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Greenpeace y WWF piden al Gobierno que apruebe una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «ambiciosa»

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Europa Press. – Greenpeace y WWF han solicitado al Gobierno de España la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «ambiciosa» y tomar «buena nota» del informe presentado por el Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas para limitar el calentamiento global a 1,5ºC.

Así, la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace España, Tatiana Nuño ha asegurado que el Gobierno «tiene que tomar buena nota del informe del IPCC» y presentar una ley de cambio climático y transición energética que asegure que se alcanza «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable antes de 2050, empezando con el cierre de las centrales de carbón y nucleares en 2025».

Para Nuño, «el paso dado de suprimir el impuesto al sol, que tiene que ratificar el Congreso, es una señal muy positiva para facilitar la participación de la sociedad en la transición energética a través del autoconsumo».

Por otro lado, la responsable de clima y energía de WWF España, Mar Asunción, ha indicado que España puede demostrar que «ha dado un giro en su política climática y se posicione entre los países que lideren la transición hacia una economía baja en carbono» y ha hecho alusión a la propuesta de Ley de cambio climático y transición energética que, a su juicio, «debe recoger objetivos ambiciosos» que fomenten «la descarbonización de forma urgente y el abandono de los combustibles fósiles».

Volviendo al nuevo informe especial del IPCC, presentado en Corea del Sur, cabe destacar, por un lado, la exhaustiva evaluación de los impactos del cambio climático en un escenario de incremento de temperatura de 1,5 grados y, por el otro, una batería de acciones indispensables para mantener la temperatura global de finales de siglo por debajo de este umbral. El documento ha sido aprobado por 195 gobiernos.

Según el informe, está previsto que las temperaturas aumenten hasta 1,5ºC entre los años 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa avanzando a su ritmo actual y no se ponen en marcha una serie de medidas a nivel internacional. Por ello, las emisiones globales deben reducirse a la mitad para el año 2030, antes de disminuir a emisiones netas cero a más tardar a mediados de siglo.

Para la entidad Greenpeace, los objetivos fijados se podrán alcanzar si el consumo de petróleo y gas también disminuyen rápidamente, en concreto, que el uso de petróleo se redujera a la mitad para 2030 y el de gas en un tercio.

Para la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan, «este es el informe de ciencia climática más singular e importante hasta la fecha. Los líderes gubernamentales y empresariales no tienen dónde esconderse y deben demostrar que entienden la ciencia actuando con la urgencia que exige. Pero todos tenemos un papel. Cada persona tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para cambiar de rumbo y seguir el plan que se incluye en el informe del IPCC».

Según WWF, permitir que la temperatura global aumente en 2ºC con respecto a los niveles preindustriales tendrá «consecuencias devastadoras» que incluyen la pérdida de hábitats naturales y especies, la disminución de los casquetes polares o el aumento del nivel del mar, lo que también repercutirá en la salud de los humanos, la seguridad y el crecimiento económico.

Para el consejero jefe de Cambio Climático de WWF, Stephen Cornelius, «cada medio grado más tiene un gran impacto en la gente y la naturaleza, esta es la realidad. No tenemos otra opción además de tomar fuertes medidas climáticas y acelerar la transición energética de todos los sectores -energía, transporte y alimentación-. Sin la rápida disminución de las emisiones de carbón, enfrentaremos cada vez más graves impactos de los ecosistemas, desde las barreras de coral al Ártico y a otras zonas en peligro».

En el mismo sentido, el responsable de Cambio Global y Prácticas Energéticas de WWF, Manuel Pulgar-Vidal, ha subrayado que limitar el calentamiento a 1,5ºC «es posible, necesario y urgente». «Traspasar esta cifra no es inevitable pero no podemos retrasar más la acción global. La diferencia entre ‘imposible’ y ‘posible’ está en el liderazgo político. Lo que necesitamos ahora es un fuerte compromiso para asegurar que enfrentamos el reto que tenemos delante».

 

También disconformidad

Amigos de la Tierra ha mostrado su disconformidad con determinadas propuestas a priori enfocadas a reconducir la situación. Así, la organización ecologista critica que la comunidad científica haya incluido escenarios que se apoyan en el uso injustificado de tecnologías no probadas para reducir la concentración de carbono en la atmósfera.

Es por esto, por lo que la la organización señala que algunos escenarios contemplan el uso de métodos «arriesgados y desconocidos» como la Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS), la baza estrella de los partidarios de la geoingeniería climática. Diversos estudios certifican que estas medidas no solo no garantizarían una disminución de partículas de carbono en la atmósfera, sino que además generarían diversos problemas adicionales especialmente entre las poblaciones más empobrecidas.

Los grandes consumidores empresariales de AEGE recuerdan que con la subida del precio de la electricidad se perderá competitividad industrial

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EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha indicado que el encarecimiento de la electricidad «se traduce directamente en una pérdida de competitividad industrial» después de conocerse que el precio haya registrado en septiembre sus máximos anuales. La AEGE, que representa a gran parte de la industria electrointensiva, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y de gases industriales, alerta de que el encarecimiento en los precios eléctricos «amenazaría» su futuro si esta situación se prolongara.

La patronal considera «urgente replantear» el esquema de costes del suministro del consumidor electrointensivo español, para lo que dice que «es necesario un cambio de modelo que iguale las condiciones» del suministro eléctrico en España a las de sus principales competidores europeos. La AEGE asegura que sus industrias asociadas tuvieron el año pasado un sobrecoste estimado de 450 millones de euros respecto a Alemania y asegura que este año «la situación ha empeorado de manera preocupante», con un precio del mercado unos 8 euros/MWh más caro que el año anterior.

La situación, según esta fuente, «se complica más» en relación con los países de fuera de la Unión Europea, y lo justifica porque éstos países no están afectados por el incremento de los precios de los derechos de emisión, «que implica una pérdida de nuestra competitividad«. La electricidad supone hasta el 50% de los costes de producción de estas industrias.

AEGE opina que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética «debería reconocer» el estatus de consumidor electrointensivo, para igualarlo con las condiciones del suministro eléctrico de sus competidores franceses y alemanes. También solicita la aplicación de las medidas compensatorias, que asegura que están contempladas en los Presupuestos del Estado de 2018, por costes adicionales incurridos por las industrias electrointensivas.

«Raquíticas» las medidas del Gobierno

Por otro lado, Facua considera «raquíticas» las medidas anunciadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación a las tarifas eléctricas, al estimar que no van a representar una bajada considerable en el recibo eléctrico que pagan los consumidores españoles. El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha lamentado que «una vez más, da la sensación de que en España mandan más las eléctricas que el Ejecutivo». «La ministra Ribera ha anunciado medidas que no solucionan la carestía del recibo ni ponen fin a la especulación de las eléctricas. Una pena que este Gobierno tampoco quiera molestar al oligopolio de las puertas giratorias», ha añadido el portavoz.

Facua presentó en una reunión al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, una serie de medidas para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de Facua, algo que ya ha rechazado la ministra. Según Facua, bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Sin embargo, Ribera anunció en el Congreso que eliminará el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que extenderá el bono social a la calefacción.

La principal medida propuesta por la asociación es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de Facua señala que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Moratoria para el bono social

Otra medida anunciada por Ribera es una «moratoria» para aquellos consumidores vulnerables con derecho al bono social eléctrico que no hayan podido inscribirse antes de la fecha límite del 8 de octubre. En este sentido, Ribera subrayó que el nuevo sistema de bono social «no puede ir en contra de los beneficiarios», por lo que se quiere evitar que se produzca esa criba con respecto al número anterior de beneficiarios.

«No hemos entrado en épocas de gran frío o demanda eléctrica, pero queremos apurar al máximo para que antes del 8 de octubre llegue al mayor número de ciudadanos potenciales del bono social, sin excluir ni limitar. Al contrario, que pueden seguir apuntándose. Pero es importante que puedan hacerlo cuanto antes para que no haya discontinuidad en la prestación de ese bono», apuntó. El plazo para la inscripción al nuevo bono social eléctrico, prestación que permite obtener un descuento del 25% al 40% en la factura eléctrica mensual para determinados consumidores vulnerables expiraba este 8 de octubre, después de que ya hubiera sido ampliado anteriormente.

Alrededor de 700.000 consumidores han solicitado el nuevo bono social frente a los 2,5 millones de clientes que eran beneficiarios del antiguo bono social. A este respecto, Ribera consideró que el criterio de la renta fue uno de los aspectos en que se avanzó con la aprobación del nuevo sistema de bono social, aunque subrayó que se debe «avanzar más» en esa línea. Así, la ministra subrayó que la falta de potenciales beneficiarios que no se han inscrito en el nuevo sistema tiene que «ver con la dificultad burocrática o de entendimiento» para hacerlo, para lo que pidió la ayuda de «quienes ya trabajan sobre el terreno con esos colectivos».

El Gobierno ofrece un plan de ayudas para el cierre de las minas de carbón que los sindicatos ven “insuficientes”

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar en diciembre de 2018 y que incluye bajas incentivadas, prejubilaciones y trabajos en el propio cierre de las explotaciones para los mineros más jóvenes.

Según fuentes ministeriales, en las negociaciones también se incluye la mejora de las condiciones actuales de los mineros para que ningún trabajador quede desprotegido. Así, aseguran que a diferencia de los anteriores gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo en las zonas.

Además, defienden que la ministra no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final «a más tardar» en diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas. Así, el acuerdo comunitario señala que las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre y hasta la fecha al Ministerio no le consta que ninguna de las afectadas por la fecha de fin de año haya devuelto las citadas ayudas o mostrado su intención de hacerlo.

Más allá del horizonte a corto plazo, según estas fuentes, se están diseñando diversas medidas a medio y largo plazo entre las cuales la Estrategia para una Transición Justa, que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, contemplará un plan urgente para las comarcas mineras. Asimismo, añaden que también se hará un plan social y se prevén ayudas a la reconversión, medidas que consideran más ambiciosas que las del Ejecutivo anterior.

Los sindicatos UGT y CCOO del sector de la minería del carbón han lamentado una falta de concreción del Gobierno sobre un nuevo marco regulatorio para las empresas y las comarcas mineras, así como una «falta de compromiso» ante el final del marco de actuación para el carbón 2013-2018. Representantes de ambos sindicatos critican que el documento remitido desde el Ministerio «está plagado de inconcreciones». El secretario sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, ha apuntado que no han sacado «nada en claro» de ese documento oficial «como solución viable y como plan global», y ha añadido que el borrador no tiene «aspecto positivo alguno».

Los sindicatos critican que el borrador que se les ha hecho llegar no contempla soluciones ni medidas concretas para todos los capítulos, además de que han solicitado la actualización de las tablas salariales para los trabajadores del carbón. Víctor Fernández ha asegurado que el Gobierno «sigue enrocado en que el carbón hay que cerrarlo», y ha advertido de que si continúa en «la línea de desasosiego, irracionalidad y de ir a por 4 empresas mineras del carbón autóctono» les van a «encontrar». El sector del carbón en España aboga por una «transición justa» en el proceso de descarbonización y lleva meses solicitando una valoración de los efectos que tendrá en el empleo y la industria.

Los sindicatos critican al Ministerio

Por su parte, CCOO ha denunciado que el Ministerio «ha vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora, con el sector del carbón autóctono y con las comarcas mineras». En este sentido, el sindicato ha señalado que el documento presentado «no cubre las garantías suficientes para poder firmar ningún tipo de acuerdo». «Dicho documento, simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería sin generar absolutamente ninguna alternativa», han criticado. Así, Comisiones Obreras ha anunciado que seguirán reivindicando que el carbón autóctono siga teniendo presencia en el mix energético de España ya que, según su criterio, el carbón «todavía es necesario como energía de respaldo y debe ser carbón nacional».

Según el sindicato, entre las propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, «no se contemplan el resto de elementos que son imprescindibles para la denominada Transición Justa y que afecta al sector del carbón, como es la necesaria generación de empleo en las comarcas mineras, que no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones y vaguedades». «La pérdida de empleo y desaparición del sector no puede continuar siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del Ejecutivo socialista», han criticado.

CCOO espera que los representantes de Transición Ecológica con los que se reunieron se replanteen toda esta serie de cuestiones para que el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que ha quedado fijada una nueva reunión, «se vea un cambio de perspectiva en el que han de contemplarse de forma global todas la implicaciones que están en juego».

Lambán se centra en Andorra

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el Gobierno de España debería «llamar» a Endesa para hacerle un planteamiento encaminado a alargar la vida de la central térmica de Andorra, que debería cerrar en junio de 2020 si no acomete determinadas inversiones encaminadas a mejorar su eficacia medioambiental. En este sentido, Lambán ha considerado que el Ministerio tendría que «ser sensible» a los planteamientos de los sindicatos y de las empresas mineras sobre la transición energética. Al Ministerio, ha apuntado, «no le falta razón en el planteamiento genérico de la transición energética», pero hay que convencerlo de que «una transición que suponga cerrar centrales en el 2020 es cualquier cosa menos justa«, ha concluido Lambán.

El PSOE critica al PP

Por otro lado, el PSOE acusa al Partido Popular de «utilizar» la incertidumbre sobre el futuro de las cuencas mineras para atacar al Gobierno «tras 6 años sin hacer nada» y «no invertir ni un euro en la reconversión industrial», según el diputado socialista por Teruel, Ignacio Urquizu. De hecho, el parlamentario tilda de «burla» la actitud del PP que ha propuesto medidas para la zona que, «además de ser ilegales», provocarían «una gran incertidumbre jurídica puesto que van en contra de la normativa europea». Se refiere así a la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso para, entre otras cosas, alargar la vida de las centrales térmicas como la de Andorra (Teruel), según los populares.

Urquizu les ha acusado de presentar una iniciativa que «contradice completamente» lo que el PP «dijo hace unos meses en Europa». Esto supone, en opinión de la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, tratar de «engañar» a los turolenses sobre este asunto y destaca que la situación que viven las cuencas mineras está provocada por la «inacción» del Partido Popular durante sus años en el Gobierno central. Así, critica que «lo poco que hizo fue precisamente impulsar el cierre de las explotaciones mineras», como lo demuestra, según Pérez, que en febrero de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy enviara un documento a Bruselas solicitando el cierre de 15 centrales térmicas, entre las que se encontraba la de Andorra.

El Gobierno no hará «una barbaridad» con el cierre del carbón y nucleares en 2028 sin analizar el escenario climático

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno tiene «claros» sus compromisos pero también sabe qué es «lo mejor» para la economía, por lo que «no va a hacer una barbaridad» en cuanto a las fechas de cierre de las centrales térmicas de carbón y apuntó que la fecha de 2028 para el fin de la energía nuclear en España “dependerá de los escenarios climáticos”.

La ministra ha culpado al anterior Gobierno de falta de anticipación y de «irresponsabilidad» porque no se ha encontrado «nada» respecto al futuro del carbón, ni escenarios planteados ni sobre los sectores afectados. «No había nada. No sabemos los escenarios que se manejaban; una cosa de absoluta irresponsabilidad», ha apostillado la ministra, que ha añadido que las fechas de cierre del carbón «no han sido acompañadas» del proceso previo necesario, al tiempo que recordó que en los próximos 18 meses las principales centrales nucleares deberán presentar su solicitud de renovación de permiso o de cierre.

«Tenemos un problema antipático y nos encontramos que el calendario avanza y no se ha solucionado el problema», ha explicado la ministra, quien asegura que «me hace gracia el concepto de transición acelerada del que se nos acusa», pues «precisamente por no ser acelerados estamos donde estamos». En su opinión, se tenía que haber hecho esa evaluación con suficiente capacidad de anticipación y «este es un Gobierno que tiene claro sus compromisos internacionales y sus desafíos, pero también que quiere lo mejor para los ciudadanos».

En cuanto al carbón, subrayó que el actual marco estratégico se verá reflejado en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética así como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero ha asegurado que la «segunda prioridad» es la del empleo nuevo en un mundo en auge pero en el que se debe hacer un «acompañamiento solidario» del empleo «en retiro».

Ribera entiende que se generen «tensiones» en las zonas donde se destruye empleo y precisamente es el carbón «el primer caso en el que esto se materializa», pero ha dejado entrever que la cuestión no es nueva sino que se debe a una falta de anticipación de la que responsabiliza no solo al anterior Ejecutivo sino también a consejeros de comunidades autónomas, patronales y sindicatos, que firmaron los planes y acuerdos anteriores. Ahora defiende que es «prioridad» del presidente del Gobierno apostar por «identificar oportunidades en cada uno de estos espacios» y acometer un plan de desarrollo local. «Si no hacemos esto, es normal que a la gente le preocupe su futuro inmediato», ha comentado.

En materia de energía nuclear, preguntada por la fecha de cierre final del parque nuclear español en 2028, la ministra tampoco encontró «ni un papel» sobre la cuestión, ni un plan nacional de residuos con el que acompañar las decisiones que permitan «transitar por sendas sólidas». Por ello, no ha descartado que 2028 sea la fecha definitiva, de acuerdo con el programa del PSOE del que forma parte y que señala el cierre de las centrales nucleares cuando estas cumplan 40 años de vida tecnológica.

Eso sí, Ribera ha dejado entrever que esa fecha dependerá de la planificación energética y de los estudios sobre las distintas sendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero así como del futuro Plan Nacional de Residuos que ahora debe elaborar el Gobierno. «Habrá que evaluar la combinación de las distintas sendas por lo que será mejor tener ese debate cuando tengamos los escenarios y el análisis de las distintas herramientas», ha concluido.

El futuro según las compañías

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, considera viable cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años, mientras que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ve dificultades «técnicas» para parar cualquiera antes de 2027-2028. Santamaría, ha manifestado que es posible cerrar las centrales nucleares españolas cuando cumplan los 40 años de vida para los que fueron diseñadas (6 centrales en total que suman 8 reactores y que cerrarían entre 2020 y 2028) «sin gran afección». Añadió que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) será la que tendrá que liderar el estudio y el análisis de cómo proceder al cierre, pero ella cree que es «viable».

El consejero delegado de Endesa ha manifestado que cualquier sustitución de la energía nuclear tendrá que conllevar un sistema que garantice una «potencia firme» (actualmente la potencia nuclear aporta 7.700 megavatios). Además, ha señalado que se debería tener hecho un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, después de paralizarse la construcción del de Villar de Cañas (Cuenca), con capacidad para manejar 70 contenedores anuales, y ha señalado que hasta que no haya uno puede haber dificultades técnicas para parar cualquier central antes de 2027-28.

En cuanto al cierre de las centrales térmicas, Santamaría ha dicho que estas instalaciones tienen ya un papel limitado y no están «alineadas» con las políticas medioambientales de la Unión Europea. Ha recordado que Iberdrola pidió hace un año la autorización para cerrar sus 2 últimas centrales de carbón en el mundo, Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), y ha afirmado que es viable clausurar las que hay en España manteniendo la garantía de suministro eléctrico. Ha admitido que estos cierres tendrán impacto en el tejido industrial y el empleo, por lo que habrá que mitigar esos efectos con ayudas europeas como las que ya utilizan países como Polonia y Alemania para crear alternativas en comarcas afectadas por la transición energética.

José Bogas opina también que el carbón cerrará, pues al final la legislación y el coste de las emisiones de CO2 harán que no tenga encaje en el mix eléctrico (combinación de diferentes fuentes de energía que cubren el suministro). También el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, considera que «el carbón está encaminado a llegar a su fin de vida», aunque ha dicho que ese final tiene que ser justo.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado que la partida de la descarbonización se juega en Asia, y ha destacado que el que haya gas natural a bajo precio será lo que reduzca el consumo de carbón en ese continente, donde las proyecciones de crecimiento del consumo eléctrico son muy grandes. En el mismo sentido, la consejera delegada de Engie, Loreto Ordóñez, destacó que su compañía ha desinvertido en la generación con carbón, aunque admitió que la ecuación económica carbón-gas no funciona porque el coste marginal de producir con carbón sigue siendo más barato.

Ribera pide a las empresas implicarse en movilizar unos 100.000 millones contra el cambio climático hasta 2030

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho un llamamiento al conjunto empresarial español y en particular a las empresas cotizadas a movilizar cerca de 100.000 millones de aquí a 2030 y así implicarse en una lucha contra el cambio climático, en la que considera que España «lleva algún retraso«.

En su intervención en el Foro Cinco Días, la ministra considera además una «necesidad» que el sector financiero sea parte de la solución y para ello ha comentado un conjunto de iniciativas que verán la luz en la Ley de Cambio Climático y Transición Energético, que espera presentar en el Congreso de los Diputados «antes de Navidad». Pocos días después, «antes de final de año», entregará a la Unión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima.

Entre las ideas del Gobierno está la necesidad de que el sector financiero y las empresas cotizadas obligatoriamente deberán analizar su huella ecológica o de carbono y acometer medidas para reducirla, o bien, que deberán crear etiquetas verdes para que la sociedad conozca de forma «clara» y «detallada» los criterios de sostenibilidad de las empresas, dada «la escala del desafío».

La ministra ha lamentado el «lastre inmenso para la competitividad» de la economía española para el presente y el futuro acumulado en los últimos años, ya que ha recordado que en los últimos tres años España ha sido el país del conjunto de los Veintiocho donde más han crecido las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, considera que España también se ha «quedado al margen de los beneficios y oportunidades» para regenerar la economía al tiempo que se construye una sociedad «más solidaria».

Para corregir esa senda, Ribera ha dicho que se requiere de un marco regulatorio «claro» y construir un «consenso» sobre el sistema energético «imprescindible» que tenga «anticipación» y no olvide a «los más vulnerables» en este proceso de cambio y transición.

Asimismo, ha subrayado el papel «fundamental» de las renovables, la eficiencia energética o la importancia de favorecer una movilidad sostenible, apostar por el autoconsumo y permitir esquemas «predefinibles» frente a un modelo energético actual que a su juicio «no responde a las necesidades ambientales» sino que «se aleja» de la modernización de la economía.

Ribera se ha referido en concreto a la «pobre» eficiencia de los edificios españoles y ha destacado el «volumen de negocio» en la capacidad de mejora del parque construido.

En definitiva, estima que en ese «marco que oriente» las decisiones, la integración de las renovables ofrecerá «múltiples beneficios» porque servirá para moderar los precios del mercado e incentivará la innovación y la I+D+i.

La ministra ha destacado también que observa un «interés creciente» sobre el ámbito de la financiación «responsable» de los activos financieros a nivel mundial y en ese contexto considera que las respuestas se mueven en «dos o tres grandes ejes» que pasan por que en la Unión Europea se requerirán inversiones en torno a 180.000 millones de euros anuales, en ámbitos como la renovación de edificios, digitalización, generación de energías renovables o movilidad sostenible.

De este volumen, Ribera ha precisado que las estimaciones para el sector privado en España se sitúan en torno a 100.000 euros de aquí a 2030, solo para cuestiones asociadas a energías renovables y eficiencia, pero a los que ha añadido otros 83.000 millones de euros adicionales en materia de energía circular.

«Existen oportunidades de inversión, pero las oportunidades de inversión requieren de la participación activa de los inversores, es decir, se necesitan vehículos que articulen esta participación«, ha comentado la ministra que quiere que los inversores tengan información sobre los riesgos con datos fiables para que puedan identificar estas oportunidades en las que esté incorporada la variable ambiental y climática.

«Es fundamental», ha insistido la ministra, que confía en que la puesta en marcha de políticas públicas haga esto «viable» y asegura que los dos instrumentos fundamentales serán, precisamente, la ley de cambio climático y transición ecológica y el plan nacional integrado de energía y clima.

«Queremos facilitar una señal clara, contundente, pero también respaldada por el conjunto de la sociedad, que guíe decisiones empresariales y oriente a los reguladores con competencia en los distintos sectores que pueden regular«, ha manifestado.

La titular de Transición Ecológica ha recordado el compromiso de España de reducir en 2030 un 20% de las emisiones respecto a 1990, lo que supone reducir a «un tercio» las actuales, por lo que ve necesarias «decisiones del hoy y ahora mismo» porque 2030 es «pasado mañana».

Ribera cree que reorientar un proceso económico y un sistema energético de más de 200 años «no es nada sencillo», por lo que se deben «construir pasarelas» y ha añadido que ese cambio tiene «mucho que ver» con las finanzas verdes, que son las que deben «facilitar» ese cambio.

Por último, ha asegurado que esta transición deberá ser «respaldada» por el conjunto de la sociedad, que guiará las decisiones empresariales en medio de sendas claras de descarbonización para las próximas décadas.

Al mismo tiempo ha garantizado que este proceso se deberá impulsar sin «traumas» para la generación de empleo y la evolución que todo esto supone a las familias; es decir que se realizará con una «estrategia de transición justa» especialmente para los colectivos vulnerables y facilitando «nuevas oportunidades» sobre todo en aquellas comarcas «sin alternativas» para lo que ha vuelto a instar a la colaboración al sector privado.

Greenpeace pide al Gobierno «hechos» como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras cumplir sus primeros 100 días

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Europa Press.- Greenpeace ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez, que cumple 100 días desde que asumió el Ejecutivo, que pase de las «buenas intenciones» a los «hechos» concretos para proteger el medio ambiente como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la introducción de impuestos verdes para que esta no sea otra «legislatura fallida». La ONG recuerda también al Ejecutivo que debe abolir el impuesto al sol, pese al «reiterado» anuncio de su derogación.

El balance de Greenpeace sobre estos primeros 100 días de Gobierno es que a pesar de los gestos positivos, las medidas tomadas en materia de protección del medio ambiente en este período han sido «pocas y no están a la altura de la amenaza del cambio climático«. Por ello, insiste en que es «necesario» acometer acciones concretas y contundentes antes de que finalice el año.

En el lado positivo, la ONG valora el cambio de posición española en las negociaciones europeas del Paquete de Invierno inmediatamente tras formar Gobierno, pero advierte de que tres meses después «aún no se ha abolido el impuesto al sol» ni hay una hoja de ruta para desbloquear el autoconsumo. También considera positiva la decisión del Gobierno de paralizar el permiso de construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Por el contrario, insiste en la falta del borrador de la Ley de Cambio Climático ni del Plan de Energía y Clima con fecha de cierre para el carbón y la nuclear antes de 2025.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, denuncia que en estos 100 días se ha hablado mucho pero no se ha tomado ninguna decisión efectiva para la reducción de la demanda de petróleo para el transporte y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, que debería empezar con el fin de los privilegios fiscales para el diesel, tal y como anunció Pedro Sánchez, y determinar un calendario para el fin del uso de combustibles fósiles en automoción.

Transición Ecológica también pierde empleos en León: Ribera no consigue evitar el cierre de Vestas y culpa al anterior Gobierno

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Redacción / EFE.- Los trabajadores de las cuencas mineras no están solos. A ellos ya se les pueden sumar los más de 300 trabajadores de la factoría de Vestas en Villadangos del Páramo (León), una provincia a la que los tiempos de cambio que corren en el sector energético amenazan con agravar el mal de la despoblación que ya padece desde hace décadas.

Una provincia que se vacía como vacíos suenan los anuncios del Gobierno de que se abre una línea de negociación permanente con Vestas durante los próximos días «al más alto nivel» con el fin de trabajar en la búsqueda de alternativas industriales para la comarca leonesa tras el anuncio de cierre de la factoría del grupo danés. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Vestas ha manifestado su compromiso de seguir invirtiendo en las plantas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real) para convertirlas en referentes de producción para Europa. Un compromiso que no esconde el fracaso del Ministerio para la Transición Ecológica: donde antes había 2 factorías, ahora solo habrá 2.

Además, y tras la reunión mantenida por el Gobierno con representantes del fabricante de aerogeneradores, ambos departamentos han criticado la política energética del anterior Gobierno y han subrayado que «es en este anterior contexto en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León». Asimismo, han insistido en que ante el anuncio de cierre de la planta de la empresa en León se trabajará para minimizar el impacto en la zona con alternativas industriales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo un encuentro con representantes de Vestas al que ha acudido también el secretario general de Industria, Raül Blanco, y el director general de Industria, Galo Gutiérrez. El encuentro, según indicaron ambos Ministerios, forma parte del proceso de reuniones que el Ejecutivo mantiene con la empresa desde que se conoció su decisión de abandonar la provincia leonesa.

Según han expresado, en el marco de la reunión Vestas ha valorado el proceso de transición energética iniciado por el Ejecutivo. De hecho, antes de finales de año el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá listos el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En ambos, han explicado, se establece la senda para la transición hacia un sistema energético más limpio que vendrá acompañado por un «rápido» incremento de la generación mediante las renovables, entre ellas, la eólica, y el desarrollo de unas reglas del mercado «previsibles y estables«.

En este sentido, el Gobierno ha recordado que el sector de las renovables tiene perspectivas positivas en España y que este «cambio de rumbo» tiene como objetivo dar cumplimiento con los acuerdos internacionales firmados por España en la lucha contra el cambio climático. Esta política, han señalado ambos Ministerios, contrasta con la liderada por el anterior Gobierno «que no apostó por el desarrollo de energías renovables ni anticipó la necesaria transición hacia un nuevo modelo». «Es en este anterior contexto en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León», han asegurado ambos departamentos.

Piden formar una comisión negociadora

Por su parte, ya antes de la reunión con el Gobierno, la multinacional danesa Vestas decidió posponer la entrada en vigor de su ERE de extinción para su planta de Villadangos aunque paralelamente comenzó a pedir a sus empleados que constituyan la comisión negociadora de este ERE. Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, que denunció que la multinacional «vetó» a la Junta en esa reunión, «quizá» por ser «demasiado beligerantes».

Asimismo, la consejera ha explicado que Vestas aún no ha contestado a la petición formal de reunión que la semana pasada los Ejecutivos nacional y autonómico trasladaron con carácter de urgencia a la sede de la empresa en Dinamarca, por lo que Del Olmo ha insistido en que aún esperan una respuesta por parte del consejo de administración de Vestas.

Por ello, la consejera ha aseverado que «seguirán peleando» a «todos los niveles» para impedir que la multinacional lleve su planta a China o Rusia, pues esto es un «problema» que concierne a toda Europa, pues «no tiene ningún sentido» que la Unión Europea permita estas deslocalizaciones y luego tenga que importar estas mercancías de países que no cumplen los mismos requisitos laborales y de emisiones que en la Unión Europea. Finalmente, si la empresa decidiera quedarse, Del Olmo admitió que la Junta extendería la «alfombra roja», aunque de cerrar, Vestas quedaría «proscrita» de «Castilla y León, de España y de la Unión Europea», amenazó.

Izquierda Unida contra las multinacionales

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión, ha afirmado que parte de la culpa de la situación por la que atraviesan los trabajadores de Vestas, en León, se debe a que «España ha puesto la política energética en manos de multinacionales con capital extranjero». A su juicio, eso provoca una «falta de sensibilidad con la tierra» que es lo que motiva que empresas como Vestas opten por la deslocalización de su producción a países como India o China «basándose únicamente en criterios económicos» y «cargándose a unos empleados que han demostrado ser capaces».

El dirigente de Izquierda Unida ha visitado el campamento que los trabajadores instalaron hace casi una semana a las puertas de la multinacional danesa en el polígono de Villadangos del Páramo. Sarrión ha calificado de «heroica» la actitud de estos trabajadores, de quienes ha dicho que son un ejemplo «de lucha por la defensa de sus derechos y su dignidad». Además, ha avanzado que Izquierda Unida llevará esta situación tanto al Congreso como al Senado y también al Parlamento Europeo para tratar de darle una solución a un conflicto del que dependen 370 empleos directos y más de 2.000 indirectos.

UGT Asturias ve como una «mala señal» que aún se desconozca el plan estratégico de Ribera para la transición energética

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EFE.- El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, considera que «no es buena señal» que no se sepa nada aún del plan estratégico que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió para hacer una transición energética justa. Ribera anunció a principios de julio que su departamento estaba trabajando en un plan de transición justa para los sectores más vulnerables al proceso de descarbonización y transición energética.

«No es buena señal» que aún no se conozca nada, ha asegurado el dirigente sindical, que expresó su esperanza de que no estén aprovechando estos días para redactarlo rápidamente. Ha incidido en que ese plan ya debería estar hecho porque no se puede anunciar el cierre de centrales térmicas sin tener ya hecho un plan estratégico con soluciones para los problemas derivados de esa decisión. Para el dirigente sindical es preciso abordar la descarbonización «sin prisas con el fin de conseguir esa «transición energética justa«. Ribera anunció que el plan estratégico sería complementario a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como al Plan de Energía y Clima.

Las principales organizaciones ecologistas valoran las «señales» del Gobierno pero reclaman medidas «concretas y ambiciosas» hacia el final del carbón

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EFE.- Las principales organizaciones ecologistas han valorado las «señales» que ha mandado el Gobierno de Pedro Sánchez en materia medioambiental, pero reclaman ya medidas «concretas» y «ambiciosas». Ante el inicio del nuevo curso político y a punto de cumplirse los primeros 100 días de Gobierno, las organizaciones coinciden al señalar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como principal tarea del Ejecutivo, y consideran que ésta debe incluir objetivos ambiciosos.

Reconocen los dirigentes de las oenegés la «debilidad» parlamentaria y los límites presupuestarios del Ejecutivo, pero creen que eso no debe ser un impedimento y que se deben acelerar muchas medidas que no dependen del presupuesto ni de las mayorías parlamentarias. El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, se ha referido a las «expectativas» que levantó el nuevo Gobierno, con la creación sobre todo de un Ministerio para la Transición Ecológica, pero ha agregado: «Esperamos todavía anuncios concretos de calado». Del Olmo ha valorado algunas medidas (la protección de un corredor para los cetáceos en el Mediterráneo) pero reclama «anuncios potentes para que la sociedad entienda que de verdad hay un cambio».

Entre éstos ha citado la ley de Cambio Climático, pero ha expresado su preocupación por las «resistencias» que existen, como las del sector energético o las surgidas dentro del PSOE y de administraciones gobernadas por los socialistas (Aragón o Asturias) ante el cierre de las centrales de carbón, y reconoce que esas objeciones «preocupan más» que los equilibrios parlamentarios. Ha reclamado además medidas que no requieren ni dotación presupuestaria ni mayorías parlamentarias, como el cierre de los pozos ilegales en Doñana, la paralización definitiva del proyecto para construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) o poner fin a las prospecciones petrolíferas en aguas españolas.

Cierre de carbón y nucleares

Celia Carballo, directora de Programas de Greenpeace, ha señalado que la Ley de Cambio Climático tiene que establecer el cierre de las centrales nucleares y de carbón, así como el cierre de las minas y un plan para que la transición sea «justa«. Ha valorado las «señales» que envía el Gobierno en Europea, que a su juicio hace que España «vuelva a recobrar cierto liderazgo internacional». Frente a la debilidad parlamentaria, Carballo reconoció que «es limitante, pero no un impedimento», e incidió en la importancia de que el Ejecutivo cuente con el respaldo «completo» de su partido y en que todas las administraciones y partidos trabajen «en clave de país» y no en «clave territorial».

David Howell, responsable de Gobernanza Ambiental, Clima y Energía de SEO Birdlife, ha reclamado «avances rápidos» que compensen la «inacción y retrocesos» de los últimos años, y aunque ha señalado que el «plato fuerte» es la Ley de Cambio Climático, ha incidido en la importancia de alcanzar «grandes y ambiciosos» pactos en materia de energía, clima, agricultura, agua o fiscalidad. Howell ha reclamado medidas de fiscalidad «verde» y, tras reconocer la «complicada aritmética parlamentaria», resalta que «está por ver» si la agenda de transición ecológica que propone el PSOE se extiende a todo el territorio y a todos los ministerios.

La coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha coincidido en que «las señales son positivas, pero es momento de acompañar las palabras con hechos», y ha citado como prioridades la Ley de Cambio Climático o la derogación de las «trabas» al autoconsumo eléctrico. Ruibal ha expresado su preocupación por algunos anuncios referidos a tecnologías «que queremos fuera del mix energético», y ha señalado que las primeras «señales» apuntaban a un calendario de cierre de las centrales nucleares y de carbón «y ahora se está difuminando esa señal». La responsable de Amigos de la Tierra se ha referido a los equilibrios parlamentarios y coincide en que frenar el cambio climático debe ser una prioridad para todas las formaciones políticas.

La transición energética requerirá invertir 80.000 millones hasta 2030, según Ribera, que cifra los arbitrajes internacionales pendientes en 8.000 millones

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EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables acometidos por el anterior Gobierno superan los 8.000 millones de euros. Asimismo, la transformación del modelo energético en España hacia la descarbonización significará inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones de euros hasta 2030, requerirá de muchas complicidades y será una oportunidad para la creación de empleo verde, según la ministra.

En este sentido, Ribera ha detallado que «desde 2006 sabemos que hay que acometer reformas importantes en el sector del carbón», y desde el 2010-2012 la Unión Europea dotó de un marco de acompañamiento para el cierre de estas explotaciones a más tardar en 2018. La Comisión Europea espera que la contribución que haga España sea como mínimo del promedio de los objetivos de la revisión de la directiva europea sobre renovables en el llamado paquete de invierno para cumplir con el Acuerdo de París: alcanzar el 40% de reducción de emisiones de efecto invernadero, el 32% de renovables y el 32,5% de eficiencia energética.

El objetivo es llegar a la descarbonización completa de la economía o equivalente, y el 90% de emisiones en 2050, cuestiones que «serán posibles con señales regulatorias y calendarios técnicos de sustitución». La ministra reconoce que es evidente que en este camino Red Eléctrica se convierte en un «brazo ejecutor de muchas cuestiones», que tiene muchos desafíos en cuanto a digitalización, conexión, conectividad de grandes redes de transporte con microredes o sistemas de generación distribuida.

Otro reto es la adaptación energética del parque de edificación y cita como ejemplo el caso holandés, cuyo gobierno ha dado un plazo hasta 2030 para eliminar el suministro de gas de todo el parque construido. Se trata de algo que aquí jamás se había pensado y que requiere de una serie de nuevas habilidades profesionales para los empleos verdes que obligaría a un cambio de modelo de formación profesional, cualificación y diseño de negocios.

Ribera ha indicado que la ley de Cambio Climático se presentará en septiembre y ha citado como progresos interesantes la Ley catalana sobre la materia, el proyecto de ley de Baleares y en las que trabajan otras comunidades autónomas, además de la propuesta de Podemos. Además, hay esa «cosa peculiar», en referencia a la propuesta de ley presentada por el PP porque, más que salir de las cabezas de Génova, sale de la Oficina de Cambio Climático, cuando ya no era parte de la Administración.

«No tengo ninguna objeción en que el PP subraye su compromiso con el cambio climático; al contrario, creo que nos jugamos mucho como para que nadie pueda decir que no le importa o mirar para otro lado», ha apuntado Ribera, que ve importante una ley que «permita generar y visibilizar de forma capilar los procesos de cambio» y que cree sinergias entre el sector público y el privado. Así, en materia de transporte, subrayó la importancia de reducir las emisiones al 0% en 2050, ya que actualmente suponen el 40%.

8.000 millones en los arbitrajes

Respecto a los arbitrajes internacionales, Ribera señala que actualmente hay 40 laudos o procesos de arbitraje vivos, a los que se sumarán otros anunciados, y la cantidad total reclamada, aunque «son estimaciones y hay que ser muy cautos», estaría por encima de los 8.000 millones. Este hecho, ha apuntado la ministra, ha convertido a España «en el país con más litigiosidad y arbitraje pendiente». Según Ribera, estas reclamaciones ponen de manifiesto que, cuando uno decide actuar al margen del contexto en el que opera, «la factura puede salir más cara que la que pretende evitar«.

Ribera ha explicado que la estrategia de defensa de España se ha apoyado en que no cabe aplicar la Carta de la Energía a inversores de países comunitarios, que estarían sometidos al mismo régimen que los españoles. La titular de Transición Ecológica señaló que, aunque ese criterio ha sido respaldado recientemente por la Comisión Europea, «parece que al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es donde se están sustanciando la mayor parte de los arbitrajes, no le acaba de convencer».

Según la ministra, en la cuestión de los arbitrajes, España tiene como alternativas que sigan los litigios, «que ya se recurrirá», o «explorar si hay otras opciones«. En este sentido, resaltó que los portugueses fueron «muchísimo más inteligentes desde el primer momento», ya que buscaron soluciones que convencieran a las partes. Finalmente, Ribera ha recalcado la importancia de que España sea «un país atractivo y seguro en términos de inversión«, ya que la transformación energética exigirá inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones hasta 2030.