La Audiencia condena al Estado a pagar a Disa 9 millones por el precio del GLP

EFE.- La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar a la empresa canaria DISA con 9,30 millones de euros, más intereses, por los daños que le ocasionó con los precios máximos fijados para la bombona de gas licuado de petróleo (GLP) para 2009, que obligaban a venderla a pérdidas.

Esta sentencia de la Audiencia desarrolla una anterior del Tribunal Supremo, de 2012, que concluyó que la orden que fijaba los precios del GLP para 2009 era nula, porque provocaba a las empresas del sector «pérdidas cuya recuperación no estaba garantizada».

La Audiencia Nacional comparte esa conclusión del Supremo, ya que considera que, aunque el del gas para el consumo doméstico es un sector regulado, «el Estado, conforme a la ley, debe tratar de alentar la iniciativa empresarial, lo que resulta contradictorio con la exigencia de que el suministro se haga a un precio que no cubre los costes a lo largo de períodos prolongados».

«De hecho, esa forma de proceder no potencia el incremento de competencia en el mercado, antes al contrario, disuade a que nuevos operadores entren en él», razona el magistrado ponente, Ignacio de la Cueva, de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Desde esa perspectiva, la Audiencia estima la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por DISA contra el Estado, porque entiende que ha sufrido un daño en sus cuentas como consecuencia de un mal funcionamiento de la administración pública.

La sentencia, publicada hoy por la compañía, defiende que, en estos casos, «lo adecuado» es resarcir a la empresa perjudicada «tanto por el daño emergente, como por el lucro cesante».

En este sentido, juzga acertada la valoración del daño planteada por los peritos y que el abogado del Estado discutía: 9.300.000 euros de perjuicios, más los intereses legales (DISA sostiene que estos últimos pueden ascender a otro millón de euros)

La compañía canaria anuncia que también ha recurrido la orden del Ministerio de Industria de 2015 que fijó los nuevos precios para el GLP envasado, porque opina que no han incluido los extracostes que soporta en Canarias, al ser esta una región ultraperiférica.

«La regulación actual supone a DISA Gas unas pérdidas anuales de tres millones de euros», añade la empresa, que adelanta que su recurso contra los precios de 2015 alega argumentos «similares» a los que han llevado a la Audiencia a concederle una indemnización de nueve millones de euros por lo ocurrido en 2009.