El Gobierno eleva las ayudas mineras mientras Castilla y León pide una transición de hasta 50 años para las cuencas

Redacción / Agencias.- La Junta de Castilla y León defiende un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria». Mientras tanto, el Gobierno autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, entre 2017 y 2020, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

El objetivo del acuerdo es posibilitar la concesión de ayudas destinadas a cubrir costes excepcionales derivados del cierre de unidades de producción de carbón no competitivas incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del carbón no competitiva. Con la autorización, el compromiso máximos de adquisición ascenderá a 2,4 millones para 2017, lo que supone un 400% de sobrecrédito inicial, frente a los 1,23 millones de 2018 (un 200% más), 1,23 millones de 2019 (un 100% más) y 616.666 euros de 2020 (un 100% más).

La aprobación de este acuerdo permitirá continuar con la convocatoria de ayudas, actualmente en fase de evaluación de solicitudes, con las que se pretende paliar los efectos perjudiciales que el cese de la actividad minera ocasiona en el entorno social y regional. La medida complementa además la autorización extendida por el Gobierno recientemente para que esta convocatoria de ayudas se considere una excepción a la convocatoria de la orden de cierre de ejercicio presupuestario 2016.

Los sindicatos critican las ayudas

Precisamente, los sindicatos CCOO y UGT denunciaron que estas ayudas complementarias a las minas de carbón de 36,1 millones de euros aprobadas por el Gobierno recientemente se limitarán al año 2016, como consecuencia del mecanismo que rige su aplicación. Por ello, ambos sindicatos tachan de «burla» del Ejecutivo ante el sector dichas ayudas. A este respecto, explican que la aplicación efectiva de la norma introduce un «truco» que limita su alcance únicamente a este año y no permitirá su aplicación en 2017 y 2018. En consecuencia, piden la convocatoria de la Comisión de Seguimiento para corregir esta situación, además de poner al día toda la serie de incumplimientos con el sector para evitar su desaparición.

Transición para próximos 50 años

Por su parte, el Comité Económico y Social (CES) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León defienden un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria«. Se trata de una conclusión del dictamen del CES sobre la minería del carbón, presentado por el sindicalista rumano Dumitru Fornea, quien ha advertido sobre la necesidad de «establecer diálogos políticos, cívicos y sociales», puesto que la transición energética impuesta por la Unión Europea requiere del «acuerdo de todas las partes» para poder lograr los cambios exigidos.

En este sentido, Fornea señaló que «el Plan de apoyo a la transición debe animar a las regiones a que emprendan transformaciones, promuevan el desarrollo innovador y creen empleo». Al respecto recordó que en Castilla y León «hay unas 4.000 personas que dependen directa o indirectamente de la explotación del carbón», una cifra que alcanza el millón de personas si se hace extensiva al resto de Europa, de ahí que sea necesario «que todos los agentes implicados alcancen un acuerdo».

Dimitru Fornea recordó que «las ayudas del Estado para la industria se terminan en 2018» y se pregunta «qué va a hacer el Gobierno de España» y los diferentes gobiernos de los países afectados, «que hasta ahora se han callado bastante, pero es momento de defender los intereses de sus comunidades». Este dictamen pretende ser «un primer paso para abrir el debate» y presentar un acuerdo coherente en Europa, puesto que existe, según indicó, «un fuerte interés de las corporaciones internacionales involucradas en las renovables». Por ello Fornea incidió en que «las cuencas mineras deben prepararse para la supresión progresiva de la producción del carbón».

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha destacado que el dictamen plantea «un período de transición de 25 o 50 años» que permitiría poder realizar los cambios necesarios y, al respecto, recordó que la Junta de Castilla y León ya impulsa «un Plan de Dinamización de los municipios mineros». Eso sí, Del Olmo ha mostrado su confianza respecto a que este informe «permita revertir la decisión de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a la industria en 2018» y poder abordar un «régimen transitorio con diferentes medidas para adaptar la minería, lo que, a su juicio, sería perfectamente compatible con el Acuerdo de París sobre cambio climático».