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El PSOE lamenta que el Gobierno sea “incapaz” de controlar el precio de la luz por la subida de 2017

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Europa Press.- La subida del precio de la luz en 2017 provocó que el precio de este recurso alcanzara su nivel más alto desde 2008. Para el consumidor medio, el encarecimiento ha supuesto un alza del 10,3% y la factura pasó de 753 euros en 2016 a 830 euros el pasado año.

Tras recordar los argumentos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre el encarecimiento, como las condiciones meteorológicas, el encarecimiento del petróleo o la utilización del gas natural y carbón, la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio ha criticado que el ministro sea “incapaz de controlar» el precio. «El Gobierno sigue culpando a la meteorología. No nos sorprende: forma parte de la inacción del Gobierno, marca de la casa», ha ironizado, lamentando que «si no hubiera paralizado el desarrollo de renovables» este precio «sería más barato».

Por su parte, Unidos Podemos y Compromís han recordado las recientes informaciones acerca de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acerca de la presunta manipulación del precio en 2013. «Rato nos diría »Es el mercado, amigo’, pero la UCO no sólo habla de abusividad, de esa fórmula Juan Palomo para asignar precios, sino a indicios razonables de criminalidad, de saqueo que responde al modelo de puertas giratorias», han aseverado desde Unidos Podemos, añadiendo que la subida «engrasa» esas puertas.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, subrayó que no se trata sólo de esa subida, sino que, a finales del pasado año, la CNMC abrió un expediente ante una subida de la luz similar por subidas entre octubre de 2016 y enero de 2017. El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha pedido al Gobierno hacer el mercado «eficiente, competitivo, sostenible con el medio ambiente y que no se cargue toda su factura a los ciudadanos».

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, ha recordado que los peajes contenidos en la factura de la luz cargan «malas políticas energéticas», como un déficit tarifario de 2.500 millones o las primas renovables. En este sentido, esgrime que la parte regulada de los peajes, los costes de transporte y distribución, se encuentra congelada desde 2016, y que si la generación de energía se encareció fue por una apreciación del 20% del carbón y del 27% del gas, necesarios para garantizar el suministro.

PP y PSOE convalidan en el Congreso por la vía rápida las nuevas normas para buscar hidrocarburos en el mar

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Europa Press.- PP y PSOE han asegurado en el Congreso la convalidación del decreto ley para establecer normas adicionales de seguridad en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el mar: gracias a la mayoría que estas dos formaciones gozan en la Cámara Baja, no será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se podrán incluir enmiendas. Precisamente, el resto de partidos habían solicitado su tramitación parlamentaria para poder realizar aportaciones al mismo vía enmiendas.

Durante su defensa del decreto ley, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, argumentó que el Gobierno se ha limitado a trasponer esta directiva, de carácter «técnico», y de «escasa o nula aplicación en España». «Actúa cuando se tienen al menos 6 yacimientos submarinos. Nosotros tenemos poquísimos», indicó. En todo caso, señaló que se limita a cuestiones de seguridad y permite «trabajar con los mejores estándares mundiales, los del Mar del Norte», para terminar asegurando que «no tiene nada que ver con la exploración en el medio marino, ni con temas relacionados con la explotación o almacenamiento».

A pesar de manifestar que no considera «coherente iniciar nuevas explotaciones si se quieren evitar los efectos del cambio climático», y recordando que otros países están «trabajando en la progresiva retirada de estas actividades», la portavoz energética socialista, Pilar Lucio, ha defendido la «necesaria e ineludible» trasposición de la directiva europea. En todo caso, ha justificado esta posición avanzando que llevarán al Congreso una proposición de ley para prohibir las actividades con hidrocarburos en el medio marino, pues cree necesario dar «más pasos» ya que «las perforaciones no son seguras».

Por su parte, su homólogo popular, Guillermo Mariscal, animó al resto de formaciones, contrarias a la convalidación, a «justificar» por qué se posicionan «a favor del expediente sancionador» que se derivaría por parte de Bruselas en caso de no trasponer la directiva comunitaria y ha defendido la necesidad de conocer los recursos energéticos en su territorio y aumentar la necesidad.

El resto de partidos proponía la tramitación como proyecto de ley para «ir más allá» a través de enmiendas ya que han cuestionado la apuesta por las explotaciones de hidrocarburos ante la lucha contra el cambio climático y la consecuente reducción de emisiones. «No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el cambio climático», ha argumentado el diputado de Unidos Podemos, Juan López Uralde (Equo), que recordó el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, para prohibir las prospecciones petrolíferas.

Por parte de Ciudadanos, Melisa Rodríguez ha criticado la «dejadez» del Gobierno para trasponer una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español en julio de 2015, y ha reclamado que la nueva Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas goce de una independencia real, y no dependa del Ministerio. «Si no, no garantizamos que sus informes sean independientes», ha esgrimido.

Otro de los elementos cuestionados por la oposición ha sido la inclusión, no recogida en la directiva, de las aguas interiores. «¿Qué quieren hacer? ¿Ampararse en la directiva para prospectar en la Bahía de Cádiz, o en la Manga del Mar Menor?», se ha preguntado Enric Bataller, de Compromís, considerando que la directiva que se traspone debería estar «derogada» por «su posicionamiento favorable al fracking«. También lo recordó la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que subrayó la competencia autonómica de estas aguas, incluidas en algunos casos en estatutos de autonomías.

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

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Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el Sí en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

El Congreso pide al Gobierno que sus candidatos al CSN pasen un examen de expertos y se ratifiquen en comisión

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Europa Press.- La Comisión de Energía ha apoyado una proposición no de ley de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a modificar el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) e incluir un nuevo modelo de elección de sus miembros que, aunque sigan siendo nombrados por el Gobierno, deberán pasar antes el examen de una Comisión Técnica y del Congreso.

En concreto, la formación naranja propone que esta comisión técnica valore la capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad del candidato y emita un informe. Al mismo tiempo, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Energía, cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros. «En caso de que el informe previo de la comisión técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple; en caso opuesto, se requerirá mayoría absoluta para su aprobación. Si el candidato no fuese ratificado, el Gobierno deberá reiniciar el procedimiento proponiendo una nueva candidatura», señala el texto.

Ciudadanos incluye otros cambios en los estatutos del CSN con el objetivo de que se obligue al organismo a retransmitir en directo las reuniones de su Pleno y la publicación de los diarios de sesiones. Además, pide que la presidencia emita un informe de actividad al término de su mandato e incluir mecanismos de autoevaluación en la institución, como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

El texto ha contado con los votos a favor del PSOE, mientras que PP y Unidos Podemos se abstuvieron, alegando que no era el momento ni el escenario para debatir esta propuesta. En el caso de los populares, su portavoz en esta comisión, Guillermo Mariscal, criticó que saque el debate de la Ponencia de relaciones con el CSN que existe en el Congreso que, a su juicio, es donde se debería tratar este tema y, además, señala que este es el momento de decidir sobre el cierre o no del parque nuclear español, no sobre la mejora del organismo regulador.

El portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, ha reconocido que la credibilidad del CSN está «bajo mínimos» tras sus últimas decisiones pero considera que la iniciativa de Ciudadanos está «incompleta» y, en su caso, cree que el problema está en la vinculación entre el regulador y las empresas que gestionan las centrales. «Creemos que eso es la clave de la situación actual», remarcó el diputado.

Podemos pide cesar a Scharfhausen

Precisamente, Unidos Podemos ha pedido en el Congreso el cese y la reprobación del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, alegando el «debilitamiento de la cultura de seguridad, la disminución de la percepción de independencia y neutralidad del CSN en relación al Gobierno y la industria nuclear». Esta iniciativa se ha registrado en una propuesta de resolución presentada con motivo del Debate del Informe General de las actividades realizadas por el CSN durante 2014 y 2015.

Uralde subraya en esta propuesta la necesidad «urgente» del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y han instado al Gobierno a elaborar un proyecto de cierre progresivo de todas las centrales nucleares del Estado conforme a los criterios internacionales. En este sentido, la iniciativa recoge unas 50 medidas concretas para mejorar la política energética. Entre ellas, la formación destaca la necesidad de aprobar e implementar un plan de transparencia, hacer públicas las deliberaciones del pleno del CSN, elaborar un Plan General de Residuos Radiactivos que actualice la situación, entre otras propuestas también realizadas por Ciudadanos.

Unidos Podemos también cree necesario presentar ante los partidos representados en el Congreso una propuesta de revisión de la fiscalidad sobre la energía nuclear, garantizando así la internalización de los costes de la misma, en especial la gestión de los residuos, y eliminar los beneficios caídos del cielo. Uralde, coportavoz de Equo, ha señalado que «el CSN ha estado al servicio del Gobierno para facilitar su objetivo de alargar la vida de las centrales nucleares» y, en su opinión, «el irregular proceso para el dictamen de Garoña ha minado gravemente la credibilidad del organismo regulador.

«Por eso planteamos toda una serie de propuestas que tienen por objetivo reiniciar el CSN para que sea realmente un organismo de control y supervisión de la energía nuclear, y deje de estar al servicio de intereses ajenos a la seguridad. Para ello es imprescindible el cese de su actual presidente, responsable de la actual situación del CSN», indicó Uralde.

El PP y el PSOE se comprometen a que las autonomías puedan aumentar la protección del bono social de electricidad

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Europa Press.- El PP y el PSOE se han comprometido con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) a permitir que las comunidades autónomas puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección de los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética en el marco de la reforma del bono social.

Así lo ha anunciado la portavoz de APE, María Campuzano, tras reunirse en el Congreso con el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, y la del PSOE, Pilar Lucio, a quienes ha presentado las alegaciones de la organización al proyecto de real decreto que regula el bono social, define el concepto de consumidor vulnerable y la paralización de los cortes de suministro, acordado entre ambas formaciones el pasado diciembre.

Campuzano explicó que ambos grupos parlamentarios se han comprometido a que la reforma del bono social no vaya en perjuicio de que otras legislaciones autonómicas puedan ser «más ambiciosas» en la protección de los consumidores vulnerables. De esta forma, ambas formaciones estarían dispuestas a incluir una disposición adicional y otra final propuestas por APE en la que se establece que la norma asegura una garantía mínima de protección pero «no implicará la prohibición de que los entes autonómicos puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección a los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética». También establece que se aplicaría de manera «supletoria» cuando no se haya aprobado una normativa autonómica al respecto.

Asimismo, Campuzano ha explicado que han pedido al PSOE, que se comprometió a incluir todas las alegaciones de APE en las que presentarán los socialistas, una mayor implicación para que ejerza una «mayor presión» sobre el PP, ya que ambas formaciones fueron las que pactaron la reforma del bono social. Por su parte, el PP solo se ha comprometido de momento al punto referido a que las comunidades autónomas puedan ir más allá de la ley del bono social en la protección de consumidores vulnerables.

La portavoz de APE ha criticado que el proyecto de real decreto «no responde a las situaciones de pobreza energética actuales», ya que la definición de vulnerabilidad contempla criterios de renta que «dejan a la mayoría de la población fuera». En esta línea, alertó de que las medidas solo se circunscriben a los consumidores del mercado regulado, cuando hay 14 millones de usuarios en el mercado libre, más de la mitad del total, que «no estarán protegidos ni tendrán descuentos (del 25% al 40%)». Por ello, APE pide que se amplíe al mercado libre o que el paso al mercado regulado sea «automático», así como incluir el principio de precaución.

La oposición se une frente al PP en el Congreso para exigir el cierre de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- La oposición se ha unido frente al PP en el Congreso de los Diputados para apoyar una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), paralizando cualquier proceso de renovación de explotación de la planta.

A pesar de que la propuesta inicial partía de Bildu, el debate parlamentario ha acabado derivando en torno a una iniciativa transaccional firmada por PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, PNV y ERC, que ya había recibido el apoyo de la Comisión de Energía. Además del cierre de la planta, este documento también pide acometer el proceso de desmantelamiento de la planta en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como activar un plan alternativo y específico de reindustrialización y adaptación económica para el área de influencia de Garoña.

Durante el debate, el diputado de Bildu, Oskar Matute, ha aceptado el texto a pesar de que no se han incluido algunas de sus reivindicaciones, entre las que figuraba la dimisión del presidente del CSN, Fernando Martí. «No recoge la dimisión, pero sí lo esencial», explicó. Matute ha apuntado que busca «garantizar» la salud de los ciudadanos que pueden verse afectados por las consecuencias de Garoña. «El derecho a la salud no debiera estar al servicio del beneficio de unos pocos», ha añadido el diputado, que concluyó mostrando su rechazo a que el cierre de la planta esté siendo usada por el Gobierno como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su parte, la diputada del PSOE, Esther Peña, ha acusado al Gobierno y al CSN de opacidad en este trámite y también de mentir, después de que el presidente del CSN asegurara que Garoña no se podría reabrir si no se invertía en la mejora de las instalaciones. Sobre las causas de esta actitud, la socialista de Burgos apunta que, «con la autorización del CSN nunca habrá un debate sobre transición energética, ni sobre bajar la luz o sobre apoyar a las renovables» y el Ejecutivo «se libra de pagar indemnizaciones a las eléctricas».

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, ha denunciado que la situación de Garoña es un adelanto de lo que el Gobierno quiere hacer con un parque nuclear «envejecido» como el español: rebajar las condiciones legales de seguridad. «Lo que se busca con la reapertura es sentar un precedente de cara al resto de centrales«, ha señalado la representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, coincidiendo en sus argumentos con López de Uralde. La diputada de la formación naranja se ha quejado, además, de que este debate continúe durante semanas cuando se ha demostrado que el cierre de esta planta en 2009 no tuvo ninguna influencia en el sistema energético español.

Ante las críticas, el portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha denunciado que en los discursos escuchados en el pleno sobre Garoña «existe prejuicio y poco juicio» y ha recriminado al resto de partidos que se sientan superiores al CSN en materia de seguridad nuclear y duden de sus decisiones. «Es un acto, no sólo de irresponsabilidad, es un acto de frivolidad», ha declarado. En su defensa de la reapertura de la planta, Mariscal ha indicado que si se eliminan de la red eléctrica española los 7.000 megavatios que aportan las nucleares habría que encontrar una tecnología igual de competitiva y que dé las mismas garantías. Una tecnología que, a su juicio, actualmente no existe, concluyó Mariscal.

En el texto inicial registrado por Bildu, se instaba al Ejecutivo a «atender a las decenas de solicitudes realizadas» por los vecinos de la zona «a lo largo de las últimas décadas» e iniciar «urgentemente» el proceso pertinente para el desmantelamiento de la planta. Para ello, solicitaba la creación de una comisión interinstitucional que haga un seguimiento del proceso y garantice que se cumple en los términos establecidos en la moción aprobada por las Juntas Generales de Álava en 2013.

Además, Bildu pedía la «dimisión inmediata» del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen. Para Matute, el CSN trabaja con «opacidad», al igual que su presidente, a lo que se suma, a su juicio, «una parcialidad más que evidente» en relación al caso Garoña. «Su cargo debería conllevar un celo absoluto con la seguridad de la población ante los riesgos derivados del uso de energía nuclear y, en ningún caso, la de colaborador con terceros para el sostenimiento de su actividad en el campo de la energía nuclear», concluye la propuesta.

El Congreso, con oposición del PP, apoya el cierre de Garoña y reclama un plan de reindustrialización en la zona

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Europa Press.- La Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital apoyó, con el voto en contra del PP, instar al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central de Santa María de Garoña (Burgos), así como poner en marcha un plan de reindustrialización y adaptación económica en el área de influencia de la planta.

El texto, transaccionado entre Unidos Podemos y el PSOE, pide también acometer el proceso de desmantelamiento de Garoña en «condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas» y que éste se produzca bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Durante el debate, la portavoz socialista en esta materia, Esther Peña ha denunciado la falta de inversión económica en el norte de la provincia de Burgos, en donde unos 14 municipios están afectados por la presencia de la central en su entorno.

La diputada señaló que esta zona ha envejecido porque los jóvenes no encuentran futuro laboral y subrayó las dificultades con la que sus habitantes se enfrentan a servicios normales, como el de telefonía móvil o Internet, por encontrarse en las cercanías de una central nuclear. «El PP ha invertido cero euros en cinco años, ni en empleo, ni en servicios ni en infraestructuras», denunció Peña, quien acusó al Ejecutivo de usar Garoña como «moneda de cambio para aprobar los Presupuestos».

Para el portavoz de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el Gobierno está escondiendo detrás de la central burgalesa lo que quiere hacer con el resto de plantas del país, es decir, ampliar su vida útil cuando, según el diputado, cada año que pasa Garoña es más insegura. López de Uralde recordó que durante su primera etapa de funcionamiento sufrió grietas y se registró un calentamiento de agua en el Ebro, entre otros problemas. «El hecho de que haya cumplido 46 años no nos da garantías de seguridad», insistió Uralde, quien deseó que éste sea el último debate sobre Garoña.

El PP, por su parte, criticó los «prejuicios» del resto de partidos al tratar la energía nuclear. El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, ha destacado que la intención del Ejecutivo es hacer realidad un mix energético equilibrado que permita el suministro a todas horas. En cuanto al plan de reindustrialización, ha recordado que en 2009, durante el mandato socialista, se habló de una inversión de 900 millones en la zona. «El Colegio de Economistas de Burgos estima que se invirtieron 20 millones», ha señalado Mariscal, quien ha apuntado que el PP no continuó que este proyecto por los propietarios de Garoña solicitaron la reapertura.

El Congreso respalda facilitar los cambios estacionales de la potencia eléctrica contratada con el rechazo del PP y de C’s

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Europa Press.- Tras recordar la existencia de unos costes fijos en el sistema eléctrico, el PP se opuso a una moción que consideró «insolidaria» después de que el pleno del Congreso respaldara una propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para fomentar que el usuario pueda cambiar la potencia eléctrica contratada en función de la temporada. La iniciativa salió adelante tras recabar los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu, mientras que el PP y Ciudadanos votaron ambos en contra.

El texto aprobado mediante proposición no de ley pide al Gobierno crear un nuevo contrato de potencia estacional. Apuesta por adaptar la legislación para que sea posible «adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico». Asimismo, propone una tarifa de discriminación estacional para pequeñas y medianas empresas y cooperativas, con lo que las empresas distribuidoras quedarían obligadas a atender las peticiones de modificación de tarifa, su modalidad de aplicación y la potencia contratada.

En caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podría “modificar voluntariamente la tarifa, potencia contratada o sus modos de aplicación”, de acuerdo al mismo. Este tipo de contratos permitiría acuerdos entre el suministrador y el cliente para fijar tarifas, condiciones técnicas de acceso y potencias diferentes para cada período del año. Asimismo, la moción aprobada incluye la realización de una auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes que permita una reforma del mercado eléctrico «para garantizar que la fijación de los precios refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables».

Los republicanos catalanes lamentan que el precio de la energía es un «enorme lastre» para las empresas, sobre todo las pymes, y critican que la normativa actual limite los cambios posibles de potencia a uno al año. Esto impide que los usuarios puedan optimizar su perfil de consumo o modular su demanda en función de los diferentes ciclos de producción que se dan en un año, y lleva a que la potencia contratada acumulada alcance los 150 GW a pesar de que la capacidad máxima del sistema sea de 110 GW y la demanda real esté apenas en 45 GW.

«Es un desajuste muy importante que genera unos ingresos extraordinarios al sector que no están justificados», critica Esquerra, señalando que las tecnologías actuales, que permiten realizar cambios de potencia de forma remota, hacen indefendibles estas limitaciones. ERC advierte de que esta falta de flexibilidad podría incluso contravenir la normativa comunitaria en materia de consumo, por lo que pide que se apliquen todas las modificaciones normativas necesarias para potenciar los contratos de potencia estacionales «al menos para determinados sectores», de modo que se puedan producir «ahorros muy importantes» sin mermar la calidad del servicio y sin imponer complicaciones administrativas o técnicas.

El PP habla de “insolidaridad”

Por su parte, el PP se opuso a una iniciativa de ERC para promover cambios de potencia en la factura eléctrica contratada según temporadas, una idea que considera «insolidaria» pues recuerda la existencia de costes fijos. «Tenemos que pagar unos costes fijos independientemente del consumo», subrayó el portavoz del PP de Energía, Guillermo Mariscal, que acusó a Joan Capdevila, de ERC, de no entender el concepto de suficiencia de tarifa. Capdevila había retado al PP a apoyar su iniciativa para comprobar si en el Gobierno «manda más» el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el de Energía, Álvaro Nadal.

«Con el sentido de su voto sabremos si están más con las pymes y la competitividad o con el oligopolio de los grandes. Si manda más De Guindos o Nadal», inquirió el diputado de Esquerra, Joan Capdevila, durante la defensa de esta proposición no de ley.Capdevila ha recordado que las pymes españolas «son las que pagan la factura eléctrica más cara» y que la parte fija «no hay manera de tocarla», refiriéndose a ella como «uno de los intocables del señor Nadal». «Es como si en la factura el hotel te cobra el precio del minibar aunque no lo hayas tocado», puso como ejemplo.

La iniciativa ha desencadenado una avalancha de críticas al modelo energético por parte de los grupos de la oposición, independientemente de su cercanía a la iniciativa.Por parte del PSOE, su portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha criticado que este modelo es «contrario a la eficiencia energética», puesto que el peso de los costes fijos hace que consumir más o menos no tenga influencia en el coste final. «El modelo eléctrico acaba siendo uno de los elementos fundamentales que lastran el desarrollo de nuestra economía y la hacen menos competitiva», ha dicho.

Josep Vendrell, diputado de En Comú, instó a revisar no sólo este factor, sino «el conjunto del sistema». Algo que cree que debe «abordarse con urgencia», a pesar de que el Gobierno no tiene «ninguna voluntad» de hacerlo. «Al contrario, el ministro dice que hay que resignarse», espetó. Aunque reconoció que la iniciativa pudiera beneficiar a algunas empresas, Vicente Ten Oliver, diputado de Ciudadanos, indicó que también favorecería a los ciudadanos que tienen más de una vivienda. «Queremos reducir el precio de la luz, pero a todos», aseveró, tras calificar la propuesta como «un parche«.

El CSN subraya que «no cierra ni abre centrales» y que reabrir Garoña es una decisión que corresponde al Gobierno

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Europa Press / EFE.- La vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Rosario Velasco, ha señalado que el organismo no entrará a debate sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) porque su misión en este proceso es «técnica», mientras que la decisión final es política. Así, esgrimió que ningún miembro del CSN «debe expresar su opinión», sino ser «neutral, transparente y eficiente», además de «estar preparado para arrojar informes técnicos que ayuden a quienes tiene que tomar decisiones».

«El CSN no abre ni cierra centrales», ha declarado Velasco a su llegada a la ponencia encargada de las Relaciones con el CSN en el Congreso. Esta comparecencia se produjo a petición de los partidos miembros de la Comisión de Energía. La presencia de la vicepresidenta en la Cámara Baja ha sido el resultado de un pleno extraordinario del CSN, después de recibir la citación en el Congreso que, en primera instancia, requería al presidente del organismo, Fernando Martí Scharfhausen.

Tanto PSOE, como Unidos Podemos y Ciudadanos han criticado esta ausencia cuando Martí está «obligado por ley» a comparecer «tantas veces como los diputados le requieran» para informar sobre los temas que interesen. En este sentido, la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha recordado las evasivas de Martí a asistir a dar cuenta de los informes de su actividad en 2014 y 2015 a la Cámara Baja. Sin embargo, Velasco ha defendido la decisión del CSN y ha indicado que es un «honor» ser la elegida para informar a los diputados. «No hay cosa que más nos guste que venir a contar el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos para ganar la confianza en nuestra actividad regulatoria», afirmó.

Sin embargo, para Ciudadanos la actitud que están teniendo los representantes del consejo no hacen más que «incrementar la sensación de desconfianza» hacia el organismo. «Rechazamos que no haya venido el presidente y ponemos en tela de juicio el informe de Garoña alargando la vida de una central que apagó voluntariamente y que supone una parte pequeña del mix energético», afirmó la portavoz de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez. Para la diputada, el debate sobre Garoña no es tanto su reapertura, como que el Gobierno utilice este caso como precedente para un futuro alargamiento de otras centrales españolas y que la central arranque «sin las inversiones que el CSN le dijo en 2015 que eran imprescindibles para funcionar».

Sobre la falta de inversión en la central también habló el portavoz de Equo en esta comisión, Juan López de Uralde, quien denunció que la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto para la reapertura. Por ello considera que así se invalida la línea argumental del CSN de que cualquier decisión del organismo es técnica y se basa en criterios técnicos ya que las condiciones impuestas no se han ejecutado.

Además, López de Uralde subrayó que con Garoña se está abriendo una puerta trasera para que los reactores nucleares en operación puedan solicitar seguir operando por encima del horizonte de su vida útil y que esta autorización ya no tenga que pedirse cada 10 años como ocurría hasta ahora. Por ello, este diputado reivindicó un debate social sobre la energía y sobre el futuro de las nucleares que funcionan en España, aunque también hizo un llamamiento a los partidos para unirse y redactar una ley de cierre de la central.

En este sentido, Lucio señaló que los grupos están «pidiendo que Garoña no se reabra, y el CSN está actuando al dictado de lo que le pide el Gobierno». «El grupo socialista lleva años solicitando al Gobierno que esta reapertura no se lleve a cabo«, recordó la portavoz, que vuelve a solicitar la comparecencia del presidente del CSN “para que venga a comparecer para explicar el procedimiento». Un procedimiento, ha añadido, «a todas luces irregular y no suficientemente claro con las exigencias de la ley».

Por su parte, el portavoz del PP en esta materia, Guillermo Mariscal ha acusado a la oposición de estar «presionando a un organismo regulador» y recordó a los diputados que su misión es «legislar y controlar al Gobierno» y no para interceder en los informes del CSN. En este sentido, indicó que el Gobierno actual es «respetuoso» con estos organismos y que los populares creen en el trabajo realizado por los técnicos sobre este caso.

Tiempos cavernos

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¿Arsenio Fernández de Mesa, presidente de Red Eléctrica (REE)? Interesante hipótesis, la expuesta en Cinco Días, al hilo de la polémica de su nombramiento como consejero independiente de la compañía, lo que apareja la posibilidad de que el protagonista llegue a ser su futuro presidente, dado que cumple con todos los requisitos para ello. Sabido es que Fernández de Mesa es amigo del presidente Rajoy, al tiempo que se acrecientan los rumores de sustitución del propio Folgado. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal se limitó a apuntar que es una decisión “empresarial”.

Claro que lo es, en la medida que tener el favor de Moncloa siempre es útil para una compañía. Pero hay más. Cinco Días desnuda todas las características que hacen que REE, operador de transporte y sistema español, mantenga protecciones públicas (incluyendo las limitaciones y pactos parasociales en beneficio de la SEPI y del Gobierno), combinadas con la propiedad privada de su accionariado, como perceptores del dividendo garantizado (incluyendo el 65% de poderosos fondos institucionales), de forma que pueda mantener todos los comportamientos del sector público monopolístico: condicionar la regulación, mantener su retribución y elegir las inversiones que realiza. El hecho es que queda acreditado que REE ha salido indemne de los ajustes retributivos sufridos por el resto del sector.

Con ese halo de fake empresa pública / fake empresa privada, REE, técnicamente magnífica, ha encajado en el amateurismo político energético español, basado en la ideología y el dogma, en el sistema de turnos de los partidos mayoritarios y en la ocupación de su consejo, con sueldos astronómicos e indemnizaciones millonarias, lo que deviene en el silencio socialista. Público, pero privado. Privado, pero público. Tanto es así que ni los podemitas más acérrimos, que ven con simpatía el trampantojo estatalista de empresa pública de los TSO españoles, ni los liberales de Ciudadanos se han dado cuenta de lo poderosos que son y de cómo han logrado frustrar todas las posibles intentonas del regulador principal, el Ministerio, para su separación efectiva.

Alberto Carbajo, exdirector de Operación de Red Eléctrica, ha reaparecido y pide en El País una reforma del mercado eléctrico que acabe con la volatilidad del mismo, haciendo equivalente lo que él señala como papel social del suministro eléctrico al concepto de bien público, decorosamente descrito sin caer en las cartillas de racionamiento para otros bienes de primera necesidad de la población española de tiempos pasados. Una reforma en línea, eso sí, con un modelo retributivo más predecible, como el utilizado para Red Eléctrica según la inversión reconocida y autorizada.

Carbajo impele al Gobierno a que negocie el paquete de invierno de la Comisión Europea (se infiere que no está de acuerdo) e introduce en su artículo de forma elíptica la expresión “retirando del mercado la inversión amortizada” para lograr un modelo de generación “descarbonizado”. Por cierto,  ¿Cuál es esta potencia “amortizada”? Y si se efectúan inversiones en la actualización de dicha potencia para seguir operando: ¿deja de estar amortizada? ¿y si dichas tecnologías, a las que se refiere Carbajo son las que, precisamente, no producen emisiones? Y por cierto, ¿ayuda a rebajar los precios contar con esa potencia amortizada operativa dentro de la oferta?

Por otro lado, el diputado Guillermo Mariscal, portavoz popular en la Comisión de Energía, acredita en una entrevista en Vozpópuli que el sector eléctrico español no es un oligopolio a tenor del número de comercializadoras existentes, en un suministro en el que el 53% de los consumidores domésticos está en el mercado libre. Pero es que tampoco lo es en el ámbito de la generación eléctrica, dónde los nuevos entrantes, la integración con el mercado portugués, los operadores renovables y el modelo marginalista permiten que cualquier instalación que oferte en la plataforma electrónica de negociación pueda fijar precios, dependiendo de la coyuntura de cada momento.

Los retroprogresivos, amantes del modelo francés y de su grandeur de empresa  cuasiúnica (con 58 reactores nucleares, de los que una decena está actualmente en proceso de revisión técnica), viven en sus propias contradicciones al acusar al modelo español de oligopolístico, con la ingente cantidad de operadores de comercialización y de generación existentes en nuestro país. También podría hablarse de la preponderancia nuclear francesa, que chocaría con este modelo ideológico profundamente antinuclear, y de las posibilidades del comercio exterior de energía al que, por cierto, también se oponen. Lástima que estas declaraciones sean las de un representante político del partido gobernante, ante el que opondrán prejuicios, lugares comunes y creencias, como sustitutos de los hechos.