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La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

El Supremo ratifica la nulidad de la autorización del parque eólico Espina promovido por Gas Natural Fenosa en León

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad de la autorización administrativa concedida para la instalación del parque eólico Espina, sito en los términos municipales de Igüeña, Villagatón y Valdesamario, en la provincia de León, según indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El fallo del Supremo desestima así el recurso de casación interpuesto por Gas Natural Fenosa Renovables y por la Junta contra una sentencia de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estimó el recurso de Seo/Birdlife en relación con la autorización del parque eólico Espina. En aquella sentencia, el TSJCyL estimó el recurso de Seo/Birdlife en contra la resolución del viceconsejero de Economía, de 2008, por la que se otorgaba autorización administrativa para la instalación del referido parque eólico, y declaró su nulidad por no ser conforme a derecho, y todo ello, fundamentalmente, por irregularidades en la Declaración de Impacto Ambiental.

En este sentido, el tribunal de primera instancia precisaba que dicha DIA no era conforme a derecho por no evaluar debidamente todos los efectos que puede producir el parque. «La DIA, como ya se ha dicho en otras ocasiones por esta Sala, además de ser un trámite de cumplimiento obligado en proyectos como el de autos, es una técnica transversal que condiciona la práctica totalidad de la actuación posterior, por lo que su nulidad conlleva la de la autorización concedida».

Castilla y León no contribuirá a «la confusión» creada sobre Garoña y desconoce el cambio de opinión de Iberdrola

Europa Press.- La Junta de Castilla y León no va a participar en la «ceremonia de la confusión» que se está produciendo en torno al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y asevera que no puede valorar las razones aducidas por Iberdrola para cambiar su criterio y posicionarse ahora por el cierre de la planta ya que esta compañía «no ha tenido aún la deferencia de comunicar directamente» al Gobierno regional las causas de este cambio de postura.

Así se ha manifestado el Gobierno regional tras el posicionamiento de Iberdrola en contra de la reapertura de la central antes de que haya concluido el plazo de 6 meses dado por el Gobierno para escuchar a todas las partes implicadas y pronunciarse sobre el futuro de Garoña. En este sentido, el Gobierno regional recuerda que «contando siempre con que la voluntad de los propietarios» de la central era la de mantenerla abierta, la Junta viene defendiendo esa continuidad siempre que, como condición imprescindible, se contara para ello con la autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y una vez cumplidas «todas las exigencias técnicas y de seguridad» establecidas.

Asimismo, ha recordado que Nuclenor (Iberdrola y Endesa al 50%) solicitó en mayo de 2014 reabrir la central hasta 2031 con la renovación de la autorización de explotación, lo que motivó que se iniciase un «exigente procedimiento» para obtener esa solicitud de reapertura, que requería preceptivamente un informe del CSN. Finalmente, a principios de febrero, el CSN informó favorablemente sobre la reapertura de la central, aunque condicionado a obras de mejora que se deben acometer antes de volver a operar.

Vigente plazo de 6 meses

A partir del informe favorable del CSN, corresponde al Gobierno de la Nación pronunciarse definitivamente sobre la solicitud de reapertura y sobre el nuevo plazo hasta el que la central podrá estar operativa. No obstante, antes de su pronunciamiento, el Gobierno abrió un periodo de consultas durante 6 meses, para escuchar a empresas, agentes sociales, instituciones y partidos; «un trámite de consultas que la Junta de Castilla y León aprovechará para reiterar los argumentos que ha defendido durante estos años».

La «sorpresa» surge, según la Junta de Castilla y León, cuando en los últimos días Iberdrola, una de las propietarias de Nuclenor, se posiciona y no considera rentable reabrir la central «antes de conocer las condiciones de la posible autorización del Gobierno» y pide a su socio, Endesa, cerrarla definitivamente, y «presentar un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación que ellos mismos habían formulado hace 3 años». Es una decisión que, en principio, Endesa «no parece compartir» ya que prefiere esperar «en todo caso» a que el Gobierno se pronuncie, una vez transcurrido el plazo de 6 meses que ha abierto para consultas.

La Junta de Castilla y León considera necesario que ese plazo sea respetado y ha reiterado que aprovechará este tiempo para reiterar su posición en este tema y el futuro de la central, del que depende «su mayor o menor aportación a la producción energética española» así como la pérdida o mantenimiento de casi mil empleos en una zona de Burgos «con difíciles alternativas de actividad económica y de ocupación».

Energía abrirá un proceso de diálogo sobre Garoña con todos los implicados mientras Foro Nuclear ve una estrategia energética “adecuada”

EFE / Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una «estrategia energética adecuada y necesaria» para España en el contexto actual. La decisión queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos).

«Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron las fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal. El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de 6 meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Nadal aseveró en el Senado que la seguridad «es prioritaria» y que su departamento basará su decisión «en el interés general». El pleno del CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor, la sociedad que opera la planta (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Tras el visto bueno del CSN corresponde ahora al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el organismo regulador y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor. Fuentes del ministerio reiteraron que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso «muy específico» dentro del parque nuclear español tras dejar de funcionar en 2012por motivos económicos, y que no supondrá «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».

Foro Nuclear: “estrategia energética adecuada”

El Foro de la Industria Nuclear considera el dictamen favorable del CSN a la renovación de Garoña como «el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes», que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.Así, recuerda que «ahora» corresponde al Ministerio de Energía «tomar la decisión final al respecto» y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el regulador, en criterios técnicos, «primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente».

Antonio Cornadó, presidente de esta institución, asegura que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética «adecuada y necesaria para España» dentro del actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible”. Igualmente, recuerda que otros países están apostando por «la continuidad de la operación» de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello. «Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos», insiste.

Castilla y León pide reapertura

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, apuesta por la continuidad de Garoña, después de que el CSN constate su seguridad si se realizan determinas inversiones, tras reiterar la «eficiencia» de la energía nuclear, que es una energía «barata» de producir. «Lo más importante es que realizando determinadas inversiones Garoña es segura», destacó Del Olmo, quien ha reseñado que ahora la decisión está en manos de la empresa que gestiona la central, de la que desconoce si tiene intención de realizar una inversión que el propio CSN estima en 200 millones de euros, y del Ministerio de Energía.

Para la consejera la reapertura de la central es «importante» para Castilla y León porque genera unos 1.000 empleos en la comunidad, con lo que se crearán «beneficios» en el mundo rural, por lo que confía en que Energía respalde esta apuesta de la Junta. No obstante ha recordado que la decisión final depende de la empresa tras analizar las inversiones que debe realizar y valorar si su futuro es rentable. «Confío que lo analicen y decidan la continuidad de Garoña», afirmó, al tiempo que entiende que la decisión de Nuclenor también dependerá “en gran medida” del plazo de prórroga que finalmente se otorgue a la central, algo por determinar.

La plantilla de Garoña, satisfecha

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la central de Garoña, Pedro San Millán, ha mostrado la satisfacción de los trabajadores por la decisión del CSN y ahora esperan que tanto el Ministerio de Industria como las empresas (Iberdrola y Endesa) decidan apostar por la continuidad de la nuclear burgalesa. Así lo ha manifestado San Millán tras este nuevo capítulo, «un paso más en el peregrinar» que comenzó en 2003 cuando se inició el proceso de alargamiento de la vida de Garoña. Asimismo, el miembro del comité de empresa ha recordado que fuera del país hay antecedentes de centrales de este tipo «que pueden alargar su vida hasta los 60 años mínimo».

Sobre las condiciones impuestas por el CSN, Pedro San Millán ha explicado que siempre que el Consejo ha autorizado una ampliación de la vida útil de una central lo ha supeditado «a la implantación de unas mejoras del diseño que van dirigidas a la seguridad«, por lo que considera «normal» que también se haga ahora con el caso de Garoña. Por ello cree que se pedirá que unos sistemas de seguridad se implanten antes de que la central burgalesa vuelva a arrancar y «otros sistemas» durante el periodo de producción.

PP vasco asegura «máxima seguridad»

Por su parte, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, asegura que el Gobierno de España tendrá en cuenta la «realidad» y la «máxima seguridad» al decidir si autoriza volver a la actividad a Garoña. Eso sí, Llanos ha reiterado que la postura del PP vasco es contraria a la reapertura de esta central nuclear y que esa posición la conoce el Gobierno. Ha sostenido que en torno a este asunto «hay más interés político que energético» e indica que los populares vascos no van a participar en ese «juego político», del que acusó especialmente al PNV.

El Gobierno eleva las ayudas mineras mientras Castilla y León pide una transición de hasta 50 años para las cuencas

Redacción / Agencias.- La Junta de Castilla y León defiende un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria». Mientras tanto, el Gobierno autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, entre 2017 y 2020, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

El objetivo del acuerdo es posibilitar la concesión de ayudas destinadas a cubrir costes excepcionales derivados del cierre de unidades de producción de carbón no competitivas incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del carbón no competitiva. Con la autorización, el compromiso máximos de adquisición ascenderá a 2,4 millones para 2017, lo que supone un 400% de sobrecrédito inicial, frente a los 1,23 millones de 2018 (un 200% más), 1,23 millones de 2019 (un 100% más) y 616.666 euros de 2020 (un 100% más).

La aprobación de este acuerdo permitirá continuar con la convocatoria de ayudas, actualmente en fase de evaluación de solicitudes, con las que se pretende paliar los efectos perjudiciales que el cese de la actividad minera ocasiona en el entorno social y regional. La medida complementa además la autorización extendida por el Gobierno recientemente para que esta convocatoria de ayudas se considere una excepción a la convocatoria de la orden de cierre de ejercicio presupuestario 2016.

Los sindicatos critican las ayudas

Precisamente, los sindicatos CCOO y UGT denunciaron que estas ayudas complementarias a las minas de carbón de 36,1 millones de euros aprobadas por el Gobierno recientemente se limitarán al año 2016, como consecuencia del mecanismo que rige su aplicación. Por ello, ambos sindicatos tachan de «burla» del Ejecutivo ante el sector dichas ayudas. A este respecto, explican que la aplicación efectiva de la norma introduce un «truco» que limita su alcance únicamente a este año y no permitirá su aplicación en 2017 y 2018. En consecuencia, piden la convocatoria de la Comisión de Seguimiento para corregir esta situación, además de poner al día toda la serie de incumplimientos con el sector para evitar su desaparición.

Transición para próximos 50 años

Por su parte, el Comité Económico y Social (CES) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León defienden un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria«. Se trata de una conclusión del dictamen del CES sobre la minería del carbón, presentado por el sindicalista rumano Dumitru Fornea, quien ha advertido sobre la necesidad de «establecer diálogos políticos, cívicos y sociales», puesto que la transición energética impuesta por la Unión Europea requiere del «acuerdo de todas las partes» para poder lograr los cambios exigidos.

En este sentido, Fornea señaló que «el Plan de apoyo a la transición debe animar a las regiones a que emprendan transformaciones, promuevan el desarrollo innovador y creen empleo». Al respecto recordó que en Castilla y León «hay unas 4.000 personas que dependen directa o indirectamente de la explotación del carbón», una cifra que alcanza el millón de personas si se hace extensiva al resto de Europa, de ahí que sea necesario «que todos los agentes implicados alcancen un acuerdo».

Dimitru Fornea recordó que «las ayudas del Estado para la industria se terminan en 2018» y se pregunta «qué va a hacer el Gobierno de España» y los diferentes gobiernos de los países afectados, «que hasta ahora se han callado bastante, pero es momento de defender los intereses de sus comunidades». Este dictamen pretende ser «un primer paso para abrir el debate» y presentar un acuerdo coherente en Europa, puesto que existe, según indicó, «un fuerte interés de las corporaciones internacionales involucradas en las renovables». Por ello Fornea incidió en que «las cuencas mineras deben prepararse para la supresión progresiva de la producción del carbón».

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha destacado que el dictamen plantea «un período de transición de 25 o 50 años» que permitiría poder realizar los cambios necesarios y, al respecto, recordó que la Junta de Castilla y León ya impulsa «un Plan de Dinamización de los municipios mineros». Eso sí, Del Olmo ha mostrado su confianza respecto a que este informe «permita revertir la decisión de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a la industria en 2018» y poder abordar un «régimen transitorio con diferentes medidas para adaptar la minería, lo que, a su juicio, sería perfectamente compatible con el Acuerdo de París sobre cambio climático».

La Junta de Castilla y León recurrirá contra el Gobierno ante la Audiencia Nacional para cobrar los Fondos Miner

EFE.- La Junta de Castilla y León anunció que recurrirá a la Audiencia Nacional para reclamar el pago de al menos 1,1 millones de Fondos Miner que fueron adelantados por la autonomía y sobre los que ahora el Ejecutivo central anuncia una «pérdida de derecho de cobro».

La portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, ha hablado de «denegaciones» para referirse a la decisión del Gobierno central, que afecta a tres proyectos realizados en las cuencas mineras entre 1998 y 2012, pero que puede extenderse a una cuantía de ayudas superior, en concreto de 53,7 millones de euros que quedarían pendientes de resolver. La Junta únicamente puede recurrir aquellas resoluciones sobre las que pesa la «pérdida de derecho de cobro», aunque ya ha anticipado que si se produce un goteo de notificaciones en el mismo sentido actuarán para intentar recuperar los 54,8 millones de euros que consideran pendientes de recibir del Gobierno central.

Los tres convenios que, de momento, se ven perjudicados por esta decisión del Gobierno corresponden al desarrollo de suelo industrial en los municipios leoneses de Igüeña (277.777 euros) y Carrocera (300.000 euros) y la restauración de poblados mineros en Villablino (600.000 euros). No es la primera vez que una autonomía recurre a la Audiencia Nacional para demandar el cobro de estos fondos adelantados, ya que en 2013 el Principado de Asturias hizo lo propio al considerar que estaban pendientes de cobro 213 millones de euros.

Valdeón insistió «con toda vehemencia y formalidad» en su crítica al papel desarrollado por el Gobierno central respecto a la minería del carbón y el cumplimiento del último Plan, en 2013. Eso sí, prefirió no suscribir las palabras utilizadas por los sindicatos UGT y CCOO de «guerra sin cuartel», al considerarlas «poco adecuadas», pero subrayó que sus reivindicaciones son «igual o más» consistentes que las realizadas desde el ámbito sindical.

La portavoz del Ejecutivo reconoció que «desgraciadamente» el Ejecutivo central aún no ha dado respuesta a la demanda de la Junta para que se cumplan los compromisos con el sector de la minería incluidos en el Plan del Carbón de 2013. Entre otros aspectos, Valdeón ha recordado que de forma «muy clara» la Junta reivindica ante el Gobierno que realice «gestiones» con las centrales térmicas para que cumplan sus “compromisos de compra” de carbón nacional.

El 70% de la energía eléctrica en Castilla y León procede de renovables

EFE.- El director general de Energía y Minas y del Ente Regional de la Energía, Ricardo González Mantero, ha destacado el importante papel de las energías renovables en Castilla y León, donde el 70% de la producción bruta de energía eléctrica proviene de estas fuentes, frente al 38,38% del conjunto nacional. Así lo ha puesto de manifiesto González Mantero durante la clausura del V Campus de la Energía Eléctrica de Castilla y León, que ha concluido en León.

Un centenar de universitarios y alumnos de Formación Profesional (FP) han participado desde el pasado día 18 de julio en esta iniciativa, que organiza las Consejería de Educación, a través de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl). Respecto al contexto mundial, González Mantero se ha referido a la ralentización en el desarrollo las nuevas tecnologías energéticas más eficientes, como el hidrógeno, que ha achacado al impacto de la bajada del precio del barril de petróleo, si bien ha confiado en que esta circunstancia sea coyuntural.

La labor de Red Eléctrica

El delegado regional de Red Eléctrica de España (REE), Ignacio Fernández Somalo, detalló la misión empresarial que lleva a cabo esta compañía como responsable del funcionamiento global del sistema eléctrico español, transportando la energía eléctrica desde los centros de producción hasta los puntos de consumo y operando el sistema eléctrico nacional con la garantía de mantener un constante equilibrio entre la generación y el consumo.

El cierre de la quinta edición de este campus sirvió para rendir tributo a José Ramón Perán, doctor en Ciencias Físicas e Ingeniería Industrial en las especialidades Eléctrica y Mecánica por las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, respectivamente. La organización del Campus quiso reconocer así la aportación de este investigador de origen granadino a los avances en el campo energético gracias a su cooperación habitual con las empresas punteras nacionales e internacionales de las ramas eléctrica y térmica. Perán fue fundador del Centro Tecnológico Cartif (Centro de Automatización Robótica de las Tecnologías de la Información y de la Fabricación).

Ecologistas en Acción pide que se paralice Valurcia, una explotación minera de carbón a cielo abierto en Palencia declarada ilegal

EFE.- Ecologistas en Acción pide que se paralice de forma urgente la actividad de la explotación a cielo abierto Valurcia, en Villanueva de la Peña (Palencia), que lleva funcionando tres años y ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCYL), que ratificó una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia contra la autorización de la Junta de Castilla y León otorgada a la empresa UMINSA (Unión Minera del Norte).

Los ecologistas recuerdan que en 2015 este juzgado de Palencia declaró no conforme a derecho la desestimación del recurso de alzada presentado en enero de 2013 por Ecologistas en Acción-Palencia ante la Junta de Castilla y León por dictar una Declaración de Impacto Ambiental favorable sin atenerse a la normativa de obligado cumplimiento que hubiera imposibilitado su concesión. La sentencia del TSJCYL recoge, según Ecologistas, una desatención del procedimiento establecido, secretismo y complicidad de la Junta de Castilla y León para conceder a UMINSA esta autorización pese a su ilegalidad.

Ecologistas en Acción además determinaba que el impacto ambiental para esta autorización era muy perjudicial, y que todo se hizo para que la empresa pudiese obtener la autorización, pese a las restricciones normativas y de ordenación del territorio. Los conservacionistas aseguran que con esta decisión, la Junta de Castilla y León ha contribuido de forma activa a la destrucción de una zona de protección natural de doce hectáreas de arbolado, que se ha convertido ahora «en un paisaje lunar donde antes había bosque y pradera».

Ecologistas en Acción lamenta lo ocasionado con una explotación que es ilegal, «tal y como sentencian los tribunales de manera firme, y a la que viene oponiéndose debido a su clara ilegalidad desde mucho antes a la autorización». Ahora pide a la Junta de Castilla y León que paralice la autorización a UMINSA de manera urgente, «ya que esta actividad ha sido declarada ilegal», y que compense el daño que se ocasionó a los vecinos de Villanueva de la Peña.

El PSOE denuncia el trato discriminatorio de la Junta de Castilla y León a una empresa eólica durante 14 años

EFE.- El PSOE de Castilla y León asegura que existen pruebas de que la administración autonómica ha discriminado a algunas empresas para favorecer a otras, como en el caso de Ibervento, que ha tardado 14 años en obtener un permiso que se tramita en un mes.

El parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, portavoz de la comisión que investiga la trama eólica, denuncia el caso de la empresa Ibervento, que recibió en febrero pasado la resolución favorable del Ente Regional de la Energía (EREN) para instalar un parque eólico cuando la solicitud se había entregado en 2002. Según criticó, se ha tardado 14 años en conceder un informe favorable de la primera fase, que normalmente se tarda en dilucidar en un mes, en una actuación que calificó como «abuso de poder» de la administración autonómica.

El socialista comparó este procedimiento administrativo con el que llevaron los expedientes de otras empresas, que a los pocos días obtuvieron los permisos para la adjudicación de diferentes parques. Consideró preciso esclarecer cómo la tardanza en la tramitación de las adjudicaciones obligó a alguna empresa a renunciar en beneficio de otras y cómo, después de las renuncias, se aceleraba la tramitación para concluirse a los pocos días. Izquierdo insistió en pedir la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León en la comisión parlamentaria que investiga las adjudicaciones.

El PSOE pide que la Junta de Castilla y León desarrolle ya el plan de dinamización para las cuencas mineras

EFE.- El grupo socialista en las Cortes de Castilla y León exigirá a la Junta que cumpla con su compromiso de poner en marcha el plan de dinamización de las cuencas mineras anunciado por el Ejecutivo autonómico y en las que se prevé invertir 20 millones de euros en 4 años.

El viceportavoz socialista en las Cortes, Tino Rodríguez, señaló que el plan «debería haber estado aprobado antes del 30 de abril y que, de seguir así, se demorará, al menos, un mes». El plan de dinamización prevé recursos para la realización de proyectos complementarios en las cuencas que tienen como objetivo la creación de empleo y generación de actividad económica que, a juicio del socialista, es «indispensable ya que permitiría invertir en León cerca de 5 millones de euros anuales».

El también secretario general del PSOE leonés subrayó la difícil situación que desde hace dos legislaturas viven las cuencas mineras con una constante pérdida de empleo en el sector minero y la práctica desaparición de las empresas del sector. El procurador destacó que a esta situación se llegó ante los incumplimientos del Plan del Carbón por parte del Gobierno central.

Tino Rodríguez también aludió al «boicot por parte del PP a la implantación del céntimo verde promovido por el PSOE con el objetivo de hacer más competitivo el carbón nacional frente al de importación». Un boicot, recordó, que llegó al Congreso de los Diputados con la abstención del PP en la votación de una propuesta que salió adelante con el apoyo de otras formaciones políticas y que el «Gobierno en funciones no ha puesto en marcha y del que tampoco ha querido saber nada la Junta incorporándolo a sus tasas».