Gas Natural Fenosa presenta ante Uncitral el proceso arbitral contra Colombia para que le devuelva Electricaribe antes de su liquidación

Europa Press.– Gas Natural Fenosa ha iniciado el arbitraje internacional contra Colombia con la presentación de una demanda ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Uncitral) por la decisión de liquidación de su filial Electricaribe, según anunció la compañía.

En concreto, el objetivo de la demanda por parte de la energética española es que se le devuelva Electricaribe, en la que posee una participación del 85%, con un marco regulatorio viable o se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, con arreglo a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares (unos 927 millones de euros).

En la solicitud presentada, Gas Natural Fenosa se alza al acudir al arbitraje, entre otros, contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, señala la compañía. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), al igual que el Ciadi del Banco Mundial, está reconocido como un foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España.

Deuda de casi 1.300 millones

Por su parte, Colombia cifra entre 1.200 y 1.300 millones de euros la deuda total de Electricaribe, incluyendo el pasivo correspondiente a entidades financieras y proveedores, según indicaron fuentes diplomáticas colombianas. Esta cifra es superior a la facilitada al anunciarse la liquidación de Electricaribe, por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del país, que cifraba el pasivo total de la compañía en 2,4 billones de pesos colombianos (unos 750 millones de euros), de los que 1,8 billones (565 millones de euros) correspondían a entidades financieras.

Estas mismas fuentes diplomáticas calificaron a Electricaribe como «uno de los grandes problemas de Colombia», especialmente debido a que se trata de un «problema público» al afectar al suministro energético de 10 millones de personas, aproximadamente el 25% de la población. Además, estimaron que la cifra de impagos de los llamados organismos semioficiales del país, las Administraciones locales de las regiones, asciende a unos 50 millones de euros y es producto de muchos años de impago. «Es una cifra importante, pero lejos de ser la causa de la situación», señalaron.

Por otra parte, estas mismas fuentes diplomáticas consideraron «injustas» las críticas recibidas contra el país respecto a la seguridad jurídica por este conflicto con Gas Natural Fenosa. A este respecto, señalaron que se ha explicado a las empresas españolas con presencia en Colombia que la seguridad jurídica está garantizada y afirmaron que éste es «un caso específico». «Ninguna ha manifestado ningún temor y todas las empresas han expresado que se sienten muy cómodas en Colombia«, añadieron. Además, en el caso particular del presidente de Repsol, Antonio Brufau, que consideró que la decisión de Colombia de liquidar y vender Electricaribe se trataba de un ejemplo de «falta de seguridad jurídica-económica», indicaron que las autoridades colombianas en España le explicarán la intervención.

Las mismas fuentes subrayaron que la decisión de liquidar Electricaribe radica en la falta de condiciones para prestar el servicio con la calidad y continuidad que requieren los consumidores debido a la ausencia de inversión para acometer las mejoras de la red, algo «que viene de muchos años», precisaron, aunque reconocieron que existe una cultura del no pago en la región afectada. A este respecto, recordaron que Gas Natural Fenosa opera como distribuidora de gas natural en Bogotá y en otras zonas del país y que no existe este problema. «La seguridad jurídica de como operar una compañía en el país es la misma», indicaron.