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Elcogas presenta a la Junta un ERE de extinción con indemnizaciones de 26 días por año trabajado

EFE / Servimedia.- La dirección de Elcogas entregó a la Junta de Castilla-La Mancha el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo que afecta a toda la plantilla de la planta de Puertollano (Ciudad Real), que recoge indemnizaciones de 26 días por año trabajado durante un máximo de 15 meses. De este modo, la empresa subrayó que estas condiciones elevan en 6 días por año la indemnización legal y en 3 meses el techo de indemnización que establece la normativa laboral.

La empresa lamentó que no “haya sido posible materializar un acuerdo con los representantes de los trabajadores” y justificó el ERE presentado en causas económicas ya que «queda ampliamente demostrada la inviabilidad económica de Elcogas» en las actuales circunstancias regulatorias y de mercado, que «en ningún caso» garantizan el futuro de la planta. De hecho, en la documentación del ERE de extinción, Elcogas presenta unas pérdidas totales, a fecha 31 de enero de 2016, superiores a los 220 millones de euros, de los que 25,5 millones corresponden al ejercicio 2015.

La empresa contrató a la empresa especializada en recolocaciones Lukkap para el «doble» objetivo de cumplir con la exigencia legal de ayudar a los trabajadores afectados por el ERE en la búsqueda de empleo, y cumplir con la voluntad de los socios de Elcogas de facilitar recolocaciones de empleados en sus respectivas plantillas. Elcogas recuerda que lleva trabajando desde el comienzo del periodo de consultas del ERE junto a los responsables de recursos humanos de las empresas socias de Elcogas para identificar vacantes en sus plantillas y casarlas con los perfiles profesionales de los trabajadores.

El ERE comenzará a aplicarse el próximo 15 de marzo para 119 empleados. Además, las tareas de preparación y desmantelamiento de la planta requieren diferir las salidas de dos directivos al 31 de mayo, y de 6 trabajadores más de distintas áreas que tienen como fecha límite el 30 de marzo de 2017. Los 16 restantes tienen fijada como fecha máxima el 31 de diciembre de 2018, según expuso Elcogas.

Imponen fianza de 16 millones de euros para la cúpula de Abengoa, que esta semana recibirá 113 millones de liquidez

Redacción / Agencias.- Abengoa recibirá esta semana una inyección de liquidez de emergencia, por 113 millones de euros, que necesita la compañía para hacer frente a sus compromisos inmediatos y proseguir con su actividad. Mientras, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, admitió a trámite la querella contra los exdirectivos de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, a quienes impuso una fianza civil de 11,5 y 4,5 millones de euros, las mismas cantidades que cobraron como indemnizaciones tras dejar la empresa.

En un auto, la juez cree que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock. La magistrada acuerda además pedir a Abengoa la información que tenga de pagos hechos en 2015 a Benjumea (expresidente) y a Sánchez Ortega (ex consejero delegado) por abandonar la empresa, cantidades que se corresponden con esas fianzas civiles. La juez pide además a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le entregue la información sobre esos pagos, así como de las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde agosto realizadas por el fondo Blackrock.

En el auto, la magistrada recoge las acusaciones de los dos bonistas que han presentado la querella, a través del despacho Ius+Aequitas, y que califican de «horrible» la gestión de la empresa. Los bonistas acusan a los exdirectivos de haber abandonado Abengoa poco antes de que se presentara el preconcurso con unas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias cuando conocían la auténtica realidad económico financiera de la empresa. Asimismo denuncian que, tras abandonar la empresa, el ex consejero delegado fue contratado por la empresa Blackrock, en la que «se habría beneficiado de su conocimiento de la situación real de Abengoa mediante la adquisición a la baja de acciones de la misma».

También en el plano judicial, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) presentó la primera demanda de responsabilidad civil contra la compañía y su consejo de administración en nombre de 250 accionistas minoritarios por daños y perjuicios. Según el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, responsable de la defensa de estos accionistas, la demanda se presentó en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que deberá decidir sobre su admisión a trámite. La demanda se interpone con base en la Directiva comunitaria de obligaciones de información y transparencia al mercado de las sociedades cotizadas, transpuesta a nuestro ordenamiento por la vigente Ley de Mercado de Valores.

Recibirá 113 millones de euros

Abengoa recibirá esta semana el visto bueno de los bancos acreedores a la inyección de liquidez de emergencia por 113 millones de euros que necesita la compañía para hacer frente a sus compromisos inmediatos y proseguir con su actividad, entre ellos el pago de las nóminas y la extra de sus empleados de diciembre. En concreto, una vez analizados por los departamentos de riesgo de cada entidad financiará, a principios de esta semana, previsiblemente el martes, se trasladarán por la banca a Abengoa las condiciones del préstamo para que sea ratificado por el grupo de ingeniería y energías renovables, informaron fuentes participantes en las negociaciones.

La concesión de esta inyección, en la que casi con toda seguridad participará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con un apoyo de aproximadamente unos 20 millones de euros, no estará exenta, eso sí, de condiciones por parte de la banca, que exigirá también garantías, entre las que figurarán la participación del grupo en Abengoa Yield, y la presentación de una propuesta de reestructuración. Asimismo, la firma Lazard, contratada por la compañía, trabaja en un plan de viabilidad para Abengoa que se prevé esté listo para presentar a la banca acreedora a mediados de enero.

Hay un G7 en negociaciones

La banca acreedora de Abengoa creó un G7 para liderar la negociación en el preconcurso de la compañía, formado por los cincos bancos españoles principales acreedores de la compañía, Banco Santander, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular, junto a HSBC y Société Générale. En su primera reunión con la banca, Abengoa presentó unas necesidades de liquidez por unos 450 millones de euros para llegar hasta marzo, un total de 100 millones de euros hasta finales de año y 350 millones de euros más para el primer trimestre del 2016.

El pasado noviembre, Abengoa solicitó formalmente ante un juzgado de Sevilla el preconcurso de acreedores, con el que dispondrá de un plazo de cuatro meses para negociar una solución con sus acreedores. Con el procedimiento de preconcurso, la compañía sevillana trata de sortear el que sería el mayor concurso de la historia de España, por delante del de Martinsa Fadesa. Abengoa, por su parte, cifra en 8.903 millones de euros su deuda total bruta consolidada, cuyo coste medio es del 7%. De esta cifra, la mayor partida es deuda corporativa, por un importe de 5.828 millones a un coste medio del 7,6%. El pasivo total del grupo a cierre del tercer trimestre ascendía a más de 24.700 millones de euros.

UPyD solicita a la CNMV que investigue el caso Abengoa mientras el PP insiste en que habrá solución

EFE / Servimedia.- La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, expresó su deseo de que haya un acuerdo «en los próximos días» para Abengoa, su modelo industrial y sus trabajadores y pidió a todas las partes «diálogo constructivo«. Mientras tanto, el candidato de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) a la presidencia del gobierno, Andrés Herzog, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que solicita que se investigue la situación de Abengoa.

UPyD pide que se investigue la falta de transparencia e integridad en la gestión de la entidad, el posible uso de información privilegiada y las indemnizaciones a los directivos de la entidad, que el propio Herzog calificó como «indecentes» antes de presentar la denuncia. El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, que han abandonado el grupo este año, suman unas indemnizaciones de más de 20 millones de euros.

Herzog resaltó que muchos pequeños inversores «han perdido todos sus ahorros» y espera que, si la denuncia prospera, las multas que se impongan afecten a «esos señores que, a pesar de haber hundido la compañía, se han llevado indemnizaciones millonarias», de los que espera que «devuelvan ese dinero y den explicaciones«. El portavoz nacional de UPyD no descartó que el proceso acabe en la vía judicial, ya que considera que las instituciones públicas están «politizadas«. En concreto, ha apuntado que la CNMV está dirigida por Elvira Rodríguez, una persona que «está totalmente vinculada al PP», por lo que duda que tenga «incentivos para investigar y hacer su trabajo con independencia» ya que considera que la investigación debería «hacerse de oficio».

UPyD denuncia la posible comisión de infracciones «muy graves» en relación al incumplimiento de las obligaciones de transparencia e integridad del mercado y relativas a la oferta pública de adquisición. El partido dice que Abengoa pudo ocultar la realidad económico-financiera de la compañía al menos en los últimos 12 meses. También indica que al menos desde noviembre de 2014 existían sospechas sobre la realidad de los estados financieros de la sociedad, lo que podría haber afectado «de forma determinante a su cotización en Bolsa», desplomándose su cotización más de un 50% en poco tiempo, y generado «un importante perjuicio» a los pequeños accionistas, cuyo único modo de conocer los estados reales de la sociedad son los documentos por está facilitados.

Esta situación desembocó, indica UPyD, en un período de desestabilización de los mercados cuya consecuencia fueron cuantiosas pérdidas, especialmente para los pequeños inversores. Con las futuras correcciones por las auditoras de las empresa, añade, queda patente que las cuentas no cuadran y que el montante del endeudamiento de la empresa podría oscilar entre los 20.000 y los 30.000 millones de euros. Lo cierto, indica UPyD, es que ni siquiera Abengoa es capaz de dar una cifra de endeudamiento definitiva, ni KPMG (la entidad auditora encargada de verificar la situación real de la sociedad) ha conseguido que le cuadren las cuentas.

Además, señala la denuncia, Sánchez Ortega, que abandonó la sociedad unos meses atrás supuestamente por motivos de salud, fichó poco después por la sociedad Blackrock, una de las mayores gestoras de fondos del mundo. En un «movimiento sospechoso de haberse realizado bajo información privilegiada«, continúa, esta firma atacó la cotización de la sociedad en agosto tras hacerse pública las primeras dificultades financieras al apostar a la baja. UPyD considera que es un claro indicio de que al menos una parte de los consejeros de la sociedad eran conscientes de los estados financieros reales, o al menos lo sospechaban, habiendo decidido rescindir su vínculo con la sociedad a la vista del presumible futuro que le esperaba.

Fátima Báñez pide «diálogo constructivo»

Por su parte, Fátima Báñez, expresó su deseo de que haya un acuerdo «en los próximos días» para Abengoa, su modelo industrial y sus trabajadores. La ministra precisó que, como responsable de empleo, lo que más le preocupa de Abengoa son los trabajadores, a los que lanzó «un mensaje de tranquilidad»: «Estamos en tiempo, tenemos por delante tres o cuatro meses para buscar una solución de medio y largo plazo», dijo. Una solución, recordó, para una compañía que es «estratégica en España y Andalucía, modelo en innovación y capital humano».

«Si las partes tienen diálogo constructivo, con los gerentes de la compañía, los bancos y administraciones públicas, podemos buscar una solución que pase por la búsqueda de un socio industrial que le dé estabilidad al modelo de negocio de la empresa y que, con ello, se mantengan los empleos que son fundamentales en todo el mundo, pero sobre todo en Andalucía, donde casi 7.000 personas dependen directamente o indirectamente de Abengoa», precisó. Bañez insistió en que se trata de una compañía privada que está en «un momento de diálogo con gestores, con bancos y con todas las personas implicadas en este proyecto de presente y futuro; hay que ser constructivos».

Nuevas reuniones con la banca

Para este miércoles estaba prevista una nueva reunión de la empresa con sus bancos acreedores y con la asesora de estos, KPMG. El objetivo de la reunión pasa por lograr un acuerdo que permita hacer llegar a la compañía la liquidez que necesita para afrontar pagos urgentes, principalmente a empleados y proveedores. Este desbloqueo de la liquidez es el primer escollo del proceso de reestructuración de Abengoa, iniciado el pasado 25 de noviembre con la presentación del preconcurso de acreedores.

La banca, como principal acreedor de Abengoa, que suma una deuda financiera de más de 9.000 millones, ha planteado desde el principio sus dudas respecto a las condiciones reales de la deuda de la compañía, por lo que encargó a la consultora KPMG un estudio detallado de esta. En un encuentro celebrado la pasada semana, la compañía cifró en 450 millones de euros sus necesidades de liquidez para los próximos cuatro meses, de los que 100 millones se concentrarían en lo que queda de año.

Abengoa pide a la banca 450 millones para tener liquidez durante los próximos 4 meses y anuncia reducción de plantilla

Redacción / Agencias.- Tras anunciar que está realizando «ajustes continuados que implican la reducción de plantilla» y que no descarta «eventuales paradas de algún proyecto», Abengoa ha pedido a la banca una línea de liquidez de 450 millones de euros con la que afrontar los pagos corrientes de los próximos cuatro meses, los que durará el preconcurso de acreedores. Así lo hizo durante la reunión celebrada con el objetivo de marcar los próximos pasos en la negociación que pretende reestructurar la deuda contraída.

Concretamente, Abengoa considera que necesita unos 100 millones de euros de aquí a final de año y 350 millones adicionales para el primer trimestre de 2016, un periodo que coincide con el del preconcurso. Hasta ahora, la banca había vinculado el desbloqueo de esa línea de liquidez a la culminación, por parte de la consultora KPMG, de un estudio detallado de la deuda de la compañía, en el que se especificase qué parte de la deuda es sostenible y qué parte no. Sin embargo, fuentes financieras consideran que tendrán que ofrecer parte de esta liquidez en los próximos días para que la empresa efectúe pagos inminentes, fundamentalmente a trabajadores y proveedores, ya que se encuentra en una situación de urgencia.

Fuentes financieras calculan 320 millones

Varias fuentes han señalado que confían en disponer del mapa detallado de la deuda para la semana que viene y que, una vez que la tengan, KPMG analizará la necesidad real de liquidez de Abengoa. A este respecto, fuentes financieras calculan de forma preliminar que la compañía necesita en torno a 80 millones de euros mensuales de liquidez, lo que situaría la cifra en unos 320 millones en los cuatro meses del preconcurso, un dato que en cualquier caso podría modificarse en función del resultado del estudio de la consultora.

Una vez superada esta primera fase de análisis de la deuda y desbloqueo de la liquidez, comenzarán a plantearse las distintas vías para salvar la empresa, que podrían pasar por la venta de activos, quitas o capitalización de deuda. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores ante su elevando endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de euros en deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

En la batalla judicial, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado el auto por el que se abren las diligencias previas y se da traslado a la Fiscalía sobre la competencia en las primeras querellas presentadas contra Abengoa. En el auto se señala que es procedente «instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable». El auto de la juez se refiere a las dos querellas presentadas hasta ahora contra Abengoa: dos bonistas, representados por el despacho de abogados Ius+Aequitas, y la presentada por el despacho Yvancos en representación de varios accionistas.

Reduce plantilla y revisa proyectos

De momento, Abengoa indicó que, como parte de su plan de reestructuración, lleva a cabo «ajustes continuados que implican la reducción de plantilla en sedes y el trasvase de equipos». En casos puntuales, no descarta «eventuales paradas de algún proyecto», todo con el fin de lograr la sostenibilidad del negocio «adaptando la operativa a los objetivos de eficiencia y cumpliendo con la competitividad necesaria en esta coyuntura». Abengoa «se esforzará para llevar a cabo estas ambiciosas medidas, que continuarán aplicándose hasta llegar al equilibrio óptimo para la sostenibilidad del negocio».

Ya en concreto sobre su situación en Estados Unidos, Abengoa ha señalado que opera con normalidad aunque no descarta «eventuales paradas de algún proyecto con vistas a retomar su funcionamiento una vez se garantice su continuidad de forma estable». La compañía detalla que «está operando con normalidad» todos los activos de Abengoa Yield, así como las plantas termosolares Solana (Arizona) y Mojave Solar (California), sus activos de bioenergía y otros proyectos. Solo en algún caso «puntual», añaden, «se está analizando la viabilidad del mismo», tal y como se está haciendo en otras geografías, «con el objetivo de garantizar su actividad».

La legislación laboral estadounidense, señala la empresa, se caracteriza por sus condiciones flexibles, lo que permite «asegurar la protección de los trabajadores en todo momento». «Abengoa cumple rigurosamente con la referida legislación«, añade. En cuanto a los empleados de la compañía que hayan sido destinados Estados Unidos u otros países, la compañía «mantiene sus compromisos contractuales, ofreciendo todas las garantías para su traslado y retorno a su país de origen».

Soria ve «implanteble» las indemnizaciones

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, insistió en que Abengoa se trata de «una buena compañía desde el punto de vista del contenido», que ha tenido «una política financiera profundamente desacertada«. «Se han endeudado mucho, están muy apalancados y al final los costes financieros de ese endeudamiento han sido muy superiores a los flujos de caja, a los ingresos que se estaban generando y eso ha llevado a esta situación», apuntó. Y todo, ha subrayado, sin perjuicio, de que al Gobierno le parece «absolutamente implanteable» que la dirección de la empresa aborde una situación de preconcurso y se repartan unos 25 millones de euros en finiquito.

Soria aseguró que las acusaciones que quieren situar al Gobierno como responsable de la situación de la empresa por los cambios normativos en el sector de las energías renovables «carecen de fundamento». Así, señaló que Abengoa es una empresa que tiene más del 85% de su actividad fuera de España y que el grupo ha sufrido «un desplome» de lo que ha sido su valor, «cosa que no ha ocurrido con otras empresas energéticas». Asimismo, descartó por completo que el Gobierno, que tiene una exposición al grupo de unos 415 millones de euros sin contar la participación en Bankia, «inyecte liquidez adicionalmente» a la compañía y recordó que, además, existe una directiva europea de ayudas de Estado que lo impide.

Preguntado por si desde las empresas públicas nadie se percató de la situación financiera de la multinacional, Soria respondió que las ayudas se concedieron «en base a la realidad de la empresa, que tiene una cartera de proyectos muy interesante en todas partes del mundo» pero que «ha venido acompañada por una desacertada actuación financiera». El titular de Industria dijo estar «sorprendido» de los últimos acontecimientos en Abengoa porque «tiene una gran reputación» y «desconocía la ingeniería financiera que estamos conociendo». «Cuando salta la situación el Gobierno se preocupa, sigue la situación y espera que en la negociación se pueda refinanciar la deuda y la empresa pueda seguir adelante», agregó.

Bolivia paga a Iberdrola 32 millones de euros por expropiarla cuatro filiales en 2012

EFE.- El Gobierno boliviano firmó un acuerdo para concretar el pago de 32 millones de euros a la eléctrica española Iberdrola por la expropiación en 2012 de sus cuatro filiales en el país andino. El documento fue firmado por el ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez; el procurador del Estado de Bolivia, Héctor Arce, y representantes de Iberdrola. El Ejecutivo boliviano también logró un acuerdo con el consorcio Paz Holdings, que tenía un porcentaje minoritario en las empresas expropiadas.

Arce sostuvo que con la firma de estos documentos «se ha consolidado total y plenamente la nacionalización de las cuatro comercializadoras de electricidad», pasadas al Estado en 2012. Los acuerdos se respaldan en dos decretos aprobados por el Gobierno boliviano, añadió el procurador. Estas normas establecen el pago de 34 millones de dólares a Iberdrola y de otros 19 millones al grupo inversor Paz Holdings, informaron la Procuraduría y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

El presidente boliviano, Evo Morales, expropió en 2012 a Iberdrola las distribuidoras de electricidad Electropaz y Elfeo, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones. En julio de 2014, la española presentó una notificación ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en contra de Bolivia para exigir una indemnización, mientras que Paz Holdings lo hizo un año después. Según las autoridades bolivianas, los montos de indemnización fueron establecidos mediante estudios técnicos y jurídicos y se logró una «solución amistosa» para resolver ambas controversias tras un «arduo y largo proceso de negociación».

Con los acuerdosfirmados se cierran todas las demandas arbitrales que tenía el Estado boliviano por las nacionalizaciones en el sector eléctrico, resaltó el Ministerio de Hidrocarburos. Según fuentes del mercado, el desembolso del dinero acordado se efectuará antes del viernes, lo que supondrá la salida definitiva de Iberdrola del país andino. Desde que asumió la presidencia por primera vez en 2006, el presidente Morales ha nacionalizado una veintena de empresas petroleras, eléctricas, cementeras y mineras, entre otras, de inversores estadounidenses, canadienses, europeos y bolivianos.