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Errejón propone para la Comunidad de Madrid una Vicepresidencia de Transición Ecológica y un billete integrando bicis, taxis y carsharing

Europa Press.- El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha lanzado el Plan V, un proyecto de desarrollo regional «verde que beneficie a la mayoría de la ciudadanía», con medidas como la creación de una Tarjeta Única de Transportes que integre plataformas de bicicletas y vehículos de alquiler, y una Vicepresidencia de Transición Ecológica.

El Plan V es una estrategia integral «para hacer de Madrid una región sostenible y ponerla a la vanguardia en materia de innovación» y cuenta con 6 ejes. El primero, de Movilidad sostenible, pretende reducir el uso del coche. Para ello apuesta por un plan de choque en Metro, «frente al maltrato al que ha sido sometido estos años», con la contratación de más personal y trenes, con un plan de eliminación de amianto, «impulsando de forma decidida la accesibilidad y asegurando la calidad del aire en andenes y estaciones».

También quiere crear una Tarjeta Única, un billete integrado que sirva como servicio monedero o servicio de postpago para todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid y que integre las nuevas modalidades como las plataformas de carsharing, la red regional de bicicletas e incluso el taxi. Más Madrid quiere que el uso de la bicicleta sea «un derecho, un servicio público y una pieza fundamental en la movilidad de los madrileños». «Queremos ayudar a que los municipios dispongan de redes propias de bicicletas que protagonicen la movilidad dentro de las ciudades, así como fomentar pasarelas y carriles bicis que comuniquen nuestros municipios», apunta.

Asimismo, pretende seguir el ejemplo de Madrid Central para crear «ciudades amables» e impulsar «nuevos núcleos de vida social, comunitaria y comercial alrededor de centros peatonales, fomento de los modos activos y acceso restringido de vehículos privados contaminantes«. También defiende apoyar el establecimiento de carriles Bus-VAO en las principales vías de acceso a Madrid, competencia estatal, y poner uno de estos carriles en la M-607.

Empleo verde y vivienda eficiente

Errejón quiere que Madrid se convierta en la punta de lanza de la revolución del empleo verde en España con la creación de una Agencia Regional de I+D+i. Igualmente, ve necesario actualizar la FP y orientarla a las necesidades «de una economía en transición ecológica basada en los empleos verdes», así como fomentar las renovables con una «industria de vanguardia muy competitiva». En materia de Vivienda, plantea invertir en vivienda pública y protegida e impulsar la colaboración público-privada para rehabilitar un parque edificatorio «en buena parte envejecido e ineficiente energéticamente«.

El candidato de Más Madrid propone una matriz energética «totalmente descarbonizada» en 2050 diseñando una política estratégica, con un calendario ambicioso «que combine penetración de energías renovables en todos los sectores, electrificación general y una reducción sustancial del consumo de energía mediante el ahorro y la eficiencia». «El carácter distribuido de las energías renovables supone además una oportunidad para avanzar hacia modelos energéticos más democráticos, donde la gente adopte un papel económico protagonista. Y también más justos, erradicando la pobreza energética desde el empoderamiento ciudadano que ofrece el autoconsumo«, indican.

En esta misma línea, se compromete, en caso de gobernar, a aprobar una Ley de Cambio Climático con objetivos de reducción de emisiones (50% para 2030, emisiones nulas en 2050) y de reducción de consumo de energía primaria de un 40% en 2050. Además, crearían una vicepresidencia de Transición Ecológica que supervise y coordine la labor del resto de consejerías.

También elaborarán un Plan Madre de rehabilitación y reforma integral de edificios que reduzca su consumo energético. Siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, «se contratará energía eléctrica 100% renovable certificada en todos los edificios y administraciones de la Comunidad«. Errejón también desea un plan de transición de la flota pública regional a vehículos propulsados por sistemas eléctricos y nuevas tecnologías, apoyando a los municipios para que creen sus propias flotas de bicicletas eléctricas y se renueven los autobuses urbanos.

Por último, quieren crear un «cinturón verde y ecológico» en la región. «Madrid tiene una deuda con el Sur. Tenemos que reequilibrar la región poniendo el Sur en el centro de la transición ecológica y lo haremos con un Cinturón Verde. En cada localidad fomentaremos la articulación de Campus de Innovación especializados que integren innovación científica, Formación Profesional y viveros de empresas sostenibles para impulsar un nuevo modelo productivo», apuntan. Por ejemplo, en Parla estaría el campus Rehabilitación de vivienda/construcción sostenible y en Mostoles Energía.

Victoria del PSOE: La hora del Green New Deal de Teresa Ribera y la reforma del mercado eléctrico

Javier Angulo.- El PSOE de Pedro Sánchez ha sido el vencedor de las elecciones generales. Un triunfo holgado, que deja al Gobierno a expensas de pactos, pero que invita a pensar en una formación rápida del Ejecutivo. A nivel energético todo lo que no fuera la continuidad de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica sería una sorpresa colosal. Por delante 4 años: tiempo para implementar la Green New Deal prometida, la reforma del mercado eléctrico y avanzar en la descarbonización.

El programa electoral del PSOE era muy claro al respecto: eficiencia, renovables y empleo verde deberían ser la base del Green New Deal, un ambicioso pacto social sobre el que cimentar la transición energética. Como avance quedan los 10 meses de Gobierno socialista, en los que Teresa Ribera ya ha puesto en marcha medidas importantes: devolución de competencias energéticas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), eliminación de los cargos al autoconsumo y regulación para su desarrollo, la Estrategia de lucha contra la pobreza energética, medidas de transición justa para las comarcas mineras (a nivel de empleo y de I+D+i, potenciando la Ciudad de la Energía).

España tendrá por fin una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, muy diferente a cuando el expresidente Mariano Rajoy la prometió en plena COP21 en París. A expensas de lo que matice la Comisión Europea, también habrá luz verde para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, toda una hoja de ruta para la descarbonización de la economía.

De momento los borradores ya ponen cifras sobre la mesa. El principal objetivo es cumplir las metas comprometidas con Europa para la reducción de emisiones: un 20% de reducción para 2020, un 40% para 2030 y un 90% para 2050. Estos números tienen un reflejo directo sobre el sector eléctrico. El objetivo que se marca el PSOE para 2030 es alcanzar un 35% de energías renovables sobre el consumo de energía primaria, por encima del 32% fijado por la Unión Europea. Esto supondría que las fuentes renovables tuvieran una cuota en el mix eléctrico del 74%. La descarbonización exigiría que en 2050 el país se suministrara con electricidad 100% renovable.

En esta senda mucho tiene que cambiar el panorama para las centrales térmicas de carbón, que todo apunta a que cuando termine la legislatura en 2023 se podrán contar con los dedos de una mano las que quedan abiertas. Igual de importante es el calendario acordado con las compañías eléctricas con fechas que los socialistas recalcan como “máximas” para el cierre de las centrales nucleares.

Formación de precio del pool

El Gobierno lleva meses hablando, especialmente en la figura de secretario de Estado de Energía, sobre una fórmula que traslade al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa europea esta intervención socialista en el mercado eléctrico. No en vano, también están en discusión en Bruselas las directrices comunitarias para la regulación de estos mercados. Este asunto promete ser uno de los principales caballos de batalla para el Ministerio de Teresa Ribera.

No menos polémico será, cuando se aprueben los futuros Presupuestos, la subida de los impuestos sobre el diesel, punto de partida en la revisión a la fiscalidad energética que plantean los socialistas. Y dentro del sector del transporte, las estaciones de servicio ya habrán empezado a hacer números ante la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica que va a exigir el Gobierno para hacer que la movilidad eléctrica deje de ser una anécdota para empezar a ser una realidad.

Tampoco hay que perder de vista la necesidad de acordar la hoja de ruta con su socio de legislatura. Por fortuna para los socialistas, la agenda no difiere en demasía con Ciudadanos o con Unidas Podemos, sus socios potenciales. Los de Albert Rivera preferirían revisar la fiscalidad energética y, por ejemplo, discreparían de la subida de impuestos a los carburantes, por su incidencia directa sobre el bolsillo de los consumidores. Los de Pablo Iglesias exigen una senda más ambiciosa, que estaría más cómoda con lo que exponía el programa electoral de los socialistas de 2015.

En este sentido, desde Unidas Podemos preferirían que las centrales nucleares cerraran antes de llegar a 2025 y las térmicas de carbón antes alcanzar 2026. También adelantarían 10 años, a 2040, la descarbonización completa de la economía. Asimismo, en materia de protección al consumidor doméstico vulnerable, Unidas Podemos lleva años reclamando una reducción del IVA de la factura de la luz y del gas al 10% al tratarse de suministros básicos. Más improbable parece la creación de una eléctrica pública.

Unidos Podemos reprocha al PSOE su tardanza con la Ley de Cambio Climático y los socialistas apelan a su «calidad»

Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado al Gobierno su tardanza a la hora de elaborar su Ley de Cambio climático. «Se ha perdido una legislatura», ha señalado su portavoz de Medio Ambiente, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, a quien el PSOE ha respondido apelando a la «calidad» del texto.

El grupo confederal ha llevado al Pleno del Congreso una moción en la que reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su norma de cambio climático, tanto en lo que respecta a la reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de energías renovables. La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Ciudadanos y PNV.

López de Uralde criticó que los socialistas hayan presentado su paquete energético, en el que se incluye su ley, al acabar la legislatura. A su juicio, es «demasiado poco y demasiado tarde» para los compromisos que el Ejecutivo adquirió cuando llegó a la Moncloa. El diputado ha recordado que los impactos por este fenómeno son ya «brutales» y que la ciencia ha pedido de forma «clara y contundente» reducir las emisiones de aquí a 2030.

Evitar la celeridad al regular

Su homólogo socialista, Marc Lamuà, ha respondido a López de Uralde explicando que cuando el PSOE llegó al Gobierno se encontró con «cajones vacíos» de iniciativas del anterior Ejecutivo y decidió «arremangarse», creando las leyes que hacían falta de manera «inminente», pero «con responsabilidad» y «con la calidad que un Estado como España debe tener«. Lamuà ha denunciado que, en estos casos, es necesario evitar la «celeridad chapucera» que pueda llevar a «un resultado mediocre».

Por su parte, el PP se mostró crítico con los morados. La diputada de los populares, María Valentina Martínez, ha criticado que la moción de Unidos Podemos no plantea «alternativas» para que España «siga funcionando» con el nuevo modelo energético y sin emisiones que plantean. Así, le señala que no hay propuestas, por ejemplo, de empleo para las zonas afectadas.

Para Ciudadanos, la moción que ha presentado López de Uralde «no es de fiar» por la actitud que ha tenido el grupo confederal en otros asuntos medioambientales como el agua, en donde, según ha señalado, han actuado con «sectarismos y demagogia». Su portavoz, José Luis Martínez, se ha dirigido además a PP y PSOE para denunciar su actitud en los últimos años, que ha llevado a España a afrontar varias sanciones relacionadas con el medio ambiente en el marco internacional.

Unidos Podemos sí ha contado con el voto a favor de ERC, que se ha unido a las críticas sobre la tardanza del Gobierno y les ha reprochado que esta ley haya quedado en una «mera declaración de intenciones». También ha votado a favor de la moción PDeCAT, después de que el grupo confederal haya incluido en su texto unas enmiendas del partido independentista con medidas relacionadas con el transporte.

Abogados ambientales piden el fin del carbón en 2025 «como muy tarde» para cumplir con el Acuerdo de París

Europa Press.- El Instituto de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) espera que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establezca el 2025 como fecha final para el carbón en España para que el país pueda alcanzar los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre calidad del aire y cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático.

La OMS estima que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes prematuras al año y que el 90% de la población mundial respira aire con una calidad por debajo de los estándares recomendados en sus Guías de Calidad del Aire (GCA). La directora de IIDMA, Ana Barreira, recuerda que es «imperativo» que España siga los estándares de la OMS sobre la calidad del aire, trasladándolos a la normativa ambiental ya que la contaminación es actualmente un problema de salud pública y afecta al derecho a la vida y el derecho a la salud.

Precisamente, una de las fuentes principales de la contaminación en España son las emisiones de las centrales de carbón por lo que la organización subraya que debe ser una «prioridad política» poner fin a la producción de energía mediante este combustible, como muy tarde en 2025. «La salud pública debe ser un criterio fundamental para la elaboración de los Planes de Energía y Clima, así como de la futura Ley de Cambio Climático», ha concluido.

Sánchez plantea la hoja de ruta hacia la descarbonización en 2050, con 300.000 nuevos empleos y 237.000 millones de inversión

Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el paquete de energía y clima para ser una «brújula» que logre una España descarbonizada al 100% para 2050, un periodo en el que estima que se crearán al menos 300.000 nuevos empleos.

En este sentido, el presidente ha mostrado su compromiso con la agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático y confía en que, con el Paquete de Energía y Clima, España sentará las bases para modernizar su economía y erigirse en líder de las energías y tecnologías limpias en la próxima década. Así, ha insistido en que este proceso se realizará «sin dejar a nadie atrás» porque el crecimiento será inclusivo, mediante el fomento del empleo, el desarrollo del medio rural, la justicia social y la mejora de la salud y el medio ambiente.

Para ello, ha precisado que el paquete de energía y clima está compuesto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, junto con el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y la Estrategia para una Transición Justa. En este marco confía en que esta hoja de ruta permitirá de aquí a 2030 desplegar inversiones de colaboración pública y privada por un valor estimado de 237.000 millones de euros y ha adelantado que los nuevos empleos, más de 300.000, fundamentalmente estarán ligados a servicios, industria y construcción, al tiempo que se fomentará el empleo de jóvenes, parados de larga duración y mujeres.

De estos, el Gobierno calcula que mediante las inversiones en renovables en el sector eléctrico se generarán de 99.000 a 172.000 empleos en la próxima década distribuidas en un 18% para la industria manufacturera; el 15% para la construcción, el 13% para comercio y reparación del sector renovable. Mientras, las inversiones en ahorro y eficiencia generarán entre 42.000 y 80.000 empleos, de los que 28.000 corresponden a rehabilitación energética. Asimismo, Sánchez ha vaticinado que las renovables irán aumentando su cuota hasta alcanzar un sistema 100% renovable en 2050, con un cierre escalonado de las centrales de carbón y nucleares y «pronto» se reforzará el autoconsumo.

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Sánchez asegura que proporcionará un marco normativo estable, seguro y cierto sobre el que desarrollar este proceso de cambio. «No proponemos nada caprichoso, sino algo posible y en línea con lo que pide la Unión Europea», asegura Sánchez, que desgranó algunas medidas como el fin de la matriculación y venta de vehículos emisores de CO2 en 2040; que en 2030 el 42% de la energía total será de origen renovable, lo que supone, a su juicio un «despliegue sin parangón» de las renovables que dará, a su vez, oportunidades de que el empleo se extienda a las áreas rurales y favorecer así la repoblación.

Además, el paquete normativo del Gobierno prevé aumentar la generación eléctrica mediante renovables pasando del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, meta que permitirá cumplir los compromisos asignados por la Unión Europea y rubricados en el Acuerdo de París. Para ello, el Ejecutivo presentará un calendario de subastas previsibles que garantizarán una retribución adecuada y una hoja de ruta para el desarrollo de redes, sistemas de almacenamiento y gestión que permitan una adecuada integración en el sistema. Además, destacó la apuesta decidida por la eficiencia energética, con el objetivo de mejorar en 75.000 millones de euros acumulados la balanza comercial del país hasta 2030, «lo que da idea de la oportunidad que supone para España».

En el plan de Energía y Clima, España expone sus objetivos y estrategias para cumplir con sus compromisos de Estado comunitario y adoptados a consecuencia del Acuerdo del Clima de París, que pasan por reducir en 2030 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, para lo que las emisiones actuales deberán reducirse cerca de un 40% y que el sistema eléctrico deberá ser 100% renovable en 2050. Otras de las medidas planteaban una fiscalidad verde, la exigencia de que el Gobierno no pueda invertir en proyectos que estén relacionados con los combustibles fósiles y la prohibición de dar cualquier tipo de subsidios a estos sectores.

El conjunto normativo establecerá también por primera vez un sistema con indicadores de impactos y de evaluación de la aplicación de estas políticas en el marco del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó el Consejo de Ministros. Todo ello irá acompañado de la Estrategia de Transición Justa, la que ha definido como la tercera pieza normativa para que «nadie se quede atrás» y que «demuestra» el compromiso del Gobierno con los sectores y regiones más vulnerables. Sánchez ha augurado que este proceso traerá importantes beneficios pero provocará también «ciertos desajustes«, sobre todo a las comarcas vinculadas a los combustibles fósiles.

Al respecto ha adelantado que la Estrategia incluye convenios de colaboración para las comarcas sujetas a cierres de las térmicas y de las centrales nucleares para que «al final» el impacto sea «cero». Estas medidas se acompañarán de ayudas europeas «cuando sea posible» e incentivos fiscales y subvenciones. «Estamos abriendo las puertas a ese futuro, estamos asomándonos a ese mundo de prosperidad compartida. Tenemos listas las herramientas para trazar el camino y recorrerlo con certidumbre y confianza. Estamos preparados para la transición a una economía limpia, sostenible, moderna y algo importante para nosotros, equitativa. Y vamos a recorrerlo juntos. Sin más tardanza. Llevamos mucho tiempo esperando este momento», ha concluido.

Al acto asistieron también el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Enagas, Antonio Llardén; el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y el presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, entre otros representantes del sector empresarial. Al mismo tiempo han estado también presentes representantes del ámbito ambiental, de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF.

Sánchez certifica el 2040 como fecha límite para la venta de coches que emitan CO2 mientras Ribera reivindica su trabajo

Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pide mantener el debate sobre su propuesta para la transición ecológica tras las elecciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático recogerá 2040 como fecha límite para permitir la matriculación y venta de coches que utilicen combustibles que emitan CO2 (diésel y gasolina e híbridos), ya que el objetivo será llegar a 2050 con un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros descarbonizado.

En la presentación del paquete de medidas de energía y clima, con el que el Ejecutivo quiere sentar las bases para la modernización de la economía española y posicionar España «como líder en las energías y tecnologías limpias» que dominarán la próxima década, Sánchez afirmó que no se está «proponiendo nada caprichoso, sino necesario». El presidente del Gobierno aseguró que este objetivo de un parque de vehículos sin emisiones constituye «una enorme oportunidad» para la industria automovilística, que debe «liderar este cambio». «Es una industria importantísima para nuestro país», subrayó.

Así, afirmó que es necesario «adoptar un marco claro» para que sea la industria del automóvil en España, «la que está ubicada en nuestro país y nuestros trabajadores, la que se beneficie de esta ola de cambio». Desde que se conoció el borrador de anteproyecto de la Ley, en el que venía ya recogida esa fecha límite de 2040, tanto el sector del automóvil como las petroleras han rechazado esa prohibición al considerarla «excesiva» y que «socavaba los principios de libertad y progreso». Asimismo, el sector petrolero demanda que se respete la neutralidad tecnológica para abordar la transición energética, ya que el vehículo eléctrico no es una «solución única» para alcanzar los objetivos de descarbonización.

La ministra reivindica su propuesta

Por su parte, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha cuestionado la tardanza del Ejecutivo en presentar una norma de Cambio Climático que había prometido para antes del pasado mes de agosto. En su intervención, López de Uralde se ha cuestionado el por qué el Gobierno presenta este marco ahora, ya en campaña electoral, cuando «ha tenido 8 meses» para trabajar en el texto. El diputado preguntó, entonces, por posibles «presiones» de algunos sectores que hayan frenado que se aprobara esta nueva norma.

«No hay pactos ocultos, no hay manos negras», aseguró la ministra, quien ha indicado que su trabajo ha sido «serio» y, por tanto, ha incluido la transformación y la petición de cambios en otros departamentos como los de Energía, Agricultura o Educación, necesarios para «transformar el conjunto de la economía» del país. Según ha apuntado, este trabajo llega en la fecha «prevista» y pidió que su debate «se mantenga» para poder trabajar en el Congreso con el resto de grupos y se pueda «enriquecer». Así, ha llamado también a que este Plan del Ejecutivo socialista sea tenido en cuenta por el «siguiente Gobierno» y que éste cuente «siga con la secuencia» dejada por su Ministerio.

«El debate está lanzado la sociedad y la sociedad lo entiende. Y este paquete protagonizará el debate público que está por venir en los próximos meses», ha indicado, para señalar que este texto se llevará a la Cámara para su debate «en cuanto quede constituida a partir de las elecciones de abril». Durante su intervención, ha adelantado algunos puntos que han marcado la propuesta para la transformación ecológica y económica de España, como que se espera una creación anual de empleo de más de 200.000 personas, especialmente en sectores de la industria y la construcción, y ha asegurado que «reducirá los riesgos» de carácter ambiental.

«Es imposible pensar en cómo transformar económicamente el país si no contamos con un plan sólido y flexible para integrar las ventajas en el proceso», ha indicado, para añadir que «este es el propósito de la esta estrategia». También ha destacado que se ha contado con todos los marcos posibles, en cuanto a la implicación de las diferentes administraciones en políticas relacionadas con el cambio climático. Esta, según la ministra, también ha sido uno de los motivos que ha retrasado la presentación de esta iniciativa.

López de Uralde ha urgido un nuevo modelo energético «ambicioso» y ha reprochado a la ministra que no haya habido diálogo con los grupos sobre el calendario de cierre de centrales. En este sentido, ha acusado a la ministra de realizar un diálogo monodireccional con las eléctricas. El diputado de Equo también ha cuestionado a Ribera sobre el decreto ley del Gobierno que facilita el autoconsumo y le ha pedido que se apruebe en Consejo de Ministros. «Honestidad y claridad», exigió a la ministra, antes de recordar que tienen la «obligación» de dejar un planeta mejor a las nuevas generaciones.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tarea del Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril

Europa Press.- El anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril realizado por el presidente del Gobierno impedirá al Ejecutivo acometer algunas de las principales metas anunciadas hace 8 meses en materia ambiental, como la aprobación de la Ley de Cambio Climático.

Mientras el Gobierno presentó el viernes 22 de febrero el Plan Nacional de Energía y Clima, que envió a la Comisión Europea con retraso, pues el plazo terminó el 31 de diciembre de 2018, el Ejecutivo también presentó el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuya aprobación y entrada en vigor quedará para la próxima legislatura. En este sentido, el desarrollo del Plan y la Estrategia para la Transición Justa quedarán pendientes para la próxima legislatura. Así, el Gobierno recrimina que «no le dejan hacer, quienes han rechazado los Presupuestos», la Estrategia contra la pobreza energética.

Para la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, el balance no es negativo porque por primera vez un presidente, Pedro Sánchez, se ha declarado «ecologista» y ha creado un Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, se queda «en el tintero» la «necesaria» Ley de Cambio Climático, aunque aún puede aprobar el Real Decreto sobre la tramitación de la conexión para facilitar el autoconsumo eléctrico. En todo caso, Ruibal tiene la esperanza de que «gobierne quien gobierne, dada la urgencia de la crisis ambiental, estas cuestiones no dependan de quien ocupe la Presidencia», por la gravedad de situación.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, lamenta que haya sido tan «poco tiempo» para revertir dos legislaturas «tan negativas» para el medio ambiente como las anteriores del PP. A su juicio, aunque el principal esfuerzo se destinó a las cuestiones energéticas y climáticas, «a la hora de la verdad, se han podido sacar pocas cosas adelante». Si bien, Segura confía en que el Gobierno aún tiene tiempo para desbloquear la tramitación de las medidas sobre autoconsumo y espera que las propuestas de energía y clima del Ejecutivo pongan el debate sobre la mesa. Además, valora como «muy importante» que renueve el Consejo de Seguridad Nuclear, que es algo que «debía haber hecho desde noviembre».

En la misma línea, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez celebra que el Gobierno haya priorizado el paquete de cambio climático, porque es «muy importante para el futuro», y ha destacado el acuerdo de la minería del carbón. Sin embargo, también lamenta que pueda «quedar en el limbo» cuestiones como la regulación del autoconsumo. Rodríguez celebra que se haya eliminado el impuesto al sol y la posición ambiciosa en Europa en la directiva europea de renovables, que sitúa a España en el «alto rango» en una normativa europea que irá más allá de la sensibilidad del Gobierno «de turno». En todo caso, Rodríguez considera que debe ser prioridad de «cualquier Gobierno» cambiar el modelo energético español en su globalidad.

Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, lamenta que no se haya avanzado «como hubiera sido deseable» pero celebra que «por primera vez» España haya tenido un gobierno «ecologista y europeista» y desea que esa sea la línea futura. A su juicio, el medio ambiente puede, en el actual contexto político y social, ser «el pegamento que una a los ciudadanos» porque «nadie» puede estar en desacuerdo de garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. «En el siglo XXI todos los partidos que no defiendan el medio ambiente no son democráticos. Ahora mismo, defender el medio ambiente es la máxima expresión de la democracia», ha reclamado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos Del Olmo, ha subrayado que el Gobierno deja resueltas «muchas patatas calientes» que el Gobierno anterior no pudo resolver» pero admite que algunos sectores han rebajado el nivel de ambición. Entre los hitos en este «muy poco tiempo» considera que la propia creación de un Ministerio para la Transición Ecológica ha sido una decisión política «muy importante», así como la creación del alto comisionado para la agenda 2030.

De este modo, lamenta que el Gobierno termine ahora que «la maquinaria empezaba a funcionar» y sacaba todas las medidas de energía y clima. También ha valorado el acuerdo del carbón, alcanzado con el acuerdo de sindicatos y empresas, y que servirá para que la población acepte «por fin» que el carbón tiene fecha de caducidad. En estos poco más de 8 meses, valora que se han sentado las bases para descarbonizar la economía haciendo un «esfuerzo titánico». En su opinión, estos meses se han logrado «hitos pequeños pero importantes» y abrir debates fundamentales, como el decreto del autoconsumo, la pobreza energética, el carbón o el diésel, entre otras cuestiones.

Brufau (Repsol) pide pragmatismo, realismo y neutralidad tecnológica en la transición energética ya que «la factura la pagamos todos»

Europa Press.- El sector petrolero ha demandado que la transición energética hacia la descarbonización se realice de manera que se tenga en cuenta a todas las fuentes de energía disponibles y se respete la neutralidad tecnológica, para que sea «coste-eficiente«. En este sentido, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, pidió que la transición energética se aborde desde «el pragmatismo y el realismo», respetando la neutralidad tecnológica, «ya que la factura la pagamos todos».

Respecto a la neutralidad tecnológica, Brufau se cuestionó «qué sabremos los personajes de la calle o los políticos de qué tecnología va a existir dentro de 30 años». Así, advirtió que cuando se decide subvencionar a una tecnología en detrimento de otra se debe tener claro «quién lo debe pagar: si el dinero público o quiénes se van a beneficiar de esta tecnología cuando sea madura». En su opinión, Brufau consideró que el dinero público debe destinarse a financiar aquellas tecnologías maduras que no están al alcance de los ciudadanos como, por ejemplo, la renovación de la flota de automoción vieja por una nueva o el cambio a bombillas LED.

«Hay que buscar la ruta más eficiente en costes para reducir las emisiones, que consiste en ver aquellas tecnologías ya maduras que están en el mercado y potenciarlas», añadió, subrayando que hay que «buscar la ruta coste-beneficio más eficiente». Asimismo, consideró que el Gobierno peca de «quijotismo» y de «ser mejores que todos, y que Alemania» en retos medioambientales, ya que la Ley de Cambio Climático plantea unos objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones de CO2 a 2030, del 48% sobre 2005 frente al 33% de la Unión Europea.

Además, advirtió que alcanzar el objetivo de reducir 60 millones de toneladas de CO2 a 2030 que marca la Unión Europea, frente a los 120 millones de toneladas que se quiere autoimponer España, «se puede conseguir sin costes para el ciudadano» a través de eficiencia energética y movilidad, por la sustitución del parque de vehículos de más de 13 años de antigüedad por nuevos, con 20 millones de toneladas de reducción cada uno, y con el impulso a las renovables.

Brufau indicó que el coche eléctrico «va a llegar», pero advirtió que hay que tener cuidado con los mensajes que se lanzan, como el de prohibir los vehículos de motor diésel, ya que se consigue que «la gente no cambie de coche» y esto supone que «se emite mucho más». El presidente de Repsol aseguró que no cree que antes de 2020, «y más cerca del 2030», se encuentre una «paridad» en la competitividad del vehículo eléctrico frente al de combustión interna. «Hay una cierta agitación, por las razones que sean, y estemos primando una tecnología no madura por competitividad y con dinero público», añadió.

Las petroleras piden más neutralidad

Por su parte, el presidente de BP España, Luis Aires, consideró que, en su opinión, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no cumplía con la neutralidad tecnológica ya que recogía «mucha prohibición y obligaciones», algo que debería ser «sustituido por la promoción». «Incentivemos más que obligar», pidió. Aires se refirió así a la intención de prohibir la matriculación y la venta de cualquier vehículo que no fuera 100% eléctrico en 2040, ya que «una medida de ese tipo no va en el camino de la neutralidad tecnológica y manda una señal muy delicada a la industria del automóvil y del refino, así como a la población, que no sabe qué coche comprar», indicó.

Asimismo, criticó la obligación a las gasolineras de cierto tamaño de contar con un punto de recarga eléctrico «ya que va en contra de la libertad de empresa y puede obligar a hacer inversiones que no son coste-eficientes«, así como la revisión de los incentivos que puedan favorecer el consumo de combustibles fósiles «porque no va a ayudar a la renovación de la flota de vehículos, que es el gran problema de la calidad del aire en las ciudades», añadió.

En esta línea, la directora general de Negocios Comerciales y Química de Repsol, María Victoria Zingoni, afirmó que para abordar el desarrollo de la tecnología que permita proseguir ese camino hacia la descarbonización y mejorar la eficiencia energética es necesario contar «con un marco regulatorio estable» y el respaldo de la neutralidad tecnológica. La directiva, que consideró que la descarbonización se trata de «un esfuerzo que debe ser realizado por todos», defendió que el gas natural es una fuente que debe jugar «un rol importante en toda la transición energética» ya que se puede integrar muy bien con las renovables.

Zingoni también valoró la estrategia de las petroleras tradicionales de convertirse en «proveedores de toda la energía que puedan necesitar los clientes», tanto en movilidad como en consumo doméstico, en la que enmarcó la adquisición por Repsol de los activos no regulados de Viesgo y la apuesta por «seguir creciendo en renovables, tanto en fotovoltaica como en eólica«. «El objetivo es producir esa energía de la forma más eficiente», añadió.

Mientras, el director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Cepsa, Héctor Perea, incidió en que todas las fuentes de energía «serán necesarias» para garantizar esa transición energética «ordenada» si se quiere alcanzar ese doble objetivo de hacer frente al crecimiento de la demanda global de energía y reducir las emisiones de CO2. Perea señaló que en el horizonte de 2030 la demanda global de petróleo sufrirá una ralentización, aunque se mantendrá en niveles parecidos a los actuales debido al incremento de la demanda asiática.

De cara a 2030, vaticinó un crecimiento global de las renovables de en torno al 500%, un negocio en el que señaló que las petroleras ya están activas con unas inversiones en 2018 en el sector que ascendieron a unos 7.000 millones de euros, aproximadamente el 15% del total de la cifra inversora. No obstante, indicó que la demanda global de gas crecerá en torno a un 35%, relevando en la generación eléctrica al carbón, y que la nuclear también lo hará en un 45%, por lo que subrayó que es «fundamental contar con todas las fuentes de energía disponibles«.

A este respecto, señaló que Europa está liderando la transición energética, aunque advirtió que se trata de «un camino de largo recorrido, y liderar en solitario no nos acercará a ese objetivo», ya que adoptar un marco regulador «más exigente» que en otras áreas geográficas tiene el riesgo de que haya deslocalizaciones. «No vaya a ser que cerremos industrias y acabemos importando esas emisiones de productos de otras regiones», advirtió.

Ribera confirma que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desgranó las líneas maestras del plan hacia la descarbonización de la economía, confirmando que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada». La ministra destacó que se iniciará en 2020 un cierre del carbón, que a lo largo de esa década «saldrá» de manera definitiva del mix energético, para a partir de 2025 empezar con las nucleares, cierre que se llevará a cabo con «todas las garantías».

Ribera indicó que el Gobierno «no dicta nada» a las empresas propietarias de estas nucleares, en referencia a cómo debe ser el orden de cierre de las centrales existentes, como mucho les puede «poner el marco», apuntó, aunque subrayó que se debe garantizar la seguridad de suministro, de residuos y la financiera para abordar esta clausura. Lo que sí advirtió es que no quiere que este proceso de cierre de las nucleares se convierta en un nuevo Garoña, con el enfrentamiento entre los propietarios de la central por su clausura.

En lo que se refiere al gas natural, consideró que se deben «mirar con cuidado» las nuevas inversiones en este sector, ya que se prevé una estabilización a lo largo de la transición energética en su consumo, mientras que en el caso del petróleo para usos energéticos vaticinó que sufrirá «una caída» a lo largo de la década de 2030. «El objetivo es llegar a un 2050 en el que el conjunto del sistema sea cero emisiones», añadió. Ribera fijó un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% en 2030 con respecto a 1990, un reto que calificó de «ambicioso», ya que supone una reducción del 38% con respecto al nivel actual.

Ribera indicó que las renovables y la eficiencia energética, junto a la electrificación, serán los motores para esa transición hacia 2030, con una movilización en inversiones de más de 200.000 millones de euros. De este montante en inversiones, alrededor del 40-45% se focalizarán en renovables, el 30-35% en eficiencia energética, el 15% estará asociado a redes y otro 4% en electrificación para usos finales, señaló.

Ribera indicó que el plan estima que, en el horizonte del 2030, las renovables representen más del 70% de la generación eléctrica, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2050, y con una presencia en el consumo final por encima del 40% al final de la próxima década. En lo que respecta al ahorro, afirmó que el efecto de la eficiencia energética puede llevar a unos ahorros de más de 70.000 millones de euros en importaciones en la década, con un aumento del 1,9% en el PIB y unas estimaciones de empleo «muy positivas».

Ribera subrayó que este plan será «una propuesta de objetivos a 2030», sin olvidar que estos objetivos «deben ser creíbles con respecto a la posibilidad de alcanzar el resultado al que nos hemos comprometido a 2050» de descarbonización de la economía. Junto a esa hoja de ruta, Ribera señaló que se aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que establecerá un marco regulatorio «relativamente sencillo» y dotará de un esquema de gobernanza general «con instrumentos que puedan facilitar la implementación de las medidas».

Baleares aprueba la Ley de Cambio Climático, que restringirá el diésel desde 2025 y reducirá las emisiones de sus centrales

Europa Press.- El pleno del Parlamento autonómico de las Islas Baleares ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entre otras medidas prohibirá el acceso de vehículos diésel a Baleares desde 2025 y prevé el cierre de las centrales energéticas contaminantes en las Islas, con el objetivo de desterrar los combustibles fósiles y alcanzar un 100% de energías renovables en la comunidad para 2050.

Durante el debate en el Parlamento no se ha aprobado ninguna de las enmiendas mantenidas por PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca y el Grupo Mixto. El texto legal completo ha salido adelante gracias al voto favorable de los partidos de izquierda, mientras que PP, Cs y PI han votado en contra de algunos artículos que han sido igualmente aprobados. En su defensa de la norma, el consejero de Territorio, Energía y Movilidad de Baleares, Marc Pons, ha avisado de la alta dependencia energética de Baleares y ha mantenido que los objetivos que fija la Ley son «asumibles y ambiciosos».

En las medidas de movilidad, la Ley se propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el parque móvil totalmente descarbonizado para 2050. Para ello, además del veto al acceso de coches diésel en 2025, entrará en vigor la misma prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035 (coches, motos, furgones y furgonetas). Los ya existentes en Baleares hasta entonces podrán seguir circulando. También introduce cambios en el alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.

La Ley de Cambio Climático, entre otras medidas, también prevé el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, pero que también afecta a las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera; obligará a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas; y crea el Instituto Balear de la Energía, que podrá crear o participar en mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.

El consejero de Energía se encargó de defender el Proyecto de Ley, resaltando la «necesidad de contar con un modelo energético propio en las Islas», una comunidad con gran dependencia energética y poca implantación de renovables, ha avisado. En esta línea, Pons ha insistido en que la norma «es la hoja de ruta» para «hacer efectivo el cambio de modelo» y que es una Ley «de hechos y no intenciones».

Marc Pons también ha criticado a quienes se oponen a la Ley «con la intención de mantener el mayor tiempo posible el actual modelo energético». Tras la aprobación de la Ley, preguntado por si teme que la norma sea recurrida en los tribunales, Pons ha confiado en que tiene «toda la cobertura jurídica» y ha dicho que si se presenta un recurso, Baleares defenderá el texto legal «donde haga falta» y «con todos los argumentos».

Críticas al escrito de Marín

La carta remitida al Parlamento por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha centrado buena parte del debate. En este escrito, avisaba de los «efectos negativos» de la norma que finalmente se ha aprobado y proponía «medidas menos gravosas». El diputado socialista Damià Borràs cuestionó la legitimidad de Marín Quemada para realizar esta advertencia, subrayando los vínculos del presidente del organismo con empresas petroleras.

Similarmente, el diputado de Podemos, Carlos Saura, ha acusado al PP de ser «mayordomos de los lobbys» y que «parece que están esperando que los ricos se puedan salvar». El diputado ha alertado de los riesgos del calentamiento global y ha lamentado que las enmiendas de la oposición «cuestionan y relativizan su peligro». «Nos encontramos en una encrucijada sin precedentes, con muchas cartas de la CNMC intentando presionar para que se retire esta Ley», denunció.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha asegurado que la carta de la CNMC «muestra el desprecio a la legitimidad de esta Cámara y sus competencias» y supone «una injerencia intolerable que pone en evidencia su sumisión al IBEX 35 y las grandes multinacionales«. «No podemos y no queremos ir pasito a pasito», apostilló. Asimismo, la diputada de MÉS per Menorca, Patricia Font, ha defendido la necesidad de «tomar medidas drásticas desde hoy» y «poner la supervivencia del planeta por delante de intereses económicos».

Desde el PP, la diputada Tania Marí ha acusado al Pacte de practicar «política de laboratorio» al «hacer experimentos» con la movilidad, y le ha avisado de que es necesario lograr más consenso para que la ley perdure. También pidió a la izquierda que aprobara su enmienda sobre las restricciones a los combustibles fósiles y así «los tribunales no tendrán que tratar otra chapuza socialista».

Por parte de Ciudadanos, la diputada Olga Ballester ha defendido un total de 18 enmiendas mantenidas por su grupo hasta el debate en el pleno, con las que pretendían «que se dé cumplimiento al Acuerdo de París» respetando «dos principios fundamentales para que la transición energética sea justa«. En concreto, que se permita «la reconversión laboral e industrial sin cierre de empresas ni pérdida de puestos de trabajo» y «que nunca se ponga en riesgo la seguridad en el suministro».

Desde el PI, Josep Melià ha lamentado que Baleares sea, a su juicio, «pionera en normativa de Cambio Climático, pero no en hechos«, y ha considerado que el mismo Govern «reconoce que no son asumibles los objetivos» con el acuerdo sobre Es Murterar. «El horizonte temporal de cierre no es realista», cree el diputado, que ha defendido un plan para renovación de los vehículos antiguos.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto, Montserrat Seijas, ha recalcado que, si bien la ley «es necesaria» y «nadie con un mínimo de sentido común puede estar en contra», «todo está proyectado a un tiempo futuro» sin «afrontar con los recursos actuales el tiempo presente«. «Es una ley necesaria pero utópica. Deja insatisfecho al sector ecologista, lo cual pone sobre la mesa que se legisla sin los consensos necesarios», advirtió.

Greenpeace la ve como ”ejemplo”

Greenpeace ha expresado que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética balear «debería servir de ejemplo». Según indicó, se debe hacer «hincapié en la urgencia de actuar frente al cambio climático» y lamenta que el Gobierno de España «no haya presentado aún una ley de Cambio Climático y Transición Energética, con un calendario que fije 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y nuclear y su sustitución por energías renovables».

Greenpeace ha anunciado que la ley balear es una ley ambiciosa desde el punto de vista de la transición energética «con medidas valientes», como la prohibición de la circulación por las islas de turismos con motor diesel en 2025 o el cierre de 2 grupos de la térmica de carbón de Es Murterar en 2020. El responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, expresó su satisfacción por la decisión del parlamento balear ya que los gobiernos «no están actuando con la premura necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 grados».