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Andalucía abre el 15 de mayo el plazo para solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios

EFE.- La Junta de Andalucía abrirá el próximo 15 de mayo el plazo para que los ciudadanos, las pymes y las entidades locales soliciten las nuevas ayudas a la mejora energética de edificios e infraestructuras. Esta convocatoria, dotada con 163,7 millones de euros para los próximos cuatro años, financiará entre el 20% y el 85% del coste de proyectos de construcción sostenible y renovación de instalaciones de aislamiento térmico, iluminación y climatización.

El consejo de Gobierno autorizó una transferencia de 75,92 millones a la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) para poner en marcha el Programa de Incentivos al Desarrollo Energético Sostenible 2017-2020, del que forman parte las ayudas. La línea de apoyo abierta ahora, denominada Construcción Sostenible, es la primera de las tres que componen el Programa de Incentivos, según explicó el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado.

Las otras dos líneas de ayudas, que también se convocarán antes del verano, son las de Pyme Sostenible, que saldrá este mes y va dirigida a impulsar un cambio de modelo energético en las pequeñas y medianas empresas, y Redes Inteligentes, en junio, para iniciativas de eficiencia y ahorro en las ciudades. Los tres bloques de ayudas suponen una aportación pública inicial de 227 millones, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se sumará a los 400 ya invertidos desde 2009, y su despliegue conllevará la creación de unos 23.500 empleos hasta 2020.

Las ayudas a la construcción sostenible respaldan inversiones de ahorro, eficiencia, aprovechamiento de fuentes renovables, reforma y adaptación de infraestructuras urbanas de uso público y privado, incluido el residencial, con un total de 38 categorías de proyectos. Entre ellos destacan los relativos a aislamiento de cerramientos, suelos y ventanas; protección solar; soluciones bioclimáticas; autoconsumo mediante energías renovables, y climatización e iluminación. Con una dotación de 163,7 millones de euros, se prevé incentivar más de 50.800 obras de este tipo en los próximos cuatro años, que supondrán un ahorro en la factura energética de 1.400 millones.

La línea respalda inversiones a partir de los 500 euros, con un mayor porcentaje de cobertura para las que conllevan soluciones más complejas e integrales, de modo que una renovación de ventanas en un edificio antiguo se apoya con un 30%, pero si se acompaña de un aislamiento el incentivo sube al 45%. En los proyectos relacionados con la energía solar, la geotérmica, la bioenergía o el autoconsumo renovable, la financiación puede llegar al 85%. Por su parte, para iniciativas que se realicen en municipios de menos de 20.000 habitantes, los porcentajes oscilan entre el 60% y el 85%, llegando al 90% si la inversión se realiza a través de un contrato de servicios energéticos.

Igualmente se da prioridad a la incorporación de elementos que permiten un uso eficiente de los recursos naturales, como los de bajo coste de funcionamiento, los que mejoran las condiciones térmicas de las edificaciones y los materiales constructivos que proceden del aprovechamiento de la biomasa o el reciclaje. Desde el punto de vista social, se presta especial atención a los más afectados por la pobreza energética. También se recogen los incentivos para proyectos de ahorro, eficiencia y fomento del uso de renovables promovidos por las administraciones, incluidas en sus edificios.

Las ayudas a la construcción sostenible, al igual que las otras líneas del Programa de Incentivos, se canalizan a través de una red de empresas colaboradoras de la AAE que facilitan su acceso a los beneficiarios con garantías de control. Hasta el momento, se adhirieron más de 1.650 firmas, principalmente pymes, y se prevé llegar hasta las 8.000 cuando todas las líneas se encuentren operativas. En el anterior programa de Construcción Sostenible se incentivaron 36.000 proyectos, que generaron 17.000 empleos.

En cuanto a las otras convocatorias, la correspondiente a la línea Pyme Sostenible destinará 36 millones de euros a impulsar un cambio del modelo de gestión energético en estas empresas por otro más eficiente y competitivo. Así, se incentivarán, entre otros, proyectos relacionados con el aprovechamiento de renovables, biomasa y biocombustibles; sustitución de combustibles tradicionales por otros menos contaminantes. Finalmente, Redes Inteligentes cuenta con un presupuesto de 27 millones de euros para impulsar la transformación de las ciudades andaluzas con el apoyo a la recarga energética de vehículos alternativos basados en la electricidad o el gas; los estudios sobre demanda y gestión mediante nuevas tecnologías, o el control del consumo en equipamientos e instalaciones urbanas.

Benjumea alega que su indemnización para dejar la presidencia de Abengoa fue aprobada «con observancia estricta»

EFE / Servimedia.- Mientras el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, asegura que Abengoa «tiene un plan de futuro» y «lo pondrá en marcha», el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, acusado de presunta administración desleal junto a otros cuatro exdirectivos de la compañía, defiende la legalidad de los 11,4 millones de euros que recibió tras su cese al ser una indemnización acordada por los órganos competentes «con observancia estricta».

Así lo hace constar Benjumea en su escrito de defensa, en el que expone que la comisión de retribuciones se apoyó «en todo momento» en un análisis de mercado para avalar tanto su indemnización como la del ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, fijada en 4,5 millones, tras lo cual fueron aprobadas y comunicadas a la CNMV. El documento matiza que la cantidad fue estipulada en función del contrato mercantil suscrito entre las partes en febrero de 2015 y que modificó las condiciones vigentes desde la entrada de Benjumea en el grupo en 1984, lo que permitió reducir los baremos.

Acerca de la renuncia del expresidente como consejero, asegura que «no comportó reconocimiento de percepción alguna». Sobre su posterior contratación como asesor, aprobada el mismo día del cese, alega que «constituye praxis común en todas las grandes compañías» a fin de no generar vacíos que perjudiquen a la firma. En este sentido, afirma que el contrato «siempre se dirigió a conseguir el beneficio de Abengoa», razón por la que Benjumea «no ha percibido un solo euro» derivado de estos servicios.

La defensa ha solicitado la comparecencia en calidad de testigos de una decena de personas, entre ellas el vicepresidente del Banco Santander, Rodrigo Echenique, y el directivo de HSBC, Pablo López, al considerar que estas entidades habrían forzado la salida de Benjumea para proceder a la inyección de capital. También pide que testifiquen el exministro de Obras Públicas y consejero de Abengoa en la época, Josep Borrell; el expresidente ejecutivo de la compañía, José Domínguez Abascal, y el exdirector financiero de la empresa, Jesús García.

Según fuentes jurídicas, la causa, en la que también figuran el expresidente Antonio Fornieles, la expresidenta de la comisión de retribuciones, Mercedes Gracia, y la exconsejera Alicia Velarde, permanece a la espera de que la Audiencia Nacional fije el calendario de sesiones. Todo ello después de que la juez Carmen Lamela decretase la apertura de juicio en un auto en el que también requería a los acusados para que presentasen de forma solidaria una fianza por responsabilidad civil de 3,4 millones, cuantía que, según las mismas fuentes, fue satisfecha por todos a excepción de Benjumea.

Aunque el frente judicial para la antigua cúpula de la multinacional sigue abierto en la misma Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno instruye otra querella de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, interpuesta por los abogados Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez por supuesto delito societario y falsedad en la inversión. Concretamente, denuncian que los administradores, a pesar de tener un presunto «pleno conocimiento» de la situación de Abengoa, ordenaron la confección de unos estados contables que «arrojaban unas óptimas cifras contrarias a la realidad». Del mismo modo, apuntan que «falsearon la información económica que Abengoa debía publicar», con lo que atrajeron inversores y financiación.

Fuentes de la Plataforma avanzaron su intención de ampliar las pesquisas a todos los miembros del Consejo entre 2014 y 2016, a la firma auditora Deloitte, así como a Abengoa como persona jurídica, una vez avance la instrucción. La Plataforma también estudia incluir en su querella la presunta comisión de delitos de estafa y falseamiento de información relevante, aunque, por ahora, continúa pendiente de recibir la documentación requerida por el juez a entidades y organismos varios a fin de esclarecer la situación de la multinacional.

«Abengoa tiene plan de futuro»

Por su parte, el consejero andaluz, José Sánchez Maldonado, indicó que «no he dejado de hablar con los responsables de la empresa y «no va a haber muchos más despidos ni pérdidas de empleo de las que ya se han producido». Según Sánchez Maldonado, el plan de futuro de Abengoa se centrará en cuatro líneas de actuación, aunque no detalló el contenido de las mismas. Sánchez Maldonado calificó a Abengoa de empresa «emblemática» y manifestó su confianza en que «volverá a resurgir, puesto que estoy convencido de la capacidad de sus actuales dirigentes de llevar a buen puerto de nuevo la empresa y su crecimiento».

El Tribunal Supremo multa a Endesa con un millón por los cortes eléctricos en Sevilla en el verano de 2004

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha impuesto una multa de un millón de euros a Endesa Distribución Eléctrica por «una falta muy grave» con los cortes de suministro eléctrico, de entre 43 minutos y más de 14 horas, que se produjeron en zonas de Sevilla capital y provincia en el verano de 2004, en concreto, del 1 de junio hasta el 16 de julio, y que afectaron desde 1.202 a 62.151 clientes.

Así, en su sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha señalado que ha estimado el recurso de la Junta de Andalucía y parcialmente el de Endesa y anula la sentencia recurrida, modificando la calificación de la infracción, que pasa a ser muy grave, y la cuantía de la multa, que se fija en un millón de euros. Cabe recordar que la Junta impuso a Endesa una multa de 1.502.530 euros en este caso por una falta muy grave. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo y, además de rebajar la calificación de la infracción de muy grave a grave, fijó la multa en 60.101 euros.

En cuanto a la tipicidad de la infracción, el Tribunal Supremo descarta la interpretación que hace la empresa suministradora del concepto de interrupción del suministro, que determina que solamente sería muy grave la interrupción determinada voluntariamente por la propia empresa. Por el contrario, indica que lo que la infracción contempla es cualquier discontinuidad en el suministro que no encuentre causa de justificación. «Ciertamente no podría sancionar la Administración como infracción muy grave cualquier interrupción de suministro ocasionada por una avería”, asevera la sentencia, pero en este caso señala que “constan acreditadas un número de interrupciones suficiente como para que la Administración haya considerado que se incumplió muy gravemente la obligación básica de una empresa distribuidora».

Para el Tribunal Supremo, «aunque no haya argumentado en términos concretos sobre cuales han sido los posibles problemas de mantenimiento o de dimensión que presumiblemente hayan propiciado los cortes de suministro, lo cierto es que lo que contempla la infracción muy grave aplicada contenida en la Ley del Sector Eléctrico es la existencia de interrupciones, y que razonablemente las acreditadas en el expediente sancionador pueden calificarse como de extremada relevancia».

Por último, recuerda que «tampoco la parte ha probado en términos concretos en su descargo el carácter inevitable de las averías producidas, pues la prueba de cargo es la existencia de interrupciones no programadas, no negadas por la empresa distribuidora, y es a ésta a la que compete justificar su falta de responsabilidad en dichas interrupciones«. Aunque el Supremo reconoce que «se podría producir una cierta tensión entre las exigencias de información impuestos por la Administración y el derecho constitucional a no declarar contra sí misma», subraya que este derecho no se vulnera «cuando la empresa requerida ha de proporcionar a la Administración la información de unos hechos objetivos sobre su actividad de distribución eléctrica».

Salvemos Doñana propone a la Junta andaluza que acuda al Tribunal de Luxemburgo contra la autorización al almacén de gas

Europa Press.- Miembros de la Plataforma Salvemos Doñana se reunieron con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para solicitar a la administración andaluza la garantía de que el Gobierno andaluz está actuando y valorando sus opciones para parar el proyecto Marismas Occidental del almacén de gas natural en Doñana, que ya está en marcha, y el compromiso de mantener «hasta las últimas consecuencias» esta oposición oficial a convertir Doñana en almacén industrial.

En particular, Salvemos Doñana ha requerido a Fiscal que la Junta de Andalucía «pase a la acción» para paralizar el proyecto industrial y, concretamente, solicitan que se acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, radicado en Luxemburgo. Los asistentes consideran que ha sido un encuentro necesario para intercambiar información y planificar las actuaciones a llevar a cabo para continuar trabajando para la paralización del proyecto mediante acciones políticas, movimiento social y actuación jurídica.

Durante la reunión, los miembros del colectivo solicitaron el informe remitido en febrero a la Comisión Europea, pero fueron informados de que dicho documento se encuentra aún en tramitación por el Ministerio competente y no ha sido remitido a Bruselas. Asimismo, trasladaron a Fiscal la necesidad e importancia de sustituir los proyectos industriales de gas natural en la zona protegida y su entorno inmediato por «proyectos integrados y respetuosos con su incalculable valor», la creación de empleo verde y el uso de energías limpias. Por su parte, el consejero reiteró a los asistentes su «oposición tajante, tanto personal como del Gobierno andaluz, al proyecto dentro y fuera del espacio protegido».

Fiscal expresó a Salvemos Doñana su intención de mantener el trabajo tanto en el ámbito político como en el seguimiento «exhaustivo» de las obras para el cumplimiento de todos los condicionados de la Autorización Ambiental Unificada y las leyes aplicables y en el estudio por parte del gabinete jurídico de la Junta de las posibilidades legales para saber si hay alguna forma jurídica de paralizar el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana. En este sentido, los miembros de la plataforma hicieron hincapié a Fiscal de que, en última instancia, es necesario recurrir al Tribunal de Luxemburgo contra la autorización del Gobierno central dada al proyecto industrial de almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana.

La organización ecologista Greenpeace lleva el proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural Fenosa en Doñana al Defensor del Pueblo

Europa Press.- Greenpeace ha presentado ante el Defensor del Pueblo nacional una queja por el proyecto de Gas Natural Fenosa, denominado Marismas, para la explotación y almacenamiento de gas en el entorno del Espacio Natural de Doñana. La organización pide que la oficina que dirige Soledad Becerril inste al Gobierno andaluz y al central a revisar la evaluación de impacto ambiental (DIA) del proyecto y ajustarla a la normativa y exigencias actuales.

Según la organización ecologista, se denuncian así que las actuaciones de Gas Natural Fenosa vulneran el artículo 45 de la Constitución, que obliga a la protección del medio ambiente, ya que considera que Gobierno y Junta «han hecho dejación de su obligación de proteger el Espacio Natural de Doñana». Greenpeace recuerda que el proyecto Marismas fue partido en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) por Gas Natural Fenosa «con el objetivo de ocultar el impacto ambiental acumulado del proyecto global y lograr así más fácilmente las autorizaciones«.

«El proyecto de Gas Natural Fenosa supone un grave peligro para Doñana por las implicaciones ambientales que la explotación y almacenamiento del gas tiene para un entorno tan frágil, amenazado y necesitado de protección. Este proyecto pone de nuevo los intereses privados por delante del general», ha declarado Julio Barea, portavoz de Greenpeace. En su denuncia, Greenpeace también informa a la Defensora del Pueblo de que en la DIA, «los riesgos sísmicos de la zona no han sido debidamente considerados«, como a su juicio queda de manifiesto en el informe técnico elaborado por «prestigiosos geólogos» que recoge «explícitamente las propias dudas expuestas en la DIA”.

Greenpeace señala además que el proyecto cuenta con «un gran y contundente rechazo social manifestado en la oposición de importantes y numerosos sectores de la sociedad y también de los poderes públicos» y recuerdan que se han recogido casi 250.000 firmas en contra o que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una Proposición no de Ley sobre la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en Doñana y que el Parlamento de Andalucía instó al Gobierno de esa comunidad autónoma a adoptar las medidas necesarias y a estudiar las vías legales para paralizar el citado proyecto. También han mostrado su oposición los Ayuntamientos de Viso del Alcor y de San Juan del Puerto.

Un fallo eléctrico provoca una parada en la refinería de Cepsa en San Roque y la Junta andaluza niega incidencias

EFE.- Podemos ha pedido al Gobierno explicaciones por las emisiones de la refinería de Cepsa en San Roque (Cádiz), tras la intensa humareda que salió de las chimeneas de la factoría tras un fallo externo en el suministro eléctrico. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ya indicó que no hubo «ninguna incidencia grave, que no se superaron los parámetros de contaminación exigidos” en la parada no programada en las instalaciones de Cepsa.

Según explicó la compañía, la interrupción del suministro ha generado «una descarga puntual de gases a las antorchas, ocasionando llamaradas altas», que han provocado una humareda negra visible desde todo el arco de la Bahía de Algeciras. Desde la refinería se dio aviso al servicio de Emergencias 112, al Comité de Vecinos y a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y se activó el Plan de Emergencia Interna de nivel 1. Con posterioridad, el 112 activó al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, si bien la incidencia se resolvió con medios propios de la refinería y no fue necesaria la intervención de estos cuerpos.

Desde la compañía puntualizaron que el suceso ha tenido «nulas consecuencias para las personas y para el entorno» y han apuntado que estas «descargas puntuales de gases» se deben al «buen funcionamiento de los sistemas de seguridad de la planta». Según Cepsa, dichas descargas son «compatibles con los estrictos controles de seguridad y de medioambiente», y que, «en ningún caso suponen un riesgo para la población ni para los empleados».

Las 7 antorchas distribuidas por las instalaciones de Cepsa son «un elemento de seguridad imprescindible para liberar presión de los equipos de las unidades de proceso». Estos sistemas de seguridad están específicamente diseñados para quemar el gas resultante de una parada imprevista, puestas en marcha o cortes de tensión eléctrica, evitando así su emisión al medio ambiente y regularizando las unidades. «Todo el proceso está controlado de forma segura y ambientalmente efectiva para reducir las eventuales emisiones. Este dispositivo forma parte del funcionamiento normal de las instalaciones industriales», han asegurado.

La Junta niega incidencias graves

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía señaló que no hubo «ninguna incidencia grave, que no se superaron los parámetros de contaminación exigidos», según el Ayuntamiento de San Roque, cuyo concejal de Salud y Medio Ambiente, Juan Serván, contactó con la Consejería para obtener más información sobre el suceso. Desde el Consistorio sostienen que siguen recabando datos para corroborar que «no corrió riesgo alguno la salud de los ciudadanos ante el episodio de intenso humo negro que salió de las antorchas de la refinería».

Serván subrayó que «todo el mundo en San Roque estuvo pendiente de lo que sucedió». Desde el Ayuntamiento, apuntó, «nos pusimos en contacto con la refinería y se nos informó de que el humo era consecuencia de un apagón eléctrico». «De todas formas fue muy desagradable, porque se vio una manta de humo negro en toda la Bahía. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir exigiendo datos sobre lo sucedido», alegan.

Podemos pide explicaciones al Gobierno

Por otro lado, la diputada por Cádiz, Noelia Vera, explicó que Podemos registró en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que preguntan por el impacto que genera en la salud de los ciudadanos las emisiones de la refinería Cepsa de San Roque a raíz de este incidente. Se trata de la segunda ocasión en la que el grupo se interesa por esta problemática, ya que la primera vez «el Gobierno eludió la respuesta con el argumento de que se encontraba en funciones».

«Las chimeneas de la factoría expulsaron una densa humareda que se hizo visible en distintos puntos del Campo de Gibraltar, lo que generó una gran alarma en la población, especialmente en San Roque». Para la diputada, «este hecho constata un problema de fondo, debido a las emisiones contaminantes de la planta, que generan una preocupación en la población por el posible impacto en la salud de las personas», sostiene Vera.

Por ello Podemos «quiere conocer qué información tiene el Gobierno de Rajoy sobre el incidente, así como el impacto en la salud de los habitantes del Campo de Gibraltar por las constantes emisiones contaminantes de la refinería y de otras plantas industriales en la zona». En este sentido recuerdan que «el cáncer es la principal causa de muerte en esta parte de la provincia, con una cifra muy por encima de la media en comparación con el resto de localidades de Cádiz y las ciudades del resto de Andalucía, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía».

Susana Díaz tilda de “cruel” al Gobierno por «permitir que se especule con un suministro vital» como la electricidad

EFE.- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, calificó de «cruel» al Gobierno central del PP por «permitir que se especule con un suministro vital», como es el de la electricidad, además, en plena ola de frío. Díaz criticó que «en estos días, se está jugando con algo básico como es la luz, uno de los elementos que provocan desigualdad».

Se ha preguntado cómo es posible que «cuando el barril de petróleo estaba a la mitad de precio de lo que está ahora la factura de la luz era más barata»; pues considera que es así porque «el lobby de las eléctricas está haciendo negocio». Por ello, ha pedido al Gobierno central y a su presidente, Mariano Rajoy, «que no mienta más», que reconozca que «está dejando hacer negocio con un suministro vital» y que «está abriendo más las brechas de la desigualdad». «Qué le va a decir a los ciudadanos, si ha permitido la crueldad de que en plena ola de frío suba la factura de la luz; está permitiendo que algunos especulen con un suministro vital», ha incidido.

La Junta de Andalucía y Equo «no entienden» la retribución al almacén gasista de Doñana mientras el Gobierno la justifica

Europa Press / EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, asegura que la retribución a Gas Natural Fenosa de 6,34 millones de euros por costes de operación y mantenimiento por el almacén subterráneo de Doñana «no la entiende nadie», toda vez que exige al Gobierno central que «escuche el clamor social que existe en Andalucía y haga una evaluación conjunta de las consecuencias que puede tener este proyecto para Doñana y para su entorno».

Fiscal asegura que la retribución que el Gobierno concede a Gas Natural por el proyecto de Doñana «más allá de que esté recogido en la norma; no lo entiende nadie», y en cualquier caso, añade, «el impacto hubiese sido mucho menor si, tal y como le pide la sociedad andaluza en su conjunto, partidos políticos, ONG y ayuntamientos, hubiese evaluado este proyecto conjuntamente y no parcelado en cuatro subproyectos». Por tanto, Fiscal señala que la Junta, por su parte, «ha emitido autorizaciones ambientales negativas, blindando el Espacio Natural de Doñana».

Precisamente, Fiscal señala que de esta tema tratará el 19 de enero con el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Karmenu Vella, al que trasladará la realidad de Doñana, «haciendo hincapié en este proyecto para que, dado que la Unión Europea es una administración con los ojos puestos en el Espacio Natural, exija al Gobierno central que haga una evaluación conjunta de forma que conozcamos las sinergias así como los efectos que el proyecto puede tener para una joya natural como ésta», toda vez que asegura que la Junta «va a impedir por todos los medios este o cualquier otro proyecto que pueda poner en riesgo el espacio».

Por tanto, Fiscal reitera su petición al Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de un proyecto sobre el que considera que el Gobierno del PP “ha dado un acelerón que solamente la Junta ha conseguido frenar». Por último, y cuestionado sobre si las autoridades europeas tendrían capacidad de frenar este proyecto, Fiscal cree que por «lo menos tendrían capacidad de influir en el Gobierno, que es de quien depende sustantivamente el proyecto del gas, para que se analizaran las consecuencias del conjunto del proyecto y Doñana no se viera en ningún caso perjudicada».

«Retribución del Gobierno de Zapatero”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, negó que los 6,34 millones de euros reconocidos a Gas Natural «sean una subvención» y ha explicado que se trata «del cumplimiento de una retribución ordinaria del Estado por almacenamiento de gas en las marismas que fue establecida por el Gobierno anterior«. Sanz ha recordado que el almacén «fue planificado por el Gobierno en 2008, cuando gobernaban los que exigen responsabilidades por esta materia», con lo que considera «muy extraño que no lo sepan los que están pidiendo explicaciones».

Además, Sanz apunta que «cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Estado, pero también de la Junta», por lo que «sorprende que la actuación de la Junta sea criticar esta actuación». Por tanto, el delegado del Gobierno pide «un poco de coherencia y responsabilidad, y menos confrontación y demagogia» porque, añade, «sería deseable que en esta materia se sea responsable con lo que se hace, y cuando se deja el Gobierno, al menos se reconozca que la responsabilidad no la tiene el actual».

Equo pide explicaciones al Gobierno

Por su parte, Equo exige explicaciones al Gobierno tras conocer la retribución a Gas Natural Fenosa y ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en la que cuestiona al Ejecutivo sobre esta partida y sobre su justificación para reconocerla. En el documento, firmado por el diputado Juan López de Uralde, Equo insiste en la posibilidad de que este proyecto acabe paralizado este año. El partido destaca la «enorme oposición» que existe en torno al depósito por parte de colectivos sociales, ecologistas y vecinales, que alertan del riesgo del proyecto de Gas Natural. «Ha sido denunciado en instancias europeas y nacionales por el peligro del mismo para el medio ambiente», sentencia.

El sector andaluz de las energías renovables mira a México y Centroamérica para exportar

EFE.- El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha señalado a México y Centroamérica como mercados estratégicos para las energías renovables, con motivo de la inauguración de una misión comercial organizada por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). El objetivo principal de esta acción es estrechar lazos comerciales con estos mercados y dar a conocer los principales proyectos e innovaciones que las empresas tienen implantados en el ámbito de las renovables en Andalucía.

Ramírez de Arellano destacó la importancia de las energías renovables en Andalucía y ha subrayado que la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020 «contribuirá a la recuperación de la economía andaluza mediante un modelo de desarrollo adaptado a la situación actual». En Andalucía, las energías renovables se mantuvieron en 2015 como tercera fuente de mayor aporte de energía a la matriz de consumo total andaluz con un 17,2%. Asimismo, los recursos renovables suponen el 99,7% de la producción de energía autóctona. El perfil de empresa andaluza en este sector son pymes e ingenierías vinculadas al sector fotovoltaico, solar termoeléctrico, eólico y productores de placas solares térmicas.

Se abre a más mercados

El sector de las energías renovables, que se ha desarrollado como tal en Andalucía en los últimos quince años, ha empezado a tomarse en serio a partir de 2008 su salida al exterior. Hasta entonces era Alemania (principal productor) el mercado de más interés y a partir de 2008, Estados Unidos, Brasil, Chile y México como principales puntos de interés para las empresas que trabajan con Extenda. Desde el año 2008 hasta 2016 un total de 353 empresas de energías renovables han participado en 945 acciones de Extenda, generado así 3.355 participaciones de estas firmas.

La Universidad de Sevilla analizará las reformas energéticas que se han realizado en viviendas públicas de Andalucía

EFE.- La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla han firmado convenios de colaboración para analizar los resultados de las obras de rehabilitación energética que se llevaron a cabo en los inmuebles del parque público autonómico. El fin de estos análisis es conocer los resultados reales de las obras y los beneficios que están reportando a las familias que residen en esas viviendas, según la Consejería.

Los convenios implican a las escuelas técnicas superiores de Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería de la Edificación y en cada uno de estos centros se están constituyendo equipos de trabajo formados por unas 15 personas, entre profesores, becarios y técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). En 8 de los edificios en los que se intervino, un total 772 viviendas, se incorporaron equipos de seguimiento para conocer el comportamiento interior de los inmuebles, antes y después de las obras. Los datos recogidos por los aparatos de monitorización instalados son los que ahora analizarán los equipos de trabajo.

Las actuaciones de AVRA se vienen realizando desde 2014 tras la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de un decreto de impulso a la construcción sostenible. Dichas obras consistieron en la mejora de las envolventes de los edificios residenciales, el cambio de ventanas de las viviendas y de los espacios comunes o el tratamiento de cubiertas y fachadas con materiales aislantes. Actualmente, la Consejería está preparando otros tres proyectos piloto de monitorización en edificios de viviendas situados en Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) en los municipios de Puerto Real (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), con un total de 330 viviendas que están siendo rehabilitadas.