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Adelante Andalucía garantiza que impedirá el proyecto de Gas Natural en Doñana y carga contra Felipe González

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Europa Press.- Los candidatos de Adelante Andalucía a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la Junta, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han criticado que el expresidente del Gobierno Felipe González haya participado en un acto del PSOE en El Rocío, Almonte (Huelva), y aseguran que frente a esa «provocación e insulto», un Ejecutivo de la confluencia «va a blindar e impedir que se desarrolle el plan de Gas Natural» en este entorno. «No vamos a tener que esperar a lo que diga Europa», recalcaron.

«Frente a la foto del pasado de González, las puertas giratorias y los periodos oscuros, Adelante Andalucía representa el futuro y proponemos una agenda compatible entre medio ambiente, salud y creación de empleo», ha afirmado Maíllo, que ha insistido en que es una «provocación» la foto de Susana Díaz y Felipe González en la citada localidad, toda vez que ha reprochado al expresidente que «cambió de bando» pues «pasó de presidir al Consejo de Participación de Doñana a miembro del Consejo de Administración de Gas Natural, y avaló el proyecto de Gas Natural, que es un atentado a Andalucía porque ataca el patrimonio de Doñana».

Asimismo, ha defendido que la nueva agenda económica de Andalucía «es una economía verde, con la búsqueda de compatibilidad del empleo, el medio ambiente y la salud», de modo que proponen un plan de transición ecológica, un plan de eficiencia energética y otro de energías renovables, «y sobre esos tres pivotes crear un empleo con valor añadido y de calidad».

«Tenemos voluntad simbólica y efectiva de construir una economía sostenible», ha agregado Maillo antes de que Teresa Rodríguez haya concretado que si gobiernan pondrán en marcha un plan de transición energética que contaría con una inversión de 7.200 millones de euros para apostar por los empleos verdes y que incentivaría «desde la administración pública andaluza» a los hogares y las explotaciones que apuesten por las energías renovables porque, como ha agregado, «es el futuro de la garantía de suministro en un momento en el que la factura de la luz no ha dejado de subir».

Tras señalar que la principal preocupación de los andaluces es el empleo, la candidata a la Presidencia de la Junta ha defendido que su creación «tiene que ir de la mano de los empleos verdes», cuando ha hecho hincapié en que Andalucía puede ser «punta de lanza» en energías renovables. Así, Adelante Andalucía se propone invertir 7.200 millones en una legislatura en un plan de transición energética «donde se apueste por el ahorro y la eficiencia energética y que pase también por la generación de empleos vinculados a la rehabilitación urbana; un plan de energías renovables donde apostemos por la investigación e incluso la fabricación de maquinaria”. «Una apuesta estratégica por la cadena completa de las energías renovables», ha concretado.

En lo que a la provincia de Huelva respecta, Teresa Rodríguez ha rechazado que se someta a esta provincia «a un chantaje entre medio ambiente y empleo y entre salud y empleo», toda vez que ha afirmado que la única forma de generar empleo «no es renunciando a tener un aire y un entorno limpio, negamos la mayor, creemos que es posible y el futuro es apostar por la energía limpia y los empleos verdes, para poder garantizar la sostenibilidad«.

«Si no apostamos por un parque natural que es nuestra joya más preciada y no convertirlo en un almacén de gas, estaremos poniendo en riesgo el patrimonio de las siguientes generaciones, y lo mínimo que debe hacer un gobernante es garantizar que se lega a la siguiente generación el patrimonio natural que a uno le toca gestionar», ha remachado Rodríguez.

Greenpeace pide ambición en Andalucía

Por su parte, la asociación ecologista Greenpeace ha pedido a los partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre, que sitúen la protección medioambiental y la lucha contra el cambio climático en su lista de prioridades. La organización ecologista, además, ha hecho llegar a los principales partidos políticos un documento con propuestas medioambientales prioritarias para Andalucía. La reciente Ley de Medidas frente al Cambio Climático aprobada por el Gobierno andaluz, «no es lo suficientemente ambiciosa» por lo que Greenpeace propone la adopción de políticas activas para la reducción de emisiones, el apoyo a la instalación de nueva potencia renovable, el autoconsumo y la promoción del ahorro y la eficiencia energética.

En líneas generales, las propuestas presentadas en el documento se centran en aspectos relevantes para esta nueva legislatura como la energía y la pobreza energética; la movilidad y el transporte sostenible; la gestión del agua; la gestión sostenible del medio natural; urbanismo y turismo en el litoral; la economía circular; la fiscalidad verde; los criterios de sostenibilidad; y la gobernanza.

 

La jueza pide a la Junta una inspección a la planta de biodiésel de Carboneras (Almería) para investigar los vertidos

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Europa Press.- La jueza que instruye la causa penal abierta por vertidos de biodiésel detectados en Carboneras (Almería) ordenó a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta que gire una «visita de inspección» a las instalaciones de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiesel investigada para que tome muestras, haga análisis y fotografías con las que emitir un informe pericial.

La providencia del Juzgado de Instrucción 1 de Vera acuerda, asimismo, que se inspeccione la desaladora de Carboneras, cuya denuncia dio lugar a la apertura del procedimiento por supuesto delito medioambiental ya que el pasado abril el gerente de la empresa Acuamed informó a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación «emanaba un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades». Cuando los agentes se personaron comprobaron que «efectivamente» brotaba del lateral de ladera de la montaña «un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite» y el gerente les informó de que, «probablemente, provenía de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora».

La jueza Mónica Villena, que descarta acordar medidas cautelares a instancias del Ministerio Fiscal ya que estima que no procede hasta que no conste «debidamente» acreditado el fluido que se está vertiendo, pide a la Delegación de Medio Ambiente diversa documentación. En concreto, libra oficio para que remita copia compulsada de las «autorizaciones concedidas» a la mercantil FJ Sánchez Sucesores SAU para la implantación y ejercicio de la actividad de refinado de aceites vegetales y de producción de biodiésel en Carboneras y, en particular, de los «condicionados para el desarrollo de las actividades que se refieran a efluentes y vertidos». Interesa, asimismo, copia de los expedientes sancionadores que se hayan podido incoar con motivo de «incumplimientos» en materia de vertidos.

Por otro lado, la jueza precisa que la pericial que resulte de las inspecciones debe determinar si los efluentes que aparecieron en el talud de la parcela donde se ubica la desaladora proceden de la refinería investigada, si se han extendido «subterráneamente» a otros terrenos o en dirección al mar, y la «composición» de los efluentes y «sus efectos medioambientales».

Quiere saber, en esta línea, el grado de cumplimiento de la mercantil propietaria de la fábrica «de las normas y condiciones» de aplicación «para evitar y corregir» los vertidos; y también las medidas a adoptar «para reparar los daños», por lo que solicita copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de posibles vertidos.

Por otro lado, se ha incorporado a la causa penal el atestado que elaboró la Guardia Civil en octubre a raíz de otro presunto vertido, en este caso al mar, en el entorno del puerto. Cabe recordar que la Junta de Andalucía ya impuso a la mercantil F.J. Sánchez Sucesores S.A. una multa por un vertido en 2017, si bien entonces la compañía «no llevó a cabo la limpieza» a la que quedó obligada según la resolución del Gobierno andaluz y mantiene abierto un segundo expediente sancionador por los vertidos de abril de 2018 que se investigan en vía penal.

Por otro lado, el departamento que dirige el delegado Raúl Enríquez tramitaba aún este año la solicitud para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada de la planta a consecuencia del cambio normativo en el que la fábrica quedaba incluida como una instalación química para la fabricación de productos químicos orgánicos. Dichas instalaciones habían sido revisadas dentro del plan de inspección medioambiental correspondiente al 2011, sin que consten revisiones posteriores.

La declaración en calidad de investigado del representante legal de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel de Carboneras ante el Juzgado de Instrucción 1 de Vera por un presunto delito medioambiental estaba señalada para octubre aunque fue aplazada a mayo de 2019 para que se realice a través de videoconferencia tal y como solicitó su defensa. La jueza Mónica Villena ha citado a A.M.S.M. y ha acordado la práctica de dicha declaración por videoconferencia, para lo que ha librado exhorto al Juzgado de Instrucción Decano de Cabra (Córdoba).

La delegación de europarlamentarios ve «seria» la problemática de Doñana y confía en emitir en febrero recomendaciones al Gobierno

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Europa Press / EFE.– La delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que evalúa el estado del Parque Nacional de Doñana se ha entrevistado con peticionarios y ONG medioambientales, además de con la Junta de Andalucía y también se ha programado un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, con la idea de poner en marcha un procedimiento que culminaría en torno al próximo mes de febrero con la emisión de una serie de recomendaciones sobre el particular al Gobierno central.

Así lo indicó el presidente de la delegación, el europarlamentario eslovaco Pál Csáky, que ha calificado de «seria» y «muy importante» la problemática del espacio natural, que ha propiciado la presentación de 5 peticiones a la comisión, de carácter medioambiental y fundamentalmente centradas en el proyecto de almacenamiento de Gas Natural. «Estamos aquí para entender la situación e intentar echar una mano«, ha asegurado Csáky, que ha explicado que, a partir de la información recabada, se elaborará un texto conjunto en la Eurocámara que, en principio, debería estar listo para noviembre, con idea de que los temas sean directamente tratados con la Junta, el Ejecutivo central y la Comisión Europea.

Según el tiempo que se emplee en el texto consensuado, en diciembre o enero podría someterse a votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, siendo «muy probable» que se puedan emitir recomendaciones para las autoridades españolas «más bien para febrero». En este sentido, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha sido taxativo al asegurar que ha solicitado «abiertamente» del Parlamento Europeo un pronunciamiento «inequívoco» en contra del gasoducto. «Mientras estemos aquí tendremos las herramientas suficientes como para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana, que no se toca; he pedido que el Europarlamento se sume a la opinión prácticamente unánime de la sociedad andaluza».

Fiscal también ha recordado la creación de una comisión Gobierno central-Junta para analizar jurídicamente el proyecto de gas, toda vez que la visión ambiental que ostenta el actual Ministerio para la Transición Ecológica «es la misma que la nuestra: ambientalmente entendemos que no es sostenible, pero hay un ordenamiento jurídico que cumplir y lo haremos con la máxima seguridad jurídica«.

Sobre la situación también se ha pronunciado el eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, que mantiene que «sin un cambio de modelo productivo y una transición energética, Doñana seguirá estando amenazada». Marcellesi, parte de la delegación junto a los eurodiputados españoles Rosa Estarás y Soledad Cabezón, así como Miltiados Kyrkos y Thomas Waitz, viene siguiendo de cerca las distintas problemáticas que amenazan a este espacio privilegiado.

WWF ha sido otra de las organizaciones que ha mantenido un encuentro con la delegación europea. El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha señalado que la postura que defiende su colectivo gira en torno a lo «inmoral» y el sinsentido de guardar en el subsuelo gas en un proyecto «que acabará con elementos naturales como playas y marismas». «Hay que pedir desde Europa, igual que desde otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Parlamento o el Congreso, que se rehaga este proyecto con una alternativa de energía renovable», indica Carmona, que lamenta que la iniciativa se haya «cuarteado», incumpliendo la normativa europea.

Preocupaciones del Defensor del Pueblo

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, trasladó a la delegación su preocupación por el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana, para el que solicita su «suspensión definitiva». Precisamente el pasado mes de marzo fue el Defensor del Pueblo quien intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para relatar las actuaciones de esta institución sobre las amenazas a este espacio natural, lo que propició que se enviara esta misión para investigar el estado de Doñana.

Gas Natural lleva años explotando diversos yacimientos en el espacio protegido y su entorno, y proyecta la realización de un gasoducto que conectara dichas explotaciones y la construcción de las infraestructuras necesarias para utilizar los pozos existentes como lugar de almacenamiento, previa inyección, de los gases extraídos. El Defensor recordará que gran parte del trazado del proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, la ejecución del proyecto de gasoducto de Doñana «no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana», y por ello, reclama «la suspensión definitiva» del proyecto. En este sentido, recuerda lo ocurrido con el proyecto de almacenamiento de gas en la denominada plataforma Castor que, «pese a contar con la preceptiva autorización y haber obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable, ha debido ser paralizado por el Gobierno de la Nación como consecuencia de los movimientos sísmicos producidos tras su puesta en marcha», recuerda.

El Defensor considera que «no existen razones suficientes que puedan justificar la asunción de los riesgos que conlleva este proyecto para la preservación de este ecosistema único. No solo el principio de precaución, sino el mero sentido común, debería llevarnos a ponderar si los riesgos asumidos con este proyecto, por pequeños que sean, se justifican con los beneficios que pretenden obtenerse del mismo«. De este modo, Maeztu «espera y confía», que de esta visita extraigan las conclusiones necesarias para promover, desde esa Comisión de Peticiones, la adopción por las instituciones europeas de las medidas para «preservar los valores singulares de un ecosistema único como es el Espacio Natural de Doñana».

Izquierda Unida confía en Europa

Por otro lado, Izquierda Unida se ha mostrado esperanzada en que el Parlamento Europeo se sume a las «voces contrarias» al proyecto de almacenamiento de gas que pretende ejecutar Gas Natural en el entorno de Doñana, tras la visita de la misión de la Eurocámara a la zona. La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, asegura que Europa «no puede permanecer callada antes las amenazas que sufre Doñana». «No queremos que haya un nuevo Castor; el futuro de Doñana no puede ser que se vea convertida en un almacén de gas», recalca Albiol, que asegura que dicho proyecto pueda estar «incumpliendo muchas directivas europeas, entre ellas la directiva sobre impacto ambiental».

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado que ahora hay «un marco nuevo» en España, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que cree que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya no tiene «excusas» y no puede «culpar» al anterior presidente, Mariano Rajoy, de que no se paralice el proyecto. «Este proyecto es incompatible con la vida en Doñana, es necesario paralizarlo y para eso no puede haber ninguna fisura«, ha clamado el dirigente de IULV-CA, que ha apostillado: «Y Bruselas tendrá que definirse sobre si quiere ser una Europa de los Ciudadanos que defienda los espacios naturales o, por el contrario, una Europa de los lobbies».

La Junta de Andalucía validó la línea eléctrica que causó presuntamente el incendio en el parque del Cabo de Gata

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Europa Press.- La Junta de Andalucía validó la línea eléctrica que abastece la pedanía de El Pozo de los Frailes, en Níjar (Almería), un año antes de que ocasionase presuntamente el incendio forestal que calcinó 85,5 hectáreas del parque natural de Cabo de Gata y concluyó que, tras la verificación realizada por la compañía Endesa, no tenía «defectos graves o muy graves».

Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar no realizó «ningún requerimiento» a Endesa desde 2014 hasta 2017 en los que se refirieran a problemas en el mantenimiento y la conservación de la citada línea eléctrica. Así se desprende de los dos informe aportados a la causa penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Almería en respuesta a sendos oficios de la su titular, Belén López. En el procedimiento, están investigados la compañía eléctrica y una subcontrata por presunta negligencia como personas jurídicas y dos personas físicas.

El informe de la Delegación Territorial de Innovación, Ciencia y Empresa, que responde al interés de la jueza por conocer una valoración de líneas eléctricas de Endesa en El Pozo de Los Frailes, indica que la instalación fue «objeto de regularización administrativa» mediante resolución del delegado en 2016. Recoge asimismo, que, para ello, la línea estándar de media tensión 20kw y los centros de distribución que la conforman fueron objeto de verificación en un informe que firma uno de los investigados con fecha 1 de junio y que concluyó «sin defectos graves o muy graves».

La jueza instructora también interesó al Ayuntamiento de Níjar en el marco de la investigación, declarada compleja, que le comunicase el «número de requerimientos e incidencias realizadas a Endesa» sobre «problemas de mantenimiento y conservación» de la línea. En su respuesta, el consistorio asegura que no se ha encontrado ninguno. El procedimiento penal fue archivado provisionalmente si bien se acordó reabrirlo en noviembre tras las diligencias remitidas al juzgado por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en las que se concluía que las causas del incendio desatado en el paraje Los Herederos estaban en una supuesta «negligencia» en la «conservación, mantenimiento, deberes de supervisión, vigilancia y control» de la línea eléctrica de alta tensión.

El informe técnico-pericial del Infoca remarcó que la causa es una «negligencia» por falta de mantenimiento de la línea y por «no cumplir las medidas preventivas de lucha contra incendios forestales», en este último caso por el segundo foco de llamas. Concretó, así, en el aislador de un apoyo partido y en un cable caído al suelo como origen del fuego que tuvo dos focos y detalla los vestigios recogidos.

«En la revisión periódica de la línea no se ha detectado el estado de deterioro de los aisladores de vidrio pese a tratarse de una zona calificada como de alta contaminación salina, además de estar situada en parque natural con las consecuencias que una avería de este tipo puede tener, ni se ha intervenido preventivamente a efectos de evitar roturas que deriven en accidentes«, reprochó.

El Infoca precisó que el primero de los incendios tuvo origen «por contacto entre las líneas eléctricas, provocando chispa que prende la vegetación», a lo que contribuyó «el fuerte temporal de viento», mientras que en el segundo, que se produjo tras reparar el tramo que provoca el anterior incendio, hubo «rotura del cable eléctrico que cae sobre la vegetación y origina el incendio». «Más negligente aún porque se produce justo en el tramo que se había dejado de reparar», añadió.

Las gasolineras automáticas recurrirán la norma que prepara Castilla-La Mancha para obligarles a tener personal mientras Andalucía retira su decreto

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EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha anunciado su intención de recurrir la norma que pretende aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha para obligar a todas las estaciones de servicio a contar con un baño y, por tanto, con personas en las gasolineras.

En este sentido, Aesae recuerda que la Junta de Castilla-La Mancha derogó el artículo 2 del Decreto 33/2005, de 5 de abril, de suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en el que se obligaba a las estaciones de servicio automáticas a contar con personal para poder operar.

«Sin embargo, unos meses después, la Junta ha puesto en marcha un procedimiento que pretende aprobar una norma que obliga indirectamente a tener personal en este tipo de estaciones dedicado a tener los servicios higiénicos limpios y seguros», añade Aesae.

A este respecto, el presidente de la Aesae, Manuel Jiménez, señala que «el tiempo medio de los repostajes en una estación automática es inferior a 10 minutos», mientras que en las oficinas bancarias, por ejemplo, «el tiempo medio es sensiblemente mayor y a éstas no se les exige aseos para los clientes».

Según la Aesae, «la justificación aducida por el Gobierno regional es la de la seguridad vial de los conductores y, a cambio de esta pretendida mejora de la seguridad vial, la Junta no tiene ningún problema en que los conductores castellano-manchegos paguen más de 330 euros al año a las compañías con estaciones de servicio tradicionales, en definitiva, al oligopolio«.

De esta manera, subraya Jiménez, «las grandes empresas no tendrán competencia y continuarán disfrutando de unos márgenes que están entre los más altos de la Unión Europea».

Por último, Aesae destaca que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas «con el precio más alto en carburantes de España», por lo que, si esta medida se aprueba, «liderará, con toda seguridad, la clasificación de comunidades autónomas con los precios más altos».

Andalucía retira un decreto similar

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha retirado el decreto que pretendía aprobar en los próximos meses y que obligaba a las gasolineras automáticas a contar con al menos un trabajador para poder operar durante el tiempo que ésta permaneciera abierta. Este decreto ha sido finalmente retirado ante la carencia invalidante puesta de manifiesto por la Aesae.

Aesae, ante la «falta de transparencia y la negativa» a dar acceso al expediente, presentó un recurso ante los tribunales. Finalmente, por la falta de transparencia, la Junta ha decidido, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órgano competente para este litigio, dar marcha atrás en su objetivo de aprobar la norma que obligaba a las gasolineras automáticas a tener personal.

No obstante, y «ante una clara vocación de defender a las estaciones tradicionales» por parte de la Junta de Andalucía, el 25 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación de la Ley de las Personas con Discapacidad por la que se obliga a las estaciones desatendidas a tener personal.

Estas actuaciones llegan en un momento en el que la Comisión Europea está obligando a las comunidades autónomas, que tienen normativas contrarias a la implantación de este tipo de estaciones, a dar marcha atrás, pues según la Comisión Europea son contrarias al libre mercado y a la libre competencia, según ha recordado la asociación.

Esta falta de competencia provoca que cada familia andaluza tenga que pagar «más de 300 euros al año», según la OCU, respecto al resto de las regiones. «La apertura de una estación de servicio automática no solo beneficia a los que la eligen, sino a todos, porque cuando una gasolinera de este tipo abre el precio de los carburantes disminuye en la zona de influencia en una media de 10 a 15 céntimos por litro», ha explicado Manuel Jiménez Perona.

Según la asociación, actualmente las barreras que existen para las personas con discapacidad «están presentes en muchas estaciones de servicio». Los problemas que presentan son barreras arquitectónicas, surtidores a altura excesiva, etcétera. «Estos obstáculos son insalvables a pesar de que haya una persona en la gasolinera. El problema es de diseño y de no pensar en estas personas», explica Jiménez Perona.

La Junta de Andalucía pedirá explicaciones al CSN por la filtración de agua en el almacén nuclear de El Cabril

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EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha anunciado que piensa pedir información al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por la filtración de agua de lluvia en la celda número 29 del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), un acontecimiento que ocurrió en diciembre de 2017. Un incidente sobre el que Fiscal ha mostrado su «preocupación» y su confianza en que «se actúe de manera diligente».

En este sentido, recordó que El Cabril «es una competencia exclusivamente estatal en todos los ámbitos», de manera que «no hay ningún ámbito alrededor de esta instalación que dependa de otra administración que no sea la del Estado». Asimismo, ha especificado que es la Dirección General de Industria, Energía y Minas quien representa a la Junta de Andalucia en el CSN, si bien eso no ha impedido que su departamento haya impulsado la petición de explicaciones. «Independientemente de que tengamos o no la competencia, estamos en Andalucía y todo lo que ocurre nos preocupa e importa«, asevera el consejero de Medio Ambiente de la Junta.

Enresa investiga cómo se ha filtrado agua de lluvia en una celda del almacén de residuos nucleares de El Cabril

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EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) está investigando cómo se ha filtrado agua de lluvia dentro de una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Dicho informe, que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados, recoge que los análisis realizados hasta el momento descartan riesgos, dado que «los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección».

El hallazgo de esta anomalía se produjo en diciembre de 2017, en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29. En ese momento, según revela el informe, se constata que la cantidad recogida fue superior al 100% de la definida como cantidad nominal media establecida en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, y se estima que «estas cantidades anómalas se deben a la entrada de agua de lluvia en la estructura de la celda».

«El agua recogida en el depósito ha sido analizada específicamente para la identificación de radionucleidos emisores alfa. Los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección. El titular emitió un informe al CSN que está en evaluación», concluye el informe del regulador, que informa de que a finales del 2017 el almacén temporal de residuos de baja y media radiactividad de El Cabril estaba al 76% de su capacidad.

Piden explicaciones a la Junta

Por su parte, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua. En este sentido, Maíllo expresó su «preocupación» por el informe del CSN y adelanta que Izquierda Unida pedirá información sobre «cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención sobre un hecho que ocurrió en 2017».

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar «absolutamente blindada», lanza un mensaje de falta «de previsión o de blindaje». «También se podría producir una filtración así hacia afuera», ha sugerido el coordinador andaluz de Izquierda Unida, quien ha considerado este hecho como «muy grave» al ser una «filtración que no se contemplaba» en el protocolo de seguridad.

Susana Díaz pedirá a Pedro Sánchez que paralice el proyecto del almacén gasista de Naturgy (Gas Natural) en Doñana

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Europa Press.- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantó que de entre las peticiones que trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro que tendrá lugar en La Moncloa el próximo 23 de julio, estará la petición de que paralice el proyecto de Gas Natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Díaz se pronunció así en el Parlamento andaluz donde el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, le ha preguntado por las propuestas y demandas a trasladar al Gobierno central. Ante esta cuestión, la presidenta ha dejado claro que sus reivindicaciones «no han cambiado» a pesar del cambio de color en el Ejecutivo central y trasladará «las mismas» exigencias a Sánchez que ya trasladó a Mariano Rajoy cuando acudió a Madrid hace 2 meses. En definitiva, la presidenta trasladará a Sánchez las misma reivindicaciones «de justicia» para la comunidad que ya trató con Rajoy el pasado mes de abril.

En este sentido, ha manifestado que espera que el Gobierno de Sánchez «apoye» la «defensa» de la Junta de Andalucía de paralizar el proyecto gasístico que Gas Natural pretende instaurar en el suelo de Doñana. Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida ha apuntado que el marco de interlocución con el Gobierno «ha cambiado» pero la situación de Andalucía «es la misma» y en ella está incluida la «amenaza» del proyecto gasístico en Doñana.

La Junta de Andalucía asegura que «ni un solo metro» del Parque Nacional de Doñana será utilizado para el proyecto de almacenamiento de Gas Natural

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Europa Press. – El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha insistido en que «nadie dude de que ni un sólo metro» del proyecto de almacenamiento de Gas Natural «atravesará» el Espacio Natural de Doñana. «No es sitio para un proyecto así», ha añadido fiscal.

El titular de Medio Ambiente se ha pronunciado así preguntado por el proyecto gasístico en una entrevista en Canal Sur Televisión, donde, según ha asegurado, espera que se paralice de una vez por todas. Así, ha argumentado que espera que se «abandone» el proyecto porque el espacio natural de Doñana «no es un sitio para un proyecto de esas características».

El consejero ha manifestado que espera que el nuevo Gobierno tenga «la sensibilidad que no tuvo el anterior» ante este tema y ha adelantado que habrá próximamente un encuentro con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para analizar los «asuntos importantes para Andalucía» entre los que estará el proyecto de gas de Doñana.

Una de las últimas actualizaciones sobre el tema se dio hace unos días en el Parlamento andaluz cuando se aprobó, de forma parcial, una proposición no de ley de Podemos Andalucía por la que reclama al Gobierno andaluz que inste al Ejecutivo central a paralizar inmediatamente el subproyecto Marismas Occidental de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno de Doñana, así como el proyecto Marismas en su conjunto, un punto que fue apoyado por el PSOE-A e IULV-CA, mientras que el PP-A y Cs se abstuvieron.

 

 

Endesa invertirá cerca de 85 millones de euros en la mejora del suministro en Granada y 66 millones en Huelva

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EFE.– Endesa ha anunciado un plan de inversión en el trienio 2019-2021 de 84,7 millones de euros con el fin de mejorar la calidad de suministro en Granada, una cuantía que posibilitará la generación de empleo equivalente a unos 500 puestos de trabajo gracias a la subcontratación de servicios.

El director de Distribución en Andalucía Este de Endesa, Francesc Alemany, que ha presentado el plan a la delegada de Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha indicado que las inversiones previstas para el próximo trienio son una clara apuesta de la compañía por la mejora de las redes de distribución.

Ha destacado entre las medidas a aplicar la digitalización de las infraestructuras que permite actuar de forma rápida y eficaz y que mejorará en un 20% la calidad de suministro.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz ha agradecido el compromiso de Endesa para garantizar y mejorar la calidad del suministro energético, en sintonía con la Estrategia Energética de Andalucía 2020, que busca un modelo «más eficiente, diversificado y moderno».

La delegada se ha referido además al eje eléctrico Caparacena-Baza-La Ribina, una infraestructura que garantizaría el servicio de calidad que necesitan más de medio millón de personas residentes en unos cien municipios de Jaén, Granada y Almería, y permitiría desarrollar industria en las comarcas beneficiadas y explotar el enorme potencial energético renovable que hay en la zona.

«Estas comarcas no pueden seguir esperando, por lo que, tras perder años preciosos, confiamos en que el nuevo Gobierno de Madrid sí será sensible con estas demandas y hará realidad este eje eléctrico y el indispensable impulso que necesita la zona norte para quebrar el aislamiento», ha añadido.

Además del nuevo Plan de Inversiones, el responsable de Endesa ha ratificado 21 millones de euros destinados a este 2018, perteneciente al anterior Plan (2018-2020).

En este sentido, Alemany ha matizado que este año Endesa instalará 126 nuevos telemandos en la red de distribución en media tensión, que permiten el control remoto de la red posibilitando la actuación inmediata ante cualquier incidencia.

Asimismo para este año, llevará a cabo 17 actuaciones orientadas a mejorar la red de distribución en diferentes zonas de la capital, zona metropolitana y la provincia en general, como la comarca de los Montes Orientales, el Poniente granadino, el distrito de la Vega, la costa y la Alpujarra principalmente.

Invertirá 66 millones en Huelva

Por otro lado, la compañía eléctrica va a invertir en la provincia de Huelva en el próximo trienio 2019-2021 un total de 66,6 millones de euros, con el fin de mejorar las redes de distribución y, por ende, la calidad del suministro.

Así lo ha dicho el director de Distribución en Andalucía Oeste y Extremadura de Endesa, José Luis Pérez Mañas, quien ha presentado junto al delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, Manuel Ceada, este plan de inversión.

Ha remarcado que entre las actuaciones que se van a acometer se encuentran la puesta en servicio de tres nuevas subestaciones en Villanueva de los Castillejos; La Antilla e Isla Canela que supondrá la puesta en servicio de 135 megavatios de potencia instalada que redundará en el servicio ofrecido por la compañía en toda Andalucía.

A esto se une la instalación de nuevas líneas de distribución de energía, lo que supone que en el próximo trienio se instalarán más de 220 kilómetros de nuevo cableado por toda la provincia de Huelva, es decir, la distancia por carretera que separa Huelva de Córdoba.

En concreto, la compañía instalará de 27 kilómetros de nuevas líneas de Alta Tensión, 88 kilómetros de líneas de Media Tensión, y 106 kilómetros de cable conductor de líneas de Baja Tensión.

Este año Endesa prevé invertir en la provincia 12,8 millones de euros, perteneciente al anterior plan, y merced a los cuales este año se acometerá la mejora tecnológica de 6 subestaciones, 5 nuevas líneas de media tensión, 7 nuevos cierres entre líneas de media tensión, repotenciación de 3 líneas de media tensión, 121 telemandos y numerosas adecuaciones de redes de media y baja tensión.

Por su parte, Ceada ha destacado «la importancia de estas inversiones para mejorar el suministro de todos los ciudadanos e impulsar el desarrollo empresarial de la región, así como por la generación de empleo que conlleva».