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Andalucía ve «disparatadas» las palabras de Nadal sobre el almacén de gas de Doñana y recalca la responsabilidad del Gobierno

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, considera «disparatadas» las declaraciones del ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre el almacén que Gas Natural tiene previsto construir en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, en las que «decía que la evaluación ambiental de los proyectos correspondía a la Junta de Andalucía cuando cualquiera sabe que es una competencia exclusiva del Gobierno de España».

En este sentido, Fiscal tachó de «desafortunadas» estas declaraciones de Nadal y ha afirmado «que de alguna manera el ministro pretendía hacer recaer la responsabilidad de esta asunto en el Gobierno de la Junta de Andalucía». Así, Fiscal señala que «esto obedece a que el Gobierno se ha quedado solo, ya que todo el mundo está en contra de esteproyecto excepto el PP y el Gobierno de España, y me refiero a la Junta, a los ayuntamientos de la zona, a las organizaciones ecologistas, a las organizaciones agrarias, colegios profesionales, universidades, comunidad científica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Geológico Minero de España, en resumen, todo el mundo, lo que ha hecho que el ministro diga estos disparates».

Además, y sobre las últimas actuaciones llevadas a cabo por su departamento, ha destacado que «están utilizando todas las herramientas jurídicas y administrativas, para en lo que dependa de ellos, frenar el proyecto» y ha recordado que «han presentado un requerimiento ante el Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de los 4 subproyectos y no de uno en uno». Pero, añade, el Gobierno «hasta ahora no ha contestado y, cuando conteste, analizaremos la cuestión, porque tal y como dijimos, según esta contestación, el gabinete jurídico de la Junta iniciará acciones judiciales«, porque «entendemos que este no es lugar para un almacén de este tipo y vamos a blindar el Espacio Natural de Doñana».

En este sentido, apunta que «han impedido que se adentre en el espacio natural protegido» y «mientras nosotros estemos aquí ni un solo metro de este proyecto atravesará Doñana, de eso pueden estar los andaluces tranquilos. Hay que recordar que Nadal aseguró que el almacén de gas Marismas Occidental no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un “visto bueno 100%” de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico. Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento, después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidió encargar una evaluación al IGME.

Nadal asegura que el almacén de gas de Doñana no funcionará sin el «visto bueno» de la Junta de Andalucía

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el almacén de gas Marismas Occidental, que Gas Natural Fenosa tiene previsto llevar a cabo en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un «visto bueno 100%» de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico.

En la Comisión de Energía del Congreso, Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento «por prudencia» y después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidieron encargar una evaluación al IGME. Según ha insistido, si no está garantizada la seguridad de la zona por parte de estos dos actores, el almacén de gas que se pretendía construir en la zona conocido como Marismas Occidental, no se llevará finalmente a cabo. «Jamás con una declaración medioambiental desfavorable lo ordenaríamos», ha aseverado.

Sin embargo, la portavoz de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha acusado al ministro de conocer ya el resultado del informe del IGME que, según ha señalado, acusa a Gas Natural Fenosa de «rebajar» el nivel de riesgo de inundaciones de la zona que, según el instituto, debería ser declarada «de alta peligrosidad». En este sentido, ha pedido que se haga público ya el documento para poder acceder a esa información.

En este sentido, el ministro se refirió al anuncio que el Ejecutivo andaluz realizó sobre su intención de revocar el informe favorable sobre este proyecto. Una decisión que Nadal ha animado a llevar a cabo «por los medios adecuados», es decir, a través de procesos administrativos y no «con declaraciones públicas». El ministro ha indicado que lo que no puede pasar es que el Gobierno tenga ahora un documento favorable «y luego se le pida que deniegue la ordenación de funcionamiento«. A estas palabras se ha unido el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, quien ha aplaudida “la autoenmienda”.

Nadal ha tenido que enfrentarse también a las críticas vertidas por el PSOE. La portavoz socialista, Josefa Inmaculada González, ha demandado al ministro la paralización definitiva del proyecto y señaló que la seguridad no está garantizada en el entorno del Parque Natural si no se hace una evaluación de impacto «acumulativa» de los 4 almacenes. Se refiere así al resto de proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona, conocidos como Marismas Oriental, Aznalcázar y Saladillo. El primero, según explicó Nadal, ya cuenta con un informe desfavorable de la Junta desde 2016, mientras que los otros están pendientes de evaluación.

Sin embargo, Nadal ha apuntado que su departamento, aunque tome decisiones en base a los informes de impacto ambiental, no tiene competencias en esta materia, sino que, en este caso, la autoridad es la Junta. «Una cosa es que nosotros siempre priorizamos los sistemas de seguridad ambiental, y otro que seamos nosotros los responsables de hacerlos», insistió. Del mismo modo, ha tranquilizado a los partidos de la oposición que han mostrado su preocupación por la seguridad de este proyecto: «Descuiden, nosotros no vamos a cometer el error que se cometió con el proyecto Castor», concluyó.

El PSOE pide un estudio de impacto conjunto del almacén de gas en Doñana y la paralización de las obras

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Europa Press.- El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por parlamentarios, diputados, alcaldes y dirigentes locales del entorno del Parque Nacional de Doñana, ha pedido un estudio de impacto conjunto de los proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona y la paralización de estas obras. De esta forma, los socialistas onubenses han querido “despejar el más mínimo resquicio de duda que pudiera subsistir sobre la postura que el PSOE mantiene en relación al proyecto de gas en Doñana”.

De este modo, el secretario general de la Ejecutiva Provincial, Ignacio Caraballo, criticó el proyecto a las puertas de Marismas Occidental, denominación del primero de los cuatro subproyectos en que ha quedado dividida una actuación que, «a juicio de todos, excepto del Gobierno y de la empresa proponente, requiere un estudio sobre su conjunto y no por separado, para conocer el impacto real, si existe riesgo y si es viable».

Así, la cúpula del PSOE onubense ha querido expresar «su absoluto rechazo» al proyecto y ha pedido que se paralice de manera inmediata «la ejecución de Marismas Occidental, en tanto en cuanto el Gobierno no adopte la decisión de evaluar el impacto ambiental sobre el conjunto de los cuatro subproyectos». «Lo primero es que estamos en contra absolutamente de que Doñana sirva de almacén de gas; lo segundo es que no se puede jugar al engaño permanente, haciendo creer a los ciudadanos que no existe peligro porque la realidad es que el Gobierno no lo sabe con certeza; lo tercero es que es un clamor social, nadie quiere este proyecto, por tanto, el Ejecutivo debe pararse a reflexionar», remarcó Caraballo.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha dicho, en nombre de todos los alcaldes socialistas del entorno, que suscribe la petición de paralización y la exigencia de la declaración conjunta del proyecto. «Pedimos impulsar cuantas acciones legales procedan para detener cautelarmente su ejecución», ha continuado Caraballo. Para los socialistas, «Doñana no es el lugar más idóneo para almacenar gas, nos hemos negado a ello desde el seno del partido y desde la Junta de Andalucía», ha continuado.

En esta línea, ha pedido al Gobierno del PP que «recapacite y dé su brazo a torcer». «Si al PP no le importa Doñana, a nosotros nos importa, y mucho. Pedimos al Gobierno que se rinda. Es la primera vez que una comunidad autónoma deniega una Autorización Ambiental Unificada (AAU) a un Gobierno que ha emitido ya su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, lo que demuestra la seriedad y contundencia con la que ha actuado la Junta de Andalucía», ha afirmado el dirigente socialista.

Según ha sostenido, «las tesis que defienden tanto el Gobierno andaluz como los socialistas onubenses vienen avaladas por las posturas adoptadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, primero, y por el Defensor del Pueblo Español, después, así como de la Delegación del CSIC». Ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido paralizar el proyecto en su conjunto y su impacto, así como estudiar los riesgos sísmicos que podría provocar esta actuación.

Cita al Defensor del Pueblo

Por su parte, relató que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los 4 subproyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, además de sugerir que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas. De esta manera, como ha reiterado, se pretende valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas y garantizar que Doñana y su entorno no se vea negativamente afectado. Este organismo se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos.

La emisión de estos informes de estos organismos se produce después de analizar la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España en la que se advertía de la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los mismos por separado». Además, este informe también generaba dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados, además de considerar que las evaluaciones individuales de los mismos «no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico«. De esta manera, el Defensor ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar, así como la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su permiso la Junta.

Por su parte, Caraballo ha subrayado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ya está dando pasos para emprender acciones legales con que paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana. De hecho, ha presentado un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente como paso previo a un futuro recurso contencioso administrativo.

Esta decisión se ha adoptado tras ser «desoída la exigencia de la Junta de que el Gobierno central modifique las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos en que se ha dividido el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana y de que se instase al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que llevara a cabo la paralización de Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos».

Tras tener conocimiento de que el Instituto Geológico y Minero ha advertido en un informe interno de que Gas Natural «rebajó la peligrosidad por inundaciones al acuífero en su estudio de riesgos obligatorio para la autorización de puesta en servicio y se avisa de que la nueva normativa que limita los usos en el dominio hidráulico puede afectar al proyecto, hemos solicitado oficialmente, desde la Junta, la remisión de dicho informe. Que no se demore más. Celeridad es lo que necesita este asunto», ha concluido.

Salvemos Doñana se reúne con la Junta de Andalucía para impulsar acciones que cancelen el almacén de gas

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Europa Press.- La Plataforma Salvemos Doñana ha mantenido recientemente una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para intercambiar información sobre las diferentes acciones que la administración ambiental y la plataforma ciudadana han realizado y tienen previstas para lograr un objetivo que es «común al 100%» para ambas entidades, que es la cancelación definitiva del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural en Doñana, incluidos todos y cada uno de sus 4 subproyectos.

En esta segunda reunión, ya que la primera fue en 2017 según ha precisado el colectivo, Fiscal ha informado a la plataforma de que la Junta ha elevado un requerimiento al Gobierno central y considera que tiene las herramientas necesarias para abrir la vía contencioso-administrativa, a la cual «el consejero se ha mostrado totalmente convencido de que van a llegar«.

Salvemos Doñana, por su parte, informó al responsable autonómico de que va a seguir apostando por las acciones para informar a la ciudadanía y lograr la movilización tanto de los habitantes de la comarca como de la sociedad en general. Para ello, se han abierto de nuevo las diversas páginas de recogida de firmas digitales, que permiten a todas las personas apoyar de forma «eficaz» la petición a los gobiernos autonómico, central e incluso europeo de que sea cancelado. A primeros de febrero se hará entrega en registro oficial de los «muchos miles» de firmas y apoyos recogidos para proteger Doñana, «que está amenazado de contaminación y deterioro, así como de riesgo sísmico y otros perjuicios ocasionados por este proyecto«.

Asimismo, Salvemos Doñana está organizando una hoja de ruta con acciones participativas, propuestas de movilización y encuentros informativos «para que nadie se quede con la duda sobre la importancia de cancelar el almacén gasista en Doñana, la necesidad de proteger los recursos naturales y que la oportunidad de lograrlo viene de la mano de la unión de todo el mundo para proteger el humedal y el paraíso andaluz que es Doñana». El colectivo ciudadano apoya un cambio de enfoque en esta comarca para impulsar la lucha contra el cambio climático con un modelo energético que cree empleo verde en sus municipios y base el desarrollo local en las energías limpias y renovables, «un enfoque viable, novedoso y de gran potencial».

La Junta de Andalucía pide al IGME el informe que alerta de riesgo en el proyecto de gas de Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la Junta de Andalucía va a pedir «de inmediato» el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), «una institución del propio Estado», en el que «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización«, ha advertido.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

El consejero ha asegurado que «si esto es así, no cabe más remedio que hacer caso a lo que le ha pedido la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un requerimiento que se le envió en diciembre para que paralice inmediatamente la ejecución de Marismas Occidental y haga una declaración de impacto ambiental nueva del conjunto de los 4 proyectos». En este sentido, Fiscal ha recordado que eso es lo mismo que ha pedido el Defensor del Pueblo andaluz y español y ha insistido en que «si este informe es así, que lo hemos solicitado, no hay otro camino más que la paralización, no vemos otra cosa«.

Maíllo (IU) arremete contra Díaz

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno la suspensión cautelar del proyecto, ya en marcha, así como también que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se posicione al respecto. Maíllo ha defendido que «no puede cernirse sobre Doñana un proyecto que es una bomba en su subsuelo, de alto riesgo para el parque nacional, toda la zona y todos sus habitantes». Este informe es, según Izquierda Unida Andalucía, «una razón más, y de peso, para que se paralice este proyecto».

Maíllo ha anunciado que su formación solicitará en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que haga una valoración del informe del Instituto Geológico y Minero» que alerta de la «alta peligrosidad» de uno de los mencionados almacenes. Para el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, es necesario que el Gobierno de Susana Díaz «se posicione» ya que tras este informe existe «una base que ratifica lo que numerosos colectivos, entre ellos Izquierda Unida, han advertido: el alto riesgo del gaseoducto». Asimismo, ha recordado que varias entidades y la propia Universidad de Huelva alertaron de los peligros de este proyecto, un posicionamiento «ratificado ahora por el informe del IGME.

Facua quiere paralizar Marismas Occidental

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el IGME, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorios para la autorización de puesta en servicio. Dicho informe, según expone Facua, fue pedido por el Ministerio de Energía, tal y como exige la autorización administrativa del proyecto y el IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio.

6,3 millones subvencionando el proyecto

La asociación ha recordado la subvención concedida por el Gobierno a Gas Natural Fenosa de 6,3 millones de euros para el 2018, que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas y critica que se destinen cantidades millonarias de dinero pública a proyectos que pueden resultar perjudiciales para la salud humana o su entorno.

Del mismo modo, Facua cuestiona que el Gobierno, a la hora de conceder subvenciones a los proyectos de Gas Natural Fenosa, no tenga en cuenta informes presentados como el de la Unesco que señalaba este tipo de actividades en Doñana como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como patrimonio de la Humanidad y el Defensor del Pueblo que criticó en un informe, publicado el pasado noviembre, que el emplazamiento de este tipo de proyectos no es una actividad propia de este entorno ante el riesgo sísmico.

Unidos Podemos pregunta en el Congreso por la subvención del proyecto de Gas Natural en Doñana y reclama su paralización

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Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado una nueva pregunta en el Congreso respecto al proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural en Doñana en la que ha pedido explicaciones al Gobierno por la última subvención concedida a Gas Natural. El coportavoz federal de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha tildado de «disparate» que no se frene el proyecto y se subvencione con dinero público. «Por supuesto que pedimos explicaciones y reclamamos de nuevo su paralización», ha sentenciado.

Así, Unidos Podemos ha vuelto a llevar al Congreso el proyecto que Gas Natural pretende poner en marcha en Doñana, preguntando esta vez por «los 6,3 millones de euros que el Gobierno ha concedido a la empresa para sufragar el almacenamiento de gas en el subsuelo del espacio natural». La formación ha instado al Gobierno a pronunciarse sobre si «conoce el informe del Defensor del Pueblo que desaconseja el almacenamiento de gas en Doñana» y sobre el motivo para mantener esta subvención, «teniendo en cuenta la oposición y los informes existentes en contra del proyecto«.

Por su parte, la coportavoz andaluza de Equo, Carmen Molina, aprovechó para volver a pedir a las distintas administraciones, y en especial a la Junta de Andalucía, «contundencia a la hora de dejar claro que el proyecto no se llevará a cabo». Molina ha reclamado que «se acabe con la incertidumbre» y se diga ya «abiertamente» que este proyecto «no se materializará de ninguna de las maneras». «Aunque se agradece que la Junta de Andalucía esté de parte de quienes nos oponemos al proyecto, dejando atrás esa etapa en la que otorgaba autorizaciones ambientales a esta empresa, son necesarias más acciones y menos palabras», indicó.

Para Unidos Podemos, con esta nueva subvención el Gobierno «vuelve a primar los intereses de una empresa extractiva y contaminante» en lugar de elegir «apostar por pequeñas empresas y cooperativas de energías renovables». Así lo señala el también coportavoz andaluz de Equo, Francisco Sánchez Molina, quien ha criticado que el Ejecutivo del PP «no aprenda del pasado». «El proyecto Castor es otro ejemplo de cómo el Gobierno central va de la mano de un oligopolio energético altamente contaminante y destructivo con el medio natural», ha denunciado, al tiempo que ha explicado que «estas empresas se lucran con la connivencia de los gobiernos centrales y autonómicos«.

Con todo, la formación ha insistido en «no bajara la guardia» porque con esta subvención el Gobierno «avala el interés general de un proyecto al que multitud de colectivos, partidos y ciudadanía» han mostrado su «más profundo rechazo». Por ello, ha reiterado que la prioridad «debe ser escuchar al CSIC y al IGME para evitar consecuencias» como la de Castor, porque si «hay que esperar a que la Justicia resuelva, damos tiempo a Gas Natural y al PP para culminar un proyecto inviable para Doñana».

“La subvención es una barbaridad”

Por su parte, la diputada por Huelva de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha criticado que «esta barbaridad del Gobierno central de nuevo demuestra que gobierna para Gas Natural», indicando además que «con esta partida y otra en el anterior año, ya ha recibido esta empresa, que quiere utilizar Doñana para almacenamiento de gas, un total de 12,6 millones en concepto de peaje y cánones», estimó. En este sentido, lamenta que el Gobierno «haga oídos sordos» ante todas las denuncias que van contra este proyecto tanto de vecinos, ayuntamientos, Unesco, UICN, ONGs, organizaciones ecologistas, instituciones e incluso el Defensor del Pueblo.

Por otra parte, ha criticado que el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), al que hace referencia el Defensor del Pueblo, «no esté publicado y sea accesible a la ciudadanía y las instituciones«, y asegura encontrarse a la espera de las respuestas a las preguntas registradas en el Congreso para conocer «por qué ocultan dicho informe y cuándo estará accesible su información».

Por su parte Jesús Romero, parlamentario autonómico por Huelva de Podemos Andalucía, calificó de «irresponsables e inmaduras las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, al afirmar que el odio nubla la razón de Podemos al obviar que el PP es responsable del proyecto de gas en Doñana«. Romero recordó que en 2010, cuando el Gobierno era presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se dio la primera declaración de impacto ambiental al proyecto y «ningún diputado ni en el Parlamento ni en el Congreso manifestaron queja ninguna ni emprendieron ningún procedimiento para impedirlo, ni del PP, ni del PSOE».

Por ello, Romero ha criticado «la inacción continua del Gobierno andaluz, incluso cuando en 2013 y 2014 la Unesco advertía de los peligros de Doñana» y ha recalcado que la Junta «sólo comienza a posicionarse en contra del proyecto y tomar alguna medida en 2015 tras las movilizaciones de la plataforma Salvemos Doñana junto con acciones en el Parlamento andaluz de organizaciones políticas como Podemos«.

En ese mismo año, según asegura Romero, «Fiscal hablaba de la seguridad del proyecto y alababa su completa legalidad, lo cual denotaba que seguían con la inercia de la irresponsabilidad», a la par que ha advertido de «la falta de evaluación de impacto sísmico del proyecto, aún estando en la zona del golfo de Cádiz con alta actividad sísmica y que sabemos, como ocurrió con el proyecto Castor, que la inyección provoca aún más actividad«.

Podemos pide a la Junta de Andalucía que explique qué tipo de residuos llegan al almacén nuclear de El Cabril

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Europa Press.- Podemos Andalucía ha presentado una solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, «para que dé explicaciones en sede parlamentaria sobre cómo pueden afectar a la salud de las personas y al medioambiente los residuos que están llegando al cementerio nuclear de El Cabril».

El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, ha demandado al Gobierno andaluz «que haga pública la información de la que dispone, para que los vecinos de Córdoba puedan saber a qué riesgos se les está exponiendo con la llegada de nuevos residuos de alta toxicidad». Podemos ha alertado de que, «según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), desde 2013 se ha almacenado en el Cabril dióxido de uranio, un emisor de radiación para el que el almacén nuclear no está preparado».

Por este motivo, Podemos ha advertido de la posibilidad de que «vayan a parar a este cementerio nuclear», situado en Hornachuelos (Córdoba), «todos los residuos tóxicos procedentes del desmantelamiento de una generación completa de centrales nucleares, que ya ha comenzado con el cierre de Garoña«. Ante esto, el diputado nacional de Unidos Podemos por Córdoba, Manuel Monereo, ha anunciado que solicitará la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Congreso de los Diputados «para que dé cuentas sobre la gestión de las instalaciones que Enresa tiene en Córdoba».

La Junta de Andalucía destaca el compromiso de «llegar hasta el final» para frenar el almacén de gas de Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha señalado que «se están analizando todos los datos que obran en poder» de su departamento para presentar el tipo de recurso «más conveniente» para frenar el proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana, desde el compromiso de «llegar hasta donde haya que llegar» para paralizar una iniciativa que «no convence a nadie» porque «pone Doñana en riesgo».

Fiscal ha afirmado que «es un tema muy serio» y explica que se han pedido todos los datos en los que se apoyan los últimos informes del Defensor del Pueblo Estatal y de su homólogo andaluz. En este sentido, y preguntado sobre si hay colaboración suficiente por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Fiscal ha apuntado que «en absoluto», porque «a tenor de los últimos informes» de las dos Defensorías, que «han pedido la paralización del proyecto», la respuesta en lo que respecta al Gobierno central es que «se sigue hacia adelante, con lo cual no podemos hablar de colaboración».

Tejerina asegura que «la decisión futura» sobre el proyecto de almacenamiento gasista en Doñana «dependerá de la Junta de Andalucía»

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que su departamento ya realizó la valoración que le correspondía respecto al proyecto de almacenamiento y explotación de gas natural en el espacio natural de Doñana, por lo que ha apuntado que «la decisión futura» sobre el mismo «dependerá de la Junta de Andalucía» que es la que tiene que conceder o no la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

García Tejerina ha recordado que el Ministerio entre los años 2010-2013 efectuó «la declaración de impacto ambiental de manera agrupada y no en 4 proyectos». Así, ha precisado que «se hace de manera fraccionada para poder evaluar el efecto conjunto», incidiendo en la valoración agrupada para ver el impacto global. Por ello, ha dejado claro que la evaluación que se ha realizado es «importante» y contó con «informes favorables de la Junta emitidos en 2008», por lo que se ha trabajado «agrupando los proyectos para valorar los efectos conjuntos» y en esa línea van a responder al Defensor del Pueblo.

De este modo, en cuanto al informe del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que pide al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los 4 proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana, y sugiere que se suspenda el proyecto Marismas Occidental hasta que no se termine la citada evaluación ambiental conjunta, la ministra ha explicado que la evaluación se realizó «de manera agrupada» para poder evaluar el proyecto en conjunto e incluso «se evaluaron proyectos que no van a tener una realidad». Por ello, ha ensalzado «la importante» valoración efectuada por su departamento ministerial.

De otro lado, la titular de Medio Ambiente ha indicado que para emitir la Declaración de Impacto Ambiental se tienen en cuenta muchos parámetros, entre ellos, el informe favorable de la Junta, que es un acto administrativo y no político y por tanto, «no se puede modificar». Así las cosas, respecto a la carta que le remitió la Consejería de Medio Ambiente para solicitar la paralización del proyecto, García Tejerina ha indicado que la Junta de Andalucía es «la responsable» de conceder o no la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto. Por su parte, «el Ministerio ha actuado conforme a la legislación española y la legislación ambiental europea», ha proseguido.

Andalucía agradece el informe del Defensor del Pueblo autonómico contra el almacén gasista de Doñana y trabaja en el recurso

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, agradeció que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, haya abogado por la «suspensión definitiva» del proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental, a la par que ha avanzado que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz continúan trabajando en el recurso contra el mismo.

En este sentido, Fiscal ha valorado «positivamente» esta postura del Defensor y ha resaltado que «conecta claramente con la intención que viene expresado la Junta», que entiende que «existen herramientas legales para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana«. «Tenemos informes y legislación suficiente para impedirlo», ha agregado el consejero, que ha defendido que el entorno de Doñana «no es la mejor zona para una instalación de este tipo, un argumento que también hace suyo el Defensor».

Así las cosas, ha hecho hincapié en que esta postura del Defensor del Pueblo andaluz se suma a otro pronunciamiento en el mismo sentido de su homólogo a nivel estatal, cuando ambos piden la paralización del subproyecto Marismas Occidental, «el único que teóricamente está en obras, aunque en la práctica las informaciones apuntan a que apenas hay movimiento». Fiscal explicó que ambos pronunciamientos serán tenidos en cuenta al presentar ante los tribunales el recurso correspondiente contra este proyecto que, por el momento, continúan estudiando los servicios jurídicos de la Junta.

Con todo, el consejero ha explicado que el Ministerio de Medio Ambiente contestó recientemente a la carta que la Junta le remitió sobre este asunto y, en su respuesta, según ha explicado, «se reafirma en que no va a realizar una evaluación conjunta de los proyectos y remite la responsabilidad al Ministerio de Industria, la administración sustantiva sobre el proyecto». «No van a mover ficha», ha lamentado Fiscal, quien ha explicado que, ante esta contestación, los servicios jurídicos de la Junta «trabajan para determinar la manera en la que pedir en los tribunales la paralización del proyecto» pues quieren hacerla «con la máxima garantía jurídica».

En cuanto a la indemnización reclamada por Gas Natural, Fiscal ha dicho que «sigue su curso en los tribunales» y que el Gobierno andaluz está respondiendo a todos los requerimientos que le hacen en este sentido, si bien ha defendido que la responsabilidad patrimonial que reclama, a su juicio, «no ha lugar». «Siempre hemos actuado con informes jurídicos en la mano, con la ley en la mano, según se ha entendido desde la Junta, y si ha habido discrepancia lo dirimirá el tribunal», ha zanjado el consejero de Medio Ambiente.

Urge actuar a Susana Díaz

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Andalucía, Mercedes Barranco ha urgido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a «paralizar» el proyecto «como le está pidiendo el Defensor del Pueblo Andaluz» y le lleva solicitando la formación morada «desde hace más de un año«. La diputada de Podemos asevera que en su grupo comparten «el diagnóstico» de Maeztu y del Defensor del Pueblo estatal, y ha subrayado que desde Podemos estaban «defendiendo» la tesis de la paralización inmediata del proyecto «cuando PP y PSOE iban de la mano en la defensa» de la citada iniciativa de Gas Natural.

En esa línea, ha reclamado a la presidenta de la Junta y al consejero de Medio Ambiente que «abandonen la pasividad en el tema de Doñana», punto en el que ha subrayado que el Parlamento andaluz aprobó «hace ya casi un año una proposición no de Ley (PNL) en la que instábamos al Gobierno andaluz a buscar las vías legales que nos permitieran la paralización del proyecto» de Gas Natural, algo que aún no se ha hecho, según ha criticado.

Tras apuntar que el Defensor del Pueblo Andaluz ha venido a «corroborar las tesis de Podemos Andalucía desde un principio», Mercedes Barranco ha pedido al consejero de Medio Ambiente que «deje de marear la perdiz y demuestre que realmente quiere paralizar el proyecto de gas natural en Doñana«. «Defender a Andalucía es defender Doñana», algo que «hasta ahora no han hecho» desde el Gobierno andaluz, según ha abundado la diputada de Podemos, que recordó que preguntó al consejero José Fiscal en comisión parlamentaria sobre «las medidas legales que han implementado» para la paralización del proyecto, si bien Podemos cree “que no hay ninguna medida legal».