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La mayoría del Congreso pide al Gobierno que prohíba el fracking y suspenda los permisos ya concedidos

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, para instar al Gobierno a que prohíba el uso de la fractura hidráulica, el llamado fracking, en todo el país y para que suspenda los permisos de todo tipo ya concedidos durante esta legislatura.

La iniciativa de ERC, modificada con las propuestas de Podemos y el PSOE, pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking, respetando plenamente las competencias autonómicas, y para suspender cautelarmente las prospecciones ya previstas, incluso las que están en fase de proyecto o permiso de investigación. Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos de la ley de hidrocarburos que favorecen la implantación de esta técnica en España, fundamentalmente incentivos económicos.

El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias (FAC). Los 5 diputados de Ciudadanos se han abstenido. La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el medio ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la «España centralizadora, ultraliberal y expoliadora» pretende «imponer su autoritarismo» en zonas donde existe una «gran resistencia«. «El valor que tienen para nosotros estas cosas es lo que estamos votando aquí», indicó, reclamando rechazar el fracking y apostar «de una vez por todas» por el «necesario» cambio de modelo energético.

La diputada socialista por Cantabria, María del Puerto Gallego, coincide en que los «riesgos» del fracking ya son conocidos, lo que preocupa a los ciudadanos. La socialista subrayó la resistencia ciudadana a estos proyectos, pese al intento del PP «de comprar la voluntad» de los ciudadanos con su ley de hidrocarburos, que prevé incentivos fiscales y económicos para los habitantes y territorios afectados.»Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas. Pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huída hacia adelante», criticó, señalando que con la «excusa» de la dependencia energética los populares fomentaron esta técnica.

María Rosa Martínez, de Equo Podemos, que aportó cambios de tipo técnico a la proposición no de ley de ERC, coincide en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los «notorios» efectos «nocivos» sobre la salud y el medio ambiente que tiene, además de porque es «incompatible» con otras actividades económicas, pese a tener un «escaso retorno energético, económico y social». Por ello, ha sugerido que «las enormes inversiones» de las multinacionales del fracking se usen en la transición energética hacia un modelo de energías limpias.

El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, considera que «cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone», sobre todo si es tan dependiente como España, y además recuerda que la pasada legislatura se aprobó un cambio normativo que «garantiza la seguridad de las personas y el medio ambiente» ante este tipo de actividades, que además generan desarrollo económico y abaratan los precios de la energía. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha lamentado la «mucha desinformación» que hay en torno a esta «controvertida» técnica, que utilizan muchos países del mundo. “No cerramos la puerta a la exploración y, si cabe, la explotación de estos recursos», ha señalado, recordando que la Unión Europea considera este recurso como «estratégico».

La portavoz de Industria de Ciudadanos, Elena Faba, por último, ha reconocido que los informes sobre el fracking «alertan» de «notables» riesgos medioambientales. Pero también cree que es «fundamental» la «prudencia«, por lo que propusieron una enmienda que no ha sido admitida, consecuencia de lo cual se ha abstenido en la votación final pese a estar de acuerdo con poner restricciones al fracking con una moratoria pero en contra de apoyar una prohibición total de la técnica. «No tenemos suficiente información y así es imposible adoptar decisiones», concluyó, recordando que no se han tenido suficientemente en cuenta los efectos de las posibles responsabilidades patrimoniales que podrían exigirse si se aplica la moratoria que pedía ERC sobre los permisos ya concedidos.

Greenpeace felicita a los políticos

Desde la organización ecologista Greenpeace felicitaron a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados por aprobar una proposición no de ley que exige al Gobierno prohibir el fracking o fractura hidráulica en España y considera que este es «un paso fundamental para el fin de esta peligrosa e innecesaria práctica». «Es una gran noticia que por fin el Congreso de los Diputados apruebe una prohibición del fracking, ya que el Gobierno del Partido Popular ha estado apostando por esta peligrosa técnica durante toda su legislatura», apuntó el responsable de campañas de Greenpeace España, Julio Barea.

Podemos, PSOE y Ciudadanos acuerdan reclamar el desmantelamiento del almacén gasista Castor y estudiar posibles responsabilidades penales de Escal UGS

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso aprobó una iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación tras completar Enagás su sellado, y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS participada por ACS, así como realizar un peritaje para valorar los daños causados.

La iniciativa recibió 28 votos favorables y 15 en contra. La propuesta, que partía de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, ha sido finalmente transaccionada con socialistas y Ciudadanos, y ha cosechado el respaldo de ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV y Compromís, frente al rechazo de los diputados del PP. El portavoz de Industria de En Comú Podem, Josep Vendrell, criticó el «escándalo mayúsculo» de este proyecto «fracasado», que se fomentó «más por el interés del promotor que por el interés general» y que ha acabado por convertirse en un «pelotazo financiero» que puede llegar a costar más de 4.000 millones de euros a los ciudadanos. «Una prueba más del capitalismo de amiguetes», añadió el portavoz.

Por eso, exige una «solución justa» que pase por explorar las «posibilidades legales existentes» para recuperar las indemnizaciones pagadas a Escal UGS porque «incurrió en dolo», así como por establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos. Igualmente, se reclama un calendario de desmantelamiento de las instalaciones de Castor una vez se conozca el informe técnico encargado al MIT sobre el estado de las instalaciones y nuevas medidas legislativas para que casos de este tipo no puedan repetirse en el futuro, dando «mayor protagonismo» a la Oficina Nacional de Evaluación de modo que pueda controlar ex ante las licitaciones y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

En el texto que finalmente ha sido aprobado también se ha incluido la petición de promover un Pacto de Estado de la Energía para que esta política tenga estabilidad en el tiempo y que permita facilitar el tránsito hacia un modelo basado en las renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda. Unos objetivos que comparte el PSOE, cuyo diputado Herick Campos recordó que la posición socialista es de «cierre y desmantelamiento de la infraestructura», mientras criticó que el PP coincida con estas reclamaciones en Valencia y luego vote en contra en Madrid.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, cree que antes de tomar cualquier medida sobre el desmantelamiento de Castor o sobre el recurso a los tribunales hace falta contar con informes técnicos y jurídicos, lo mismo que debe conocerse la documentación que ha llevado al Gobierno a pagar la indemnización a Escal UGS «sin transparencia«. El portavoz de Industria de ERC, Jordi Salvador, fue más allá al avanzar que solicitarán la creación de una comisión de investigación para aclarar las responsabilidades políticas, económicas, medioambientales e incluso penales «si las hubiera» respecto de este «escándalo», ocurrido «tanto en periodo socialista como popular», según recordó.

El diputado Jordi Xuclá, de Democracia y Libertad, ha hecho hincapié en que este «escándalo» ha sido posible por una «decisión política» que permitió que el contrato incluyera unas «cláusulas abusivas» en beneficio de la empresa. Por Compromís, la diputada Marta Sorlí denunció que «Castor ha sido una fábrica de billetes para Florentino (Pérez) y para los bancos que sólo ha servido para hacer temblar nuestra tierra y ensuciar nuestro mar» y se felicitó de que «ahora sí» exista la posibilidad de «hacer bien las cosas: desmantelar la planta, exigir responsabilidades a la empresa y recuperar parte de ese dinero».

Finalmente, el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, criticó que esta propuesta es «insuficiente» porque lo que solicita para que se recupere la indemnización ya está incluido en un decreto aprobado en 2014 si se demuestran irregularidades por parte de la empresa, tanto en lo que respecta a la no extinción de las responsabilidades de la promotora Escal UGS en la próxima década como en relación con la hibernación y seguridad de las instalaciones.

Además, ha recordado que ya se han pedido informes al MIT y a Enagás sobre lo sucedido y, durante la pasada legislatura, se han aprobado otros cambios legislativos para exigir declaración de impacto ambiental sísmico para este tipo de proyectos en el futuro. Con respecto al pago de la indemnización, el diputado ha recordado que el Gobierno estaba obligado a pagar y que ha minimizado el coste financiero y ha ampliado el plazo de amortización para reducir la cifra final.

Por último, Mariscal señaló que el «dañino» decreto que incluía el «alucinante» artículo que permitía a la empresa recuperar el valor residual de la inversión incluso si abandonaba el proyecto en cualquier momento lleva la firma de un «socialista» y que el Ejecutivo del PP trató de revertirlo para no tener que abonar la indemnización a Escal pero el Tribunal Supremo no se lo permitió.

El resultado electoral abre semanas de incertidumbre

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El PP ganó las elecciones generales de 2015 pero no son pocos los que creen que el próximo año tocará volver a las urnas dada la dificultad para formar mayorías estables. En el apartado energético, el ministro José Manuel Soria, Guillermo Mariscal, Pablo Matos (todos del PP), Pilar Lucio (PSOE), Pedro Azpiazu (PNV) y Juan López de Uralde (Podemos/EQUO) obtuvieron sus correspondientes escaños.

El PP ha cimentado su mensaje electoral en el continuismo y en la estabilidad en el Gobierno, apoyándose en unos indicadores económicos que han mejorado los números pero que esconden múltiples lecturas detrás, tal y cómo ha demostrado una victoria menor que sacrifica 63 escaños, 16 puntos y 3,5 millones de votos. En lo que atañe al mundo energético, las miradas al PP se concentraban en Canarias al realizar el escrutinio para valorar quiénes podrían ser las voces de la energía en la nueva legislatura.

En la legislatura de las prospecciones petrolíferas, aumentó notablemente el voto, pasando de un 59% a un 65%, con un importante auge de Podemos, que irrumpió con fuerza en Canarias siendo la segunda fuerza en votos y la tercera en escaños. El descenso del PP en votos fue similar a la caída sufrida a nivel nacional. Aún así, tanto el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por la circunscripción de Gran Canaria, como por Tenerife el presidente de la comisión del área en el Congreso durante esta legislatura, Pablo Matos, se hicieron con la victoria. Asimismo, el portavoz del PP de Energía en esta comisión, Guillermo Mariscal, obtuvo su escaño sin problemas.

También ganó las elecciones en su circunscripción Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo y el principal valedor del nacimiento de esta formación política en 2011 después de abandonar su cargo de director ejecutivo de Greenpeace. Uralde concurrió a los comicios como cabeza de lista de Podemos en Álava y ganó las elecciones en esta provincia, con 48.265 votos, por delante del PP (33.609), EAJ-PNV (28.297) y PSE-EE (25.293).Complicada para esta formación poder optar al Gobierno aunque en energía comparten muchos puntos con el PSOE, tal y como se pudo comprobar en la entrevista en la que afirmaba que «reformaremos el mercado eléctrico para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes de producción”.

3.000 votos separaron a Pilar Lucio de alzarse con la victoria en la circunscripción de Cáceres, triunfo que sí logró el PSOE en Badajoz. En cualquier caso es buen dato para los socialistas el empate con el PP y haber frenado el auge de los partidos emergentes, que no alcanzan representación. El tiempo dirá si Lucio se ocupa de los temas energéticos de la formación en el Congreso, dada su vocación más centrada al Medio Ambiente, en otra comisión parlamentaria durante esta legislatura. Otro socialista que consigue escaño es el asturiano Antonio Trevín, habitual orador en la comisión cuando se trata la minería del carbón.

Finalmente, otro diputado que es ya un clásico en estas lides es Pedro Azpiazu (PNV), que acudió como número 2 por la circunscripción de Vizcaya, la única en la que ganaron los nacionalistas vascos. En el capítulo de ausencias, en la nueva legislatura no estarán, entre otros, algunos que no obtuvieron escaño como Josep Sánchez Llibre, número 2 de la escindida Unió, Ricardo Sixto (Izquierda Plural), y otros que no iban en listas como Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) o el portavoz socialista de Energía, José Segura, cuyas intervenciones en la comisión del Congreso se echarán sin duda de menos en la Carrera de San Jerónimo.

El PP aboga por bajar los impuestos a los hidrocarburos mientras que el PSOE denuncia un «oligopolio» en las ventas

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Europa Press / Servimedia.- El PP asegura que en la próxima legislatura, si la situación económica mejora, propondrá bajadas de impuestos para el sector de los hidrocarburos para hacerlos «más competitivos» mientras que el PSOE aboga por conseguir una bajada de precios a través de «un mayor control del oligopolio», limitando a un máximo del 25% las ventas autorizadas para los operadores por provincia.

Así lo indicaron el popular Guillermo Mariscal y el socialista Román Ruiz Llamas durante la jornada Propuestas para el futuro del sector de los hidrocarburos y de las estaciones de servicio,  organizada por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y patrocinada, entre otros, por BP. Preguntados sobre la doble imposición (IVA e impuestos especiales) a la que están sometidos los combustibles fósiles, Mariscal argumentó que con la situación de déficit y caída de la recaudación que encontró el PP al principio de la legislatura era «muy complicado» reducir la presión fiscal, pero anunció que en la próxima legislatura habrá que «reducir la fiscalidad de la energía para hacerla más competitiva» aprovechando que «España está levantando cabeza».

En este sentido, Ruiz Llamas cree que si se quita el IVA habrá que «subir automáticamente» los impuestos especiales, porque las administraciones públicas necesitan recursos, y ha recordado que la fiscalidad sobre los carburantes en España es «de las más bajas» de la Unión Europea. Sin embargo, los precios que pagan los consumidores por los combustibles antes de impuestos se encuentran entre los más altos, lo que lleva al diputado socialista a considerar que hay que «seguir avanzando» en la introducción de competencia en el sector. Algo que, a su juicio, no se consigue aumentando el número de estaciones de servicio, que ya son suficientes, sino actuando en el mercado de los operadores mayoristas que «copan la mayoría» del mercado.

Por eso, el PSOE insiste en la necesidad de reducir del 30% actual al 25% las ventas máximas que cada petrolera puede tener en una provincia, profundizando así la «insuficiente» reforma aprobada por el PP durante esta legislatura. «Si todas las gasolineras deben beber de las mismas cuatro fuentes no habrá resultados. Hay que abrir el mercado a nuevos operadores. Con más competencia habrá mejores precios«, pronostica Ruiz Llamas. Además, cree que hay que armonizar las metodologías de cálculo de los precios del combustible en los estados miembros de la Unión Europea, para poder comparar con garantías, y también se deben auditar los costes y los márgenes comerciales «reales» de las estaciones de servicio y ver dónde se pueden reducir.

Mariscal, por su parte, cree que «se han dicho muchos disparates» sobre los márgenes de beneficios de las gasolineras e insistió en su convicción «firme» de que «más competencia lleva implícito directamente más competitividad», por lo que favorecer la apertura de nuevas estaciones redunda en menores precios. Por ello defendió las recientes reformas legislativas puestas en marcha por el Gobierno, que «han propiciado la apertura de 300 nuevas gasolineras. Sin embargo, reconoce que se debe seguir trabajando para garantizar a todos los operadores las mismas condiciones para competir, impulsando la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado para armonizar impuestos o exigencias normativas en todo el país, evitando así la competencia desleal entre operadores, sobre todo en territorios limítrofes.

Mariscal rechaza, no obstante, la «planificación constante y continuada de la economía» porque «no trae nada bueno», y defiende la necesidad de «redefinir conceptos para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente» pero sin entrar a decidir cuestiones concretas sobre dónde debe ponerse una gasolinera o si hay que prohibirla porque su modelo no parece rentable. Éste es un asunto particularmente importante en relación con fenómenos nuevos como las estaciones de servicio low cost o las desatendidas, que se han regulado de manera diferente según la comunidad autónoma. En este sentido, el diputado valora que son opciones que pueden facilitar el suministro en zonas de baja población pero reconoce que en la próxima legislatura deberán estudiarse más.

El socialista, por su parte, considera que el modelo de red de estaciones de servicio español es «bueno» y que no se debe tener hacia uno basado en las low cost porque cualquier bajada de precios que propiciara sería en detrimento del empleo y de la seguridad. «Es mejor dar instrumentos comerciales a las gasolineras para poder competir», ha insistido, indicando que sí se podría estudiar una normativa básica dictada por el Estado para garantizar requisitos homogéneos en todo el estado. En lo que sí están de acuerdo ambos políticos es en que actualmente no parece haber riesgo de que ninguna área del país quede desabastecida por falta de estaciones.

Caso distinto es el de las cooperativas provinciales, que actualmente pueden vender la mitad de su producto a consumidores ajenos «sin cumplir las exigencias» que sí tienen las estaciones de servicio. Ruiz Llamas considera que se está generando una «red paralela» contra la que «no se han hecho avances suficientes», por lo que aboga por someter a estos entes a la misma regulación que el resto de instalaciones para que «compitan en igualdad de condiciones».

«Evidentemente hay que aplicar la ley. Las cooperativas deben tener las mismas obligaciones medioambientales y fiscales que el resto de operadores minoristas», coincide Mariscal. Con respecto a los nuevos combustibles, que a juicio del diputado del PP serán «fundamentales» para cumplir con las obligaciones de futuro en la lucha contra el cambio climático y para liberar recursos económicos para servicios sociales, Mariscal considera que el sector minorista «debe apostar por la eficiencia energética» y aliarse con otros actores como los fabricantes de vehículos para participar de este «desarrollo imparable». Para ello será clave la Estrategia para el Vehículo con Energías Alternativas, que incluye una batería de medidas para modernizar las infraestructuras de abastecimiento, algo fundamental.

Ruiz Llamas, por su parte, coincide en que estas fuentes de energía se irán incorporando «a futuro» pero no cree que en el corto plazo esto vaya a tener un impacto relevante. Ambos políticos reconocen que en todos estos «retos» las administraciones deben dialogar «con voluntad real» más y mejor con sus administrados para conseguir «regulaciones para todos». Mariscal fue un poco más allá y ha admitido incluso que esta legislatura se ha usado el decreto ley «en demasía», aunque lo ha justificado en la necesidad de tomar medidas urgentes ante la crisis; por lo que los próximos cuatro años habrá que «trabajar más juntos». A la jornada también estaban invitados representantes de Podemos y Ciudadanos que finalmente no acudieron.