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Margallo pide «remar todo lo posible» para que Irán abra una refinería en España e insiste en ubicarla en Algeciras

EFE / Servimedia.- El ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, apostó por «ayudar y remar todo lo posible» para que la refinería que Irán prevé abrir sea en España con el objetivo de que cree puestos de trabajo, concretamente en el Campo de Gibraltar.

Hace un par de semanas en Bruselas el titular de Exteriores afirmó que la apertura de Irán tras el levantamiento de sanciones supone «buenas oportunidades de negocio» para las empresas españolas y puso de ejemplo la refinería que ese país prevé abrir en España. «Se está contemplando la posibilidad de que Irán establezca una refinería en España y, muy en concreto, en Algeciras, lo cual contribuiría a crear puestos de trabajo en el Campo de Gibraltar, que es una de mis enormes preocupaciones», indicó entonces.

Negociaciones con la Junta andaluza

Ahora desde Marruecos, García-Margallo subrayó que este proyecto «sigue adelante» y desveló que el pasado día 28 de enero se celebró una reunión en la sede del ministerio de Exteriores con funcionarios y otra por separado con autoridades de la Junta de Andalucía. Informó además de que se desplazaron directivos de la compañía nacional iraní de refino para entrevistarse con su socio español, un grupo andaluz. «Los dos tienen suscrito un memorando de entendimiento para encargar a una firma internacional de auditoría muy conocida el estudio sobre la viabilidad del proyecto, añadió. El proyecto en esta fase, dijo, se calcula que puede suponer una inversión de 1.800 millones de euros y que estaría en disposición de producir 120.000 barriles diarios.

García-Margallo indicó que las expectativas de crecimiento del tráfico marítimo por Gibraltar son «muy altas», sobre todo cuando se culmine la ampliación del canal de Suez y de Panamá. «Las perspectivas de negocio son claras. Se dijo que Algeciras era el punto más conveniente, porque no habría que hacer ningún tipo de desviación. Y en Huelva sí», añadió. No obstante, el ministro apuntó que no es su labor dilucidar cuál es la ubicación más idónea.

La Junta dice que el anuncio del Gobierno de que se establecería una refinería iraní en Andalucía parece «de chiste»

Redacción / EFE.- El consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aseguró que le parece «de chiste» el anuncio del ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, sobre el proyecto de Irán de construir una refinería en Andalucía. En este sentido, Fiscal comentó que se trata de un tema «muy serio» para que se «insinúe» de forma «equívoca» por parte del Gobierno central.

El consejero ha insistido en que no le parece «serio» que un asunto de esa relevancia se transmita a la opinión pública como un «globo sonda», sin afirmar si hay intención real de construir esa refinería. Asimismo, Fiscal ha negado que la Junta de Andalucía tenga noticia oficial de este asunto y ha pedido al Gobierno central que aclare si es cierta esta afirmación. Si se confirmara este proyecto, el consejero de Medio Ambiente aseguró que el Gobierno andaluz tendría que analizarlo, aunque ha advertido que tanto en el Campo de Gibraltar como en Huelva hay «una sensibilidad ambiental a tener en cuenta». Por otro lado, la tasa de paro de Andalucía es del 29,83%.

Abengoa espera saber el viernes si cuenta con la inyección de liquidez que necesita urgentemente para seguir operativa

Servimedia / EFE.- La dirección de Abengoa transmitió a los sindicatos que espera saber el viernes si cuenta con la inyección de liquidez de la banca de unos 120 millones de euros necesaria para poder mantener su actividad durante el periodo de preconcurso. Así lo explicaron fuentes sindicales, que advirtieron que la situación de la compañía es muy crítica en estos momentos. En cuanto a las posibles salidas de empleados de la compañía, las fuentes estimaron que en España podrían verse afectadas unas 500 personas.

Los sindicatos lamentan que la dirección de la compañía no haya clarificado nada en relación a estas salidas, ya que estarían relacionadas con el plan de viabilidad que la compañía prevé presentar el viernes. Además, las fuentes consultadas explicaron que la compañía se ha comprometido a crear una comisión de seguimiento con los sindicatos en la que se analizaría la marcha de la empresa «día a día». Por otro lado, también defendieron la conveniencia de que se apruebe esta liquidez, para lo que piden la implicación del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, porque se trata de una empresa viable con proyectos internacionales.

Fecha límite: 28 de marzo

Abengoa solicitó el pasado 25 de noviembre el preconcurso de acreedores en un juzgado de Sevilla, después de que Gonvarri, sociedad del grupo Gestamp, renunciase a entrar en su capital. El juzgado ha fijado la fecha límite del preconcurso para el próximo 28 de marzo. Desde entonces ha mantenido varios encuentros con la banca acreedora, en los que han acordado aparcar la venta parcial de la filial estadounidense, Abengoa Yield, y buscar inversores financieros de emergencia dispuestos a aportar liquidez inmediata. La banca acreedora está dispuesta a garantizar los 100 millones de euros aproximados que precisa para hacer frente a las nóminas y diferentes pagos urgentes, a cambio de que la empresa busque antes el dinero en fondos de inversión.

Bonistas ejecutan sus opciones Yield

Mientras se dirime este primer escollo, que precede a las negociaciones en profundidad para reestructurar los 9.000 millones de deuda financiera del grupo, la situación de Abengoa y la de sus filiales se sigue deteriorando. Así, algunos de los bonistas del grupo comenzaron ya a ejecutar sus derechos y a quedarse con acciones de su filial cotizada en los Estados Unidos, Abengoa Yield, que servían de respaldo a la deuda.

A través de esta vía, los bonistas se han hecho ya con 5,8 millones de acciones de Abengoa Yield, representativas del 5,8% del capital, y se ha solicitado el canje de otros 0,41 millones. En total, hay 1,2 millones de acciones adicionales sujetas a este proceso. De esta manera, la participación de Abengoa en su filial se ha reducido al 43,19% y podría quedarse en el 42% si los bonistas ejecutan todos sus derechos. Precisamente, Abengoa Yield distribuyó un dividendo con el que su matriz ingresará unos 19 millones de dólares (17 millones de euros).

El Gobierno analizará las indemnizaciones millonarias dentro de Abengoa mientras Podemos exige una auditoría para recuperar el dinero público recibido

Redacción / Agencias.- Desde Podemos Andalucía reclaman a la Junta que haga una auditoría sobre las ayudas destinadas durante los últimos 15 años a la empresa Abengoa con la finalidad de recuperar el dinero público. Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, asegura que los acreedores públicos, entre ellos el ICO, Cofides y CESCE, tienen «instrucciones de analizar» si las «poco presentables» indemnizaciones de la cúpula de Abengoa anunciadas con anterioridad al preconcurso repercuten en el interés general.

Tras asegurar que los acreedores públicos mantendrán una «postura constructiva», el ministro indicó que «no es cuestión de echarle culpa al Gobierno o a la banca» de la situación actual de Abengoa y que se trata de una empresa «viable y puntera» que recibe el 90% de sus ingresos del extranjero, razón por la que las medidas adoptadas por el Gobierno central en energías renovables no pueden esgrimirse como causa de su situación. «Su problema es de endeudamiento», apuntó De Guindos antes de apostillar que la compañía está «muy, muy, muy apalancada» según su ratio de recursos propios en relación a la deuda. Por ello, se trata, de saber la «situación exacta de ese endeudamiento».

En este sentido, el ministro tildó de «poco presentables» las indemnizaciones anunciadas antes del preconcurso, por lo que los acreedores públicos tienen «instrucciones de analizar» si efectivamente esos pagos tienen repercusión en su interés, «que es el interés general«. Luis de Guindos también explicó que Abengoa está integrada por «un entramado de empresas muy complicado», subrayó que sus deudores no están fundamentalmente en la banca española, y ha recordado que «hay que respetar» la normativa europea de ayudas de Estado.

Tejerina también habla sobre Abengoa

Por su parte, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, desmarcó al Gobierno de la crisis de Abengoa y recordó que el Ejecutivo no interfiere en decisiones empresariales ante unas informaciones que apuntan que Abengoa culpa al Gobierno y a la banca de su situación. García Tejerina señaló que el Ejecutivo no se siente aludido, para subrayar que las «decisiones empresariales son decisiones empresariales» y que en ellas «este Gobierno poco interfiere, quiero decir en nada».

En este sentido, explicó que son las compañías las que acuerdan «hasta qué punto se endeudan, cuál es su ritmo de crecimiento, cómo se trabaja; es que eso son decisiones absolutamente empresariales y corresponde a su gestión«. En todo caso, la ministra expuso que «hay que conocer un poquito más en profundidad la situación» de Abengoa. Recordó también que es una empresa multinacional, y hay que ver «cuánta parte de su negocio tiene en España y cuánta tiene fuera y cuál de todas sus operaciones es la que la sitúa en mayores o menores dificultades».

Podemos quiere recuperar el dinero

Desde Podemos Andalucía se exige a la Junta autonómica que haga una auditoría sobre las ayudas destinadas durante los últimos 15 años a la empresa Abengoa con la finalidad de recuperar el dinero público a la par que muestran su rechazo un modelo de rescate como en el caso de Bankia.Así lo expuso la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, cuyo grupo parlamentario ha registrado sendas preguntas en el Parlamento autonómico para aclarar las aportaciones de la Junta a esta empresa en preconcurso de acreedores.»No queremos repetir el modelo de Bankia, en el que todos los ciudadanos rescatan a una empresa privada sospechosa de mala gestión como haber trasladado activos de Andalucía a una filial británica», ha sostenido.

Podemos plantea que la Junta haga una auditoría para conocer el dinero público destinado a Abengoa durante los últimos 15 años y para saber quiénes son los culpables de la crisis y «hacerles pagar». Rodríguez precisó que así se trata de tener el derecho a reclamar las ayudas públicas mal gestionadas, aunque sea a través de activos de la compañía. Por ello, ha considerado que es necesario saber cuántos de los beneficios millonarios que se han repartido en el consejo de administración, «caracterizado por las puertas giratorias, se han financiado con fondos de los andaluces». «No podemos permitirnos el lujo de perder esas inversiones y los empleos que están en el aire en Abengoa», señaló.

La Junta descarta alguna responsabilidad

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, volvió a defender la búsqueda de una solución entre todas las administraciones a la situación que atraviesa Abengoa, aunque ha subrayado que los «responsables» de lo ocurrido son los «rectores» de la compañía, no las instituciones. «No se puede poner bajo sospecha todo de manera permanente», indicó Vázquez, que considera que con este tipo de iniciativas se hace «un flaco favor» a las instituciones y a la solución de un problema, tras la que después «habrá tiempo para todo».

Aunque señaló que algunos cambios normativos, como la supresión de las primas a las energías renovables, han podido afectar a la compañía sevillana, reiteró que «el problema está, básicamente, en la gestión» realizada por la multinacional, lo que «no debe ser óbice» para que las instituciones traten de buscar una solución. «Se trata de que las instituciones, y especialmente el Gobierno de España, se impliquen activamente para conseguir una solución para los trabajadores y las empresas auxiliares», indicó. Tras resaltar que se trata de una empresa «pionera» dedicada a un sector «emergente» con más de 25.000 trabajadores y miles de empresas auxiliares que dependen de ella, aseguró que todo ello les «obliga» a estar «pendientes».

El Ejecutivo andaluz cree que existe una solución que, aunque «no es fácil», pasa por las entidades financieras, a las que pidió «generosidad, sensibilidad y que esté a la altura de las circunstancias». «Hace unos años, cuando necesitaron el apoyo expreso de España y de todos los españoles con el rescate, que le ha costado a este país casi 40.000 millones de euros, España dio un paso al frente porque entendimos era oportuno aunque no nos gustara», recordó el portavoz, que añadió: «Ahora es momento que el esfuerzo lo haga la banca». Finalmente, incidió en que es una actividad que «no se puede dejar caer», entre otras cosas porque «pondría bajo sospecha los síntomas de la recuperación económica» en España.

Siguen las subidas en Bolsa

Después de tocar fondo, las acciones clase B de Abengoa, las más líquidas, suman su tercera jornada alcista y repuntan un 23%, hasta situarse en 0,43 euros. En un entorno de gran volatilidad, se habían intercambiado unos 67 millones de títulos de la compañía por unos 28 millones de euros. Mientras tanto, las acciones clase A del grupo se intercambiaban a 1,04 euros, con una revalorización del 42%. Esta es la tercera jornada consecutiva que las acciones de la compañía cotizan al alza, tras hundirse un 70% en los dos días que siguieron a la presentación del preconcurso de acreedores.

La Junta de Andalucía mantiene su rechazo al almacén de gas en Doñana, ya comunicado a la «cúpula» de Fenosa

Europa Press / EFE.- El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, aseveró que la Junta mantiene su posición contraria al proyecto de extracción y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, una decisión que se le ha comunicado a la «cúpula» de Gas Natural Fenosa. «Yo he tenido alguna reunión con la cúpula de Gas Natural en España y conocen nuestra posición», apuntó Fiscal, que añadió que no se cambiará mientras el proyecto no se modifique.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio justificó la posición de la Junta en que el proyecto «no se ajusta a la norma«, pues la instalación discurre por algunas zonas de especial protección del espacio natural de Doñana, lo que lo hace «inviable». «Nos asiste la ley y la filosofía de lo que queremos hacer de Doñana, que es Patrimonio de la Humanidad, y la obligación de la Junta es cuidarlo y obtener el máximo rendimiento de su existencia para los municipios del entorno», apuntó. «Eso es lo que nos mueve», remachó .

Fiscal, que indicó que en la reunión con los directivos de Gas Natural «no se profundizó mucho más», puntualizó que es diferente la renovación de algunas licencias para las prospecciones en el entorno de Doñana y algunas zonas del parque natural. «La normativa permite que se mantenga esta actividad desde hace 30 años y hay algunas instalaciones de este tipo que sí se acogen a la normativa», señaló Fiscal, que añadió: «La consejería no tiene más remedio que autorizar esas prácticas». Andalucía emitió en mayo un dictamen desfavorable respecto al proyecto de Fenosa, iniciativa que no admite atendiendo a criterios de protección del espacio y al cumplimiento de garantías medioambientales.

El Gobierno y la CEOE confían en que haya solución para salvar a Abengoa mientras UGT pide preservar los empleos

Redacción / Agencias.- La preocupación crece en torno a Abengoa. El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que el anuncio de preconcurso de acreedores de Abengoa «no es una buena noticia» pero mostró sus esperanzas de que aún se pudiera llegar a un acuerdo con la banca para la «salvación» de la empresa, un extremo que horas después descartó Gestamp, que asegura que su renuncia a entrar en Abengoa es «definitiva».

Hace dos semanas Abengoa anunció unas pérdidas de 194 millones de euros en los primeros nueve meses del año, acompañadas de una nota de Deloitte en la que planteaba sus dudas sobre la viabilidad de la compañía. Asimismo, Abengoa comunicó que llevaría a cabo una ampliación de capital por 650 millones de euros y la primera parte de esa ampliación, de una cantidad de 250 millones, sería íntegramente suscrita por Gestamp, que aportaría otros 100 millones en una segunda fase.

Soria subrayó la importancia de Abengoa para la economía española en general y, particularmente, para en el sector de las energías renovables. Preguntado sobre si la dimensión del preconcurso podría llevar al Gobierno a acometer alguna acción, Soria prefirió «no adelantar acontecimientos», e insistió en esperar a que pueda haber algún acuerdo con la banca para salvar a esta empresa.

Báñez espera una «buena solución»

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se mostró confiada en que se pueda alcanzar una «buena solución» para los problemas financieros de Abengoa y que la empresa «siga creando riqueza y manteniendo el empleo». La responsable de Empleo quiso, en nombre del Gobierno, «transmitir un mensaje de tranquilidad», además de destacar la necesidad de «diálogo y negociación» entre los agentes implicados para que «entre todos se busque una buena solución, que sea que sigamos teniendo una gran multinacional española que siga creando riqueza y que se siga manteniendo el empleo«.  «Nos preocupan, por supuestos, los trabajadores y estoy segura de que entre todos se buscará una solución», dijo Bañez.

Rosell (CEOE): todo se resolverá

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, aseveró respecto a la situación de Abengoa que, por la información que tiene pero que no quiso precisar, «al final las cosas se resolverán«.  Rosell indicó que le preocupa «cualquier situación en que una empresa lo esté pasado mal o esté en un proceso de reestructuración y tenga las dificultades que está teniendo Abengoa». El presidente de la patronal aseguró que está «esperanzado en que el tema se solucione». Preguntado por la posibilidad de que aún se puedan ver situaciones como la de Abengoa en grandes empresas españolas como consecuencia de la crisis, lo descartó y consideró que éste es un caso «puntual».

El Gobierno andaluz está preocupado

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, indicó que existe «gran preocupación en los ambientes políticos, económicos y sociales» de España y Andalucía por la situación de la empresa de ingeniera y energía Abengoa. Sánchez Maldonado recordó que Abengoa «es una de las grandes empresas españolas, con más de 30.000 empleos en el mundo y 6.000 en España» y ha añadido que sigue «muy atento» cualquier novedad. «Esperamos que el proceso de ampliación de capital tenga un resultado favorable», añadió el consejero, que consideró que «sería una malísima noticia» si no hubiera final positivo ya que se estaría ante uno de los ERES más grandes de España.

UGT pide soluciones para Abengoa

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, expresó su «enorme preocupación» por la solicitud de preconcurso de acreedores en Abengoa y pidió que se busquen alternativas para «preservar el empleo». Méndez recordó que Abengoa tiene un empleo directo de 6.000 trabajadores, pero «genera mucho trabajo inducido y tiene una gran capacidad de innovación tecnológica». Por ello, Méndez consideró que la petición de preconcurso «debe ir en la dirección» de asegurar el empleo y su capacidad tecnológica. Por último, el secretario general de UGT manifestó que, aunque se trata de una empresa privada, «las administraciones públicas deben estar muy pendientes de esta situación».

Industria tramita la declaración de utilidad pública del almacén gasista de Gas Natural Fenosa cerca de Doñana y WWF protesta

EFE.- La Dirección General de Política Energética y Minas ha instruido el procedimiento de solicitud de autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública para la ejecución del proyecto de almacenamiento de gas denominado Marismas Occidental, ubicado en Almonte (Huelva), en el entorno de Doñana. En este sentido, WWF considera que la empresa Gas Natural, con la petición de utilidad pública para el proyecto Marismas Occidental, «trata de saltarse la normativa de protección del espacio natural».

En el anuncio del Ministerio de Industria se especifica que durante la tramitación del procedimiento se ha producido la subrogación de Gas Natural Almacenamientos Andalucía S.A. en la posición de Petroleum Oil & Gas España S.A., inicial promotora del proyecto. Asimismo se precisa que los interesados dispondrán de 10 días para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes pudiendo dirigirse, a estos efectos, a la Dirección General de Política Energética y Minas o al Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, donde podrá ser consultado el expediente en sus dependencias. Por último, se precisa que contra el presente acto, en tanto que de mero trámite, no cabe la interposición de recurso alguno.

El proyecto Marismas Occidental es el único de los cuatro proyectos gasísticos de la compañía en la zona que cuentan, desde hace años con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Ministerio de Medio Ambiente, y con el visto bueno de la administración autonómica por estar fuera de los límites del espacio natural protegido. Para los otros tres la Junta de Andalucía informó desfavorablemente al entender que esta actividad es incompatible con el objetivo fundamental del espacio natural: la conservación de la naturaleza. Gas Natural Fenosa plantea con estos proyectos 14 pozos de extracción de gas, 20 kilómetros de nuevos gasoductos y el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos en el entorno e interior de Doñana.

Los ecologistas critican la decisión

Por su parte, el responsable de la Oficina Técnica de la organización WWF en Doñana, Juanjo Carmona, mostró el rechazo de la organización a esta petición que, entiende, debe de contar también con la oposición del Ministerio de Industria, que ya la tramita. «El interés de conservar el espacio natural es muchísimo mayor, en estos momentos, que el convertirlo en un almacén industrial de gas, máxime cuando hay alternativas a dicho proyecto», apuntó Carmona, precisando que «la prioridad del espacio es conservar la riqueza medioambiental de todos los ciudadanos y no convertirse en espacio industrial».

Por ello, desde WWF se rechaza que este proyecto de Gas Natural Fenosa pueda tener utilidad pública para «intentar, de alguna manera, saltarse la normativa de protección del espacio natural», por lo que van a alegar contra ese procedimiento y se van a oponer «firmemente» a que «Doñana se convierta en un almacén de gas natural como pretende la empresa». Carmona asegura que «si consiguen la utilidad pública, automáticamente, tendrían menos problemas a la hora de tramitar determinadas expropiaciones y actuaciones, así como se abriría la posibilidad de que el proyecto pudiera tener prevalencia sobre otros usos». Además, «si le declaran éste, irán detrás los otros tres proyectos planteados en la zona, saltándose así la negativa de la Junta», indican.

La Junta de Andalucía no descarta sancionar a las compañías eléctricas por cobrar más por los contadores inteligentes

EFE.- La Junta de Andalucía no descarta la apertura de un expediente sancionador a las compañías eléctricas por el cobro «indebido» de cantidades correspondientes a los contadores inteligentes, instalados desde 2007 pero que hasta ahora no están empezando a ejecutar todas sus funciones, según explicó el consejero de Salud, Aquilino Alonso, al diputado de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, en la sesión de control parlamentario al Gobierno andaluz.

Alonso explicó que los servicios de consumo de este departamento solicitaron un informe sobre este asunto a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) en noviembre de 2014. Según Alonso, tras apreciarse en dicho informe «indicios de infracción«, se remitió la documentación al departamento encargado de este asunto «para que valore si procede o no la apertura de un expediente». Además indicó que la CNMC indicó recientemente que a los consumidores que dispongan de estos contadores inteligentes debería cobrárseles el precio del alquiler de los equipos antiguos, que es de 0,54 euros mensuales, mientras ahora se están cobrando 0,89 euros, cantidad que correspondería al precio de un equipo electrónico que ya estuviera funcionando completamente.

Andalucía quiere 486 millones de euros más en infraestructuras eléctricas hasta 2020

EFE.- El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, presentó un informe sobre la repercusión en Andalucía de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020, aprobada recientemente por el Gobierno central, en la que echa en falta 486 millones de euros para la comunidad andaluza.

A su juicio, dicha planificación pone «en serio peligro» el suministro eléctrico a nuevas iniciativas empresariales, la calidad de los consumos existentes y la evacuación de la electricidad generada por proyectos con fuentes renovables, además de retrasar el objetivo de un sistema energético sostenible y suponer una pérdida de inversiones y empleo. Así, del presupuesto total de 4.554 millones de euros aprobado por el Gobierno central, 336 millones serán para Andalucía, lo que representa el 7,38% del total y 486 millones menos de los que Andalucía debería recibir en proporción a su población, según sostuvo. El consejero señaló que resultan especialmente afectados los proyectos de infraestructuras de conexión de energías renovables a la red eléctrica.

La Junta remitió en 2014 una propuesta basada en un escenario económico restrictivo pero incluyendo infraestructuras «prioritarias e imprescindibles» para garantizar la calidad del suministro eléctrico. Entre otras demandas, que la planificación estatal no ha atendido, según el consejero, destacan el eje Caparacena-Baza-La Ribina, de 400 kilovoltios, para la seguridad del suministro en Andalucía Oriental; la subestación de Entrenúcleos en Dos Hermanas (Sevilla), de 220 kilovoltios, o los proyectos para el suministro a la costa central gaditana en el entorno de Vejer de la Frontera. La valoración económica de las propuestas presentadas por el Gobierno andaluz suma 608 millones de euros, por debajo de las cuantías resultantes de aplicar cualquiera de los criterios de población, territorio o demanda eléctrica, insistió.

Respecto al nuevo decreto de autoconsumo eléctrico, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 9 de octubre, el consejero resaltó las restricciones que impone a los consumidores y los gravámenes sobre la electricidad que se produce con esta modalidad. Entre ellas destacan la obligación de pagar por cada kilovatio/hora de la electricidad que generan los paneles solares de autoconsumo, incluso aunque no salga al sistema eléctrico nacional. En este sentido, Sánchez Maldonado apuntó que en ninguna regulación internacional sobre esta materia existe una tasa parecida, que cambia las «reglas del juego», lastra el desarrollo de las energías renovables y contribuye a agravar el continuo encarecimiento del precio de la electricidad, con el consiguiente perjuicio para las economías domésticas y empresariales.

La norma supondrá asimismo, según vaticinó, un freno a los proyectos de nuevas instalaciones, el desmantelamiento de muchas de las que ya funcionan y la desconexión de la red por parte de los autoconsumidores, además de ser un obstáculo añadido al cumplimiento de los objetivos de reducción de CO2. A juicio de Sánchez Maldonado, esta regulación pretende mantener el actual status quo del oligopolio eléctrico y paralizar el desarrollo de las energías renovables en España.

Por otra parte, Sánchez Maldonado celebró el Premio RegioStars 2015 otorgado por la Comisión Europea a la Junta de Andalucía por su Programa de Impulso a la Construcción Sostenible. Con este galardón se reconocen los proyectos más innovadores cofinanciados por los Fondos de Cohesión que representan ejemplos de buenas prácticas en el desarrollo regional, según recordó. El Programa de Impulso a la Construcción Sostenible, gestionado a través de la Agencia Andaluza de la Energía, concede incentivos a obras de adecuación energética de edificios y a proyectos de instalaciones eficientes, que van desde la renovación de ventanas a la instalación de techos móviles o soluciones bioclimáticas.

La Junta de Andalucía pretende un 25% renovable de consumo de energía en 2020

EFE.- La Junta de Andalucía aprobó la Estrategia Energética de Andalucía 2020, que entre otros objetivos establece que un 25% del consumo total de energía en Andalucía sea renovable en 2020. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de Andalucía, José Sánchez Maldonado, resaltó que las energías renovables en Andalucía pasaron a multiplicar por cuatro su valor absoluto y que se consiguió un «sustancial ahorro» de energía primaria, cifrado en un 5,1%.

La Estrategia Energética de Andalucía 2020 establece las bases de la política de la Junta en ahorro y eficiencia, fomento de las renovables y desarrollo de infraestructuras. El documento plantea, entre otros objetivos, aportar con fuentes renovables el 25% del consumo final bruto (actualmente 19,5%) y reducir en un 30% las emisiones de CO2 asociadas respecto a los niveles previos a la crisis económica. Otros objetivos previstos son reducir en un 25% el consumo tendencial de energía primaria hasta 2020; autoconsumir el 5% de la electricidad generada con renovables (actualmente 0,4%) y mejorar en un 15% la calidad del suministro.

La nueva planificación pone de manifiesto que la Comunidad andaluza dispone de los recursos necesarios y del tejido empresarial para alcanzar, e incluso superar, los fines de la Estrategia Europa 2020 en materia energética, vinculantes para los estados miembros pero no para las regiones que los conforman. El consejero ha incidido en que los dos primeros objetivos superan los marcados por la Unión Europea en cinco puntos porcentuales y el tercero en diez. El objetivo del autoconsumo mediante renovables responde al compromiso de la Junta de extender el potencial de la generación distribuida, facilitando el papel activo de sus ciudadanos.

El documento se divide en cinco programas para contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, dirigidos a priorizar el uso de los recursos autóctonos sostenibles y el autoconsumo; situar a los sectores de las renovables y del ahorro como motores de la economía andaluza y garantizar la calidad del suministro impulsando la transición de las infraestructuras hacia un modelo inteligente descentralizado. El resto de los programas se centran en actuar desde la demanda para hacer al ciudadano protagonista del sistema energético, y optimizar el consumo en la Administración de la Junta, mejorando la eficiencia de sus instalaciones e incorporando criterios de ahorro.

La financiación de la estrategia, cuyas actuaciones se concretarán a través de planes de acción, dependerá en gran parte de los fondos estructurales europeos. No obstante, ya se cuantifica la previsión para el programa de Energía Inteligente, que tendrá una dotación mínima de 400 millones de euros a través de la línea de desarrollo energético sostenible y movilidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La planificación para 2020 permitirá, según el consejero, consolidar el tejido empresarial e industrial vinculado al sector energético y fortalecerá las políticas de construcción sostenible, rehabilitación de edificios, gestión energética en empresas, autoconsumo y gestión de la demanda por los consumidores.

Andalucía contabiliza actualmente 6.500 empresas vinculadas a la energía, de las que 1.500 desarrollan su actividad en el ámbito de las renovables, y el empleo asociado supera los 110.000 puestos, el 41% directos. El 38,8% de toda la potencia eléctrica proviene actualmente de fuentes limpias como el sol, el viento y la biomasa, que también suponen el 40,4% de la electricidad que consumen los andaluces. En relación con el consumo de energía primaria, su aportación representa el 20,1% (5,5% puntos por encima de la media española), con lo que se contribuyó a reducir en un 43% las emisiones de dióxido de carbono en 14 años.