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La luz bajará un 0,7% en enero y el gas natural un 3%

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Europa Press.- El recibo de la luz bajará un 0,7% en enero de 2016 con respecto a diciembre y el del gas natural caerá en torno a un 3% con respecto a la anterior revisión trimestral correspondiente al mes de octubre, según ha informado el Gobierno.

Estas bajadas son fruto de la aprobación de una rebaja en la parte regulada tanto de la tarifa del gas como de la electricidad, autorizada este miércoles por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

En el caso de la luz, la bajada supondrá una reducción media del 2,8% en el recibo para los consumidores domésticos con respecto a enero de 2015.

El descenso se produce tras ajustar un 21% los precios unitarios de los pagos por capacidad, una vez equilibrados los ingresos y los costes del sistema eléctrico. Esta partida recoge los costes regulados del carbón y del gas. La reducción acumulada para esta partida es de un 53% desde el pasado julio, ha informado el Ejecutivo.

Como novedad, el Gobierno ha previsto un fondo para eventuales contingencias que puedan impactar negativamente en los costes del sistema eléctrico, como la posible subida del precio del petróleo. Según su previsión, habrá superávit del sistema en 2015 y en años sucesivos, tras el superávit de 550 millones de euros confirmado por la CNMC para 2014 que el Gobierno achaca a la reforma del sistema eléctrico.

Por su parte, el recibo del gas se reducirá en un 3% a partir de enero de 2016, debido principalmene a la bajada del precio del gas en los mercados internacionales de referencia en los últimos meses, de acuerdo con el Gobierno, que indica que desde diciembre de 2014 se ha producido un descenso del 11,7% en la factura del gas de los consumidores domésticos.

«Se congela la parte regulada de la factura, los peajes de acceso, por segundo año consecutivo, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad financiera del sistema gasista», indica el Ejecutivo. De acuerdo con su previsión, el sistema gasista cerrará 2015 con un equilibrio entre ingresos y costes, «tras casi una década de desajustes», e, igualmente, se producirá un superávit para 2016 y los años sucesivos.

El Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy considera que la rebaja en la parte regulada de la factura eléctrica permitirá «mejorar la competitividad de las empresas y los consumidores y la creación de empleo».

Greenpeace pronostica que el Gobierno actual autorizará la reapertura de Garoña, y la consideran ‘innecesaria’

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Europa Press/EFE.- La organización ecologista Greenpeace cree que el actual Gobierno planea dar el visto bueno a la licencia de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, hasta 2031, y que lo hará para que, en caso de que el próximo Ejecutivo salido de las urnas el 20 de diciembre, decida desmantelarla los propietarios puedan reclamar «pérdidas por lucro cesante».

En este sentido, la organización denuncia que «tras tres años sin producir electricidad, dos años y medio sin licencia de explotación y un año y medio sin realizar las evaluaciones pedidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la consideración de una nueva licencia, el organismo regulador está acelerando la publicación de un informe condicionado, sobre la licencia hasta 2031, para que Industria pueda dar, en los últimos días de gobierno, la autorización a Nuclenor».

Precisamente, la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, cumple este miércoles 16 de diciembre tres años desde su cierre, algo que para la organización ecologista demuestra que su papel es «innecesario».

«El pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que Garoña opere hasta los 60 años de antigüedad para permitir que Industria conceda una licencia a esta central en el tiempo de descuento de esta legislatura», sostiene Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

«Garoña seguirá sin producir electricidad en 2016, porque no cumple todos los requisitos de seguridad. Pero sí es posible que sus dueños se lucren si el Gobierno ‘in extremis’ les autoriza a poder reabrir», ha añadido Montón.

 

Nuclenor sigue la puesta a punto de la central

Por su parte, la empresa propietaria Nuclenor (Iberdrola50%-Endesa 50%), defiende que sigue trabajando en su puesta a punto, a la espera de obtener los permisos pertinentes para su reapertura.

Así, señala que continúa trabajando en cumplir los 22 requisitos que le impuso el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en agosto de 2014, a través de una Instrucción Técnica Complementaria (ITC), para la renovación de la autorización de explotación de la central de Garoña, según informó la instalación en una nota aclaratoria del pasado 4 de noviembre. «Los resultados de la citada revisión, recientemente finalizada, confirman que la condición de la vasija y sus internos es apta para continuar su operación a largo plazo».

Para el desarrollo de toda esta actividad Nuclenor mantiene al día de hoy una plantilla de 252 trabajadores y emplea a unas 200 personas de empresas colaboradoras.

 

La Plataforma contra Garoña llenará Álava de pegatinas tras prohibirse la marcha

La iniciativa «Araba sin Garoña» no recurrirá la decisión de la Junta Electoral Provincial de Álava de prohibir la manifestación contra la reapertura de esta central nuclear convocada para el sábado y en su lugar repartirá «miles de pegatinas» para que los ciudadanos se expresen masivamente.

En lugar de la manifestación los convocantes han decidido repartir entre la población alavesa pegatinas con el lema «Garoña ez ezkerrik asko» (Garoña, no gracias), para que los ciudadanos las luzcan desde el viernes y vayan a las urnas con estos distintivos.

«Si no quieren taza, taza y media», ha dicho el portavoz del colectivo, Alberto Frías tras hacer un llamamiento para que se llenen las calles de «miles de pegatinas» y que esta acción se convierta en «un grito» que sustituya a la manifestación prohibida.

Abengoa sigue buscando liquidez en la banca mientras UGT pide actuar al Gobierno

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EFE.- Las negociaciones de la banca acreedora para proveer de las necesidades urgentes de liquidez a Abengoa continuarán hoy después de que la reunión de ayer concluyera, pasadas las once de la noche, sin ninguna solución definitiva tomada, según señalan fuentes financieras.

La reunión de ayer en la que la empresa andaluza debía plantear a la banca alternativas para obtener esa liquidez urgente -unos 100 millones de euros para poder pagar nóminas y proveedores esta misma semana- concluyó sin una alternativa real de financiación por parte de un tercero.

Tras esto, señalan las mismas fuentes, está prevista una nueva reunión de la banca con algunos fondos para estudiar alternativas de liquidez antes de que sean las mismas entidades acreedoras las que tengan que dar ese dinero.

Abengoa necesitaría ingresar esos 100 millones, se había manejado la fecha de hoy como límite, para poder abordar los pagos de las nóminas y pagos urgentes a proveedores. En total, la empresa andaluza ha reclamado a la banca unos 450 millones de euros de liquidez para los cuatro meses del preconcurso.

Así, las necesidades urgentes de liquidez de Abengoa siguen siendo el primer gran escollo del proceso de negociaciones tras la solicitud de preconcurso por parte de la empresa andaluza.

Méndez (UGT) pide al Gobierno sea beligerante porque Abengoa es «Marca España»

El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, ha dicho hoy que el Gobierno no debe mantener una posición de «pasividad», sino que tiene que ser «beligerante» en relación con el futuro de la empresa Abengoa, que forma parte de la «Marca España» y que además ha sido «fuertemente subvencionada».

Aunque ha querido dejar claro que la responsabilidad de lo sucedido es de la empresa, ha insistido en que el Gobierno se debe implicar para «asegurar la supervivencia de Abengoa», por lo que las repercusiones de las decisiones acerca de la compañía «pueden afectar negativamente a la ‘Marca España’ y a la defensa de las energías renovables».

También ha destacado que no tienen ninguna información «la empresa ha tomado la determinación de dirigirse a los sindicatos, pero yo sigo pensando que éste es un reto a cuatro: acreedores, empresa, trabajadores y administración pública», ha dicho.

 

Rajoy promete una Ley de Cambio Climático y nuevas ayudas para reducir emisiones

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EFE.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que si sigue al frente del Ejecutivo en la próxima legislatura, aprobará una ley de cambio climático para dar coherencia a todas las decisiones en esta materia, y subrayó que España aumentará sustancialmente las ayudas para la reducción de emisiones.

Rajoy ha hecho estos anuncios en la conferencia de prensa que ha ofrecido en París con motivo de su participación en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno con la que se ha iniciado la conferencia mundial sobre cambio climático COP21 en la capital francesa.

El jefe del Ejecutivo español ha querido aprovechar para elogiar a Francia y a su presidente, François Hollande, por la organización de esta cumbre en unos «momentos difíciles», en referencia a los atentados de París del 13 de noviembre.

«España afronta esta cumbre desde el compromiso», ha explicado al recordar que el país ha puesto en marcha medidas concretas como programas de renovación de la flota de vehículos, actuaciones para aumentar la eficiencia energética en edificios o financiación de proyectos concretos de reducción de emisiones.

Se trata de una «ambición» que ha garantizado que España seguirá manteniendo a partir de 2020 porque junto al resto de socios europeos ha asumido el compromiso de reducir las emisiones en al menos un 40 % en 2030 con respecto a 1990.

Señaló que prueba de ese compromiso es el anuncio de una ley de cambio climático y el aumento de las ayudas para reducir emisiones destinadas a países en desarrollo.

A veinte días de las próximas elecciones generales en España, Rajoy ha explicado que esa ley «dotará de coherencia a las actuaciones de todos los implicados en la transición a una economía baja en carbono, que crezca y que cree empleo».

También ha precisado que el texto legal recogerá los compromisos de España en materia de cambio climático y «descarbonización» de la economía y, en particular, en reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética y participación de las energías renovables.

Además, creará un marco institucional único que dote de agilidad a todas las actuaciones y promoverá las que tengan una mayor capacidad de reducir emisiones al menor coste teniendo en cuenta su impacto sobre la actividad económica y sobre la creación de empleo.

El presidente del Gobierno español ha señalado que también abordará un diseño a medio plazo y coordinado de todos los recursos que las administraciones públicas españolas destinen al cumplimiento de los objetivos de cambio climático, y racionalizará la fiscalidad medioambiental para que contribuya a alcanzar los objetivos.

Ha aclarado que no se trata de crear ningún nuevo impuesto medioambiental, sino de racionalizar el conjunto de normas en materia fiscal y ambiental de las diversas comunidades y de la propia administración del Estado.

En definitiva, según ha explicado Rajoy, se trata de coordinar todos los programas y actuaciones de apoyo a la eficiencia energética, en particular en los ámbitos de transporte, edificación y alumbrado público, así como apoyo a las tecnologías renovables y de I+D.

Respecto a la movilización de recursos financieros a países en desarrollo en sus esfuerzos para llevar a cabo actuaciones de lucha contra el cambio climático, Rajoy ha dicho que el compromiso de España también ha sido claro en los últimos cuatro años.

En ese tiempo, ha aportado 1.400 millones de euros a ese fin, y a eso se suma que, recientemente, el Gobierno ha acordado la contribución financiera al Fondo Verde del Clima por un importe de 120 millones de euros entre 2015 y 2020.

Para el futuro, Rajoy ha avanzado que se va a reforzar este compromiso y, en concreto, España aumentará sustancialmente sus aportaciones anuales a proyectos que favorezcan la transición de una economía baja en carbono en países en desarrollo hasta llegar a duplicarlas en 2020 con niveles del entorno de 900 millones de euros al año.

Rajoy señaló que cree que esta cumbre debe lograr un acuerdo «global, ambicioso y jurídicamente vinculante» que comprometa a todos en función de sus respectivas capacidades y circunstancias.

«Este es un asunto en el que o estamos implicados todos, o será muy difícil y complicado luchar contra el cambio climático», ha advertido.

El Gobierno prorroga hasta 2017 autorización para sondeos gas entorno Doñana

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EFE.- La Dirección General de Política Energética y Minas ha prorrogado hasta diciembre del 2017 las autorizaciones otorgadas a Petroleum Oil & Gas España para los sondeos denominados ‘Melo Norte 2’, ‘Tejones 1’, ‘Palancares 3’, ‘San Juan R2’ y ‘Asperillo 3’, ubicados en el entorno de Doñana.

Así se recoge en una resolución de dicho departamento publicada en el Boletín Oficial del Estado, en la que se especifica que estos proyectos son promovidos por la compañía en su calidad de titular de las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos denominadas «Marismas B-1», «Marismas C-1», «Rebujena» y «Marismas A», otorgadas mediante reales decretos emitidos entre 1998 y 1995.

Los sondeos fueron autorizados por resoluciones de dicha Dirección General entre marzo del 2007 y julio del 2008, todas ellas previa decisión de la Secretaría para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático de no someter dichos proyectos a evaluación ambiental.

Las autorizaciones fueron prorrogadas ya en una ocasión y la nueva prórroga llega después de la petición realizada por la empresa según el estado en el que se encuentra la tramitación de los proyectos ‘Aznalcázar’, ‘Marismas Oriental’ y ‘El Saladillo’, de almacenamiento de gas, que plantea en la zona.

A este asunto se ha referido hoy en Huelva el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, quien ha precisado que ante una ejecución de este tipo «decir que no se ha hecho evaluación de impacto ambiental es faltar a la verdad».

En este sentido, ha dejado claro que su departamento «hace evaluación de impacto ambiental, vigila e inspecciona constantemente»; son actividades que «existen desde hace treinta años y entendemos que si se ajustan a la norma hay que permitirlas, nos gusten más o menos» y si no se ajustan a la norma «como el celebre proyecto de almacenamiento de gas pues no podemos estar de acuerdo».

«No actuamos por capricho sino en base a una serie de normas, la mayoría de los cuales nos vienen desde fuera, y tenemos fama en Andalucía de ser muy exigentes», ha concluido.