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La oposición reclama un pacto para frenar la subida de la luz e insiste en auditar los costes

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Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han planteado al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar la subida del precio de la factura de electricidad y han reclamado indistintamente la intervención del Gobierno en la parte fija y variable del recibo y, por unanimidad, la realización de una auditoría de los costes energéticos.

Estas peticiones han sido realizadas por los distintos portavoces parlamentarios en la comparecencia del ministro Nadal en la Comisión de Energía en el Congreso. La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha pedido a Nadal que asuma su «responsabilidad» y haga una auditoria de costes del sector eléctrico como primer paso para la elaboración de una reforma del sector que facilite la transición energética y la bajada de la luz. Lucio considera que «existen costes que se imputan al sistema que son excesivos»; unos sobrecostes que, según sus cálculos, oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones. «Estamos pagando sardinas a precio de besugo y los que venden sardinas se están forrando a costa de los consumidores», ha indicado Lucio.

A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el informe solicitado a la CNMC para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios y la puesta en marcha de un market maker en el mercado del gas, son una «intervención quirúrgica» dentro de un «cuadro médico grave». Lucio subrayó que el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir tanto en la parte fija como la variable del recibo, por lo que reclama cambios en el modelo de funcionamiento del mercado, y sugiere la vuelta a una mayor utilización del carbón autóctono si eso facilita abaratar el coste de la producción energética.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha defendido que en la actual coyuntura «no se trata de poner parches», sino que es necesario sentarse «entre todos» para hallar una solución al encarecimiento de la luz. Rodríguez asegura que se podría reducir en unos 400 euros al año el recibo de la luz para el consumidor medio si se intentasen aplicar medidas similares de mejora de competencia a las tomadas por otros países de Europa, y destacó el papel del autoconsumo como vía para abaratar también la factura.

En este sentido, apuntó respecto a que el autoconsumo disminuyese la recaudación por los impuestos que se dejen de pagar de la luz, al final el erario público podría llegar a ingresar una cifra mayor gracias al IVA de las instalaciones, por lo que aseguró no entender los vetos del Gobierno. Así, apeló a un Pacto de Estado por la Energía y también a la elaboración de una auditoría de costes para avanzar hacia la eficiencia energética. Rodríguez ironizó con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en las que ha augurado una bajada del precio de la luz porque «va a llover», al proponer ante esas palabras realizar la «danza de la lluvia».

Desde las filas de Unidos Podemos, Josep Vendrell apuntó que estamos ante un «problema estructural» que muestra el «fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico». «No tenemos ni más competencias ni mejores precios, el sistema es ineficiente y con una regulación absurda», agregó Vendrell, que reclamó también la realización de una auditoría de costes y propuso una reforma del mercado eléctrico para que las tecnologías sean retribuidas conforme a su coste de generación con una rentabilidad «razonable». También abogó por pasar a un modelo de subasta competitiva en lugar de pagos fijos por capacidad, de forma que no sea el mercado marginalista quien determine los precios de la electricidad, así como recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas.

Desde la oposición han hecho referencias en varias ocasiones a la complejidad para interpretar los recibos de la luz. De hecho, el diputado de ERC Joan Capdevilla ha propuesto obligar a las compañías eléctricas a que en sus facturas pongan «en negrita y Arial 16» si el contrato está sujeto o no a la aplicación de bonos sociales. Como el resto de grupos, ha solicitado una revisión del sistema y la elaboración de una auditoría de costes. También ha pedido al ministro Nadal “que el Gobierno reconsidere su posición” ante la proposición de ley de fomento del autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos.

A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, considera que la normativa es «descoordinada» y «castiga a los consumidores», debido a un mercado mayorista «sometido a la volatilidad de las tecnologías». Por ello, desde el PNV se defendió la necesidad de impulsar cambios legales y buscar soluciones. Sagastizabal ofreció a Nadal la colaboración del PNV para lograr «sinergias», impulsar una política energética «coordinada» con la industrial y social, y que «se implemente de manera adecuada», a la vez que reclamó una auditoría de costes.

Dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, agradeció las explicaciones del ministro, a quien ha pedido trabajar para conseguir mayor «transparencia» y ha dicho parecerle «lógico» que ante la «alarma social» por la luz se elabore una auditoría de costes. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha hecho hincapié en que España presenta una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, y ha culpado al exministro socialista de Energía, Miguel Sebastián, del «tarifazo» que aprobó en su momento, «origen» de la situación actual.

Entre tanto, Joan Baldoví (Compromís), ve necesario cambiar el sistema de fijación de precios, ya que «se paga la luz a precio de caviar», y se ha opuesto a que se pague el agua de las empresas nucleares e hidroeléctricas «a precio del gas, proponiendo que se haga una media ponderada entre lo que vale el kilovatio producido por una energía y otra. Ha reclamado también una auditoría de costes y el desarrollo de las renovables, y ha recordado al ministro que el 21% de IVA que soporta la factura de la luz en España se sitúa tres puntos por encima de la media europea.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión de Energía, Guillermo Mariscal, ha defendido que el PP «no tiene la culpa del anticiclón ni del cierre nuclear en Francia» que ha propiciado la reciente subida del precio de la electricidad. Mariscal ha recordado el Gobierno ya llevó a cabo una auditoría de los costes del sistema para poder elaborar la reforma energética “que permitió acabar con el déficit tarifario”.

Además, ha augurado que la energía solar será la «energía del futuro», si bien ha criticado la «dinámica de cierto folclore» reflejada en la presentación de la proposición de ley apoyada por todos los grupos junto a la presencia de la patronal fotovoltaica UNEF. «¿Si el Grupo Popular hubiese aparecido con una proposición de ley acompañados por el presidente de una gran compañía eléctrica o presidente de la patronal qué hubieran dicho de nosotros?», se preguntó Mariscal, quien defendió la política energética del PP al congelar los peajes del recibo y aprobar las medidas relativas al mercado del gas con las que la factura «bajará».

Nuevo Gobierno: riesgos del nombramiento para la energía

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Será este jueves cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presente su nuevo gabinete. Desde la sesión de investidura se viene especulando, cada vez con mayor fruición, acerca de la composición del mismo. En este artículo nos ocuparemos por un lado de los criterios que se han seguido para designar en tiempos pasados, pero recientes, al responsable de energía; en segundo lugar, de los nombres a los que ha tenido acceso Energía Diario y que contarían como candidatos a la cartera ministerial.

La titularidad de Industria, Energía y Turismo, quedó sumida en la orfandad tras la salida del ministro offshore José Manuel Soria. Orfandad que fue cubierta de aquella manera desde abril por la égida del actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, con todas sus inhibiciones y silencios al respecto, y bajo la tutela del hasta ahora secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Hay que tener en cuenta que la trayectoria seguida por los últimos gobiernos en la cobertura de esta cartera no ha sido especialmente halagüeña, sobre todo al estar inserta en el ámbito más difuso de Industria. Al perfil de José Manuel Soria, excesivamente proclive al protagonismo, hay que sumar a sus antecesores socialistas, Joan Clos y José Montilla, que también contaban con un marcado carácter y trayectoria política anterior relevante, frente a un perfil técnico o económico que les avalase.

La excepción como perfil híbrido económico-técnico fue Miguel Sebastián quien, realmente, comenzó a comprender el sector energético al final de su mandato, tras provenir de la Oficina Económica del presidente Zapatero. De los anteriores gobiernos populares hay que recordar cómo José María Aznar atribuyó conscientemente la siempre patata caliente de la energía al vicepresidente Rato y al entonces secretario general José Folgado (actual presidente de Red Eléctrica de España), quien seguramente recuerda todavía las increpaciones que recibía por los apagones.

Por tanto, el principal problema que plantea la designación de un ministro de Industria es que se ha venidoaplicando un mecanismo de cobertura de índole política y de preferencia personal. Argumentos como dar una contraprestación por servicios prestados en el partido, ser catalán, ser vasco, barón territorial, alcalde prominente, amigo del presidente, etc…, son elementos que cotizan en el pool de ministrables. En todo caso, la coyuntura actual obligaría a hilar más fino y a ser conscientes de la importancia del nombramiento y de la relevancia de esta decisión.

Los nombres que suenan en esta ocasión: aunque todo el mundo apuntaría a que el claro favorito es Alberto Nadal, responsable del cuadre contable del déficit de tarifa, el escenario es enormemente abierto dada la propia personalidad de Rajoy y sus propias cábalas. Resulta difícil que pudiera ser ministro si su hermano Álvaro, procedente de la Oficina Económica, pasase a ocupar una cartera. El mayor paroxismo sería tener a un hermano de ministro y al otro de secretario de Estado.

Por otra parte, se descarta la alternativa que más reciente se ha colado en las quinielas con el nombre de Josep Piqué, quien ya fuera Ministro de Industria, cuyas suspicacias y prevenciones en el seno del Ejecutivo son públicas. También recibe suspicacias y apuestas, por igual, Dolores de Cospedal. Incluso en ciertos ambientes se incluye el nombre de Guillermo Mariscal, portavoz de Energía en el Congreso y situado en la órbita de José Manuel Soria.

Asimismo, el nombre que suscita más coincidencias es la estrella ascendente de Javier Maroto, vasco y cuya relación con el mundo industrial podría ser decisiva. En este caso hay que recordar su manifiesta oposición a la actividad en la central nuclear de Garoña cuando ejercía de alcalde de Vitoria, lo cual sumaría puntos de cara a atraerse al PNV. Otro candidato, hombre del partido, es Fernando Martínez-Maíllo, que ocupó la presidencia de la Comisión de Industria en la legislatura fallida.

Esperemos que la energía, cuya legislatura será intensa y cargada de cuestiones de fondo, no se gestione por un canje. Posiblemente la peor solución será utilizar la cartera de Industria para colocar a los ministrables desubicados una vez completado el sudoku, lo que incidiría en la tradición de la clase política española de que la energía es una asignatura maría.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

El PP se compromete con un Renove para la cogeneración mientras Ciudadanos lo encuadra en un pacto de Estado energético

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Javier Angulo.- Los partidos que lograron suscribir un pacto de investidura el pasado agosto han ofrecido una perspectiva esperanzadora para la cogeneración en caso de formarse Gobierno. El Plan Renove, aspiración del sector que está contenida en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 pero aún no desarrollada, parece contar con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos, aún con las manifiestas diferencias entre sus representantes. En el lado contrario Podemos, que no varió su aspiración 100% renovable.

La mesa política del Congreso Anual de Cogen España (Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración) no contó con la presencia de la portavoz socialista de Energía en el Congreso de los Diputados, Pilar Lucio. Una ausencia totalmente comprensible e incluso esperada dado como bajan las aguas por Ferraz. A pesar de la ausencia del principal partido de la oposición, no faltó la tensión política en algunos momentos. Frente a las críticas de Ciudadanos y Podemos a las medidas puestas en marcha por el Gobierno popular en los últimos años, el PP volvió a justificar sus decisiones en la necesidad de atajar la generación de más déficit de tarifa.

Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, resaltó que su partido fue el único que llevó en su programa electoral el compromiso de llevar a cabo un Plan Renove para la cogeneración. No comprometió cifras ni plazos, pero mostró su convencimiento de que el gas natural “es el futuro a corto y medio plazo” al tiempo que resaltó la infraestructura gasista existente en España. Por ello cree que, una vez logrado “un marco jurídico estable” en el sistema eléctrico, es el momento de apostar por la cogeneración y la eficiencia energética, pensando en los objetivos comunitarios para 2020. La cuestión es conocer si la sintonía será absoluta entre lo expresado desde el grupo popular y los actuales y futuros responsables ministeriales.

Su homóloga en el Congreso por Ciudadanos, Melisa Rodríguez, priorizó un pacto de Estado en materia energética para que el país defina cómo quiere garantizar su suministro. En este sentido, reprochó al PP haber tomado medidas que “han sido un palo para el sector” así como otras como la regulación del autoconsumo, “ambas realizadas desde la improvisación después de no escuchar a nadie”. Asimismo reconoció que la eficiencia energética es clave para la economía de un país y ratificó el compromiso de Ciudadanos con los objetivos comprometidos con la Unión Europea en la materia, pero no quiso respaldar explícitamente un Plan Renove para la cogeneración, algo que circunscribió a la conveniencia de alcanzar un pacto de Estado en materia energética.  

Elena Méndez, coordinadora del Área de Trabajo Territorial del grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid, se limitó a exponer el objetivo de un suministro energético 100% renovable como el objetivo a alcanzar en el futuro. Dentro de este discurso, si bien reconoció que es necesaria una transición para llegar a ese punto, no ofreció una solución mejor a la cogeneración para las industrias que precisan de gran cantidad de energía térmica (calor o frío) para sus procesos productivos, limitando su discurso al sector eléctrico y a un plan de ahorro energético centrado en la rehabilitación de edificios y el sector del transporte. “Hay que subordinar los intereses económicos a los intereses sociales”, sentenció respecto al cambio climático.

Punto de vista de autonomías

Los representantes de los partidos políticos también protagonizaron otros momentos del Congreso Anual de Cogen. Mención especial merece Aitor Oregi, director de Energía del Gobierno del País Vasco, que asistió a todas las sesiones del Congreso e incluso lanzó una pregunta a los diputados. El dirigente vasco lamentó que la incertidumbre que rodea al plan Renove de cogeneración esté retrasando las inversiones en un sector en el que no se ha invertido nada desde 2012. A la espera también se expresaron otras comunidades como indicó el representante de Aragón, Fernando Rivera, que señaló que el Plan Energético a 2020 prevé una potencia instalada en cogeneración de 850 megavatios, lo que supondría un incremento del 30%.

Desde la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge Juan Jiménez Luna destacó que la cogeneración es una herramienta “básica” para el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética. En términos parecidos se expresó Esther Marín, directora de Energía de la Región de Murcia, que aspira a aprobar próximamente una regulación específica para el autoconsumo. Otro representante murciano, el diputado del PP en el Congreso, Teodoro García Egea, apuntó que, “después de asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico”, es momento de dar un paso adelante y plantear otras cuestiones como si deben financiarse mediante la tarifa eléctrica todos sus componentes actuales o favorecer a la industria “haciendo justicia” con la cogeneración.

Los partidos coinciden en la necesidad de una nueva regulación para avanzar a una transición energética

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Europa Press.- Expertos del sector energético y representantes de las principales formaciones políticas alertaron desde el Foro de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas de la necesidad de consensuar un marco legislativo para garantizar una correcta transición energética en España.

Al acto acudieron el diputado de Equo Juan López de Uralde, el exministro socialista Luis Atienza, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez y el diputado popular Guillermo Mariscal. Junto a ellos también estuvieron el presidente de BP España, Luis Aires y el director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de Comillas, Ignacio Pérez-Arriga. Los expertos señalaron que el sector del transporte es el sector que contribuye más a las emisiones de CO2 en España, ya que suponen un 30% del total. De esta forma, piensan que se deben mejorar las tecnologías de los vehículos y que se promuevan señales económicas y fiscales adecuadas.

Según el presidente de BP España, Luis Aires, los gobiernos deben ofrecer un marco legislativo claro que facilite y ayude al desarrollo energético. Asimismo, ha recordado que los combustibles fósiles suponen un 86% de las emisiones a nivel global. En este sentido, Aires propuso que se sustituya el uso del carbón como materia prima para la producción eléctrica por gas, ya que, según comenta, la combustión del carbón constituye un tercio de todas las emisiones. Del mismo modo, Aires ha criticado que España fuera en 2015 el país con un mayor incremento de la emisión de contaminantes derivados del carbón.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Comillas Ignacio Pérez-Arriaga advirtió que todos los sectores energéticos tendrán que contraer mucho sus emisiones para el año 2030 y que tendrán que exponerse a «un esfuerzo notable». En este sentido, Pérez-Arriga pide que se establezca una hoja de ruta y una política energética «fuerte, estable y ortodoxa». Asimismo, pidió que la regulación que se adopte tiene que adaptarse a las alteraciones del mercado e indicó que ahora es «un buen momento» para reflexionar acerca de una legislación conjunta. «Hace falta decisión, liderazgo y cierto nivel de consenso político», ha explicado.

Para el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, el modelo que propone su formación consiste en que toda la energía que se consuma provenga al 100% de renovables. Del mismo modo, defendió que también se deben cerrar progresivamente todas las centrales nucleares conforme se vayan agotando sus licencias. Asimismo, lamentó que en los últimos años el sector de las renovables haya perdido «el gran aporte de riqueza» que le otorgaba a la economía española a causa de «políticas irresponsables».

Por otro lado, el exministro socialista de Agricultura Luis Atienza reclamó que la reducción de las emisiones pase por la descarbonización «plena» del sistema eléctrico. Asimismo, ve imprescindible que se acometa una decisión política a largo plazo. «Hace 20 años, la desaparición de la política energética era la medida más adecuada para asegurar la competitividad del sector. Ahora, el cambio climático se ha revelado como el gran fallo de mercado y necesita de intervencionismo«, argumentó.

Para la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, los partidos que han estado en el poder «han jugado» con la política energética y a raíz de este hecho se ha llegado a un punto de «inseguridad jurídica». De esta forma, Rodríguez ha solicitado «un pacto de Estado» para la energía pero duda de que todos los partidos lo apoyen. Igualmente, ha puesto en valor la utilización del ferrocarril como método a corto plazo para reducir las emisiones de carbono y ha pedido que se acometan medidas para que España se aleje del concepto de «isla energética».

Finalmente, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, recordó que la primera demanda del sector de la energía es el consenso. De este modo, cree que el objetivo de que el 20% de la energía producida en España sea renovable en 2020 es conseguible y explica que el porcentaje actual es superior al de los socios europeos. Además, Mariscal cree que una reducción de la tarifa y de los precios es fundamental para que la industria sea competitiva y para que no se «machaque» al consumidor.

El Congreso de COGEN reunirá a responsables energéticos y a desarrolladores de plantas para discutir el futuro de la cogeneración

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El próximo martes 4 de octubre el sector de la cogeneración celebrará el Congreso anual de COGEN España en el hotel The Westin Palace de Madrid, con la presencia de responsables de política energética de los principales partidos políticos, directores de desarrollo energético de comunidades autónomas y líderes de opinión europeos en materia de cogeneración.

Un año más COGEN España, la Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración, organiza una jornada internacional de trabajo e intercambio de opiniones alrededor de la política de desarrollo energético y el futuro a medio plazo para la cogeneración. En esta ocasión se debatirán los retos a los que se enfrentará durante la siguiente legislatura un sector que ha visto seriamente mermada su potencia en funcionamiento, unos 2 GW menos que los 6 GW de 2012, a raíz de las medidas implementadas durante los últimos años para atajar la generación de más déficit. Aún así, existe un potencial no abastecido de otros 2 GW adicionales solo en el sector industrial, según el Mapa de calor recientemente enviado a Europa.

Durante la jornada se explicarán los programas y acuerdos de gobierno de las 4 principales formaciones políticas, contando con tres portavoces de Energía en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados: Guillermo Mariscal (PP), Pilar Lucio, secretaria de Medio Ambiente del PSOE, y Melisa Rodríguez (Ciudadanos), así como Elena Méndez, asesora de Energía de Podemos. Participarán asimismo los directores generales de Energía de las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco, Aragón, Murcia y Andalucía, por cuyas manos circulan temas de vital importancia como la administración de cogeneraciones, el desarrollo de mecanismos de eficiencia o la concesión de apoyos y subvenciones.

También habrá ocasión de escuchar a responsables de política europea como Samuele Furfari, asesor del director general de Energía en la Comisión Europea, o a expertos como Roberto Francia, director general de la asociación Cogen Europe. Y finalmente se contará con expertos en regulación alemana de cogeneración, operadores globales e incluso habrá tiempo para nuevos mercados como el de las plantas de purinescon cogeneración, que esperan reabrir tras el fallo del Tribunal Supremo en junio pasado. En definitiva, una oportunidad para entender y participar de la realidad del momento que los profesionales del sector energético no deberían dejar escapar.

Ricardo Sixto (Unidos Podemos) es el nuevo presidente de la Comisión de Industria del Congreso mientras apenas cambian los portavoces

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Javier Angulo / Europa Press.- Izquierda Unida logró situar a uno de los ocho diputados que tiene en el Congreso como presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, un puesto para el que el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto, fue elegido sin votación, por simple asentimiento del resto de grupos. Se trata de un puesto que en la anterior legislatura correspondió al PP y ejerció Fernando Martínez Maillo, que pasa a presidir la Comisión del Tribunal de Cuentas.

En el reparto de presidencias de las distintas comisiones parlamentarias pactado por los grupos, a Unidos Podemos se le reservó las de Industria, Energía y Turismo, Empleo y Seguridad Social y la de nueva creación que, a instancias del partido morado, se ocupará de los asuntos relativos a la infancia y la adolescencia. El reparto de portavocías de comisión en el grupo de Unidos Podemos generó tensiones internas porque ninguno de los diputados de IU logró una portavocía titular. Al final, tras denunciarlo públicamente, se decidió dar al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por tanto, con el nuevo reparto, Sixto presidirá la comisión de Industria, Energía y Turismo, en la que ejercerá como portavoz de Unidos Podemos la diputada de En Marea y dirigente de IU, Yolanda Díaz. Es previsible de todas formas una rotación en las voces parlamentarias de Unidos Podemos para los temas relativos a la energía, por lo que se espera que el parlamentario de En Comú Podem, Josep Vendrell, y los representantes de Equo también jueguen un papel importante.

Sixto es junto con Garzón el diputado con más experiencia parlamentaria de Unidos Podemos, porque ya tuvo escaño entre 2011 y las elecciones generales del pasado mes de diciembre. Entonces, volvió a concurrir pero no logró revalidar su acta, lo que sí consiguió el pasado 26 de junio, tras integrarse EUPV en la candidatura A la valenciana, con la que Compromís y Podemos concurrieron a aquellos comicios. El cargo de presidente de comisión está remunerado con 4.245,18 euros al mes, los que suman los 2.813,87 de la asignación que perciben todas sus señorías, y el complemento para gastos de representación fijado en 1.431,31 euros. Además, al ser de fuera de Madrid, Sixto también cobra una indemnización de 1.823,86 al mes.

Sin cambios en otros partidos

En el resto de los principales partidos políticos no se han producido cambios en lo que respecta a sus portavoces en materia de Energía en la Comisión de Industria del Congreso. Al frente de la portavocía de Energía del PSOE seguirá la diputada por Cáceres, Pilar Lucio, que es también la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del partido.

Por otro lado, el acento canario de esta comisión se mantiene en las figuras de Guillermo Mariscal y Melisa Rodríguez, que repiten nuevamente como portavoces de Energía en la Comisión. De hecho, el diputado popular ha ejercido esta función desde el último trimestre de 2014, momento en el que heredó el puesto del exdiputado gallego Antonio Erias, que abandonó su acta de diputado para presidir MibGas. Continúa así el toque insular aportado por el anterior presidente, Pablo Matos, y el experimentado portavoz socialista, José Segura.

Cita política en el Congreso Eólico

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Dos días después de la resaca de la noche electoral, la cita anual con el Congreso Eólico reunía a los partidos políticos que habían competido en estas recientes elecciones españolas en una mesa ad hoc en materia energética. Evidentemente, con la cuestión de los pactos encima de la mesa, también tenía su morbo periodístico.

Los comicios pesaban en el ambiente de las intervenciones, casi como si se tratase de la prolongación de una campaña en la que la energía no pasó de un discreto segundo plano en los argumentarios electorales. Por un lado, la representante del PSOE, Pilar Lucio, utilizando un pasado cuasi nostálgico, iniciaba sus intervenciones con un manido «nosotros llevábamos en el programa…». Sorpresa y desparpajo por la representante de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez, reclamando una energía al servicio de la competitividad y con ganas de promover un pacto de Estado en energía. También estaba Juan López de Uralde, candidato de Podemos y coportavoz de Equo; voluntarioso pero previsible y desfondado, apelando a afilar la fiscalidad energética que premia y castiga.

Hasta entonces el Congreso del sector eólico discurría por las vías esperadas, sesión de CEO’s, reflexión sobre el papel de la tecnología eólica en el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles para 2020 y 2030, reuniones más técnicas sobre financiación de proyectos, project finance en el argot. México como monográfico dada la actualidad internacional para este sector en este país.

Como proscenio de la actualidad energética, un ambiente raro en el que ya se empiezan a producir nuevos ejercicios de declamación al «futuro Gobierno», una fórmula muy elíptica para decir «el Gobierno que venga» o el Ejecutivo que resulte y como resulte, tan abundantes durante el primer interinato de Gobierno. Fórmula que sirve para distribuir visiones ideologizadas: desde el cumplimiento de los compromisos medioambientales, según su calendario temporal y posibilidades financieras, a la mistificación dogmática de la transición energética. Todo mientras la situación de la demanda y las posibilidades de reabrir un ciclo inversor en nueva potencia en la energía en España están en duda.

Por otra parte, desde las elecciones anteriores se vienen produciendo una serie de acontecimientos que se pueden esquematizar en una legislatura llena de reclamaciones y pronunciamientos políticos referidos a la energía (del fracking a las interpretaciones sobre la pobreza energética), además de la salida del ministro Soria por los motivos ya conocidos y el embarramiento del terreno de juego en lo que se refiere a la central deSanta María de Garoña, cuestión extraída de los motivos puramente técnicos o jurídicos, para entrar en lo político e ideológicos por la poca pericia de Marti Scharfhausen.

Asimismo, continúa la energía gestionada por Nadal y provisionalmente ubicada en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos. En el aire siguen los conflictos y arbitrajes internacionales que el futuro Gobierno, el que surja, deberá afrontar. Gas Natural reclama al Estado daño patrimonial por el efecto de las renovables en la infrautilización de sus ciclos cobminados. La guerra de las tecnologías sigue soterrada y alimentada por la acción política.

Finalmente, nota y apunte de interés: el representante del Partido Popular convocado para el encuentro político, Guillermo Mariscal, heredero in pectore de la insularidad canaria de Soria en lo referente a la energía, no apareció en el debate. El PPxit.

Todos los partidos apuestan por la participación de la fotovoltaica en las futuras subastas de renovables

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Europa Press.- PSOE, Ciudadanos, PP y Podemos han apostado por la participación de la fotovoltaica en las futuras subastas de energía renovable, después de que esta tecnología fuera excluida de las que se realizaron a principios de año y que pusieron fin a la moratoria verde que existía desde 2012.

En un debate electoral sobre el desarrollo de la energía renovable, la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, y el portavoz de Medio Ambiente de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, mostraron su compromiso para cambiar el marco jurídico actual para que la fotovoltaica no sea excluida de estas subastas.

Por su parte, el portavoz de Energía del PP y diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, subrayó que las renovables, y entre ellas la fotovoltaica, «deben ser el corazón» del sistema eléctrico si se quieren asumir los compromisos internacionales de descarbonización marcados en la COP21 de París.

Así, Mariscal, que justificó la reforma llevada a cabo por el Gobierno del PP ante la necesidad de acabar con el déficit de tarifa, afirmó que «demonizar al sector fotovoltaico no es bueno» y consideró que los errores del pasado se debieron a la legislación que se aplicó por el Gobierno del PSOE, especialmente en los años 2007 y 2008. «Ese error dejó consigo que los españoles acabamos financiando la curva de aprendizaje de esa tecnología», dijo.

A este respecto, la responsable del PSOE Pilar Lucio aseguró que quien «demonizó» al sector fotovoltaico fue el PP con un recorte basado «en dos informes que no existieron».

Mientras, el miembro del Observatorio Crítico de la Energía y colaboradores del círculo de Economía, Energía y Ecología de Podemos, Cristóbal J. Gallego, destacó el importante papel que debe jugar la fotovoltaica, aunque se mostró partidario de definir el actual método de subastas, que incentiva la inversión más que la eficiencia.

Autoconsumo

PSOE, Ciudadanos y Podemos insistieron en su deseo de derogar el Real Decreto sobre autoconsumo y promulgar una nueva regulación que contemple, entre otras disposiciones, el balance neto, mientras que Mariscal defendió que el PP hubiera aprobado la primera legislación para su desarrollo.

«La bondad del autoconsumo es clara, pero los desarrollos deben ser ordenados y entendimos cuando se aprobó este primer Real Decreto que había que intentar evitar una transferencia de rentas entre quienes podían adquirir estas tecnologías y quienes no», subrayó el responsable del PP al respecto.

Los partidos participantes en el debate también mostraron su compromiso por cumplir los objetivos europeos de renovables a 2020 y 2030 y apostaron por consensos bajo la forma de un Pacto de Estado que devuelva la estabilidad y la seguridad jurídica al sector.

 

El Congreso exige al Gobierno el cierre de los 8 reactores nucleares españoles cuando cumplan los 40 años de funcionamiento

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Europa Press.- La última Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de esta legislatura aprobó una proposición no de ley del PSOE que plantea el cierre de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad (17 votos); el voto en contra de PP y Foro de Asturias (16), y la abstención de Podemos.

La central nuclear más antigua de España es Garoña, que empezó a funcionar en 1971. Actualmente cuenta con 45 años desde su puesta en marcha, aunque permanece parada desde diciembre de 2012. En este sentido, la propuesta socialista exige al Gobierno que no tome ninguna decisión sobre su continuidad, a la espera de la conformación de un nuevo ejecutivo. El resto de centrales atómicas españolas, que todavía no han cumplido sus 40 años de funcionamiento, son: Almaraz, que cuenta con dos unidades (1980 y 1983); Ascó, también con dos unidades (1982 y 1985); Vandellós II (1987); Cofrentes (1984); y Trillo es la última central puesta en marcha en España (1987).

Esta misma comisión también debatía una proposición no de ley de Podemos, que no salió adelante, y que urgía al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplan los 40 años de funcionamiento y que se cierren cuando toque renovar su permiso de explotación. Contó con los únicos votos a favor del partido morado, el voto en contra de PP y Foro de Asturias, y la abstención de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad.

La impulsora de la iniciativa socialista, Pilar Lucio, insistió en que es necesaria una gradual disminución de la producción energética de las plantas nucleares, hacia una transición energética que permita descarbonizar la economía y sustituir la energía nuclear por las renovables. Según insistió la diputada socialista, la nuclear «no es una energía limpia porque genera residuos difícilmente gestionables», además de que representa una amenaza para seguridad internacional y nacional, desde el punto de vista terrorista y medio ambiental. «Pensamos que un mix energético sin nucleares es posible y por eso proponemos una gradual disminución dentro de un Pacto de Estado por la energía para adaptar la política energética, dar al sistema una mayor estabilidad, y facilitar la transición energética», añadió.

Además, los socialistas reclaman la supresión del decreto para la gestión responsable de combustible nuclear gastado, donde el actual Ejecutivo cambió un reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR) «para permitir la renovación de Garoña», que ya estaba en situación de cese definitivo de explotación. Otra de sus peticiones en la proposición no de ley es que se revise la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad establecidos por el CSN. Para ello, exige que el Ejecutivo apruebe el séptimo plan general de residuos radiactivos.

Por su parte, en defensa de la iniciativa del partido morado, Juan López de Uralde, insistió en que las nucleares «no son seguras, ni limpias ni baratas», a la vez que ha destacado que el riesgo de accidente nuclear es «real» tal y como se comprobó con Fukushima o Chernóbil. También criticó que hasta la fecha no se ha resuelto la cuestión de los residuos radiactivos. «El mito de la nuclear barata se ha desmoronado. Ha llegado la hora de proceder al cierre progresivo para culminar con un apagón en 2024, una vez venzan los permisos de explotación», ha argumentado.

Por su parte, Enrique Bueno, de Ciudadanos, ha subrayado que su programa contempla el cierre progresivo de las nucleares una vez transcurridos los 40 años de vida útil para las que se crearon. Apuesta por la transición del modelo energético hacia las renovables y por la eficiencia energética. Por ello, indicó que votará a favor de la iniciativa del PSOE.

Mientras, Guillermo Mariscal justificó su voto en contra a las dos iniciativas en que no se debe infrautilizar ninguna de las capacidades disponibles. «Todo lo relacionado con la vida útil es una tarea que corresponde al CSN, que es quien vela por la garantía medioambiental y sobre las personas y la seguridad radiológica», precisó el portavoz del PP. Cree que un discurso que enfrente renovables con nucleares es «insustancial» porque, a su juicio, las renovables no garantizan actualmente la seguridad de suministro y haría falta energía complementaria, que podría ser el gas o el carbón, por ejemplo, que contribuyen al aumento de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero.

«Si queremos ser responsables con los compromisos adquiridos en el acuerdo del Clima de París creo que esta tecnología que permite generación eléctrica sin emisión es un valor más, teniendo en cuenta que se cree en la necesidad de que haya neutralidad a la hora de decidir qué tecnologías permiten ese mix que garantice la sostenibilidad del sistema, la seguridad de suministro y una optimización de los costes energéticos«, concluyó.