La lectura de los programas electorales en materia de energía y de las entrevistas a los representantes de las formaciones que compiten en este 20-D nos lleva a hacer un retrato de lo esencial del pensamiento y visión de nuestros partidos políticos en este momento y en este área. Teniendo en cuenta, por otra parte, el escenario de pactos postelectorales que se avecina, el programa y las afirmaciones públicas en materia de energía de estos momentos adquieren un peso relativo pero, en todo caso, no menor, ya que toma la temperatura de cómo el sistema político percibe la cuestión energética.
Por eso, hagamos la lectura esquemática y esencial de los mismos para comprobar la “línea política” existente en cada caso:
PSOE: Lo que va de Jorge Fabra a Jordi Sevilla.
Conocer lo que ocurre dentro del PSOE pasa por identificar la trazabilidad de determinadas figuras que acaban siendo centrales en el funcionamiento de este partido, ante una claudicación del perfil más socialdemócrata y europeísta de los socialistas y la pinza podemita. Una de ellas es Jorge Fabra, que ha conseguido auparse dentro de esta formación política en el sector energético como factótum tras la depauperación ideológica y de pensamiento producida tras el zapaterismo, algo además general en la socialdemocracia europea.
Su égida teórica abarca desde el PSOE hasta Podemos dónde, cómo podemos comprobar, su programa es casi calcado y dónde se traslucen sus postulados. De hecho, estos dos partidos casi comparten en su integridad el programa energético, más allá de diferencias más o menos temáticas.
El PSOE promete en su programa restituir la seguridad jurídica de las renovables, que es una de los planteamientos que viene repitiendo el propio responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, a costa de acabar con la seguridad jurídica y de la institución del mercado eléctrico que, por otra parte, es el objetivo que viene persiguiendo Jorge Fabra, incluso a su paso por la Comisión Nacional de la Energía como consejero. Por tanto, el programa socialista consigue, milagrosamente, ese supuesto encaje, esa línea Maginot aunque sea a costa de salir de los parámetros de funcionamiento competitivo de la Unión Europea.
Touché, Sr. Sevilla. Y touché Sr. Sánchez, que en esta campaña se quejaba de que Podemos quería nacionalizar el sector eléctrico.
La influencia de Fabra se reconoce, además de por la prosodia política narrativa de los programas electorales tendentes a mantener el decoro y la ambigüedad de sus formulaciones, por la expresión argumental compleja y circular de una idea simple: la intervención del sector, la fijación administrada de rentas para las tecnologías y la abolición del mercado eléctrico. Y la expresión de una supuesta justicia redistributiva consistente en que las tecnologías nuclear e hidráulica financien las primas a las renovables, sin atisbo de autocrítica, como en el modelo de la burbuja fotovoltaica. Pasando de puntillas por el asunto del carbón nacional, uno de los graneros de votos socialistas y, por otra parte, una tecnología a retribuir con el mismo modelo administrado.
Así, en tecnologías convencionales, los socialistas proponen «volver a la regulación anterior», lo que, de facto, supone la reimplantación de un sistema de costes reconocidos basado en la retribución por costes, sin incentivos a la competencia entre tecnologías. Da igual las mismas y su eficiencia, se pagan los costes y se fija un margen administrado.
Y, en ese sentido, estas propuestas se inscriben en la fiebre derogatoria de los socialistas, que les lleva a la síntesis retroprogresiva, nostálgica del Marco Legal Estable (lo que enuncian elípticamente como “volver a la regulación anterior”). Es decir, se trataría de derogar la ley para remontarse incluso a gobiernos pasados, retrocediendo normativamente a la época anterior a Zapatero.
Podemos: el Soviet Supremo
Por su parte, Podemos también comparte el eje central de los socialistas, expresado con menor subordinación sintáctica, artificio lingüístico y de forma más reconocible. Esto es, abolición del mercado eléctrico y un modelo soviético sin incentivos competitivos entre las tecnologías. Abiertamente son partidarios de la intervención del sector. Y lo justifican, sin matices.
En definitiva, expresado muy claramente, el sistema energético en general, y el eléctrico en particular, al servicio de la política como se detrae de la afirmación de la utilización de las centrales de ciclo combinado para su uso circunstancial durante el tiempo que sea necesario, tras cerrar las nucleares, para que entre en funcionamiento la nueva potencia renovable.
No se pronuncian sobre el impacto económico en el recibo de electricidad del incremento de potencia renovable de 7.500 MW que proponen para la próxima legislatura, ni sobre el impacto económico del cierre de las centrales nucleares y el papel que juegan en el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones. Y lo bueno es que, además, exprimiendo al máximo el clima social y la reputación del sector energético y sus tecnologías, todo el contenido de su programa podría ser objeto de un referéndum, de esos que promueven y que sacralizan el concepto de “lo que diga la gente”.
El No programa del PP: “dejadme a mi”
Por su parte, el Partido Popular sigue una línea argumental de continuidad que le ha llevado a dibujar un no programa electoral en materia de energía en el que no dibuja una política energética, no define un mix energético y no establece un modelo de gobernanza del sector. Se mueve entre la vaguedad y el ajuste contable, con márgenes para las bajadas de precios en momentos coyunturales (como lo son los 15 días de campaña electoral).
El discurso popular se basa en el argumento de “confiad en mí” para que siga haciendo como solía, con un manejo de las bridas del sistema energético estirando y soltando, controlando e interviniendo las tarifas de acceso, con la promesa de que no exista déficit mientras espera que no aparezca un problema en la opinión pública ante una potencial alineación de elementos diversos que pueden ir desde los precios internacionales del crudo o la meteorología. Todo esto le lleva incluso a un cierto desdén en la formulación teórica, que contrasta en el pasado con las aportaciones de sus propios think tank como FAES.
NI una palabra de liberalización (actualmente el Partido Popular no es un partido liberal en el sentido europeo del término, y en energía, menos), apelaciones a la vigilancia de precios en materia de carburantes, relación utilitarista con la Unión Europea para las interconexiones (disimulo respecto a mecanismos de fijación de tarifas, funcionamiento de órganos reguladores, seguridad jurídica, etc…), nucleares, fracking y renovables, según y cómo el Gobierno lo graduará y modulará en cada momento. Y, por supuesto, ninguna alusión al problema que gravita de los conflictos internacionales derivados de las reformas legales introducidas en esta legislatura y la forma en que se pueden ir resolviendo en la legislatura que se iniciará en enero de 2016.
Ciudadanos: Todo por el pacto y en el pacto
Finalmente, Ciudadanos diseña un programa de perfil diferente. En algunas ocasiones, esquemático y con márgenes de reserva a los criterios técnicos. En estos términos, por ejemplo, se pronuncian sobre el tema de la vida útil de las centrales nucleares, conforme a lo que determine el órgano encargado de ello, el Consejo de Seguridad Nuclear. O también con la subsanación de los defectos de diseño del mercado eléctrico o del bono social.
En el tema del mercado eléctrico, propone el unbundling total, la separación de propiedad de las distintas actividades (generación, distribución y comercialización), a la vez que no lo tiene tan claro esto mismo en lo que se refiere a la separación completa de las funciones del transporte y del gestor técnico de los sistemas para llegar al modelo ISO. Tampoco se sabe si esta maximización del unbundling alcanzaría al sistema gasista.
La aproximación al problema de los precios eléctricos, precisamente, la realizan a través de atacar la estructura sectorial, sin tomar como punto de partida la realidad de un mercado de generación en sintonía con los precios europeos pero con la creencia instalada a nivel opinático respecto a los mercados en régimen de oligopolio. Así lo hacen antes que abordar la liberalización completa de la actividad y la importante carga fiscal que soporta la electricidad.
Abogan por la seguridad jurídica, lo que les distingue de las tres formaciones políticas anteriores, aunque albergan matices de confusión entre precios, costes y mercados. Paradójicamente, con el acento que ponen en materia de gobernanza en el resto de su programa, son tibios con el modelo de empresa participada por la SEPI y su gobierno de turnos existente en los dos operadores de transporte y sistema.
Esencialmente, plantean un Pacto de Estado por la Energía, con poder taumatúrgico para resolver los problemas energéticos del país. Y sus polémicas. Pacto que se atisba difícil, aunque se inscriba en la serie de pactos de estado que promueve esta formación en otras materias. Lo cierto es que, ante las diferencias programáticas expresadas y el clima político demagógico existente alrededor de la energía, casi es una propuesta de echarse a temblar.
Gracias, Unión Europea, por existir.
