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Greenpeace reclama que el cierre de la central nuclear de Garoña sea definitivo

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reivindica además que en los trámites de evaluación de renovación de licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sea «obligatoria» la participación pública mediante el trámite de información pública y el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter transfronterizo. Para Greenpeace, los dos procedimientos son de obligado cumplimiento antes de decidir si se reabre una central, de acuerdo con el Convenio de Espoo.

Con motivo del segundo aniversario del cierre de la planta, Greenpeace exige que «se cumpla la normativa» de seguridad nuclear en el proceso de prolongación de la vida de la central «más vieja» de Europa y subraya que desde que expiró la licencia de explotación de Garoña en julio de 2013 no se ha producido «ningún corte eléctrico» con lo que, a juicio de la organización, su producción de electricidad «no es necesaria». El titular de la planta, Nuclenor, solicitó una renovación de su licencia de operación hasta el año 2031, con lo que la planta produciría electricidad hasta los 60 años desde su inauguración.

«No puede ser que se iniciara el proceso de reapertura de Garoña sin permitir a la ciudadanía presentar sus alegaciones. Más grave aún resulta que en dos años no se haya enmendado el error. La legislación no deja lugar a dudas: es obligatorio permitir la participación pública y evaluar el impacto medioambiental también ante un proyecto de ampliación de una central nuclear», indicó la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón. El proceso sigue en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, que está evaluando la solicitud de renovación de licencia y, simultáneamente, está aplicando procedimientos de seguridad ante la situación legal y real de cierre de la central.

Un informe de Greenpeace suspende la seguridad de la central de Almaraz

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EFE.- La organización ecologista Greenpeace publicó un nuevo informe sobre la seguridad de las centrales nucleares en Europa, en el que analiza los planes de acción nacionales a través del ejemplo de diez plantas, entre ellas la cacereña de Almaraz, a la que suspende. Según Greenpeace, el documento se basa en la serie de «pruebas de resistencia nuclear» que se establecieron a raíz del desastre nuclear de Fukushima (Japón) en marzo de 2011 y que Greenpeace ha evaluado sistemáticamente.

Según este informe, Almaraz suspende el test de resistencia nuclear en la evaluación encargada por la organización ecologista a la experta independiente Oda Becker en ocho puntos destacados. Así, señala que no cuenta con válvulas de seguridad para prevenir una explosión de hidrógeno, como tampoco las tenía Fukushima, y su instalación no está prevista hasta finales de 2016, ni cuenta con medidas eficaces de gestión de accidentes para asegurar la integridad de la contención de la radiactividad durante un accidente grave en ninguna de las dos unidades de la central.

También echa en falta evaluación de los riesgos naturales y añade que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no se toma en serio el riesgo sísmico, ya que ha tardado casi 5 años en comenzar la evaluación sísmica que le exigió la Unión Europea, y alerta de la inexistencia de sistemas de ventilación con filtro y de que la implementación de un sumidero final de calor alternativo ni siquiera está previsto. Además, a su juicio las debilidades de diseño continúan, ya que el edificio del reactor y el de la piscina de combustible gastado no tienen ninguna protección especial y por lo tanto son relativamente vulnerables frente a eventos externos.

Asimismo, señala que se ignora el hecho de que la energía térmica de ambas unidades se incrementó y esto acelera los procesos de envejecimiento, un tema cada vez más relevante en una central en su cuarta década de vida operativa. El informe concluye, según Greenpeace, que la central nuclear de Almaraz, en el estado actual, «no es segura y no se debería permitir que se mantuviera operando», según Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. «No puede ser que la central suspenda en ocho puntos tan relevantes como la contención de la radiactividad y que lo haga más de cuatro años después del desastre de Fukushima», señala Montón.

Las organizaciones ecologistas piden a la Comisión Europea que asegure que los países superen el 27% de renovables en 2030

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Europa Press.- La red europea de acción climática (CAN), Greenpeace y WWF reclamaron a la Comisión Europea que proponga un conjunto «sólido» de políticas de modo que se asegure que «todos» los países europeos contribuyen al objetivo de la Unión Europea de llegar a un 27% de energías renovables en 2030. Según indicaron, Europa debe convertir el objetivo de renovables en legislación que garantice su consecución para seguir manteniendo el liderazgo de lucha contra el cambio climático.

En este contexto, las organizaciones presentaron un informe con recomendaciones generales sobre las políticas de energías renovables para 2030, a partir de un análisis realizado por Ecofys. Para la responsable de energías renovables de la oficina de Política Europea de WWF, Imke Lübbeke, el éxito en Europa de las renovables fue impulsado gracias a los objetivos nacionales vinculantes. «De no existir estos objetivos, será fundamental continuar reforzando un marco legal europeo que siga impulsando el crecimiento de las energías renovables en la Unión Europea», apuntó.

Por su parte, el coordinador de políticas renovables de CAN Europa, Jean-François Fauconnier, considera que la Comisión Europea debe establecer objetivos nacionales indicativos para los estados miembro. «Deberían orientar sus políticas nacionales a cumplir y superar sus objetivos renovables», apuntó. Mientras, la asesora de política energética de Greenpeace, Tara Connolly, subrayó que políticas energéticas fuertes y legalmente vinculantes es «la única forma de mantener la confianza de los inversores y garantizar que Europa va mucho más allá en su ambición» respecto al objetivo para 2030.

En la actualidad, la Comisión Europea analiza las políticas de cumplimiento con el objetivo para 2030 de energías renovables, como parte del nuevo marco de gobernanza de la Unión Europea. En octubre, según recuerdan las ONG, los líderes de la Unión Europea acordaron rechazar objetivos nacionales vinculantes de energías renovables y reemplazarlos por un marco de gobernanza, como parte del acuerdo de clima y energía para 2030. Este acuerdo incluyó un consenso sobre un objetivo de al menos el 27% de energías renovables para 2030.

Greenpeace exige a Industria que no penalice el autoconsumo

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Europa Press.- Greenpeace advierte de que el proyecto de real decreto que prepara el Ministerio de Industria penaliza el autoconsumo en lugar de fomentarlo. A su juicio, este texto obligará a los consumidores conectados a la red que quieran generar su propia energía a pagar un impuesto al sol por la energía que producen para su propio uso.

Ante esta situación, la organización ecologista exige al Ministerio de Industria que descarte el proyecto del real decreto de autoconsumo y solicita a los partidos que aspiran a gobernar tras las próximas elecciones que, en caso de aprobarse el decreto, se comprometan a derogarlo y reemplazarlo por una normativa que favorezca el autoconsumo, las energías renovables y el ahorro energético.

«Es inaceptable que Industria pretenda que los autoconsumidores paguen por duplicado los costes que tiene el sistema eléctrico: cuando consumen energía de la red pero también cuando consumen la energía que ellos mismos producen. Esto no es un problema técnico, sino una declaración política que intenta poner freno a los consumidores que quieran producir su energía y de esa manera ganar autonomía frente a las grandes eléctricas», indicó Marina Bevacqua, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace. «Además, el texto promovido por el ministro Soria permanece ambiguo y complejo para provocar miedo en quienes se estén planteando esta forma de consumo energético», añadió Bevacqua.

Greenpeace explica que el texto propuesto penaliza a tres tipos de autoconsumidores. El primero es la modalidad de suministro con autoconsumo, que son aquellas personas que generan energía y la autoconsumen y que no tienen una potencia contratada mayor a 100kW (pequeña potencia); la segunda es la modalidad de producción con autoconsumo, que son aquellos que no solo autoconsumen sino que tienen una instalación de producción inscrita. Y en tercer lugar, la modalidad de producción con autoconsumo con línea directa a una instalación de producción. Si bien Greenpeace considera esta nueva posibilidad un avance, en el borrador se ve tan penalizada como la modalidad anterior.

Por otro lado, Greenpeace considera positivo del real decreto el hecho de que Ceuta, Melilla, las Islas Baleares y el archipiélago canario queden exentas de parte del pago del impuesto al sol, aunque señala que solo sería hasta diciembre de 2019. Eso permitirá fomentar la participación de fuentes renovables en estas zonas, según indicaron. La organización ecologista está promoviendo un cambio de modelo energético en áreas extrapeninsulares como las Islas Canarias, donde los costes de generación con combustibles fósiles son mucho mayores que con renovables. Así, explica que en este archipiélago todos los partidos excepto el PP se comprometieron por escrito con Greenpeace a llevar a Canarias a un modelo 100% renovable para el 2050.

Greenpeace critica que incentivar la quema de carbón nacional costará 405 millones de euros a los españoles

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Europa Press / Servimedia.- La organización ecologista Greenpeace denunció que el Gobierno quiere cobrar 405 millones de euros a los españoles por prolongar la vida de las «contaminantes» plantas de carbón ya que está promoviendo «unos límites de emisiones contaminantes más débiles», al tiempo que recuerda que el final de las subvenciones al carbón llegará en 2018. Ante esta situación, reclama al Gobierno que comience con la transición energética a las renovables y abandone los combustibles fósiles.

En concreto, Greenpeace acusa al Ejecutivo de realizar «maniobras» para prolongar la subvención a la quema de carbón y alargar a la vida de las centrales térmicas «sin tener en cuenta su impacto sobre la salud y el clima«. La ONG lanza estas acusaciones tras conocer, a través del Consejo Consultivo de Electricidad, el borrador de una orden ministerial por la que el Gobierno financiará con 90.000 euros por cada MW de central térmica que queme carbón nacional, «con la excusa de así reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno».

Así, añade que la nueva orden «permitirá seguir subvencionando el carbón nacional durante los próximos tres años, pero las inversiones que se realicen supondrán que la centrales térmicas podrán alargar su vida durante muchos años más, dificultando así la reducción de emisiones en España y la entrada de energías renovables«. De este modo, considera que Industria encontró en el proceso de alegaciones una «fórmula» para que los ciudadanos paguen 405 millones de euros de sus impuestos para la prolongación del funcionamiento de las centrales térmicas y subvencionen la quema de carbón, «que sólo en 2010 provocó 535 muertes en España».

«Resulta un escándalo que el Gobierno siga buscando las vueltas para subvencionar el carbón, cuando por normativa europea las subvenciones deben acabar en 2018, y no se trabaje en un plan para la transición justa a un sistema basado al 100% en energías renovables», indicó la responsable de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño. Nuño lamenta que el Gobierno esté dispuesto a subvencionar la quema de carbón nacional y que las térmicas puedan seguir funcionando «sin importarles sacrificar la salud de los ciudadanos y encima obligarnos a pagar por ello, de modo que las centrales de carbón obsoletas que deberían cerrar, podrán seguir funcionando durante decenas de años más», indicó.

Finalmente, Greenpeace denuncia la «intrusión de representantes de las eléctricas, dueñas de las plantas de carbón», dentro de la delegación gubernamental de España que decide sobre la nueva normativa europea de contaminación del aire para las plantas industriales. Los gobiernos de 190 países están reunidos en Bonn estos días para negociar el texto que seguirá al Protocolo de Kioto y que será base del acuerdo de París el próximo diciembre. «Aquí el que contamina no solo no paga, sino que cobra. Con el dinero de todos se va a prolongar la vida de las térmicas», apuntó el representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo de Electricidad, José Luis García Ortega.

Activistas de Greenpeace irrumpen ante el Rey y García Tejerina en Carbon Expo para exigir energías renovables

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Europa Press.- Dos activistas de la organización ecologista Greenpeace irrumpieron en la inauguración del Carbon Expo 2015, que se celebra en el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona, donde mostraron una pequeña pancarta amarilla exigiendo energías renovables con el lema Salva el clima. 100% Renovables.

Mientras la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, pronunciaba su discurso, uno de los ecologistas ha abierto un dossier en el que escondía una pequeña pancarta, que también ha mostrado otra activista cuando las autoridades, con el Rey Felipe VI en el centro, se hacían la foto oficial de la inauguración. Ambos activistas han sido apartados y desalojados de la sala de actos del Palacio 5 de Fira Barcelona por los encargados de seguridad del lugar sin resistirse.

Greenpeace reivindicó su protesta contra las «alianzas entre políticos y empresas» porque considera que sacrifican la salud pública y el clima por los intereses corporativos. «Esta feria promocionada por Tejerina como evento en la lucha contra el cambio climático es una cortina de humo más del Gobierno en su política energética y climática», puesto que lo que hace en realidad es, según la ONG, remar contracorriente a la verdadera solución que son las renovables.

Para la responsable de cambio climático de la ONG, Tatiana Nuño, las políticas climáticas y energéticas se están decidiendo a espaladas de los ciudadanos. Por ello, cree que el Gobierno debe trabajar en un plan para una transición del modelo energético que garantice la justicia social y el fin de las emisiones contaminantes. «Es imprescindible que la luz, el transporte, en definitiva, toda la energía que producimos y utilizamos sea 100% renovable», indicó.

Greenpeace ha publicado un nuevo informe, El Monstruo de la Energía, en el que denuncia que las alianzas entre políticos y empresas sacrifican la salud pública y el clima por los intereses corporativos. En el documento destaca 12 claves para salvar el clima que, a su juicio, las grandes compañías energéticas y algunos políticos no quieren que los ciudadanos sepan.

Para la ONG, la feria Carbon Expo «promocionada» por Tejerina como evento en la lucha contra el cambio climático es una «cortina de humo más» del Gobierno en su política energética y climática, pues lo que está haciendo en realidad es remar contracorriente a la verdadera solución del problema, las energías renovables. «La reforma del mercado de las emisiones de dióxido de carbono y subir los precios de las emisiones no garantiza que se vayan a cerrar instalaciones altamente contaminantes como las térmicas de carbón. Hacen falta medidas complementarias para el abandono progresivo pero total de los combustibles fósiles», indicaron.

Los expertos creen que España y Europa necesitan más datos científicos para regular el fracking

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Europa Press.- Diversos expertos consideran que España y Europa necesitan una norma que regule la fracturación hidráulica (fracking) basada en datos científicos objetivos y cuantificables. Es la conclusiones del Foro de Encuentro Miedo al fracking, ¿por qué? organizado por la Real Academia de Doctores de España, que señaló que estos datos científicos servirían para confirmar o desmentir ciertas afirmaciones y superar la controversia argumental que enfrenta a detractores y defensores del fracking.

Según Arturo Romero, de la sección de Ciencias Experimentales, Europa, que tiene una gran dependencia exterior del gas natural y es pionera en la reducción del CO2, está dividida respecto a la fracturación hidráulica. Como problemas derivados de esta práctica, apuntó que se consume una gran cantidad de agua que se retrae de otros usos, así como el hecho de que durante la operación se puede liberar gas metano que tiene mayor efecto invernado que el CO2 y que también se pueden contaminar acuíferos subterráneos.

A favor de la fractura hidráulica, José Luis Díaz Fernández, doctor ingeniero de minas, señaló que el agua inyectada en el fracking contiene solo un 0,1% de productos químicos. Por contra, Julio Barea, doctor en Ciencias Geológicas y portavoz de Greenpeace, aseguró que su organización da por seguros los impactos negativos de la fractura hidráulica y recordó que cada vez llegan más informes de Estados Unidos que los corroboran y hay más estados norteamericanos que plantean moratorias a su utilización.

Greenpeace logra que todos los partidos de Canarias salvo el PP rechacen los sondeos petrolíferos

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Servimedia.- Los principales partidos que concurrirán a las elecciones autonómicas de Canarias el próximo domingo salvo el PP han suscrito el manifiesto impulsado por Greenpeace para llevar al archipiélago un modelo energético 100% renovable para 2050 y, por tanto, libre de prospecciones petrolíferas.

En el caso de Ciudadanos, sus representantes valoraron la iniciativa en una reunión mantenida este viernes con Greenpeace y señalaron que confirmarán su adhesión al manifiesto la próxima semana, según informó la organización ecologista.

Greenpeace solicitó en los últimos tres meses a los candidatos a las elecciones a cabildos y al Parlamento de Canarias su compromiso para llevar a cabo medidas concretas que garanticen un futuro de energía limpia, sin prospecciones ni otras fuentes de energías «sucias» en el archipiélago.

«Hemos logrado que la visión 100% renovable para Canarias sea asumida ampliamente por los partidos que concurren a las elecciones. El modelo energético del archipiélago canario es un asunto complejo que requiere un objetivo común por parte de todos los partidos para un futuro exclusivamente renovable en Canarias», aseguró Marina Bevacqua, responsable de Energías Renovables de Greenpeace, quien lideró las reuniones con los candidatos.

Bevacqua señaló que tomar medidas concretas en favor de las renovables y el ahorro energético en las islas «es lo que permitirá evitar la gran dependencia del exterior del archipiélago, a la vez que poner fin a proyectos de energías sucias como las prospecciones o el gas, causantes de los mayores efectos del cambio climático».

Greenpeace encaró con optimismo que tantos partidos vean clara la necesidad de un cambio del sistema energético de Canarias, ya que, según añadió, «el actual modelo es insostenible no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social y económico». No obstante, apuntó que el coste medio de generar electricidad con los contaminantes combustibles fósiles en Canarias es de 155 euros por megavatio-hora, en tanto que el eólico se sitúa en 85 euros/MWh.

«Las energías renovables son el futuro pero también el presente. Y Canarias tiene todo el potencial para ser pionera de este modelo en Europa, e incluso a nivel mundial. En 2014, las renovables generaron en todo el planeta más de 7,7 millones de puestos de trabajo. Las islas no pueden quedarse fuera de este mercado positivo para la gente de las islas y su valiosísimo entorno natural», añadió Bevacqua.

Greenpeace demostró en su informe Energía 3.0 que es posible técnicamente en la Península Ibérica satisfacer exclusivamente con renovables todas las necesidades de energía en todos los sectores.

La organización ecologista está realizando este mismo análisis para Canarias con el fin de corroborar que en el archipiélago también es posible. Este informe, que se presentará después de verano, llegará a todos los partidos políticos para que cuenten con la evaluación técnica y económica detallada sobre la viabilidad de un futuro energético 100% renovable para las islas.

Europa registra 71.000 muertes prematuras por contaminación del aire, 2.000 de ellas en España, según Greenpeace

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Europa Press.- La contaminación del aire podría estar detrás de 71.000 muertes prematuras en el conjunto de la Unión Europea, 2.000 muertes en España, con los nuevos límites de emisiones contaminantes a las industrias en las grandes instalaciones de combustión, según un informe de Greenpeace. La organización ecologista estima que estos límites de emisiones podrían costar más de 52.000 millones de euros a lo largo de 10 años en la Unión Europea, 1.500 millones en España.

Greenpeace advierte de que si los Estados miembro de la Unión Europea no aumentan sus exigencias sobre la contaminación, se incrementará el riesgo de infarto, enfermedades cardiacas, asma y otras afecciones relacionadas con la contaminación del aire, según un estudio de la organización ecologista con el European Environmental Bureau. En concreto, el trabajo estima que el coste adicional para la Sanidad y la pérdida de 23 millones de días de trabajo tendría un coste para todos los contribuyentes de hasta 52.000 millones de euros entre 2020 y 2029 en el conjunto de la Unión Europea.

En cuanto a España, la ONG señala que si las centrales térmicas aplicaran las «mejores técnicas disponibles», se salvarían 2.010 vidas humanas y generaría un ahorro de 169 millones de euros al año. Con los límites tan débiles de emisiones contaminantes que están actualmente propuestos en el borrador, los contribuyentes españoles tendrán que sufrir un gasto de cerca de 1.500 millones de euros entre 2020 y 2029 y se perderán más de 600.000 jornadas laborables.

Para la representante de Greenpeace España, Tatiana Nuño, «no hay justificación alguna» para que los políticos se nieguen a aplicar la mejor tecnología existente que puede reducir «significativamente» la contaminación mortal del carbón. «El carbón provoca daños irreparables y ya es hora de que la Unión Europea establezca la senda para comenzar su desaparición progresiva», añadió. Para la organización ecologista, la propuesta actual de la Unión Europea para actualizar sus límites de emisiones para grandes instalaciones industriales, incluidas las centrales térmicas de carbón, es «notablemente más baja que los límites de contaminación ya establecidos en Europa, China y Estados Unidos».

El estudio estima que el impacto sobre la salud de una peor calidad del aire eleva el número de  de muertes, enfermedades y costes económicos. En España el gasto sería de 199 millones de euros anuales si se aplican los límites del último borrador para grandes instalaciones de combustión, frente a 30 millones si se aplican las mejores técnicas disponibles. «El coste humano, medioambiental y económico de la industria del carbón es enorme. Los niños pagarán el precio más caro, con asma, cáncer de pulmón y enfermedades cardiacas», concluyó Nuño.

La Audiencia de Valencia ratifica la absolución de los 16 activistas que entraron en la central de Cofrentes

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Europa Press.- La sección tercera de la Audiencia de Valencia ratificó la decisión de un juzgado de lo Penal de absolver de los delitos de lesiones y desórdenes públicos a 16 activistas de Greenpeace y a un fotoperiodista que accedieron el 15 de febrero de 2011 al recinto de la central nuclear de Cofrentes para realizar una protesta contra la energía nuclear.

Los 16 activistas fueron condenados al pago de una multa por daños. En este caso, la sala aumentó la indemnización a la compañía eléctrica Iberdrola, que pasa de 26.779 a 29.012 euros, según consta en la sentencia. Al respecto, el tribunal cree que no es acertada la calificación jurídica sobre el menoscabo en los bienes de la central y desdoblar el resultado de la acción de los activistas, por lo que debe entenderse que el delito de daños, de mayor gravedad y alcance, abarca otros.

Consecuentemente, en la condena por daños incluye la totalidad del menoscabo en los bienes afectados por el comportamiento de los activistas, que deberán abonar a Iberdrola ese importe, correspondiente a 2.232 euros por la sustitución de la valla cortada y por 26.779 euros de la limpieza de la torre de refrigeración, con responsabilidad civil subsidiaria de Greenpeace. Con esta decisión, la sala estima parcialmente los recursos interpuestos por el ministerio fiscal y la empresa, aunque rechaza la petición de la Fiscalía de Valencia, que insistía en que se condenara a los 16 activistas de Greenpeace.

En cuanto al resto de delitos, para la sala, la sentencia recurrida está «motivada» y razonada porque considera que, «tras la valoración de prueba esencialmente personal, no concurren todos los requisitos del delito de desórdenes públicos, sin que dicho razonamiento pueda considerarse arbitrario o irracional». De igual modo, sobre las lesiones, indica que ningún testigo reconoció a ninguno de los acusados como autor, y no aprecia que sea arbitraria o irrazonable la sentencia como para justificar su anulación en el punto de valorar las pruebas.

Para la entidad ecologista Greenpeace, esta sentencia «corrobora de nuevo el carácter pacífico de la protesta, seña de identidad de la organización desde hace más de 40 años». «El intento de criminalizar el activismo pacífico por parte de Iberdrola ha fracasado por segunda vez. No van a evitar que sigamos pidiendo el fin de la insegura energía nuclear. Esperemos que a partir de ahora centren sus esfuerzos en el desarrollo de las energías renovables así como el abandono de las energías fósiles y nuclear», apuntó Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

El 15 de febrero de 2011, los 16 activistas realizaron una acción de protesta pacífica en la valenciana central nuclear de Cofrentes. Pintaron Peligro nuclear sobre una de las torres de refrigeración, y por ello se enfrentaban a posibles penas de dos años y ocho meses de cárcel, así como a una multa e indemnizaciones de casi 360.000 euros para Greenpeace como responsable civil subsidiario.