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El Congreso reclama a los Ministerios de Industria y Hacienda medidas para priorizar el consumo de carbón nacional

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso aprobó, en su última sesión de la legislatura, una proposición no de ley presentada por Foro Asturias (FAC) para exigir al Gobierno que tome medidas para priorizar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas, tales como por ejemplo la implantación del llamado céntimo verde.

Ante la «situación límite» que atraviesa el carbón, los regionalistas asturianos creen imprescindible dar cumplimiento al Plan del Carbón, algo que compartieron el resto de formaciones, que emplazaron al próximo ejecutivo a incentivar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas más allá del 7,5% previsto en el hueco térmico así como a analizar qué pozos son los más productivos a un menor coste para «reenfocar» la actividad minera, asegurando que sean esas instalaciones las que pervivan más allá de 2018. Además reclaman instrumentos financieros que permitan a las centrales térmicas instalar las tecnologías necesarias para alcanzar el objetivo europeo de reducir emisiones y que se asegure una reserva estratégica de almacenamiento de carbón.

Por otra parte, la Comisión se dirige también al Ministerio de Hacienda, pidiéndole que aplique instrumentos fiscales como la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos, el céntimo verde, con un tipo impositivo del 0,15% por gigajulio generado por la quema de carbón español. Esta bonificación ya fue reclamada hace unos días por este órgano parlamentario a instancias del PSOE. Una herramienta que debería acompañarse de medidas para superar el rechazo de la Dirección General de la Competencia europea a la orden de pagos por capacidad y de otras decisiones para penalizar el incumplimiento de los cupos de consumo de carbón nacional.

En su intervención en defensa de la iniciativa el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, señaló que renunciar al carbón es renunciar a la soberanía energética e incrementar la gran dependencia de fuentes externas importadas, «cuyos altos precios condicionan el crecimiento económico, la competitividad de las empresas y la creación de empleo». «No es que en España no tengamos carbón, que lo hay en abundancia en Asturias, Castilla y León y Aragón, sino que su utilización en las centrales térmicas ha sido desplazada a favor del mineral importado de otros países», añadió el diputado asturiano.

Tras la aprobación de la iniciativa, la diputada del PSOE por Asturias, Adriana Lastra, señaló que, con su voto favorable a la iniciativa, los socialistas han cumplido «la palabra dada al sector» a la vez que ha denunciado «la traición» de Podemos a las comarcas mineras y al carbón con su voto en contra. «Podemos ha demostrado y explicitado que quieren el desmantelamiento del sector, y ha dejado claro que no tienen palabra pues se habían comprometido con los sindicatos mineros a apoyar la iniciativa en defensa del sector», criticó.

Carbón y Castilla y León

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, dio la «bienvenida» a «todo aquel que se sume» a la defensa de la minería del carbón autóctono. Por ello consideró «positivo» que el PP presente una proposición no de ley en el Parlamento nacional, aunque no vaya a tener efectos prácticos por la disolución de la Cámara y la convocatoria de unas nuevas elecciones, como criticaron los sindicatos.

El sector minero busca un nuevo pacto nacional para dar viabilidad al carbón autóctono y vincular al futuro Gobierno

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EFE.- Los sindicatos UGT y CCOO, junto con la patronal Carbunión, buscan alcanzar un nuevo pacto nacional al que se ha sumado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para dar viabilidad al sector del carbón y vincular políticamente al futuro Gobierno.

La intención es que el próximo mayo representantes sindicales, de la patronal, pero también de los gobiernos autonómicos de Asturias, Castilla y León y Aragón, y de los partidos políticos firmen un acuerdo que desbloquee una situación que nace del incumplimiento del Ministerio de Industria del Plan del Carbón acordado en 2013 y que provoca que el sector esté «agonizando», según indicó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. El representante de UGT, Víctor Fernández; de CCOO, José Luis Villares; y de Carbunión, Óscar Lapastora, agradecieron el apoyo de Herrera, a cuyo Ejecutivo reconocieron que defiende al sector.

«El Gobierno no ha cumplido el acuerdo marco, siempre hemos exigido su cumplimiento y lo vamos a seguir haciendo», ha expresado la consejera, convencida de que el Plan del Carbón hubiera servido para que la minería no estuviera «en la situación que está en estos momentos», con únicamente un centenar de mineros activos y cientos de ellos inmersos en expedientes de regulación de empleo temporales.

Del Olmo ha insistido en que la solución inmediata para las empresas y los trabajadores pasa por la posibilidad de vender carbón a las eléctricas que gestionan las térmicas, para lo que el presidente ofreció su mediación, aunque ha reconocido que es preciso que las compras sean facilitadas mediante el establecimiento de un incentivo fiscal como el denominado céntimo verde, para que el carbón autóctono compita en precio con el que llega desde el extranjero.

Sobre las gestiones realizadas ante la Unión Europea, Del Olmo indicó que esperan una contestación al escrito remitido para reclamar que se permita desarrollar a España nuevas medidas de apoyo al sector, como el caso del céntimo verde, para que no sean tenidas en cuenta como ayuda de Estado. Por otro lado, descarta que vaya a cambiar la situación ahora que el ministro de Economía, Luis de Guindos, haya asumido las competencias del Ministerio de Industria, porque «lo que no han cambiado son los equipos».

Por su parte, el representante de la UGT ha incidido en la necesidad de que Herrera pueda intermediar con las empresas propietarias de las centrales térmicas para que aumenten su compra de carbón autóctono, aunque ha fiado la solución de la situación al pacto que buscan a nivel nacional,en el que esperan contar con el apoyo de todos los partidos. «Esto no puede seguir así», resumió Fernández antes de destacar «lo positivo» de que tanto el presidente castellanoleonés como la consejera de Economía mantengan esta posición ante el carbón, ya que esta iniciativa «tiene que salir adelante porque si no el sector dejaría de tener futuro de por vida».

Asimismo, el responsable de minería de CCOO denunció la situación «crítica y lamentable» del sector, al que ve abocado al cierre «en los últimos meses» del año si no se desbloquea la situación con «voluntad política y cumpliendo lo pactado» para que al menos las minas españolas puedan producir en total unos 5 millones de toneladas de carbón, frente a los 3 actuales. Villares (CCOO) reconoció que la Junta es «de los que más ha reivindicado el futuro del carbón», aunque insistió en la necesidad de que el Gobierno que surja en los próximos meses «no pueda negarse a cumplir» lo pactado en este foro.

Por último, el representante de la patronal Carbunión destacó que del mismo modo que la minería es «muy importante para Castilla y León, Castilla y León es muy importante para la minería», al destacar que en los últimos años «no ha sido fácil» para la Junta de Castilla y León confrontar visiones con un gobierno central del mismo color político y «chocar con la puerta del Ministerio». Los promotores del pacto tienen previsto mantener reuniones con representantes políticos la próxima semana para avanzar en el acuerdo que, hasta el momento, no tiene posiciones en contra.

Nuclenor niega que tenga tomada una decisión sobre Garoña y Ecologistas en Acción cree que el PP presiona para reabrirla

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EFE / Europa Press.- El portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, considera que el PP ha tomado la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) como un “asunto personal” y presiona para su reapertura. En este sentido, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, indicó que la empresa Nuclenor, propietaria de la planta burgalesa, les ha comunicado que «no hay una decisión tomada» sobre un posible cierre de las instalaciones por razones económicas.

Valdeón reconoció que a raíz de lo señalado por el sindicato vasco ELA, que apuntaba a que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se había tomado la decisión de cerrar Garoña “por motivos económicos”, la Junta de Castilla y León se puso en contacto con los propietarios de la planta nuclear para recabar información. «Nos ratificaron que no hay una decisión tomada al respecto», resumió la portavoz, convencida de que la viabilidad de la central nuclear ubicada en el norte de la provincia burgalesa «está condicionada al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)», tanto para retomar su actividad como para que cese definitivamente.

Valdeón aseguró que «nunca nos han hablado de causas económicas» para justificar un posible cierre, que en su opinión es un problema que tiene el «nudo gordiano» en el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, pero que tiene en vilo a las cerca de 1.000 personas que están vinculadas laboralmente a la actividad de Garoña. La Junta de Castilla y León ha pedido a la empresa propietaria de la central nuclear que en caso de que tome se alguna decisión sobre el futuro de las instalaciones se la comunique con antelación y reiteró que defiende el mantenimiento de la planta siempre que se cuente con el respaldo del regulador CSN.

Los ecologistas apuntan al PP

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, señaló que la votación de la proposición no de ley para exigir el cierre de Garoña en el Congreso de los Diputados ha demostrado que el PP «ha tomado Garoña como un asunto personal pese al perjuicio para la sociedad, al CSN, al que obliga a realizar inspecciones innecesarias, y la propietaria de la planta». Castejón critica que el PP se ha quedado solo apoyando la reapertura de Garoña porque «fue su buque insignia en la campaña electoral en materia energética» y están dispuestos a «todo tipo de cesiones» para evitar el cierre definitivo, incluso en contra del criterio de Nuclenor.

Según su opinión, Nuclenor no tiene interés en la reapertura de Garoña porque, además del coste de las actuaciones y mejoras que exige el CSN, hay una «situación de incertidumbre» porque la planta podría volver a tener problemas técnicos en los próximos años cuyo coste no fuera asumible. Para Castejón, la reapertura de Garoña «es más un deseo que una posibilidad real». Sin embargo, fuentes de Nuclenor mantienen que en Garoña se sigue trabajando en el «doble escenario» de un posible desmantelamiento o de la reapertura y que no se ha aprobado ni dado trámite a ninguna solicitud de cierre definitivo de la planta nuclear.

Marcha el 11 de junio

Por otro lado, el colectivo Araba sin Garoña ha convocado el sábado 11 de junio en Vitoria una nueva manifestación para exigir el cierre definitivo de Garoña, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria. La fecha se ha escogido así porque en junio se reúne el consejo de administración de Nuclenor, propietaria de Iberdrola, y «es más que probable» que haya unas nuevas elecciones generales y por tanto el «otro actor llamado a cerrar la central», el Gobierno, podría cambiar su composición. Araba sin Garoña confía en que no se les impida la celebración de la manifestación, como ya ocurrió en diciembre, cuando la Junta Electoral prohibió la marcha que este colectivo había convocado para la víspera de las elecciones.

Así lo indicó el portavoz de la plataforma, Alberto Frías, que restó importancia a las «magnificadas» declaraciones del presidente de Iberdrola y apuntó que cada vez que algún responsable de la central «ha hecho alguna alusión a su cierre» el Gobierno central «aprobó cambios en la legislación favorables» a su continuidad. Dado estos «precedentes», Araba sin Garoña entiende las palabras de Galán como «un aviso a navegantes: ‘No os paséis con las exigencias de seguridad o se cierra Garoña'» y, por ello, considera necesario convocar una nueva manifestación para reiterar el rechazo a la central.

Asimismo Foro contra Garoña ha advertido que «si Galán hablase en serio» habría hecho el anuncio en la Junta de Accionistas, en un medio de comunicación o «retirando directamente la solicitud al CSN para renovar el permiso de funcionamiento de Garoña hasta 2031«. Sin embargo lo dijo «en una reunión privada», lo que «pone en duda la veracidad de sus intenciones» y apunta, según este Foro, a «un aviso a navegantes dirigido al Gobierno en funciones». Por ello ha llamado a la ciudadanía a seguir movilizándose contra la central burgalesa.

La Junta de Castilla y León recalca que el fracking no figura entre sus prioridades

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EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, señaló en el Parlamento autonómico que la técnica de la fractura hidráulica o fracking para obtener hidrocarburos «no es una actividad prioritaria» para la Junta. Del Olmo ha contestado así a una pregunta formulada en las Cortes por el procurador burgalés de Podemos, Félix Díez, quien ha considerado que el borrador del Plan de Director de Industria sí incluye a la fractura hidráulica como una prioridad, lo que ha negado la consejera.

El representante de Podemos ha denunciado la existencia de versiones contradictorias entre representantes del PP y de la Junta de Castilla y León sobre esta materia y ha llegado a afirmar que «salta a la vista» que después de un año al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, tras más de una década con Hacienda, a Del Olmo «le viene grande» este departamento. Le ha recomendado que «sepa qué pone en sus informes», que ponga «a gente preparada y solvente» en las direcciones provinciales de Industria y «destituya a quienes amparan» las actuaciones de su antecesor, Tomás Villanueva.

«Está usted muy equivocado, es usted el que no se ha leído el documento», comenzó por decir Del Olmo, convencida de que en las 200 páginas del borrador del Plan Director de Industria no figura la palabra «fracking» o «fractura hidráulica«. La consejera consideró «una frivolidad» que el representante de Podemos la acuse a ella de no haberse leído del borrador y le pidió que aprovechen la mesa de trabajo abierta para mejorar el documento. «Pónganse a trabajar y si hay errores se corregirán», concluyó.

Discrepancias por las cuencas mineras

En la misma sesión plenaria, la consejera de Economía y Hacienda ha contestado a otra pregunta sobre la enmienda pactada entre Ciudadanos y el PP para incorporar una línea de ayudas para los municipios mineros, que en opinión del procurador Manuel Mitadiel (C’s) no están respondiendo «al espíritu del acuerdo». Mitadiel ha reivindicado la necesidad de centrar los esfuerzos en los 31 municipios afectados directamente por el cierre de explotaciones mineras y en que las actuaciones no se limiten a dotar de infraestructuras, ya que estas inversiones deberían ser ordinarias y no vinculadas a estos planes extraordinarios, y a contratar a parados durante seis meses. La consejera argumentó que el plan aún no está completado.

Precisamente, el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, había indicado previamente que el Ejecutivo autonómico estaba «tergiversando» el acuerdo que alcanzaron para reactivar la actividad económica de los municipios enclavados en las cuencas mineras y se limita a ofrecer una especie de «plan E» de «aceras». En este sentido, Fuentes se quejó de que la Consejería de Economía y Hacienda haya cambiado la intención del plan de dinamización de los pueblos mineros que acordaron en el debate de los presupuestos para 2016.

Fuentes insistió en que lo acordado significaba que la Administración iba a ofrecer facilidades a las empresas que quisieran implantarse en estas zonas afectadas por la disminución de la actividad minera de León y Palencia, pero en opinión de Ciudadanos la Junta lo ha convertido en «un plan E como el de Zapatero» para «hacer rotondas, aceras y arreglar calles». «Eso no es lo que habíamos pactado con el Gobierno», ha insistido antes de recordar que el acuerdo preveía que se dedicarían a estos fines entre 5 y 10 millones de euros y que las acciones se limitarían a los 31 municipios mineros afectados directamente por la crisis del carbón.

La Junta de Castilla y León cree que Alto Carrión podría retomar en abril la actividad en la mina Fely

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EFE.- La empresa Carbones Alto Carrión podría retomar el proyecto de restauración e investigación de la mina Fely, en Velilla del Río Carrión (Palencia), en el mes de abril, una vez cumplidas las condiciones impuestas por la Junta de Castilla y León. El delegado territorial de la Junta en Palencia, Luis Domingo González, anunció que el expediente para posibilitar la apertura de la Mina Fely «se ha tramitado en tiempo récord» y que se procederá a la reapertura de la mina.

La empresa Carbones Alto Carrión tendrá que cumplir con un aval de 51.000 euros y contratar a un director facultativo cualificado para poder iniciar el proyecto de restauración e investigación del antiguo pozo minero, cerrado en febrero de 2014, después de que la anterior empresa, Carbones San Isidro y Maria entrara en concurso de acreedores. Los bienes de la antigua mina fueron adquiridos por Carbones Alto Carrión en agosto de 2015, cuando inició entonces su proyecto de reapertura del único pozo de interior que quedaba en la provincia de Palencia, para lo que la empresa contrató a 6 trabajadores. Los promotores han tenido que despedir ahora a esos trabajadores hasta que se puedan retomar las labores dentro de la mina.

En abril volverá la actividad

El delegado territorial de la Junta ha asegurado que la administración tiene que actuar «con responsabilidad, rigor y seriedad» en este expediente, porque además se trata de una actividad peligrosa y los requisitos que se piden son razonables, «no son caprichosos, ni exagerados». Por eso ha lamentado las críticas de los promotores, que considera excesivos los requisitos administrativos exigidos, insistiendo en que todos ellos están «suficientemente motivados» y que, una vez cumplidos, la actividad se podrá retomar el próximo mes.

Ha defendido la importancia de contratar a un director facultativo que esté cualificado, para lo que la administración exige un ingeniero superior o ingeniero técnico con título de laboreo en minas, ya que «otra cosas sería una irresponsabilidad y además se actuaría contra la legalidad», ha asegurado González. También aclaró que la empresa no puede vender el carbón que se extraiga mientras se haga la investigación y la restauración de la mina, pero si puede vender las toneladas que tiene en almacén, que fue extraído legalmente y que adquirieron con la compra de la explotación.

La Junta de Castilla y León planteará a Bruselas imponer aranceles que graven el carbón de importación

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EFE.– La Junta de Castilla y León planteará a la Unión Europea la necesidad de cumplir los acuerdos de la Mesa del Carbón y de imponer aranceles al mineral de importación con el fin de que el autóctono sea más competitivo. Así lo indicó la vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como una de las propuestas que la delegación castellanoleonesa, en la que también participarán sindicatos y municipios mineros, trasladará en los próximos días a los representantes europeos en Bruselas.

Valdeón consideró este encuentro como «crucial» para intentar aportar soluciones que permitan salir de la crisis en la que se encuentra el sector minero, y que ha considerado «clave» para Castilla y León, por lo que la Junta acudirá «con los deberes hechos». La vicepresidenta también apuesta por el sello de calidad del mineral autóctono, ya previsto, que demostraría sus garantías medioambientales y sería un elemento más para favorecer su consumo frente al de importación. Valdeón recordó que en su momento se acordaron numerosas alternativas para dar viabilidad al sector en el escenario de la Mesa del Carbón que el «Gobierno central después no cumplió y que la Junta denunció».

«Es el momento de dar un salto más y hemos querido ser proactivos siendo nosotros mismos los que, junto a otros agentes involucrados en la defensa del sector, seamos los que traslademos en primera persona a Europa la grave situación que se está sufriendo», apostilló la vicepresidenta. A veces, añadió, «hay que tomar medidas excepcionales, por lo que llevaremos a la reunión los informes elaborados por la Junta y por los que se entiende que no estamos de acuerdo con el rechazo a algunas de las medidas propuestas», subrayó Valdeón.

Castilla y León subvenciona a 9 ayuntamientos y a 5 empresas para instalar puntos de carga para el vehículo eléctrico

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EFE.- 9 ayuntamientos, entre ellos los de Valladolid y Palencia, y cinco empresas han obtenido subvenciones por desarrollar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos que fueron convocadas en 2014 por la Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León. Estas ayudas intentan incentivar el uso del vehículo eléctrico en la comunidad, que cuenta entre sus factorías de automoción con la de Renault, donde se fabrica uno de los vehículos eléctricos comercializados actualmente, el modelo Twizy.

Además de las capitales mencionadas, los municipios que se han beneficiado de estas ayudas son los vallisoletanos de Pedrajas de San Esteban y Cabezón de Pisuerga, el burgalés Valle de Tobalina, el leonés Toreno, el segoviano de Real Sitio de San Ildefonso, el salmantino de Guijuelo y el palentino de Herrera de Pisuerga, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Las subvenciones entregadas a los ayuntamientos oscilan entre la mínima de 416 euros obtenida por Cabezón de Pisuerga y los 3.234 euros del Real Sitio de San Ildefonso, con 2.883 euros para Valladolid y otros 1.142 euros para Palencia. Entre las empresas beneficiadas figuran Gasfal, Bierzo Abierto Servicios, Norsol Eléctrica, Bidaidea Gestión, que obtuvo la mayor ayuda con 4.030,53 euros, y Antonio Crespo Cabrito. Estas subvenciones suman un importe total de 22.564,78 euros y su distribución depende del tipo de infraestructura de recarga que se haya instalado y su dimensión.

Castilla y León confirma el rechazo de la Unión Europea a la orden de Industria de ayudas al carbón autóctono

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Europa Press / EFE.- La Junta de Castilla y León confirmó que la orden que fijaba ayudas al carbón autóctono recibió el rechazo de la Unión Europea, por lo que buscará por su cuenta convencer a la Comisión de su necesidad y tratará de justificar que no son ayudas de Estado. Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tras la reunión del Foro para el futuro del sector del carbón y de las cuencas mineras de Castilla y León.

Del Olmo recordó que la orden ministerial que contemplaba ayudas al consumo de carbón autóctono y para desnitrificación ya contó con el informe desfavorable de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y ahora «se ha caído«. Sin embargo, la consejera ha señalado que tratarán de convencer a la Comisión Europea de que las ayudas no se consideren «de Estado» y de la necesidad de las mismas para la existencia de carbón autóctono, como fuente energética natural que garantice el suministro eléctrico en España. Así, tratarán de explicar qué significa para la «seguridad del suministro» nacional y el motivo por el que no puede considerarse ayuda de Estado.

La consejera subrayó que actualmente «urge» conseguir las ayudas equivalentes al céntimo verde, que supondrían entre 10 y 15 euros por tonelada, que haría que el carbón autóctono fuera competitivo en relación al importado. Así, la Junta, que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal, acudirá a la Unión Europea para pedir también que no se consideren así las ayudas a la desnitrificación que contemplaba la orden ministerial, dado que es tan importante hacer competitivo el carbón como que las centrales lo compren y se adapten a la directiva de emisiones industriales.

La titular de Economía y Hacienda ha asegurado que el Ministerio de Industria, aunque su titular, José Manuel Soria, está en funciones, mantiene reuniones con la Unión Europea en este sentido, algo que también hará Castilla y León para buscar el «desbloqueo» de estas ayudas, que «se necesitan urgentemente». Paralelamente, la Junta indicó que también mantendrán reuniones con las compañías eléctricas para abordar esta situación.

Capital público en las empresas

Desde los sindicatos UGT y CCOO reclaman medidas para que a partir de 2019 continúen trabajando las explotaciones mineras del carbón, ya que la regulación europea establece que a partir de ese año no se podrán conceder ayudas a las minas de carbón y que aquellas empresas que las hayan recibido en el pasado tendrán que devolverlas o cerrar. También plantean los sindicatos medidas urgentes para garantizar que las eléctricas se comprometan con la compra del carbón autóctono al menos durante la vigencia del marco de actuación 2013-2018 y después del 2019 de forma permanente.

En este contexto, el representante del Sector Minero de UGT en Castilla y León, Jorge Díez, mostró su sorpresa ante el anuncio de que la orden se ha «caído» ya que esto les lleva el «abismo», ya que se puede aguantar «poco más» e incluso ha dudado de que si esto no se soluciona antes de verano el sector pueda sobrevivir más allá de este año. Díez aclaró que no se puede obligar a comprar el carbón autóctono a las eléctricas, que «juegan su baza», por lo que no ve «salida» y criticó que ahora se diga que el Gobierno está «en funciones» cuando en los últimos cuatro años «incumplió».

Por su parte, el secretario general de CCOO Industria en Castilla y León, Ángel Manuel Santos, exigió a la Junta un compromiso con el sector en un momento «dramático y urgente» si realmente hay intenciones de salvarlo después de que el Gobierno central lo haya «dilapilado» y haber «incumplido absolutamente todo». Por ello, los sindicatos UGT y CCOO propusieron que la Junta entre en el accionariado de las empresas, de manera que se inyecte liquidez y se fortalezca financieramente su capital. Con esta medida, que se incluye dentro de la propuesta elaborada por los sindicatos para impulsar las cuencas mineras, también se lograría «un mayor control de la gestión» de las empresas mineras, «racionalizándolas y dotándolas de una mayor transparencia».

Sin embargo, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, no ve «razonable volver al pasado» ni cree que tenga sentido «meter dinero» sin que haya «cierta rentabilidad» por lo que considera que hay que ser «pacientes» y «esperar» para ver las determinaciones que se toman a lo largo del tiempo.  Desde la patronal recordaron que no es una cuestión que dependa de Castilla y León, sino del Ejecutivo central y de Europa, por lo que una vez que se trabajen «esos flecos» habrá que ver lo que pasa y analizar la situación.

El PSOE confirma en Burgos «anomalías» en la autorización de parques eólicos en Castilla y León

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EFE.- El procurador socialista de las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, confirmó, tras una revisión de documentación en la Delegación Territorial de la Junta en Burgos, la existencia de «anomalías» en la tramitación y autorización de varios parques eólicos en la provincia, que asegura que es la más afectada por la «trama eólica» que investiga la Fiscalía Anticorrupción y que ha motivado la creación de una Comisión de Investigación en las Cortes regionales.

Izquierdo explicó que han empezado en Burgos una serie de visitas a las delegación territoriales de la Junta de cada provincia para avanzar en la investigación de presuntas irregularidades en la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León. Burgos ha sido el comienzo porque se trata de la provincia más afectada, con 51 de los 182 proyectos cuestionados, aunque también tienen previsto visitar la semana que viene las delegaciones de Zamora, Soria y León.

El procurador socialista considera necesario depurar las responsabilidades políticas porque «a nadie se le ocurre que se puede producir un enriquecimiento como el que parece que existe en estos casos sin actuar de forma anómala y sin la connivencia del poder político». En su opinión, el Gobierno autonómico intenta entorpecer la labor de la comisión de investigación, donde se han rechazado las más de 50 comparecencias solicitadas por el PSOE.

El procurador socialista ha explicado que la práctica presuntamente irregular «se ha repetido en muchas de las tramitaciones de parques eólicos». «Una gran eléctrica formulaba la solicitud inicial pero el permiso de la Junta se retrasaba, en ocasiones años; después se daba entrada por cantidades mínimas a una constructora local y los trámites se resolvían, en ocasiones en unos pocos días; por último, la titularidad volvía a la eléctrica«, explicó. Un caso especialmente llamativo, en su opinión, es el de Iberdrola, que vendió por 24.000 euros una participación a Energía Global Castellana, una empresa propiedad del ex consejero delegado de la empresa pública Excal, que después vendió la misma participación por 47 millones de euros.

Además de Energía Global Castellana, el PSOE aprecia indicios de que puede haber ocurrido algo parecido con otra empresa del grupo Collosa, Promociones de Energía Renovable, y analizará los indicios de algo que podría ser similar con PH Energías Renovables, participada en un 60% por Iberdrola y un 40% por el grupo Pascual. En este último caso, ha apuntado que podría haber ocurrido lo mismo, porque Iberdrola cedió su explotación a la otra empresa, aunque todavía falta determinar si los dos parques eólicos concedidos a PH Energías Renovables también han vuelto a ser titularidad a Iberdrola y a qué precio.

La Junta de Castilla y León asegura que facilita «todo lo que solicita» la comisión de investigación eólica

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EFE.- La vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, ha asegurado hoy que están facilitando «todo lo que solicita» la Comisión de Investigación sobre las supuestas irregularidades en la autorización de parques eólicos en la Comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y preguntada por las críticas lanzadas ayer por la oposición al respecto, Valdeón ha afirmado que la Junta de Castilla y León está «haciendo todo lo posible» para facilitar la documentación solicitada.

Sin embargo, ha avisado de que las fórmulas elegidas, como que los parlamentarios tengan que desplazarse a las Delegaciones Territoriales de la Junta para consultar documentación, tienen la justificación de que «no se puede bloquear» la actividad de una Administración con este tipo de requerimientos.

«Hay otras formas de facilitar la información», ha dicho Valdeón, quien ha reclamado que no se achaque a la Junta de Castilla y León el hecho de que la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción no faciliten a la Comisión de Investigación el informe de Hacienda que motivó la investigación de las supuestas irregularidades.