Europa Press.- Mientras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en materia de bono social energético «van en la buena dirección, pero se quedan cortas o muy cortas», ya que no llegan a todas las familias que realmente lo necesitan, el PP critica que, ante «una de las facturas eléctricas más grandes de la historia», la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, proponga una ampliación del bono social eléctrico como una solución «provisional«.
«Nos parece sorprendente que nos encontremos ante un decreto de ley provisional. Ante las enormes dificultades que pasan los españoles, con una factura eléctrica tan elevada, la solución que plantea el Gobierno es una solución provisional», ha apuntado el portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, que ha criticado que Ribera no negociara con la oposición esta medida, a diferencia de su predecesor, Álvaro Nadal, que en su bono social estableció la figura de consumidor «extremadamente vulnerable«.
Por otro lado, el diputado popular cuestionó otras de las medidas aprobadas, como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7% a las compañías eléctricas o la eliminación del gestor de carga para facilitar la movilidad sostenible, pues el PP ya había presentado iniciativas en este sentido recientemente. «No hace falta que siga inventando cuando las soluciones ya están encima de la mesa», ha aseverado Mariscal, antes de ironizar que el Gobierno, «al no tener programa, se está fijando en los pasos que el PP había establecido previamente».
Por ello, ha recomendado a la titular de Transición Ecológica que «no hace falta que tenga trabajando a los servicios jurídicos del Ministerio» y que «se aproveche» de las iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, Mariscal ha instado al Gobierno a poner en marcha medidas para ejecutar los 50 millones de euros con los que cuenta en los Presupuestos de 2018, «de los que aún no ha movido ni un euro», para favorecer el uso de la movilidad sostenible, más los 16 millones que hay en las cuentas del Ministerio de Economía para esta cuestión.
Medidas “insuficientes” para la OCU
Por su parte, OCU cree que «el efecto de las medidas para mejorar la situación de las familias en precario es muy limitado». Así, valora que se modifiquen los límites de renta para acceder al bono social, «ya de por sí muy exiguos, pero en una cuantía insuficiente para llegar a todos aquellos que lo necesitan». Por otra parte, OCU considera de «forma positiva» la mayor facilidad de acceso al bono social dada a las familias monoparentales y las que tienen entre sus miembros dependientes de grado 2 y 3 pero ve «muy escaso» el incremento de los límites de consumo para el bono social y subraya que deberían desaparecer.
Respecto a la ampliación hasta final de año del plazo para que los antiguos beneficiarios del bono social se acojan al nuevo bono social, ve «un fracaso» que hasta la fecha solo 650.000 hogares se haya acogido al nuevo modelo, cuando en teoría alrededor de 1.800.000 hogares reunirían los requisitos para acceder al bono social. OCU pide un sistema automatizado de activación del bono social, ya que muchas familias en situación vulnerable desconocen su existencia.
En lo que respecta al nuevo bono social térmico, OCU no está de acuerdo en la financiación del mismo, que correrá a cargo del Estado y no de las empresas que comercializan la energía, ya que ve «injusto que sean los contribuyentes quienes hagan frente a los costes de esta tarifa y no las empresas que se benefician de un negocio regulado«. Finalmente, la asociación aplaude la eliminación del impuesto al sol, «que sin duda va a favorecer el desarrollo del autoconsumo en España y lo convertirá en una alternativa para muchos ciudadanos», así como la prohibición de la comercialización puerta a puerta de los servicios de gas y electricidad.
«Insuficientes» para la pobreza energética
Por otro lado, UGT ha denunciado que el paquete de medidas aprobado es «insuficiente» al considerar que siguen excluyendo a personas y familias en situación de pobreza y que «no pueden permitirse el mantenimiento adecuado de su vivienda». En concreto, el sindicato critica que el bono social solo se amplíe a familias monoparentales y que la prohibición de cortes de luz solo incluya a las familias con menores de 16 años o dependientes de grado 2 y 3, dejando fuera a las de grado 1.
Además, ha manifestado su disconformidad con la iniciativa de crear un nuevo bono social, el térmico, que se aplicará automáticamente al tener el bono social eléctrico, por «crear una mayor confusión». UGT prefería que se ampliase en vez de crear una nueva figura. Por todo ello, el sindicato considera fundamental una Estrategia Nacional contra la pobreza energética, donde se introduzcan medidas estructurales que permitan una actuación integrada para erradicar y prevenir situaciones de pobreza energética.
ATA pide reducir el IVA
Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que apoyan las medidas adoptadas para abaratar el recibo eléctrico aunque ha afirmado que «no es suficiente» y ha pedido reducir el IVA de la luz. En este sentido, Amor ha señalado que valoran todo aquello que signifique aliviar los costes energéticos que están sufriendo familias, autónomos y empresas».
No obstante, indicó que «la luz es un bien de primera necesidad y tiene que tener un IVA acorde a un bien de primera necesidad». «En estos momentos las empresas y los autónomos están sufriendo unos incrementos en el coste energético que van directamente a las cuentas de resultados», añade. A juicio del presidente de ATA, «no puede ser que España sea uno de los países donde los costes de producción se vean duramente castigados por los costes energéticos», por lo que «es evidente que hay que trabajar por reducir esos costes para ser competitivo».
