisado.

Por todo ello, el sindicato insistirá en la «necesidad de acelerar los plazos» para contar «cuanto antes» con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que permita «contrarrestar» y realizar un «mayor esfuerzo» para frenar el cambio climático y sus efectos.