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El Gobierno autonómico de Cataluña pide la mejor solución para el territorio y la ciudadanía con el fallido almacén Castor

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Europa Press.- El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget, exigió que el Gobierno central analice todas las alternativas posibles sobre el futuro del fallido almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a la costa de Tarragona y Castellón, y tenga en cuenta «la que sea más beneficiosa para el territorio, el medio ambiente y la ciudadanía».

Baiget considera que, tras conocerse el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard, que vincula los seísmos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón) con la actividad del almacén gasista Castor, el Ejecutivo central debe «rendirse ante la evidencia» y que «había cosas que salieron adelante sin tener los informes suficientes». De hecho, cree que si se hubiese hecho caso de los informes no se hubiese tenido que autorizar el almacén, pero cree que el Gobierno español actuó de manera unilateral.

«Bienvenido sea el informe del MIT si ha propiciado lo que era una evidencia, que este depósito de gas no se debería haber empezado nunca», ha aseverado. «Ahora el mal ya está hecho, lo que queremos es que la repercusión del coste de lo que se ha hecho no lo tengamos que pagar en el recibo del gas todos los ciudadanos», sentenció antes de anunciar que la Generalitat continuará luchando para evitar esta consecuenciapor la vía judicial mediante las causas abiertas en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional.

La Generalitat interpuso en 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley 13/2014 por el que el Gobierno español reconocía una indemnización de 1.350 millones de euros para los promotores del almacén Castor y repercutía esta cantidad en la tarifa del gas. El recurso se fundamenta en el hecho de que este decreto ley implanta un régimen singular y diferente de lo que resultaría de la aplicación de la legislación general, y también en que no concurría una urgencia extraordinaria para justificar esta figura jurídica. Según el Ejecutivo catalán, este decreto ley vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la justicia.

Además, el Gobierno catalán ha interpuesto recursos contencioso administrativos ante las órdenes que cada año aprueba el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para establecer los peajes y cánones del sector gasista, donde se incluyen las partidas destinadas al mantenimiento del Castor, con el objetivo de que éstas no se trasladen a los usuarios. Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacén Castor no se reabrirá y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener las garantías de que esta decisión no va a suponer ningún problema. «Cuando se pueda hacer se hará», sentenció Nadal tras conocerse las conclusiones del informe.

Exige al Estado desmantelar Castor

Por su parte, el delegado del gobierno autonómico para las Tierras del Ebro, Xavier Pallarès, ha exigido al Gobierno central que ejecute «pronto» el desmantelamiento de la plataforma de gas Castor porque la hibernación no es viable. «El MIT ha confirmado lo que teníamos claro desde el primer momento: detenido el Castor, detenidos los terremotos», ha defendido Pallarès, que ha criticado que la mala gestión del Gobierno central la deberán pagar, una vez más, los ciudadanos, que primero sufrieron los terremotos, luego tuvieron que afrontar la indemnización a la empresa Escal UGS y ahora el coste de desmantelar la plataforma.

Unidos Podemos pide que Nadal explique en el Congreso el futuro de Castor; Greenpeace espera que no se repita

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama protocolos para evitar «despropósitos» de alto riesgo medioambiental y económico como el del almacén de gas Castor. Mientras, En Comú Podem, a través de su portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha solicitado la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que dé cuenta del informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre Castor.

El estudio asegura que la inyección de gas que se realizó frente a las costas de Castellón y Tarragona generó los terremotos que desestabilizaron la falla de Amposta. Tras conocer estos resultados, Nadal anunció que el almacén no volverá a operar y que se realizarán estudios para conocer si sería viable un desmantelamiento de la plataforma. Desde la formación catalana denuncian que Castor fue un proyecto «especulativo» e «innecesario», además de «irresponsable» en su gestión, teniendo en cuenta que estaba ubicado en una zona sísmica.

Del mismo modo, denuncia que haya sido «la ciudadanía la que ha tenido que pagar el fiasco del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora Escal UGS». «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», apunta Vendrell. A su juicio, se trata de «un nuevo caso de rescate de una gran empresa» tal y como ha ocurrido «con los bancos, las eléctricas o los concesionarios de las autopistas». Por ello, Podemos también pedirá a Nadal, durante su comparecencia, que explique a quién pedirá responsabilidades así como los planes que tiene el Gobierno sobre Castor para el futuro.

Castor no volverá a operar

Por su parte, el diputado en las Cortes de la Comunidad Valenciana del grupo parlamentario Podemos, César Jiménez, ha mostrado su satisfacción ante el informe sobre el almacén Castor que «ha dictaminado que esta plataforma no podrá volver a operar». Jiménez celebra que los expertos hayan determinado que fueron las inyecciones de gas realizadas en el almacén las causantes de los centenares de movimientos sísmicos que se registraron en la zona, por lo que «el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, y tampoco se debe intentar extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla de Amposta».

En este sentido, Jiménez ha resaltado que «por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar». No obstante, ha lamentado que «la actuación del PSOE como impulsor del proyecto, y del PP, que aprobó en solitario indemnizar con más de 1.350 millones de euros a su propietaria, Escal UGS, además de poner en riesgo a la población de esta comarca, les ha dejado como legado algo similar a un Chernobil, ya que, según los expertos, ni se puede desmantelarni se puede volver a utilizar».

Jiménez recordó que Podemos impulsó en el Congreso de los Diputados, en coordinación con el grupo parlamentario de las Cortes de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que fue aprobada hace un año por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de «exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez«.

La iniciativa también instaba a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía «incurrió en dolo o negligencia imputable» y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, «por los movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén». El parlamentario aseveró que Podemos considera «injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía».

Greenpeace: que no se repita

Por otro lado, según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén de gas es «uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público» que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en «energías sucias». Así, la organización ecologista subraya que la empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. «Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.400 millones de euros«, recalca, para añadir que con esta suma se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio.

La organización añade que en abril de 2015 el Parlamento Europeo solicitó al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago. «Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad», ha advertido.

Compromís pide que el desmantelamiento del almacén de gas Castor se produzca cuanto antes y se identifique a los responsables

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Europa Press.- Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han pedido que el desmantelamiento del proyecto Castor se produzca cuanto antes y que se identifique a los responsables. Así se han expresado tras conocerse las «pretensiones» del Ministerio de Energía de «alargar la agonía» de dicho proyecto, «que seguirá hibernando mientras se estudia su posible desmantelamiento a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, de los contribuyentes».

Compromís lamenta que no se haya hecho «el mínimo esfuerzo en identificar a los responsables políticos de la mala gestión y actuaciones imprudentes que permitieron poner en funcionamiento un proyecto energético que pretendía convertirse en el mayor almacén submarino de España y que ha acabado siendo el mayor fiasco económico de los últimos años». Para el senador Jordi Navarrete, «en la coalición no nos vamos a quedar callados como han hecho otros, ya que considerábamos y seguimos considerando que esto es un atropello, un chanchullo, no han justificado los enormes sobrecostes ni la gestión económica que denunciaba la Comisión Nacional de la Energía y no nos han facilitado las memorias y auditorías que les reclamamos».

Compromís entiende que «se actuó de forma imprudente, obviando estudios tan evidentes como los sismológicos, y no es posible que todos los involucrados hayan cobrado, incluso repartido dividendos multimillonarios, y se esté repercutiendo a los consumidores en sus facturas un escándalo de tal magnitud sin que existan culpables políticos y técnicos». Así, ha apuntado que, tras los temblores, la propia empresa promotora «no se demoró en renunciar al proyecto y cobrar la parte que le correspondía por su diseño y construcción». «El Gobierno les pagó también con celeridad y, tras unos años de retrasos que han conllevado los nuevos e innecesarios estudios, se opta por estudiar si se desmonta, alargando de nuevo los plazos y aquí no ha pasado nada».

Se ha pedido el desmantelamiento

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes de la Comunidad Valenciana, Mònica Àlvaro, recordó al Gobierno que «ya en la pasada legislatura, y a propuesta de Compromís, las Cortes Valencianas, la diputación de Castellón y la gran mayoría de instituciones valencianas ya aprobaron proposiciones no de ley reclamando no sólo el cierre del Castor, sino su desmantelamiento«. En todo este tiempo, según lamentó Àlvaro, «el Ejecutivo del PP ha hecho caso omiso a los acuerdos de las Cortes a este respecto».

El almacenamiento se encuentra desde 2015 en hibernación y gestionado por Enagás, que asumió esta función tras el pago de una indemnización a la sociedad adjudicataria, Escal UGS. Su actividad se encuentra detenida desde 2013, cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, los movimientos sísmicos. En mayo de 2014, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) presentó los resultados de su informe sobre Castor, en el que considera que la sismicidad en la zona de Vinaroz (Castellón) es en parte de origen natural, si bien resulta «razonable» considerar que estuvo relacionada con las operaciones de inyección de gas colchón realizadas en 2013 en la instalación.

El IGME también concluyó que la primera parte de la secuencia sísmica fue de tipo «inducida» y su magnitud resultó «relativamente pequeña», lo que sería «habitual» en muchas operaciones similares. Asimismo, fue sincrónica, es decir, que se produjo al mismo tiempo que las inyecciones de gas. Este informe fue el tercero de los realizados por el instituto nacional e incorporó los datos más avanzados hasta ese momento acerca de la localización de la incidencia sísmica.

El primero fue en 2007, a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, relativo a cuestiones generales del proyecto de almacenamiento. Fue emitido antes de la autorización de construcción del almacén y en él no se hacía referencia a la posible sismicidad inducida. El segundo informe se emitió el 20 de diciembre de 2013, después de los terremotos y en respuesta a un requerimiento de la Dirección General de Política Energética (Ministerio de Industria) sobre las causas de la sismicidad acaecida en meses anteriores en el entorno del almacén Castor.

Inútil y, en su momento, potencialmente peligrosa

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Ayer se presentó el informe realizado para evaluar los riesgos sismológicos derivados del almacén de gas Castor. Las conclusiones del informe, elaborado por dos instituciones universitarias y tecnológicas norteamericanas de prestigio, el MIT (Massachusetts Institute Tecnology) y la Universidad de Harvard, son claras en lo que se refieren a la seguridad y los riesgos: la instalación es la causante del gran número de seísmos que se produjeron en la costa de Vinarós (Castellón) durante su llenado, produciendo un estrés importante en la falla de Amposta frente a Tarragona.

Conclusiones claras pero contradictorias con los estudios españoles del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que apuntaban a una falla menor no cartografiada. Actualmente, la instalación se encuentra estable y lo mejor es no menealla, optando por una hibernación con un coste de entre 80 y 100 millones de euros anuales, adicionales a la indemnización de 1.400 millones de euros a la concesionaria Escal. Castor está actualmente bajo la gestión de Enagás y el vaciado y llenado de este silo podría volver a causar seísmos de hasta 6,8 grados en la escala de Ritcher, según el Informe.

Por otro lado, el desmantelamiento costaría aproximadamente 280 millones de euros, con cargo también a la tarifa de suministro gasista, siendo la alternativa que baraja el Ministerio de Energía. La instalación siempre ha estado rodeada de polémica por una actuación que debería ser un caso de estudio, al margen del riesgo sísmico que genera, en lo que se refiere a la cultura de la sobreinversión en infraestructuras en nuestro país y sobre nuestra calidad institucional.

Por ello deben analizarse los mecanismos de evaluación y decisión de las infraestructuras que van con cargo a los costes de acceso, en términos de su necesidad y su utilidad, o incluso la forma en que se introducen rectificados en sus presupuestos (en el caso del Castor esta cuestión no estuvo exenta de fuerte polémica por los peritajes). Todo ello queda de forma más contundentemente expresado a través de varias preguntas: ¿Era necesaria esta infraestructura si disponemos de una base instalada de regasificadoras que permitían una gestión activa del aprovisionamiento? ¿Por qué nadie plantea la sustitución de Castor tras su hibernación/desmantelamiento por otro almacén gasista?

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha declarado que era difícil de prever todo el devenir sísmico cuando se aprobó el proyecto en el flujograma administrativo español. Lo que nadie le ha pedido al MIT y a Harvard es, de forma complementaria, analizar, si era útil, su necesidad económica, el retorno de la inversión por mejora de la eficiencia en la gestión de aprovisionamiento para el consumidor, los niveles de almacenamiento necesarios con los cambios operados internacionalmente en estos años en los mercados del gas.

Hoy el sistema gasista anticipa un déficit tarifario de volúmenes mucho menores que el que alcanzó el eléctrico pero, eso sí, creciente. Déficit tarifario que se ve desde el punto de vista asépticamente contable para darle apariencia burocrática de normalidad. De esa forma, mediante un proceso pautado de autorización de infraestructuras y su absorción por el consumidor, además de su propia construcción y encarecimiento, tenemos una infraestructura excedente, inane y en su momento, potencialmente peligrosa.

El Gobierno aún espera un acuerdo que «satisfaga a ambas partes» en el litigio de Gas Natural Fenosa con Colombia

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Servimedia / EFE.– El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, mostró su deseo de que se alcance un acuerdo que «satisfaga a ambas partes» tras la liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa en Colombia, por parte del Gobierno de este país. En este sentido manifestó que «lo deseable es un acuerdo que satisfaga a ambas partes. En eso hemos trabajado y seguimos haciéndolo».

Confirmó que el Gobierno está trabajando en paralelo con la «empresa matriz» y con el Gobierno colombiano «en esa dirección». Electricaribe está participada en un 85% por la española Gas Natural Fenosa y en un 15% por el Gobierno colombiano. El Gobierno colombiano ordenó la intervención de Electricaribe, que se encuentra inmersa en una crisis financiera, que ha repercutido negativamente en la prestación de los servicios a sus clientes. Tras esta decisión, Gas Natural Fenosa exigió a Colombia que deje sin efecto la decisión de liquidar la sociedad Electricaribe y se trabaje para buscar una solución «satisfactoria» y «sostenible» para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona.

Gas Natural anunció que demandaría al Gobierno colombiano ante el Ciadi por la liquidación de Electricaribe. La empresa española ha presentado la documentación pertinente para el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) con el objetivo de que se le devuelva Electricaribe. Gas Natural asegura que quiere recuperar su filial con un «marco regulatorio viable» y, en su defecto, que se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares (unos 926,4 millones de euros).

El Gobierno pide al Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo sobre la financiación del bono social

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Europa Press.- El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del mecanismo de financiación del bono social anulado a finales del año pasado por el Tribunal Supremo, según indicaron fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El recurso de amparo ante el Constitucional se presentó en febrero y en él el Gobierno argumenta que el Supremo interpretó una directiva comunitaria sobre política energética, para lo que el tribunal no tiene potestad, ya que su función se restringe a la valoración de la legislación nacional. El Gobierno también considera que el Supremo incurrió en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado precisamente la cuestión prejudicial ante el TJUE que ahora el Ejecutivo solicita al Constitucional. Energía considera necesario que se consulte al tribunal de Luxemburgo después de que una sentencia del TJUE avalase en septiembre la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.

Tras la sentencia del Supremo, el Gobierno impulsó junto al PSOE y Ciudadanos un decreto ley sobre pobreza energética en el que se incluye un nuevo mecanismo de financiación del bono social en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras. Sin embargo, la sentencia del Supremo también obliga a indemnizar con cerca de 500 millones de euros a las principales eléctricas por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años. La ejecución de esta indemnización depende ahora de la decisión del Constitucional. De ejecutarse, se cargará sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos, aunque esta segunda opción es menos probable.

El Tribunal Supremo obliga al Estado a indemnizar a Cepsa con 46 millones por hacerle vender butano a pérdida

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Europa Press / EFE.- La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha avalado una sentencia anterior de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a Cepsa con 46,6 millones de euros por obligarle a vender butano a pérdida. En concreto, el tribunal desestimó un recurso de casación presentado por el abogado del Estado y confirmó de esta forma la sentencia de la Audiencia, en la que se reconoce una compensación a Cepsa Gas Licuado a la que deben sumarse los intereses.

Con este importe, quedarán compensados los daños sufridos por la empresa relacionados con la aplicación de la orden ministerial ITC/2/2608/2009 en la que se fijan los precios máximos de venta de la bombona de butano. Esta orden fue declarada nula por el Supremo el 19 de junio de 2012. Tras esta anulación, Cepsa tuvo que demostrar que su aplicación le supuso un perjuicio económico. Al aplicarse la prueba pericial, se han calculado los ingresos que la empresa habría obtenido de estar en vigor el anterior precio máximo, así como otros elementos, entre ellos la situación de oligopolio en el sector.

El Supremo considera que la actualización de los precios del butano se realizó «incorrectamente y de forma poco razonable». Así, si bien el Gobierno dispone de competencias en política económica y puede imponer en casos concretos «un deber de soportar el daño», pero esta obligación «no puede admitirse como razonable un precio regulado que impone a los suministradores la venta a pérdidas durante un período prolongado de tiempo». La conducta del Ejecutivo, señala el tribunal, implicó «una vulneración del principio de proporcionalidad en la intervención pública en la fijación específica de precios máximos de GLP que fue objeto de anulación».

Esta sentencia se conoce después de que diversas instancias judiciales hayan dado la razón por el mismo motivo a Repsol, que también deberá ser indemnizada. El Supremo condenó recientemente al Estado a pagar 42 millones de euros a Repsol Butano por obligarle a vender a pérdida en el primer y segundo trimestre de 2011. Además, el Estado deberá indemnizar a Repsol con otros 109,5 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños causados a la empresa al obligarla a vender butano a pérdida, según otras tres recientes sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y por el Supremo.

Una indemnización de 490 millones y abrir otra nuclear culmina el acuerdo para cerrar Fessenheim, reactor más antiguo de Francia

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EFE.- La eléctrica estatal EDF aprobó el acuerdo establecido con el Gobierno socialista francés para recibir una indemnización de unos 490 millones de euros para el cierre de la central nuclear de Fessenheim, la más antigua de las que están en servicio en Francia. El protocolo adoptado por el consejo de administración prevé el pago del 20% de esa indemnización en 2019 y el 80% restante en 2021, según ha indicado EDF, que precisó que los 490 millones son una estimación.

La cuantía final, equivalente a lo que la compañía dejará de ganar hasta 2041 por esa planta, se determinará en función de los precios de mercado de la electricidad y de la producción del equivalente de 900 megavatios, que es la potencia instalada allí. El consejo de administración de EDF podrá pronunciarse más adelante sobre el cierre efectivo de la central, situada en Alsacia, junto a la frontera alemana del río Rin, con dos reactores.

Esa decisión no se producirá mientras la empresa estatal no consiga las autorizaciones administrativas necesarias para continuar la construcción de su nueva planta atómica de Flamanville, en la costa de Normandía con la tecnología EPR. EDF recordó que el cierre de Fessenheim necesita un decreto para suprimir la autorización de explotación a petición de la empresa, y eso sucederá cuando entre en servicio Flamanville, «previsto a finales de 2018». Poner fin a la actividad de Fessenheim era una de las promesas electorales de François Hollande.

Hollande y su ministra de Ecología, Ségolène Royal, que en su ley de transición energética han fijado el objetivo de reducir el peso de la energía nuclear en la producción eléctrica del 75% actual al 50% en el horizonte de 2025, intentan dar los pasos necesarios para hacer irreversible el cierre de Fessenheim. El candidato de la derecha a las presidenciales de abril-mayo y favorito en las encuestas, el ex primer ministro François Fillon, prometió a los trabajadores afectados que, si llega al poder, la central alsaciana seguirá en funcionamiento.

El bono social será ahora financiado en un 89% por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, indemnizada por el Gobierno

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Servimedia.- El Ministerio de Energía indemnizó a Gas Natural Fenosa por la responsabilidad patrimonial del Estado con 2,63 millones de euros por los daños y perjuicios causados por un real decreto de 2013 que trataba de poner coto al déficit eléctrico. Por otro lado, el 89% de la financiación del bono social de electricidad recaerá ahora en Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, según lo recogido en el decreto que aprobó el Gobierno para cargar la financiación sobre todas las comercializadoras.

Este nuevo reparto de la financiación se mantendrá hasta que el Ejecutivo apruebe, en 3 meses, un nuevo decreto que recogerá el desarrollo normativo del ahora aprobado. Dicho reparto transitorio, basado en el número de clientes de las comercializadoras, establece que Endesa, a través de dos sociedades, hará frente al 37,7% del bono, Iberdrola del 35,5% a través de dos sociedades y Gas Natural Fenosa del 15,85% a travésde tres sociedades. Otras dos empresas que tendrán una participación significativa son EDP, del 5%, y Viesgo, del 2,2%. Con ello, estas cinco eléctricas harán frente al 96,2% de la financiación, quedando en otras 200 empresas la financiación del 3,8% restante.

El decreto impone, como obligación de servicio público, la asunción del coste del bono social eléctrico a las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o a las propias sociedades que así lo hagan, si no forman parte de ningún grupo societario. Hasta ahora, la financiación corría solo a costa de las matrices. El texto establece que la CNMC calculará anualmente los porcentajes de reparto aplicables y dará publicidad a la información. El decreto señala también que «esta obligación de que todas las comercializadoras paguen el bono social no tiene carácter permanente, previéndose que se procederá a su revisión al menos cada cuatro años, para adecuarla a la situación del sector eléctrico».

Indemnización a Gas Natural Fenosa

El Estado indemnizó a Gas Natural Fenosa por los daños y perjuicios causados por un real decreto de 2013 que trataba de poner coto al déficit eléctrico. El Ejecutivo justificó ese decreto, que contenía medidas para asegurar el equilibrio económico del sistema eléctrico, en tratar de no perjudicar a los consumidores mediante un aumento de la tarifa de la luz, en un contexto de crisis económica. El decreto modificaba el sistema de retribución de las actividades reguladas y la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial para ahorrar entre 600 y 800 millones de euros anuales. Para ello, establecía que la retribución se actualizara tomando como referencia el IPC sin alimentos ni energía.

La Audiencia condena al Estado a pagar a Disa 9 millones por el precio del GLP

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EFE.- La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar a la empresa canaria DISA con 9,30 millones de euros, más intereses, por los daños que le ocasionó con los precios máximos fijados para la bombona de gas licuado de petróleo (GLP) para 2009, que obligaban a venderla a pérdidas.

Esta sentencia de la Audiencia desarrolla una anterior del Tribunal Supremo, de 2012, que concluyó que la orden que fijaba los precios del GLP para 2009 era nula, porque provocaba a las empresas del sector «pérdidas cuya recuperación no estaba garantizada».

La Audiencia Nacional comparte esa conclusión del Supremo, ya que considera que, aunque el del gas para el consumo doméstico es un sector regulado, «el Estado, conforme a la ley, debe tratar de alentar la iniciativa empresarial, lo que resulta contradictorio con la exigencia de que el suministro se haga a un precio que no cubre los costes a lo largo de períodos prolongados».

«De hecho, esa forma de proceder no potencia el incremento de competencia en el mercado, antes al contrario, disuade a que nuevos operadores entren en él», razona el magistrado ponente, Ignacio de la Cueva, de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Desde esa perspectiva, la Audiencia estima la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por DISA contra el Estado, porque entiende que ha sufrido un daño en sus cuentas como consecuencia de un mal funcionamiento de la administración pública.

La sentencia, publicada hoy por la compañía, defiende que, en estos casos, «lo adecuado» es resarcir a la empresa perjudicada «tanto por el daño emergente, como por el lucro cesante».

En este sentido, juzga acertada la valoración del daño planteada por los peritos y que el abogado del Estado discutía: 9.300.000 euros de perjuicios, más los intereses legales (DISA sostiene que estos últimos pueden ascender a otro millón de euros)

La compañía canaria anuncia que también ha recurrido la orden del Ministerio de Industria de 2015 que fijó los nuevos precios para el GLP envasado, porque opina que no han incluido los extracostes que soporta en Canarias, al ser esta una región ultraperiférica.

«La regulación actual supone a DISA Gas unas pérdidas anuales de tres millones de euros», añade la empresa, que adelanta que su recurso contra los precios de 2015 alega argumentos «similares» a los que han llevado a la Audiencia a concederle una indemnización de nueve millones de euros por lo ocurrido en 2009.