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El Gobierno culmina la regulación de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para modificar determinados aspectos de los reales decretos que establecen las metodologías de cálculo de la retribución de las actividades de transporte y distribución.

Este régimen retributivo se culminará con la aprobación de sendas órdenes ministeriales, que establecerán las instalaciones tipo y los valores unitarios a considerar en el cálculo de la retribución.

Así, para la actividad de transporte de electricidad se establece, entre otras mejoras técnicas, que las interconexiones internacionales no computarán para determinar el volumen máximo anual permitido.

Asimismo se permite que terceros puedan realizar inversiones en instalaciones de transporte no planificadas sin que suponga un coste adicional para el sistema y se reduce el riesgo en la ejecución de instalaciones singulares.

En lo que respecta a la actividad de distribución eléctrica se flexibilizan y uniformizan los planes de inversión de las distribuidoras, especialmente aquellas de menor tamaño. Asimismo, para aligerar las cargas y el coste para las empresas, se sustituye la auditoría técnica por una declaración responsable cuando los costes de construcción superen un umbral determinado.

Para ambas actividades se suprimen las referencias a la revisión periódica anual de los valores unitarios en función del IPC para cumplir los preceptos de la Ley de Desindexación.

Soria estudia una bajada «adicional» del recibo de la luz gracias al superávit de 600 millones de euros de 2014

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que el Gobierno está «estudiando» la posibilidad de reducir de forma «adicional» los peajes de electricidad para provocar una bajada del recibo ya que el sistema eléctrico arrojará previsiblemente un superávit «algo por encima de los 600 millones de euros» en 2014. El ministro reconoció que «sería posible» bajar el recibo eléctrico este año por el mejor comportamiento de los ingresos y los gastos, «fruto de la reforma energética».

Soria explicó que, «hemos tenido un superávit del sistema eléctrico que además es mayor del que se esperaba» y, por tanto, existe «margen de maniobra». «Estamos estudiando una nueva rebaja en el recibo de la luz», indicó. Según Soria, la legislación eléctrica obliga a destinar los nuevos superávit de tarifa a «reducir deuda adicional, pero si no se reduce deuda adicional se puede destinar a reducir los peajes». Estos peajes, a través de los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, ya se redujeron en agosto gracias a un excedente de 250 millones de euros en el sistema eléctrico, a los cuales se sumarán otros 350 millones adicionales, alcanzando los citados 600 millones.

La ley fija que «los superávit de ingresos que pudieran resultar se destinarán a compensar desajustes de años anteriores» y añade que «mientras existan deudas pendientes de años anteriores, los peajes de acceso o cargos no podrán ser revisados a la baja». No obstante para no incumplir la ley y bajar la tarifa, el Gobierno puede tocar otras partidas en la parte regulada, como los pagos por capacidad, apoyándose en una cuestión formal: estos pagos, que sirven para retribuir a las centrales térmicas por estar disponibles y que se han reducido por los bajos precios del crudo, se clasifican como «ingresos regulados» y no dentro de la categoría de peajes.

«Ahora, teniendo en cuenta que el superávit puede estar con la liquidación de noviembre de 2014 algo por encima de los 600 millones, estamos estudiando si podemos proceder a una disminución adicional de los peajes para que los ciudadanos vean los efectos directos y positivos de haber luchado contra el déficit del sistema eléctrico», afirmó Soria, que ha evitado avanzar cuantías de esa rebaja pero que quiere que sean «el máximo» posible. El ministro de Industria recordó que el superávit de 2014 será el «primero» desde 2000, después de que entre 2000 y 2004 el sistema arrojase un déficit «promedio» de 400 millones anuales, frente a los 1.900 millones del periodo entre 2004 y 2008.

En la factura de la luz se mezclan varios conceptos, normativas y cifras: para empezar, los componentes de la tarifa eléctrica, formada por un lado por una serie de costes regulados que fija el Gobierno y, por otro, por el coste de la energía. En esa parte regulada es dónde se ubica el superávit por encima de los 600 millones de euros en 2014 avanzado por Soria. En el sector eléctrico, los datos definitivos de cada ejercicio se cierran casi con un año de decalaje, cuando se conoce en noviembre la denominada liquidación 15 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Pero, ¿cuánto puede bajar la factura? en verano se destinaron 250 millones de ese superávit previsto de 600 millones para poder bajar la tarifa eléctrica en el entorno del 2% sólo en lo que quedaba de año. Por lo tanto, al inicio de 2016 se volvería a los peajes fijados por el Gobierno en 2015, volviendo a subir. Si quedan 350 millones para 2016, en la práctica podría rebajarse la tarifa en un 1% frente a cómo arrancó el año pasado. Lo cierto es que ahora Industria necesita algo más para que la comparativa con la situación actual, vigente desde agosto, arroje un descenso real.

Soria baja a 20 millones el apoyo estatal a Elcogas y plantea a Page que la Junta aporte lo mismo

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, trasladó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que su oferta para la planta de Elcogas en Puertollano es de entre 15 y 20 millones de euros anuales y no de la oferta de 27 millones de euros anuales durante los próximos cinco años que el secretario de Estado de Industria, Alberto Nadal, trasladó verbalmente a los sindicatos. Además, el Ministerio indicó posteriormente que el Ejecutivo autonómico manchego deberá aportar la misma cantidad.

En referencia a lo que pide Elcogas, cuyo presidente ha dicho que se necesitan 36 millones de euros al año, el dirigente autonómico explicó que el ministro les «ha hablado de una horquilla de entre 15 y 20 millones anuales, que es menos de lo que hablaba el secretario de Estado». No obstante, afirmó que estas cifras están «a un pequeño escalón» de lo que cree que «puede servir para llegar a una solución» y añadió que «se puede conseguir un poco más para llegar a lo que la empresa quiere». «Estoy convencido de que podemos lograr una solución para los próximos años», afirmó García-Page, quien aseguró que se va de la reunión con la idea de haber «avanzado posiciones».

El responsable del Ejecutivo autonómico ha advertido de que las negociaciones siguen abiertas y que luchará por ampliar esta cuantía para lograr que la subsistencia de Elcogas se prolongue lo suficiente en el tiempo, como para poder articular «a medio plazo» otro tipo de soluciones que garanticen su rentabilidad. García-Page señaló que es responsabilidad del Gobierno poner encima de la mesa todas las herramientas para reflotar la empresa. Así, aseguró que Soria tiene «todo en su mano para salvar Elcogas», tanto «desde el punto de vista normativo, como desde el punto de vista financiero, y tiene a su lado al presidente de Castilla-La Mancha si se trata de negociar las mejores condiciones posibles para la empresa y para el sector».

Sobre el compromiso que el secretario de Estado de Energía trasladó a los representantes de los trabajadores, ha recalcado que ha sido refrendado durante la sesión plenaria celebrada en las Cortes regionales. Al respecto, el presidente de Castilla-La Mancha ha aclarado que, aunque no se va inicialmente con esa cifra, «antes de las elecciones no había ni un duro», y sin embargo ahora «ya hay 20 millones», por lo que se ha mostrado seguro de que el Gobierno regional podrá obtener para la empresa «lo suficiente» como para que la empresa sea viable. Por su parte, fuentes de la empresa indicaron que hasta ahora no han recibido ninguna oferta del Ministerio por lo que, de momento, no van a pronunciarse.

Industria desveló posteriormente que lo que el ministro ofreció es «un gran pacto político para salvar, de forma conjunta, la planta de ciclo combinado de Elcogas». Elcogás solicitó a Industria la autorización administrativa para proceder a su cierre y posterior desmantelamiento, «debido a las importantes pérdidas económicas que impiden la viabilidad». En este sentido, el Gobierno central «estudia aportar entre 15 y 20 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años» y «para ello debe haber un compromiso firme y público por parte de la Junta de financiar otro tanto igual», de manera que entre ambas administraciones «sumarían una cuantía de 30-40 millones de euros y la salvación de la empresa estaría garantizada», explicó.

Sin embargo el presidente autonómico rechazó la idea de Soria de que la Junta también participe ofreciendo una cantidad porque la comunidad autónoma «no tiene competencias ni legales, ni financieras, ni constitucionales» para abordar este asunto. Aunque ha garantizado su implicación «en términos políticos e institucionales» y se ha comprometido a colaborar con el Gobierno para que la factura sea «la menor posible», recalcó que poner dinero es algo que «corresponde al Estado». En este sentido, García-Page ha transmitido su voluntad de seguir dialogando para que la central siga abierta, algo que, a su juicio, el Ministerio puede conseguir actuando desde el punto de vista normativo y financiero. «Creo que es posible la solución», aseguró.

Según el presidente de Castilla-La Mancha, el Gobierno se muestra «reacio» a aprobar un régimen de retribución especial o una fiscalidad más favorable para la central de Elcogas. Tras recordar que el Estado considera «estratégico» el sector energético, el cual recibe aportaciones públicas «de una manera o de otra», lamenta que en este caso el Ejecutivo «se desentienda». Por su parte, el departamento dirigido por Soria explica que para el Gobierno es «un objetivo prioritario» que la planta de Elcogas, que al gasificar el carbón utiliza «una tecnología muy limpia que genera muchas menos emisiones de CO2», pueda «mantener su funcionamiento sin perjuicio de que haya un exceso de generación».

Pero a continuación Industria añade que estas instalaciones «son deficitarias, y ese déficit lo asumen directamente en la factura de la luz todos los consumidores españoles». Sin embargo, García-Page ha rechazado el argumento de que la central se debe cerrar porque es deficitaria. «Se podría decir de tantas cosas», ha manifestado, mencionando como ejemplo el «‘banco malo'». A su entender, hay que abordar el asunto de Elcogas desde «un planteamiento de I+D en España», ya que es la única planta que cumple los parámetros de sostenibilidad ambiental europea, y eso «tiene un coste» y «debe tener un premio o ayuda«.

Facua dice que la CNMC y el Gobierno «se pasan la pelota» con los carburantes y pide precios máximos

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Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción considera que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre mejora de la competencia en el sector de los carburantes forma parte del «espectáculo habitual» en el que «Competencia pasa la pelota al Gobierno», aseguró el portavoz de la organización, Rubén Sánchez.

Para Sánchez, ni Competencia ni el Gobierno son capaces de adoptar «medidas contundentes» para detener la «carestía injustificada de la gasolina». Las últimas propuestas de la CNMC, indica, no funcionarán ya que «son meros parches dado el enorme poder en la fijación de precios de los grandes operadores». A la vista de que «la competencia es casi nula», Facua se muestra partidaria de «volver a un sistema de fijación de precios máximos desde el Gobierno».

«La raíz del problema está en que se decidió liberalizar el sector con la mentira habitual de que provocaría más competencia y bajadas de precios. En cambio, los consumidores han visto desde los 90 que la competencia es casi nula, que los precios han subido de forma desorbitada y la calidad del servicio se ha devaluado hasta el punto de que el consumidor tiene que suministrarse su propia gasolina en un alto número de estaciones de servicio sin trabajadores», indicó.

Sánchez recuerda que la Comisión Europea ya ha adoptado medidas relacionadas con la fijación de precios máximos en el ámbito de las telecomunicaciones y, en concreto, en la regulación sobre el roaming. Si bien esta regulación de precios máximos de carburantes por parte del Gobierno no es una práctica habitual en la Unión Europea, Facua considera que existe base normativa para adoptarla y se muestra partidaria de un compromiso político para avanzar en este sentido.

El Gobierno destina 3.895 millones de euros para pagar costes del sistema eléctrico, un 7,4% menos

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Servimedia / EFE.- El Gobierno reducirá un 7,4% la cuantía destinada para financiar los costes del sistema eléctrico en 2016, hasta un total de 3.895,14 millones de euros, frente a los 4.207,17 millones del ejercicio precedente, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2016.

Según el Ejecutivo, una parte se financiará con ingresos procedentes de los impuestos introducidos por la Ley de medidas fiscales para sostenibilidad energética de 2012 y, otra parte, con el resultado de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. También se incluye en esta cifra la financiación del 50% de los sobrecostes que supone generar electricidad en los territorios insulares y extrapeninsulares. Este reparto es resultado de la reforma energética aprobada por el Ejecutivo para atajar el llamado déficit tarifario, la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico.

Según el proyecto de presupuestos, el objetivo principal en materia energética sigue siendo, precisamente, «el control y solución» de los déficit, en especial en el sistema eléctrico, sin menoscabo de la seguridad del suministro ni de la retribución adecuada de las inversiones en activos regulados. El texto elaborado por el Gobierno incide también en las políticas de ahorro y eficiencia energética, y en la protección de los consumidores. Globalmente, la política de Industria y Energía contará el próximo año con unos recursos de 5.455,02 millones de euros, disminuyendo un 9,5% con relación al ejercicio precedente.

El Gobierno dice que con sus medidas ha conseguido que aumente la competencia en los carburantes con más gasolineras independientes

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Europa Press.- El Gobierno considera que las medidas adoptadas durante la legislatura para aumentar la competencia en el sector de la distribución al por menor de combustibles y carburantes han producido «un incremento significativo de apertura de nuevas estaciones de servicio independientes«.

En una respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD, el Ejecutivo señala que una muestra de este incremento es que durante 2014 se dieron de alta 297 nuevas estaciones, de las cuales 228 no pertenecen a las redes de ningún proveedor al por mayor y 13 corresponden a cadenas de hipermercados y supermercados. En 2013, el Gobierno aprobó un decreto en el que se incluían una serie de medidas tanto en el mercado mayorista como en el minorista, con el objetivo de aumentar la competencia en el sector de la distribución de los carburantes, facilitando la apertura de nuevas estaciones de servicio y limitando el poder de mercado de los grandes operadores de productos petrolíferos.

Entre estas medidas, se encuentra la limitación de las condiciones de los vínculos contractuales en exclusiva, cuya duración será como máximo de un año y que no podrán incluir cláusulas que fijen o recomienden el precio de venta al público del combustible, así como el veto a que un solo operador pueda abrir más gasolineras si tiene más del 30% de las estaciones de una provincia. El Ejecutivo, que señala que también la reciente modificación de la Ley de Hidrocarburos, ha introducido nuevas medidas en favor de la competencia y transparencia en la formación de precios, considera que los efectos de estas medidas «se esperan a medio y largo plazo».

Además, recuerda que el Ministerio de Industria continúa velando porque la translación de precios desde las cotizaciones internacionales de productos a los precios a los consumidores sea «lo más rápida y transparente posible» y en el caso en el que se produzca un desajuste en la aplicación de las subidas y bajadas de precios «propondrá las medidas adicionales para incrementar la competencia en el sector».

El Tribunal Supremo rechaza la petición del Gobierno de paralizar los recursos renovables mientras la Comisión Europea examine las primas

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Redacción / Agencias.- La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo rechazó la petición del abogado del Estado de suspender la tramitación de un recurso contra el régimen retributivo de las energías renovables, según el auto, ya que solicitaba la paralización de todos los procedimientos contra el recorte retributivo a las energías renovables, cifrado en 1.700 millones de euros, hasta que la Comisión Europea resuelva el examen preliminar de ayudas de Estado que abrió sobre este tema en febrero.

El Supremo contesta que «el mero hecho de que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento de examen preliminar, a raíz de la notificación formulada por las autoridades españolas, no es causa bastante para que se suspenda de manera indefinida la tramitación del presente litigio«. El alto tribunal ha resuelto en los últimos días en el mismo sentido la misma petición del abogado del Estado planteada en otros de los recursos contra el esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos, regulado en el Real Decreto 413/2014, y la Orden IET/1045/2014, ambas aprobadas el 6 de junio del 2014.

El concepto de rentabilidad razonable

Esta cuestión se remonta a la aprobación, en 2013, de la reforma del sistema eléctrico, en el que se modificó el modelo retributivo de las renovables y la cogeneración, que pasaba de primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta. Este modelo se materializó en un decreto y una orden ministerial aprobadas en junio de 2014, en los que se vinculaba esta rentabilidad razonable al interés de la deuda del Estado, que se aplicaba sobre una serie de parámetros de inversión calculados por el Ministerio de Industria en función de cuestiones como la antigüedad de la planta o su ubicación.

Precisamente fue el diseño de estos parámetros el que más polémica suscitó, querellas incluidas, ya que en teoría venía apoyado por informes independientes que finalmente o no se presentaron o lo hicieron después de la aprobación de la normativa. Frente a las críticas, Industria argumentó en todo momento que la elaboración de la normativa correspondía al Gobierno y que los informes solo pretendían contrastar sus cálculos. En definitiva, contra la regulación hay planteados más de 300 recursos por patronales y empresas de energías renovables de toda España en el Supremo. En los casos resueltos, las partes recurrentes se opusieron a la petición de suspensión planteada por el abogado del Estado.

Arias Cañete entra en escena

En paralelo al avance del procedimiento judicial, también polémico por supuestos retrasos por parte de Industria a la hora de entregar documentación, el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, anunció que la Comisión había emprendido un estudio para «analizar» si los esquemas de subvenciones a las renovables puestos en marcha por algunos países podrían constituir ayudas de Estado. Tras este anuncio, tal y como figura en el auto, el Abogado del Estado solicitó que se suspendiera la tramitación del recurso hasta que se resolviera el expediente comunitario, emprendido a raíz de una notificación del Gobierno español, que afecta tanto a la normativa de 2014 como a las de 2007 y 2008, una pretensión que el Supremo ahora ha rechazado.

Santamaría compromete ante Herrera el apoyo del Gobierno a la minería «dentro de los márgenes de la Unión Europea»

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EFE / Servimedia.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró el apoyo del Ejecutivo al sector de la minería y su compromiso de trabajar para mejorar su situación, pero siempre «dentro de los márgenes que nos permita la Unión Europea». La vicepresidenta, después de escuchar a Juan Vicente Herrera en su toma de posesión como presidente de Castilla y León, expresó la disposición del Gobierno a «abordar medidas que refuercen la protección social» de los mineros como la «flexibilización de las jubilaciones».

Herrera centró buena parte de su intervención en peticiones al Gobierno central, entre ellas la puesta en marcha de iniciativas que favorezcan a la minería del carbón, como «fórmulas de algún beneficio fiscal para el carbón autóctono», según sugirió. «Es hora de dar estabilidad, futuro y garantía a ese sector. Somos conscientes del esfuerzo que está haciendo el Gobierno y de que no es una tarea sencilla, pero es hora de pasar de las musas al teatro», manifestó el presidente Herrera durante su discurso en un mensaje directo al Gobierno.

En presencia de la número dos del Gobierno, que asistió a su toma de posesión, Herrera planteó esas reivindicaciones, conocidas por el Ejecutivo y que han sido una constante en la campaña electoral y también estuvieron en su discurso de investidura. Sobre la minería, manifestó que es un «problema social, sentimental, va el futuro de las cuencas de León y de Palencia». «No desmayes, sé que es un tema muy complejo, que está condicionado por decisiones de la Unión Europea pero se puede trabajar en el modelo», subrayó el presidente de la Junta, que abogó por explorar todas las fórmulas, entre las que citó la negociación con las compañías eléctricas.

El Gobierno rechaza las reclamaciones patrimoniales de dos distribuidoras contra la reforma energética

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Europa Press / Servimedia.- El Consejo de Ministros desestimó las indemnizaciones exigidas por dos empresas de distribución de electricidad, Udesa y Electra de Santa Comba, a modo de reclamación por responsabilidad patrimonial por los recortes aplicados a esta actividad como parte de la reforma energética como consecuencia de la aplicación del real decreto de 2013 que fijó el nuevo régimen retributivo del sistema eléctrico para paliar la situación del déficit tarifario.

El Gobierno rechaza estas peticiones de indemnización, cuyo valor asciende a 1,98 millones de euros, con el argumento de que la «grave» situación financiera que el sistema eléctrico atravesaba durante el año 2012 y la primera mitad del año 2013 le obligó «reconsiderar de forma global todos los elementos retributivos de dicho sistema«. Como parte de los recortes, figuran los relacionados con la distribución eléctrica. Los reclamantes solicitaban ser indemnizados por la merma de la retribución recibida como consecuencias de las modificaciones incluidas en la norma. El Ejecutivo recuerda que «existen numerosas sentencias en las que se justifica la necesidad del Gobierno para adaptar a las circunstancias de cada momento el régimen económico aplicable a las empresas del sector energético».

El Gobierno aprobará esta semana la facturación de la luz por horas y deja el autoconsumo para el verano

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Servimedia.- El Gobierno prevé aprobar en los próximos días el mecanismo para la puesta en marcha del nuevo mecanismo de facturación eléctrica horaria por el que los usuarios tendrán que disponer de un contador inteligente telegestionado. Respecto al autoconsumo energético, la normativa podría aprobarse antes de que finalice el mes de julio.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya tiene listos los procedimientos técnicos del nuevo sistema, por lo que es «muy probable» que a lo largo de esta semana se publique el mecanismo en el Boletín Oficial del Estado, según informaron fuentes ministeriales. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó recientemente que el retraso de la aprobación del mecanismo, previsto para el pasado mes de abril, obedece a «cuestiones técnicas de última hora».

El nuevo mecanismo de tarifa, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se encuentra en vigor desde abril del 2014 y establece que los consumidores paguen la electricidad en función del precio al que cotice en el mercado mayorista en los momentos de consumo eléctrico. Este importe varía cada hora. Por ello, los usuarios tendrán que disponer de contadores inteligentes telegestionados con los que conocerán el coste de la electricidad en cada instante y podrán gestionar su consumo eléctrico.

Esta semana verán la luz previsiblemente los procedimientos que requieren las compañías eléctricas para poder facturar a cada cliente su consumo al precio que cotiza la electricidad en cada momento en el mercado. El PVPC se determina en gran medida por la evolución de la electricidad en el llamado pool eléctrico junto con los impuestos y los peajes de acceso que establece el Gobierno para hacer frente a las actividades reguladas, como las tarifas de acceso a las redes de distribución y transporte de energía eléctrica o a las renovables.

Por otra parte, el Ministerio de Industria continúa al «ritmo normal» la elaboración del real decreto de autoconsumo, inicialmente previsto para el primer trimestre del año. Fuentes del departamento ministerial indicaron que «no se retrasa nada», por lo que la normativa podría aprobarse antes de que finalice el mes de julio, tal y como adelantó a principios de abril el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en una comparecencia en el Senado.

Soria explicó que desde el Gobierno son «partidarios» de que aquellos consumidores que deseen instalar en sus casas equipos de generación puedan hacerlo, si bien matizó que los usuarios que realicen este tipo de instalaciones y se enganchen a la red deberán abonar un peaje. En este sentido, consideró este peaje «de sentido común», ya que «no se trata de un impuesto al sol», sino de contribuir al coste de la red para evitar que el autoconsumo sea financiado por el resto de consumidores y no vean incrementadas sus tarifas.

El mecanismo de facturación horaria de la luz y el real decreto de autoconsumo serán de las últimas normas que aprobará el departamento del ministro José Manuel Soria antes de que finalice, previsiblemente el próximo mes de noviembre, la legislatura, en la que ha dado luz verde a reformas de gran calado en el sector como la de la Ley Eléctrica o el real decreto de energías renovables, entre otras.