Europa Press.- Gas Natural Fenosa considera que «no le queda otra alternativa» que recurrir a los tribunales internacionales de arbitraje tras la decisión de las autoridades colombianas de liquidar y vender su filial Electricaribe. Sin embargo, fuentes conocedoras de las negociaciones entre la empresa y las autoridades colombianas indicaron que el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, mantuvo recientemente una reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la que ambas partes acordaron abrir una línea de diálogo paralela.
Las fuentes explican que, al margen de estos contactos con el Gobierno colombiano en los que se negociaría una nueva regulación para Electricaribe a cambio de que la empresa española realice nuevas inversiones, se están ultimando los detalles de la denuncia internacional, que se presentará ante el tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial, el Ciadi. La compañía española asegura que, «dada esta situación de hechos consumados, a Gas Natural Fenosa no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente».
La compañía recuerda que ya ha desconsolidado su participación en Electricaribe y reclasificó la filial como activo financiero con un valor contable de 475 millones. «Obviamente, la reclamación internacional se hará por la totalidad de su valor, que es muy superior», asegura. Gas Natural Fenosa reclama además a las autoridades colombianas que «dejen sin efecto» la liquidación y venta de su filial Electricaribe y «trabajen para buscar una solución satisfactoria y, sobre todo, sostenible para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona».
Además, lamenta la decisión anunciada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, que «obvia» a su juicio el «problema fundamental» de la filial intervenida y «entra en contradicción» con las declaraciones realizadas por los actuales administradores de Electricaribe. Electricaribe es una empresa regulada y suministra a todos los clientes de su zona en las condiciones que el Gobierno determina en cada momento. La regulación actual no tiene en cuenta las características de la zona del Caribe y sus problemas, lo que aboca a la filial a un déficit adicional de 85 millones en 2017, argumenta la compañía española.
Al tiempo que se muestra dispuesta a denunciar a Colombia ante los tribunales internacionales, Gas Natural Fenosa expresa su «voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a Electricaribe de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes». La situación de Electricaribe se debe a la «inseguridad normativa existente en el país debido al fraude e impago padecido», señala Gas Natural Fenosa.
Además, considera que la liquidación de la empresa también es contraria al «espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio» e «impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país». La orden de liquidación es «claramente» un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión, añade la compañía española.
Gas Natural Fenosa también expresa su «sorpresa» por la «falta de importancia» que la Superintendencia atribuye al «gravísimo problema de la morosidad y el fraude», pues arrastra una deuda superior a los 1.300 millones de euros. La deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal supera los 350 millones de euros. A estos importes se suman fraudes por importe superior a los 100 millones de euros anuales. La empresa, señala, interpuso más de 16.000 denuncias, de las que solo obtuvo 85 condenas. «Es una auténtica ocurrencia decir que la gestión del riesgo de fraude o impago está en manos de Electricaribe», concluye.
«A pesar de la magnitud de las cifras, a pesar de las auditorías al efecto y de los numerosísimos escritos a diversos organismos oficiales, y al hecho de que el Estado colombiano detenta un 14% del capital social (bajó del 30% al 14% al no acudir a las ampliaciones de capital) y tiene un representante en el Consejo de Administración, la Administración colombiana no ha tomado las medidas necesarias para evitar el colapso de la sociedad por falta de adecuada regulación y seguridad jurídica«, afirma. Electricaribe fue adquirida por Unión Fenosa en 2000 y, desde entonces, se invirtieron desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros, «y jamás se cobró ningún dividendo», señala.
