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Enresa prepara ya la documentación para solicitar el desmantelamiento y la titularidad de Garoña

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Europa Press.- La Empresa Estatal de Residuos (ENRESA) ha entrado «en proceso de preparación» de la documentación para solicitar la autorización de desmantelamiento y la transferencia de la titularidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo cierre definitivo anunció este martes el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

Según ha informado la empresa, también realizará las actividades para preparar el desmantelamiento junto con el titular de Garoña, Nuclenor, tras la denegación de la solicitud para volver a producir electricidad hasta 2031.

Una vez que el ministro anunciase este martes la decisión adoptada por el Gobierno por «falta de certidumbre» política y de las propias empresas accionistas, Iberdrola y Endesa, ahora, según explica Enresa, comienza un periodo de transición hasta que la titularidad de Garoña sea transferida a la empresa estatal de residuos.

En este contexto, Enresa recuerda que hasta entonces, durante este proceso iniciado ahora la titularidad exclusiva seguirá siendo de Nuclenor, que en este periodo deberá efectuar determinadas tareas.

Estas pasan por acondicionar los residuos residuos operacionales, efectuar la descarga del combustible gastado de la piscina a los contenedores suministrados por Enresa para su disposición en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

Este paso por el ATI será previo a su traslado al almacén temporal centralizado (ATC) «cuando se encuentre disponible» ya que el proyecto, previsto en la localidad conquense de Villar de Cañas está paralizado en la actualidad.

Enresa precisa que Nuclenor también tiene la obligación de colaborar con Enresa en el conjunto de las actividades preparatorias para el desmantelamiento.

En cuanto al proceso de desmantelamiento, Enresa recuerda que en primer lugar se deberá presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento de la central por parte de Enresa al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

A continuación también se presentará un Plan de Desmantelamiento al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al CSN, en el que solicite la autorización de desmantelamiento.

Al mismo tiempo, en paralelo también deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental y solicitar la autorización preista en el artículo prevista en el artículo 37 del Tratado de Euratom, donde se evalúa el posible impacto transfronterizo.

Enresa señala que el proceso administrativo culminará cuando obtenga un informe favorable del CSN sobre el plan de desmantelamiento y la consiguiente autorización del Ministerio de Energía de la transferencia de titularidad de la central nuclear a Enresa para el inicio de la fase de desmantelamiento.

Finalmente, Enresa destaca que tiene una «singularmente amplia experiencia» en el desmantelamiento de instalaciones nucleares y pone de ejemplo los trabajos realizados en las centrales nucleares de Vandellós I (Tarragona) y de José Cabrera (Guadalajara), que en la actualidad está aún en fase de desmantelamiento, así como en el reactor experimental del CIEMAT.

El Gobierno no autoriza la reapertura de Garoña

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Europa Press.- La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) echará el cierre definitivo después de que el Gobierno haya acordado no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la planta, según ha anunciado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a una semana de que se cumpliese el plazo para que el Ejecutivo tomase una decisión.

En una rueda de prensa convocada este martes para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, la que más años ha operado en España, el ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto «será la de denegación» de la continuidad de la explotación porque las «circunstancias actuales» no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la oposición de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.

La decisión del Gobierno se ha tomado seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable –con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona– a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada.

Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.

Una vez emitido el informe favorable la pelota estaba en el tejado del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor burgalés hasta 2031.

De ese modo, Garoña se convertiría en la primera central nuclear en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.

No obstante, la planta, que contaba con permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013, dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012, a consecuencia de un nuevo impuesto sobre el combustible que estableció el Gobierno y que Nuclenor estimó que le supondría un coste inasumible.

Así, el plazo para que Nuclenor pudiera solicitar su renovación expiró y, ante la apuesta del Gobierno por que la planta pudiera seguir adelante, meses después, en enero de 2014, el Ejecutivo aprobó una modificación normativa por la que una central que no hubiera cerrado por motivos relacionados con la seguridad nuclear ni la protección física, es decir por causas económicas, tendría un plazo añadido de un año para replantearse la decisión y pedir una nueva autorización.

Con esta modificación, el titular presentó el 27 de mayo de 2014, una solicitud hasta el 2 de marzo de 2031, cuando cumpliría 60 años de operación, de acuerdo con la «práctica regulatoria existente en Estados Unidos» y porque consideraba que un marco temporal de explotación de «estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas».

Desde entonces, Nuclenor ha invertido en mantener la planta en una situación de reversibilidad unos 358 millones de euros y estos costes estarían en el centro de la discusión entre los accionistas de Garoña.

El 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción y las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.

Historia

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es la más antigua de España –después del cierre en 2006 de José Cabrera (Guadalajara)–, fue inaugurada en 1970 y terminó su actividad el 16 de diciembre de 2012, después de haber operado 42 años y medio.

En 2009, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable por unanimidad a que la planta operase por 10 años más, hasta 2019. Si bien, el Gobierno autorizó su renovación hasta el 6 de julio de 2013.

Los técnicos del CSN denuncian que el regulador ha perdido credibilidad con el expediente de Garoña

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Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTCSN) ha denunciado el uso partidista del regulador en el expediente de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) porque con este proceso el CSN «ha perdido credibilidad ante una sociedad harta de corrupción política» y ha sido «una marioneta».

Desde la asociación de técnicos del propio CSN consideran que es «imprescindible para garantizar el buen funcionamiento del parque nuclear» que el regulador rinda cuentas ante el Congreso «de forma transparente» y denuncia que no lo ha hecho.

En un comunicado, publicado con motivo de la decisión del Gobierno de cerrar de manera definitiva la central nuclear burgalesa, recuerda que el presidente del CSN, Fernando Marti, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, expuso que mientras la empresa responsable de la gestión de la planta no cumpliera con todos los requisitos que fueron exigidos en la Instrucción Técnica emitida por el CSN en 2014, el CSN no aprobaría ningún informe técnico respecto a la prolongación operativa de la planta.

Si bien, la asociación califica de «falsas» estas declaraciones ya que el CSN emitió el pasado mes de febrero su informe favorable a la renovación de la planta.

Además, afirma que el expediente de Garoña «se ha gestionado de forma inadecuada» por lo que espera que se saquen «lecciones aprendidas» para el futuro.

Del mismo modo, adolece de falta de transparencia en la forma de trabajar a nivel interno y reclama hacer públicos los debates del pleno a la hora de tomar resoluciones «de esta envergadura» como la de Garoña.

«Estas actuaciones suponen un desgaste para el regulador nuclear que aparece ante los ciudadanos como una marioneta dirigida por objetivos políticos o intereses empresariales privados, y que proyecta sus carencias y fallos sobre esta Asociación, como ha hecho recientemente en respuesta a nuestros escritos, limitándose a ignorar nuestras propuestas al considerarlas como una injerencia», denuncia la organización, que insta al regulador a mejorar los «deficientes» mecanismos de discrepancia interna para «eliminar la cultura del miedo» dentro del organismo.

Finalmente, acusa a la cúpula del CSN de «conceder recompensas a los funcionarios dóciles con la línea jerárquica», pide un «cambio de valores en los dirigentes de muchas administraciones públicas» y asegura que seguirá denunciando los hechos que consideren «mala praxis» en el regulador nuclear.

El desmantelamiento de Garoña podría terminar en torno al año 2034 aproximadamente

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha estimado el tiempo del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en una horquilla de 13 a 16 años, lo que situaría el final de este proceso una vez pasado el año 2030.

En la comparecencia celebrada esta mañana para informar de la decisión del Gobierno de denegar la solicitud de Nuclenor, el titular de Garoña, de operar la planta hasta 2031, cuando hubiera llegado a los 60 años de vida útil, Nadal ha apuntado a que este proceso podría durar de 13 a 16 años.

En primer lugar, la central debe ser declarada en situación de cese definitivo de explotación, aunque su licencia de operación ya expiró el 6 de julio de 2013.

El Ministerio ha informado que, a continuación, el departamento que dirige Nadal deberá emitir la autorización de desmantelamiento, pero para ello el Consejo de Seguridad (CSN) emitirá un informe previo y, posteriormente, se emitirá la declaración de clausura.

Respecto a la autorización de desmantelamiento, esta deberá ser solicitada por la Empresa estatal de Residuos (Enresa), que será la empresa encargada de realizar estas actividades, que ya está próxima a terminar en la central de José Cabrera (Guadalajara), más conocida como Zorita y que dejó de operar en 2006.

En esta solicitud, Enresa además habrá de pedir la transferencia de titularidad de la central, y antes de la concesión de esta autorización y del traspaso de titularidad, se abrirá un periodo previo de desmantelamiento.

En esa fase, el titular, Nuclenor, deberá realizar un conjunto de tareas y la primera es descargar el combustible que está almacenado en la piscina de Garoña. En el caso de esta planta, el titular extrajo el combustible del reactor en diciembre de 2012, meses antes de que su licencia terminase en julio de 2013, a consecuencia de un nuevo impuesto al combustible nuclear.

Si bien, para descargar este combustible Nuclenor tendrá que construir un almacén temporal individualizado (ATI) en el que se pueda albergar todo el combustible gastado por la central a lo largo de sus casi 43 años de operación, ante la falta de un almacén temporal centralizado que ya debía haber entrado en funcionamiento en este 2017 de acuerdo con el mandato parlamentario.

Del mismo modo, antes de que Enresa asuma la titularidad de Garoña y se haga cargo del desmontaje y desmantelamiento de la central, Nuclenor deberá haber acondicionado los residuos generados durante la explotación (los residuos radiactivos de baja y media actividad que se gestionan por Enresa en El Cabril).

En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el desmantelamiento podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

Una vez terminen las actividades desmanteladas, se acometerá el plan de restauración del emplazamiento que tendrá que ser verificado junto con el resto de las condiciones técnicas que se establezcan. Después de ese proceso el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital deberá emitir la declaración de clausura.

Será entonces cuando Enresa devuelva el emplazamiento a su titular, en este caso Nuclenor, pero el Ministerio puede establecer restricciones de uso sobre los terrenos en los que se asentaba la instalación.

En concreto, el artículo 28 del Reglamento de Instalaciones Nucleares, precisa que el Ministerio declarará el cese de la actividad y establecerá unas condiciones que se deberán ajustar a las actividades a realizar en la instalación a partir de ese momento y el plazo en el que se deberá solicitar la autorización de desmantelamiento o bien de desmantelamiento y cierre.

En todo caso, se entiende por desmantelamiento todas aquellas actividades realizadas una vez obtenida la correspondiente autorización que permiten solicitar la declaración de clausura y que supondrá la desclasificación de la instalación y la liberación, total o restringida, del emplazamiento.

UGT FICA tilda la decisión de cierre de Garoña de desagradable, errónea y cobarde

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Servimedia.- El secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, tildó este martes de «desagradable, errónea y cobarde» la decisión anunciada por el ministro de Industria de no autorizar la reapertura de Garoña.

A su juicio, se trata de una decisión en la que queda la duda de que «el cierre haya sido un pacto político en base al apoyo que hayan podido prestar otros grupos políticos» y en la que espera se tenga en cuenta el futuro de la comarca burgalesa y de los 499 trabajadores afectados de forma directa e indirecta.

Acompañado de los responsables del comité de empresa de Garoña, Hojas criticó la decisión del Ejecutivo central al entender que los gobiernos «han de pensar en el bien global y no en posiciones populistas».

En este sentido, reconoció que la decisión anunciada hoy «no es culpa solo de este gobierno», sino de anteriores responsables ministeriales, así como del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

«Garoña podría continuar y es un activo industrial del país y con la decisión tomada se pierde un activo industrial muy importante», aseveró el responsable de UGT, quien afirmó no entender cómo se toma la decisión antes de que se reúna el comité de expertos que ha de decidir el futuro energético del país.

«Hoy Nadal ha dicho que el cierre no afecta al sistema energético nacional y hace tiempo decía que sí que afectaba al recibo de la luz, que ya lleva incremento de 60 a 90 euros por persona», argumentó.

En este sentido, aseveró que el cierre no será bueno para la economía ni para la competitividad de las empresas, al tiempo que reprochó a Iberdrola que «sea desleal» con una región «que tanto le ha dado» a la empresa energética.

PSOE, Podemos y Ciudadanos celebran el cierre de Garoña pero señalan la tardanza del Gobierno en confirmarlo

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Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han celebrado la decisión del cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), anunciada por el Gobierno este martes 1 de agosto, pero han señalado «el tiempo perdido», el «retraso» y «tardanza» del Ejecutivo en tomar la decisión.

La portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Pilar Lucio ha señalado que «se ha perdido un tiempo precioso» en el debate sobre la continuidad de la planta, que lleva en cese operativo reapertura de la planta y que el parque nuclear español «no necesitaba Garoña».

Lucio ha asegurado que el PSOE ha pedido ya la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que «explique en sede parlamentaria cuáles son los planes del Gobierno sobre el alargamiento de la vida útil del resto de centrales» y para que aclare «cuál es el modelo energético» que busca, al tiempo que reclamarán que se «abra el diálogo y se lleve a cabo un debate» sobre el futuro energético.

En este sentido, Lucio ha señalado que la posición del PSOE sobre las centrales nucleares «es clara»: «Pedimos el cierre progresivo de las plantas según vayan cumpliendo los 40 años de vida útil», ha recordado.

Además, el secretario del área para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha asegurado que la decisión adoptada por Gobierno es «la más razonable», aunque «llega tarde». A su juicio, ha sido el Ejecutivo el que ha hecho de Garoña «un instrumento de acción electoral y de desgaste» contra el PSOE.

Asimismo, la diputada por Burgos Esther Peña ha pedido que se ponga en marcha el plan de reactivación económica «que permita tener una oportunidad de futuro a las familias» la zona. En este sentido, Peña ha lamentado que el ministro Nadal «ha olvidado anunciar que pondrá en marcha el plan de reindustrialización que eliminó hace 5 años».

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente en el Congreso por Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha dicho que «por fin se termina el culebrón de Garoña» y que la decisión llega con «5 años de retraso». «El Gobierno nos ha dado la razón y reconoce que la central no puede funcionar en condiciones de seguridad», ha señalado.

A juicio de Uralde, el Ejecutivo de Mariano Rajoy «ha intentado el experimento de alargar Garoña para sentar un precedente y alargar el resto» de centrales nucleares españolas, pero «no les ha salido bien». «El futuro energético español pasa por las renovables», ha sentenciado.

Mientras tanto, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez ha señalado la «tardanza» del Gobierno: «No entendemos que se haya tardado tanto tiempo en tomar una decisión como ésta». No obstante, ha señalado que se «congratula» de la decisión del Gobierno de cerrar el silo nuclear, porque Garoña «es inviable desde el punto de vista técnico y de seguridad y no aporta casi nada al mix energético español».

Así, Gutiérrez ha pedido al Gobierno que «deje de pensar solo en los intereses de determinados colectivos energéticos españoles», y que España «merece tener una energía limpia».

Reacciones en Twitter

Varios dirigentes políticos han optado por reaccionar ante el cierre definitivo de Garoña a través de la red social Twitter. Es s el caso de la presidenta del PSOE y ex consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Cristina Narbona, que ha escrito en un twit: «Garoña cierra, a pesar de los esfuerzos del Gobierno PP por mantenerla, cambiando prácticas del CSN. Años perdidos para crear empleo alternativo en la comarca».

También el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, que ha publicado en la red social: «Ya era hora. La lucha ciudadana sirve, sirve y sigue. Porque ahora hay que conseguir el cierre de las demás».

Por su parte, el secretario general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha retwiteado la cuenta oficial de su partido que ha escrito en la red social: «Enhorabuena todos los colectivos y compañeros/as que dijeron #GaroñaNiDeCoña».

Desde el Partido Popular, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso ha escrito desde su cuenta personal: «El cierre definitivo de la central de Garoña es una decisión responsable e inteligente del Gobierno de España y una magnífica noticia».

Por el contrario, el presidente de Jóvenes Nucleares, José García Laruelo, ha reaccionado también en su perfil de la red social: «Lamentamos mucho la noticia de la denegación de la autorización de explotación de Garoña».

Nuclenor continúa su actividad en Garoña a la espera de analizar el cierre

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EFE.- Nuclenor, la sociedad propietaria de la central nuclear de Garoña participada por Endesa e Iberdrola, ha indicado hoy que continúa con sus actividades habituales manteniendo el compromiso con la seguridad y ha añadido que está a la espera de analizar la decisión del Gobierno de denegar la autorización de funcionamiento.

En un escueto comunicado publicado en su página web, Nuclenor explica que analizará la decisión del Gobierno de denegar la reapertura de la nuclear -en situación de parada segura desde diciembre de 2012- cuando reciba formalmente la documentación, «para valorarla adecuadamente y tomar las decisiones que corresponda».

Mientras tanto, Nuclenor asegura que continúa sus actividades habituales según el programa que tiene establecido, manteniendo el compromiso con la seguridad de las personas, las instalaciones y el entorno.

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de las siete que operan en España y cuya actividad está parada desde diciembre de 2012, dejará de funcionar tras la decisión del Gobierno de no renovar la autorización.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión por el escaso impacto de la central en el sistema eléctrico español, ya que tiene una potencia de solo 400 megavatios y porque no existe certidumbre política ni económica para que puedan amortizarse las inversiones necesarias, dada la oposición de la mayoría de grupos parlamentarios.

Castilla y León gravará los residuos por el desmantelamiento de Garoña y exige un plan de reindustrialización

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Servimedia.- La Junta de Castilla y León modificará el impuesto de afectación medioambiental para gravar los residuos nucleares que quedarán tras el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Así lo anunció hoy el vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien consideró una «grave error» la decisión del Gobierno de cerrar la planta.

De Santiago-Juárez se preguntó si el que adoptó esta decisión pensó en el millar de trabajadores que dependen de esta planta, y exigió al Ejecutivo central que «lidere» un plan de reindustrialización para la zona. Asimismo, trasladó a los que están de vacaciones y se alegrarán por esta noticia, que en vez de tomarse una cerveza en un chiringuito, visiten el norte de la provincia de Burgos.

En una rueda de prensa solo media hora después de la que ofreció en Madrid el ministro de Energía, De Santiago-Juárez aseguró que la decisión se comunicó ayer en una reunión en Valladolid entre Álvaro Nadal y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la que se mostró que el Ejecutivo autonómico «no comparte esta decisión política del Gobierno de España».

Así, incidió en que es «una mala noticia para los trabajadores, para Castilla y León y para España» y cuestionó si quien la ha tomado «ha pensado en los trabajadores». Durante años la Junta, continuó, siempre ha defendido el mantenimiento de la central, «siempre que fuera segura», pensando en los empleados. «Algún día alguien se dará cuenta del error», subrayó, para asegurar que la Junta siempre ha apostado por que la energía nuclear fuera una parte del mix energético en un país en el que «no sobra la energía».

Además, el vicepresidente informó de que la Junta «se reafirma» en su decisión de implantar un tributo cuya recaudación irá a financiar un plan de ayuda al empleo de la zona. Lo hará, indicó, a través de la modificación del actual impuesto sobre afectación medioambiental, creando un nuevo hecho impositivo sobre el combustible nuclear depositado en Garoña porque, explicó, «ahora la central se convierte en un depósito de residuos radioactivos».

También criticó a las empresas, sobre todo a Iberdrola, quien todavía «no nos ha dado ninguna explicación» y han actuado primero pidiendo reapertura y luego «escondiéndose». Por ello, insistió se pondrá en marcha este impuesto que es «sensato y de sentido común» y del que todavía no se han hecho cálculos de cuánto podría ingresar la Junta de Castilla y León por este concepto.

Indicó que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha remitido hoy una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle la puesta en marcha y «el liderazgo» del Gobierno en un plan para la reindustrialización de la zona Norte de Burgos en el que participen las empresas Iberdrola y Endesa, que componen Nuclenor. Estas compañías, dijo, tienen que participar porque se han beneficiado muchos años de Garoña. Ha de ser, dijo, un plan «dinámico» que cree riqueza y empleo y en el que colaborará la Junta.

Además, el vicepresidente hizo un recorrido por la historia de este asunto que, dijo, comenzó por «un capricho ildeológico» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que continuó con una «pésima gestión» del exministro José Manuel Soria, al que dijo «no iba a dedicar ni un minuto más». Tras ello, unos cambios de rumbo y una situación y unas «incoherencias» en una situación política como la actual donde el PP no tiene mayoría.

«La Junta tiene la sensación de haberse quedado sola como en Fuenteovejuna: todos a una pero frente a Garoña», remarcó, para añadir que han estado solos en el plano político, interno y externo y sólo ha apoyado la decisión de su continuidad la Asociación de Municipios Nucleares.

En todo caso, dijo, es una decisión que tendrá consecuencias «indeseables» para la competitividad energética, para la dependencia energética y para el gasto de las familias.

Iberdrola ve coherente la decisión de no abrir Garoña, ya que era económicamente inviable

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Europa Press.- Iberdrola ha considerado «coherente» la decisión del Gobierno de denegar la solicitud de renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ya que «no afecta ni a la seguridad del suministro eléctrico en España, dado que la instalación no está operativa desde hace cinco años, ni al precio de la luz que pagan los consumidores».

Según indicaron fuentes de la compañía, Iberdrola ha defendido, desde hace más de un año y medio, el cierre de esta instalación al considerar que, «aun siendo segura desde el punto de vista técnico, su continuidad era económicamente inviable».

La energética subraya que contribuirá, a través de Nuclenor, sociedad propietaria de Garoña en la que es accionista al 50% con Endesa, a dar cumplimiento, «a la mayor brevedad posible, al contenido de la orden ministerial que plasmará la decisión anunciada hoy y a las actuaciones que se deriven del cese definitivo».

El Gobierno ha acordado este martes no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la central nuclear de Garoña.

En una rueda de prensa convocada para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicó que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto «será la de denegación» de la continuidad de la explotación porque las «circunstancias actuales» no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la oposición de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.

El Gobierno despejará hoy la incógnita sobre el futuro de Garoña

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EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicará hoy la decisión que ha tomado el Gobierno sobre la explotación de la central nuclear de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), en situación de parada segura desde diciembre de 2012.

La decisión se produce una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avalase el pasado mes de febrero la reapertura tras dar el visto bueno a los criterios técnicos y estableciese las medidas de seguridad necesarias para que la planta pudiese volver a conectarse a la red.

La nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua del parque atómico español, es propiedad de Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola.

Iberdrola ha manifestado, por boca de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, su voluntad de no reabrir la central, mientras que Endesa ha señalado que espera la decisión del Ejecutivo.

A la vista de los informes técnicos y tras un periodo de consultas las posibilidades que se abren abarcan desde un rechazo a que la planta vuelva a entrar en funcionamiento, a que se otorgue el permiso condicionado a la puesta en marcha de nuevos requerimientos técnicos e inversiones.

De esta manera, la decisión volvería a la empresa propietaria, que tendría que analizar la rentabilidad de la operación.

No es la primera vez que se produce esta situación, ya que hay antecedentes en España con la nuclear de Vandellós I, en la que tras el incendio de uno de los generadores, se impusieron fuertes requisitos de seguridad con ingentes inversiones que hicieron desistir a sus propietarios.

La nuclear de Garoña es del tipo de agua en ebullición (BWR) y tiene una potencia instalada de 460 megavatios.

La reapertura de la nuclear de Santa María de Garoña cuenta con un fuerte rechazo por parte del movimiento conservacionista que considera que no tiene sentido la reapertura de una instalación amortizada y que consideran poco segura.