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Sánchez impulsa el vehículo alternativo y el coche autónomo en su Agenda del Cambio: 60 medidas para un crecimiento «sostenible»

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Europa Press.- El Gobierno ha incluido un Plan de Movilidad sostenible en su Agenda del Cambio: Hacia una economía inclusiva y sostenible para impulsar la adopción de los vehículos con energías alternativas y promover la instalación de puntos de recarga en zonas urbanas. Además, el Ejecutivo incluyó en esta hoja de ruta, que sienta las bases de un desarrollo inclusivo y sostenible, programas piloto de coche autónomo y de acción 2019-2022 para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena logística.

Según el Gobierno, la red de infraestructuras físicas y digitales, junto con el «importante» sector de ensamblaje y componentes automovilísticos, un «potente» sector empresarial de energías renovables y de gestión del agua, permitiría liderar un proceso de transformación hacia la movilidad sostenible que atraiga inversión, genere nuevos empleos y promueva la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Todo ello se enmarca en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad del aire y de vida en las ciudades. Con su Agenda del Cambio, el Ejecutivo también aspira a situar a España entre los países líderes de procesos innovadores como los vehículos sin conductor.

Esta Agenda del Cambio, que guía la acción del Gobierno, se alinea con las reformas contempladas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para promover la educación, el crecimiento y el empleo de calidad, la innovación, la salud y el bienestar social, la igualdad de género, el respeto y la integración de la diversidad, y la sostenibilidad de los modelos de producción y consumo, según se destaca en el documento. El texto recoge más de 60 medidas a corto y medio plazo orientadas a apoyar el proceso de transformación ecológica, converger con los países más desarrollados en términos de bienestar y lograr una sociedad más igualitaria con una tasa de paro alineada con la media europea.

Guía la acción del Gobierno

La titular de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha señalado que la agenda es «ambiciosa y realista» y se trata del tercer eje de la política económica del Gobierno, junto a la política fiscal «responsable» y las políticas sociales. Calviño ha explicado que esta Agenda del Cambio ha guiado la acción del Gobierno «desde el primer día», ha vertebrado distintas medidas para decidir el modelo de crecimiento a medio y largo plazo. «No hay tiempo que perder para sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo a nivel económico, social y medioambiental», ha apostillado.

Para impulsar la transición ecológica se acometerán actuaciones para conseguir un marco regulatorio adecuado. En este punto, afirmó que la Ley contra el Cambio Climático y la transición energética, el Plan Nacional de Energía y Clima, y el Plan Nacional de movilidad sostenible están alineadas con los objetivos de largo plazo de España en la lucha contra el cambio climático y contribuirán a reducir las emisiones en un tercio para 2030 y aumentarán la participación de las energías renovables en el sistema eléctrico a un 70%. Así “se abrirá, al mismo tiempo, una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones socioeconómicas, garantizando la transición justa».

Además, la Agenda del Cambio hace alusión a un Plan nacional integrado como principal instrumento para desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el periodo 2021-2030 y dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros. Otra de las reformas hace referencia a la regulación del autoconsumo compartido y simplificación de los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin cargos.

El Gobierno estima que la luz sería «en torno a un 10%» más cara sin las medidas que ha adoptado

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha estimado que el precio de la electricidad en España sería «en torno a un 10%» más caro si el Gobierno no hubiera adoptado la batería de medidas que aprobó para contener su espiral alcista, entre ellas la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Domínguez señaló que España cuenta actualmente con el precio mayorista de la electricidad «más barato de Europa«, a pesar de que hay que ser conscientes de que el precio general de la luz en todo el Viejo Continente «está subiendo fundamentalmente por los precios de las emisiones de CO2». Así, consideró que a veces «alarmamos innecesariamente» con el precio de la electricidad ya que actualmente hay que irse a un país como Bulgaria «para encontrar un país que tenga la electricidad más barata que España«.

De esta manera, valoró la política «de contención» en los precios de la electricidad realizada por el Gobierno desde su llegada, aunque subrayó que evidentemente «hay que ser conscientes de que es un problema» y se trabaja para que «sea lo más bajo posible». A este respecto, Domínguez indicó que las expectativas son de una reducción en los precios de la electricidad a medida que crezca la presencia de las renovables en el mix energético.

No obstante, subrayó que en el recibo de la luz hay muchos componentes, además del mercado mayorista cuyo peso no llega ni al 50% de la factura, por lo que la evolución para que se produzca ese abaratamiento debe ser «necesariamente paulatina«, ya que «no es un proceso que se pueda corregir inmediatamente». Así, afirmó que las medidas de «más calado» deben ser a través de la legislación, la Ley de Cambio Climático, por lo que «van a tomar un cierto tiempo en surtir efecto».

Respecto a una prórroga de la suspensión temporal de 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica adoptada en octubre, Domínguez señaló que los impuestos «son una cuestión del Ministerio de Hacienda, y hay que debatirlo con ellos«. Aún así, subrayó que los impuestos del sistema eléctrico «es algo que está en debate y estudio en este momento».

En lo que respecta al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno debería haber presentado a Bruselas antes de finales de 2018, el secretario de Estado de Energía aseguró que está «prácticamente terminado». «Había un funcionario que sabía que aquello había que hacerlo, pero no había nada. El Gobierno ha trabajado desde el primer momento con lo que implica toda esta transición a 2030 a 2050, y hemos tenido que retrasarlo porque empezamos con mucho retraso», justificó.

Con respecto a la nuclear, indicó que lo «fundamental» a la hora de tomar una decisión es la seguridad, «tanto física del ciudadano, como del suministro y del tratamiento de los residuos». Así, advirtió de que es necesario contar con un plan de tratamiento de residuos, en el que está trabajando Enresa, y subrayó que deberá haber «algún almacén temporal, que puede que sea centralizado».

Ribera considera que los riesgos climáticos y ambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que los riesgos climáticos y medioambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial», apoyándose en el «protagonismo» que considera que tendrán estos asuntos en los próximos grandes foros económicos internacionales. En este sentido, Ribera señaló que un Presupuesto «que desprecie el cambio climático es tirar el dinero».

El objetivo final, según ella, es que el 100% de la inversión y gasto sean compatibles con el clima, al igual «que lo deben ser con los Derechos Humanos». «Lo más grave, dañino, peligroso y disruptivo es no hacer caso a lo que sabemos que ocurre con el cambio climático», añadió. Entre los ponentes, la exprimera ministra de Nueva Zelanda y exadministradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), Helen Clark, ha remarcado que «el principal objetivo de la agenda de desarrollo sostenible es que nadie se quede atrás, especialmente las personas más vulnerables».

La legislación climática estará «enseguida”

Por otro lado, Ribera ha afirmado que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que trabaja el Gobierno, llegará «enseguida». «Estamos peinándola y poniéndole los colorines finales de la portada», bromeó. Según ha comentado la ministra, la transición ecológica es un «desafío interesantísimo en todos los frentes», por lo que considera importante que haya un debate público constructivo que, a su juicio, fomentará los consensos y acciones de mejoras. Tal y como ha señalado, desde el Gobierno están intentando ser «cuidadosos» en la evaluación de las piezas que conformarán la Ley. «Lo tenemos muy organizado en el Gobierno, en pensar en las distintas razones para poder compartirla», ha apuntado la ministra.

Teresa Ribera ve en la «convicción de la gente» el impulso para iniciar el cambio hacia la transición ecológica: «Es lo que de verdad va a ser el vector que fomente la reflexión de mercados, de opinadores». Y para ello, ha insistido en la necesidad de que todos los agentes actúen ya que «ninguno por sí mismo puede hacerlo todo».

En este sentido, insiste en que la Agenda 2030 de la ONU «no es una agenda sectorial de nadie, de ningún tipo de actor sectorial ni de naturaleza pública o privada», lo que a su juicio requiere liderazgo en cada estructura. De ahí que haya apelado a los líderes políticos y «a quien tiene más capacidad para empujar la Agenda 2030», para iniciar este cambio.

No se cumplen los plazos

Asimismo, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha instado al Gobierno de España a presentar su Plan de Energía ante la Comisión Europea, pues es 1 de los 7 ejecutivos de la Unión que aún no los ha entregado, pese a que el plazo se cerró el pasado 31 de diciembre. El comisario ha hecho hincapié en «el futuro espectacular» que tienen las energías renovables en el marco de la Unión Europea de los próximos años y destacó algunos de los objetivos firmados por más de 190 países en el acuerdo de París, como el de «frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso por debajo de 1 grado».

Para conseguirlo, ha subrayado la «necesidad de descarbonizar la economía» y sustituir la producción de energía con otras más limpias con el horizonte 2050, fecha en la que el 80% de la electricidad tendrá que producirse mediante energías renovables. Como recordó Arias Cañete, el primer objetivo, en 2020, es alcanzar el 20% en cuanto a producción de energía renovable. En 2017, España estaba cerca del 17,3%. Mientras que para 2030 el objetivo marcado es alcanzar un 32% de energías renovables.

No considera el comisario que los planes para la transición energética se vayan a ver afectados por el Brexit, pues «todo el mundo tiene que afrontarla y Reino Unido siempre ha sido un país muy ambicioso en políticas climáticas». Por último, remarcó que para el 13% de los españoles, el cambio climático supone «el principal problema en la actualidad» y animó a los políticos españoles a incluir en sus campañas electorales temas como el cambio climático o la renovación energética.

Greenpeace exige elevar la ambición climática en 2019 para establecer 2040 como año para lograr emisiones netas cero

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Europa Press.- Greenpeace destaca como retos para 2019 elevar la ambición climática de la Unión Europea hasta establecer 2040 como año de emisiones netas cero, manteniendo a España entre los países que reclaman asumir mayores compromisos. También demanda establecer, dentro del Plan Nacional integrado de Energía y Clima, un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables con participación de la ciudadanía.

Asimismo, pide incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética el objetivo de acercar todo lo posible el sistema eléctrico al 100% renovable en 2030 y alcanzarlo en la demanda de energía final total para lograr las emisiones netas 0 en 2040. En 2019, Greenpeace también demanda más compromisos y actuaciones de las ciudades españolas para ser más sostenibles fomentando una movilidad sostenible.

Ciudadanos cuestiona la decisión del Gobierno de aprobar por decreto algunas medidas de la nueva Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Mientras las organizaciones ecologistas piden a España que apueste por exigir niveles de CO2 más ambiciosos a los vehículos, desde Ciudadanos cuestionan la forma en la que el Gobierno quiere aprobar la nueva Ley de Cambio Climático. Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la norma estaría aprobada en diciembre y su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a sacar adelante algunas medidas «urgentes» por decreto ley. Los naranjas buscan ahora una aclaración sobre este interminable proceso.

Los de Albert Rivera denuncian que el Ejecutivo ha ido ofreciendo información sobre este texto, sin concretar en ningún momento cuáles son sus intenciones reales. La ministra aseguró el pasado mes de noviembre que el texto se está «ultimando» y que estaba abierto un debate en el seno del Gobierno sobre la «conveniencia de anticipar» la aprobación de algunos de los elementos más urgentes que se recogen en él. En concreto, aquellos destacados por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como los más necesarios.

La aprobación de un decreto ley que, después, se tramita como proyecto de ley en el Parlamento es la fórmula a la que ha dejado abierta la puerta Ribera, sin confirmar si es el procedimiento elegido. Tampoco el presidente del Gobierno explicó cuál sería es el procedimiento a seguir para aprobar esta norma «antes de que acabe el año», tal y como anunció en el Congreso. A los naranjas les preocupa que el Gobierno piense que el proceso legislativo ordinario de consultas, tanto la pública como a los órganos consultivos preceptivos, sean «innecesarios» o «poco adecuados» y quiere que el Ejecutivo aclare qué informes técnicos va a consultar en el caso de aprobar la Ley a través de un decreto.

«En la lucha contra el cambio climático, tan importante como los objetivos sobre los que se trabaja es cómo se trabaja», advierte Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso, en la que precisa que «el diálogo, la inclusión, la participación de todos los agentes sociales interesados y un amplio consenso político son clave para tener éxito en un reto tan importante como es la lucha contra el cambio climático».

Menos emisiones en los vehículos

Las organizaciones ecologistas han pedido al Gobierno que eleve su ambición y apueste por exigir niveles de emisiones de CO2 para los vehículos ya que en la actualidad España tiene una posición intermedia en las negociaciones europeas sobre esta cuestión. Países como Alemania tratan de rebajar los objetivos a una propuesta que es crucial para conseguir los objetivos de París. Según denuncia ECODES, si Alemania gana este «pulso», «no habrá otra oportunidad para disminuir las emisiones de CO2 en vehículos hasta dentro de 10 años.

Las organizaciones Ecodes, Ecologistas en Acción, Eco-unión y PTP, socios nacionales de Transport&Environment, consideran que una reducción del 35% en 2030 es «insuficiente» para cumplir el Acuerdo de París sobre todo teniendo en cuenta que el transporte supone el 27% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea, y es el único sector que continúa aumentando emisiones. En este contexto, reclaman al Gobierno que mantenga los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 en el 40% que votó el Parlamento Europeo y que, en cualquier caso, no bajen del 35% reales. Además, piden que se establezca como obligatorio el uso de medidores de consumo de combustible que dificultarían que los fabricantes puedan manipular los resultados de emisiones.

“Recompensa a los híbridos enchufables”

Para este grupo de organizaciones, España no debería apoyar la enmienda introducida por el Consejo de la Unión Europea porque consideran que «recompensa en exceso» a los híbridos enchufables, que no están exentos de emisiones invernadero. A ese respecto, advierten de aceptarse esa enmienda se motivaría a los fabricantes a seguir fabricando coches contaminantes, lo que convertiría un 35% de reducción en 2030 en un 31,8%. Asimismo, aconsejan limitar el conteo doble de vehículos eléctricos para mercados menos desarrollados a no más del 5% de las ventas de vehículos eléctricos por los fabricantes de automóviles.

De forma paralela las organizaciones recuerdan que en el Consejo de la Unión Europea se negocia también la implantación de estándares de CO2 para vehículos pesados y su nivel de ambición. Se trata de la primera vez que fijen estándares sobre consumo de combustible para camiones. La medida cuenta con apoyo de la industria por lo que los ecologistas opinan que es «sorprendente la falta de ambición» de la Comisión Europea y de los Estados miembro, incluyendo España. «Si nuestro Gobierno realmente quiere descarbonizar el transporte a largo plazo, España ha de defender la aprobación de estándares ambiciosos, pues sólo así la industria acelerará los cambios necesarios para hacerlo asegurando así los empleos asociados», concluyen.

El Gobierno traspasa 60 millones de euros del superávit eléctrico al IDAE para impulsar las energías renovables en las islas

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Europa Press.-El Ministerio para la Transición Ecológica traspasó 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Según la orden publicada en el BOE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo encargado de las liquidaciones del sistema, transfiere 60 millones de euros al IDAE procedentes del superávit eléctrico. En la Ley de Presupuestos Generales de 2018 se recogía que, con efectos para ese ejercicio, se podrían convocar procedimientos para la concesión de ayudas a la inversión a partir de fuentes de energía renovables con cargo al superávit eléctrico, en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder y con una cuantía máximo con cargo al sistema eléctrico de 60 millones de euros.

Además, la norma establece que esta partida de 60 millones de euros cuenta con la posibilidad de ser incrementada con otros créditos disponibles del presupuesto de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la cofinanciación de los fondos comunitarios Feder. El importe se destinará a convocatorias de ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables en territorios no peninsulares. Los proyectos tienen que ser susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder.

Inminente Ley de Cambio Climático

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica se aprobará este mes. En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara, Sánchez ha defendido que la «modernización» de la economía «pasa por el combate y la adaptación al cambio climático», y para ello ha asegurado que antes de acabar el año aprobará esta norma, con el fin de garantizar «una transición justa con las personas y los territorios damnificados».

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a aprobar algunos «aspectos urgentes» de esta normativa a través de un decreto ley, antes de la tramitación del texto como proyecto de ley en el Congreso. Según explicó, el Gobierno mantenía un debate interno sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura ley de cambio climático.

Montero matiza que el gasóleo no se equiparará a la gasolina mientras que la Eurocámara limita la exposición al diésel

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Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la subida del diésel verá la luz en el momento en el que se aprueben los Presupuestos, algo que estará pendiente de desarrollo legislativo, o bien en la Ley de Cambio Climático, que cree que se retrasará más que la propia tramitación de los Presupuestos.

De nuevo ha vuelto a aclarar que los transportistas y quienes tengan en sus costes empresariales cifras importantes del diesel no se verán afectados por el incremento de este carburante. Según Montero, hay algo «radicalmente distinto» entre los cambios en la normativa fiscal que quería aprobar el Gobierno francés y el de España, ya que en el país galo se buscaba una subida global de todos los carburantes, mientras que en España se planteará de forma progresiva la equiparación del diésel a la gasolina. De esta forma, en la primera modificación que verá la luz ni siquiera se producirá la equiparación total, por lo que Montero ve una propuesta «bastante razonable» para que la fiscalidad medioambiental contribuya a la sostenibilidad.

Exposición al gas del diésel

El pleno de la Eurocámara ha aprobado las nuevas normas europeas que limitarán la exposición al gas del diésel en la Unión Europea con el objetivo de mejorar la protección de los trabajadores y evitar la muerte por cáncer de 100.000 personas en los próximos 50 años. Los negociadores del Parlamento Europeo lograron incluir en el acuerdo con los Veintiocho, que todavía deberán dar su aprobación, para limitar los valores de exposición a gases de los motores diésel y proteger así a unos 3,6 millones de trabajadores potencialmente en riesgo.

En concreto, se ha pactado un límite de 0,05 mg/m3 para las emisiones de los motores diésel durante 8 horas, limitación que estará en vigor en la mayoría de los sectores dos años después de que finalice el periodo de trasposición de la directiva, en 2023 en principio, con la excepción de minas y túneles, donde se deberán cumplir los límites cinco años después, en 2026 teóricamente, según el grupo de los Verdes, que reclaman la inclusión de los gases de motores diésel en la normativa desde la primera revisión de la directiva sobre sustancias cancerígenas y mutágenos en 2016.

Otros 7 cancerígenos se prohíben

Gracias a las nuevas normas, también se limitará la exposición a los compuestos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), los aceites minerales utilizados en la combustión de motores, el tricloroetileno (TCE), la 4,4′-Metilenodianilina, el epiclorohidrino (C), el dibromuro de etileno y el dicloro de etileno. Las normas fijan límites de exposición a las sustancias en suspensión en el aire donde se trabaja como en la piel. El cáncer es el responsable del 52% de las muertes laborales en la Unión Europea, según datos del Ejecutivo comunitario.

El responsable de la negociación de las normas en la Eurocámara, el eurodiputado popular belga, Claude Rolin, ha considerado un éxito fijar un valor límite para las emisiones de motores diésel, a las que están expuestas «millones de trabajadores» pero ha alertado de la necesidad de mantener la vigilancia «constante» sobre las sustancias dañinas en el lugar del trabajo. «Es inaceptable que los trabajadores pierdan su vida mientras trabajan», sentenció.

El Gobierno podría adelantar aspectos urgentes de la Ley de Cambio Climático mientras Ciudadanos denuncia su “baja técnica legislativa”

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Europa Press.- Mientras Ciudadanos ha pedido explicaciones al Gobierno acerca del asesoramiento y los informes utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar el proyecto de Ley de Cambio Climático, la ministra Teresa Ribera confirma que el Gobierno podría adelantar los aspectos más urgentes en materia de energía en un Real Decreto ley, aunque prevé «en las próximas» semanas presentar un texto base que garantice una «buena ley» en la que las premisas principales cuenten con «suficiente debate público y consenso«.

En este sentido, Ribera ha defendido que el Gobierno ha trabajado en un texto «bastante completo y amplio» y que, de momento, está «barajando» si algunas de las cuestiones recogidas en él y que considera «urgentes» deben ser «adelantadas» en forma de Real Decreto Ley. Respecto a las fechas, ha precisado que el texto provisional se compartió con los grupos parlamentarios, que ahora están recogiendo sus comentarios para incorporarlos y, precisamente, se está «ultimando» la actualización de este documento «oficial» que será presentado para su debate público «en las próximas semanas», sin perjuicio de que algunos aspectos puedan ser adelantados.

En cuanto a la ambición y liderazgo en materia de lucha contra el cambio climático, apuntó que el Ejecutivo quiere intentar liderar ese proceso sin que «nadie» desde fuera imponga nada, sino porque desde dentro parece lo más responsable para los españoles de hoy y los españoles de mañana y garantizar que hijos y nietos puedan tener un contexto de prosperidad de acceso a la energía, de agua, de estabilidad, de paz importante. «Eso requiere liderar o facilitar un proceso de cambio sin que se produzcan grandes tensiones», ha manifestado.

La propuesta, según ha recordado, pasa por reducir un 20% las emisiones en 2030 respecto a 1990, lo que supone reducir 37 puntos las emisiones. En ese sentido, ha concluido que plantear en 11 años una transformación «tan importante» del modelo energético, con la capacidad de digestión que ese cambio requiere, es un esfuerzo colectivo importante» y por ello ha dicho que busca el consenso sobre esta transición para que sea independiente de quien gobierna.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno

Por otro lado, a Ciudadanos le llama la atención la «indefinición y baja técnica legislativa» del proyecto de ley, que contiene «más de una decena de mandatos al Gobierno». Apunta la formación naranja que parece más una proposición no de ley, que insta al Ejecutivo a hacer algo, que una norma que recoja obligaciones. Por el contrario, sí existe una «concreción sorprendente», considera Ciudadanos, en lo que se refiere a medidas contra la contaminación y las emisiones. «Este es el caso de la prohibición a partir del año 2040 de la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono», apuntan.

Para Ciudadanos, este cambio «tan radical» tendría «efectos directos sobre la industria de producción del automóvil en España», siendo el país el octavo del mundo en esta materia, con 2,8 millones de unidades producidas en 2017. En este sentido, recuerda que, en la actualidad, se fabrican 5 modelos de vehículos eléctricos en España, 4 de ellos furgonetas, que suponen unas 10.000 unidades. El partido que preside Rivera cree que una medida así debería ser presentada con tiempo y en el marco de un plan general a sindicatos, asociaciones empresariales y usuarios. «Y éste no parece ser el caso», apunta, para pedir explicaciones al Gobierno sobre los datos consultados para incluir esta iniciativa en la ley.

A través de una iniciativa parlamentaria, Ciudadanos también pide explicaciones sobre el objetivo de lograr 100.000 rehabilitaciones de edificios al año para obtener ganancias en eficiencia energética, y que también se incluye en el texto. Los naranjas aseguran que los estudios independientes, como el de la Fundación La casa que ahorra, fijan en torno a 350.000 viviendas anuales el ritmo necesario para cumplir con los objetivos para 2030 y 2050.

«Para Ciudadanos es una prioridad aprobar una Ley de cambio climático y transición energética para España», explica el partido, que para ello ve necesario establecer objetivos vinculantes ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050«. A su juicio, ese marco normativo para la economía sostenible del siglo XXI debe asegurar «fuertes inversiones y guiar una transición de primera magnitud» y «no puede ser fruto de la improvisación» como, en su opinión hace el Ministerio, sino de «una planificación exhaustiva y un amplio consenso».

La asociación que agrupa a las principales empresas españolas ve positivo el borrador de Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- El Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV), asociación que agrupa a una treintena de las principales empresas españolas, ha valorado el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética como «una base sólida» para establecer un marco «predecible y estable» que permita a la economía española «avanzar hacia una recuperación económica sostenible y alineada con el Acuerdo de París«.

La asociación está integrada por grupos como Abertis, Acciona, Bankia, BBVA, CaixaBank, Endesa, Enagás, Eulen, Ferrovial, Iberdrola, Logista, Naturgy, OHL, Red Eléctrica de España (REE), Sacyr, Santander o Telefónica, entre otros. GECV considera que la consecución de los objetivos marcados «es posible» desde el punto de vista técnico y económico, ya que «está en marcha una revolución tecnológica sin precedentes».

Además, subraya que la consecución de los objetivos «no sólo es posible, sino deseable», ya que implica un suministro energético «más seguro y asequible, mejoras de la calidad del aire y la salud, reducción en la dependencia energética y los riesgos asociados, mejora de la balanza comercial por menores importaciones y recirculación de dichos recursos en la economía nacional, y nuevas oportunidades empresariales, de generación de empleo y desarrollo industrial».

Asimismo, valora que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima la creación de 24 millones de nuevos empleos a nivel global en 2030 para avanzar hacia una economía verde. De esta manera, la asociación se ofrece a desempeñar «un papel activo» en el proceso de tramitación de la Ley y a colaborar con el Gobierno estableciendo las alianzas público-privadas necesarias para cumplir «los ambiciosos» objetivos.

Bancos y la financiación sostenible

Por otro lado, BBVA se ha unido a ING, BNP Paribas, Société Générale y Standard Chartered en un compromiso conjunto para ajustar sus carteras de préstamos a los objetivos marcados en el Acuerdo de París contra el cambio climático. En este sentido, las entidades se han comprometido a diseñar los servicios financieros necesarios para apoyar a los clientes en la transición a una economía baja en carbono. Además, manifiestan su compromiso a trabajar por cambio «porque no es dónde los clientes están hoy» sino a dónde «se dirigen mañana«, e insisten en la importancia de alinear sus objetivos con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El compromiso alcanza, en primera instancia, a los sectores que más emisiones de dióxido de carbono producen. Las entidades financieras trabajarán conjuntamente para analizar los datos que los clientes usan para la producción de energía, así como sus futuras inversiones, para determinar qué cambios tecnológicos son necesarios y cómo reducirán emisiones. Estas proyecciones permiten hacer una proyección integrada en un horizonte de 5 años sobre la transición ecológica del cliente en una industria determinada y facilitan su comparación, conforme a los escenarios previstos por la Agencia Internacional de la Energía.

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, ha manifestado que este compromiso encaja con la estrategia de sostenibilidad de la entidad ya que, en su Compromiso 2025, busca alinear progresivamente la actividad de la entidad con el Acuerdo de París. «Participar en esta iniciativa con vocación de futuro es un paso fundamental para cumplir este objetivo», ha afirmado. Los firmantes del compromiso esperan que se sumen más bancos al mismo.

El secretario de Estado de Energía cree que el gas renovable es «esencial» para combatir el cambio climático

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha destacado que el gas renovable juega un papel «esencial» como elemento transformador del sector energético a la hora de resolver los problemas derivados del cambio climático, los cuales asegura que deben ser confrontados de forma «coordinada y urgente«. Domínguez resalta que existe una «urgencia» por adoptar «nuevas» soluciones tecnológicas que permitan producir energía mediante fuentes «renovables y competitivas» y combatir el cambio climático.

«Tenemos que buscar nuevas formas de almacenamiento y el gas es una de ellas», recalca. Sin embargo, Domínguez matiza que, aunque el gas emite menos que otros combustibles, para llegar a alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050 promovido por la Unión Europea, se debe dejar atrás el gas tradicional y dirigir el camino hacia «gases que no emitan», como el renovable. Domínguez reconoce su apuesta por la «transformación» del sistema hacia las energías renovables, con medidas como la creación del Ministerio para la Transición Ecológica, la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la propuesta de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

En relación a este plan, Domínguez ha explicado que integrará objetivos como la reducción del 20% de las emisiones respecto a 1990 o la meta de que el 35% de la energía final sea renovable para 2030, lo cual implicaría que entre el 70-75% de la electricidad fuera renovable entonces. El secretario de Estado también ha apuntado que ayudará a la reducción de emisiones el cierre a mediados de 2020 de aquellas centrales térmicas de carbón que no han cumplido con las reformas «correspondientes», ya que el carbón es el combustible responsable del 59% de las emisiones del sistema eléctrico.

Horizonte 2030: el gas renovable

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha presentado el Plan de Desarrollo de Gas Renovable, una hoja de ruta hacia la economía baja en carbono definida por la Unión Europea hasta 2050, la cual integra objetivos para 2030 como la reducción del 40% de las emisiones de gases en comparación con 1990, la implantación de un 32% de cuota de energías renovables o la mejora de la eficiencia energética en un 32,5%.

Para la presidenta de Sedigas, Rosa María Sanz, el Gobierno debe instaurar objetivos «concretos» que permitan avanzar hacia un cambio sostenible. Ha resaltado el caso de Francia, país que ha marcado como estrategia energética que el 10% del gas usado como combustible sea renovable para 2030. En este sentido, Sanz ha destacado las «ventajas» de una transición hacia el gas renovable, apelando a que no solo no produce residuos, sino que es sumidero de dióxido de carbono (CO2) y, además, no precisa de las inversiones en infraestructuras al ser totalmente intercambiable por el gas tradicional, permite el desarrollo de las zonas rurales y contribuye al estímulo de la generación distribuida.

Por otro lado, la presidenta de Sedigas ha matizado que en la transición hacia el gas sostenible, es preciso analizar el modelo de negocio «al completo», teniendo en cuenta toda la cadena de valor y considerando las ventajas medioambientales que presta frente a otras formas de energía asentadas, ya que «no se puede competir a pelo con el gas tradicional».