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Cristina Narbona considera «incomprensible» que España sea uno de los países de la Unión Europea que frena la ambición climática

Europa Press.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lamenta que el Gobierno español sea «uno de los pocos» que están frenando una mayor ambición de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático de forma «totalmente incomprensible teniendo en cuenta las capacidades de España para crear empleo y generar nuevo tejido productivo en este ámbito«.

Con motivo de la publicación del libro Soñando el futuro, escrito por Cristina Narbona y Ana Etchenique, Narbona ha criticado que en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy, en el que de momento «no aprecia» un enfoque integrado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, «incluso se aprecian contradicciones entre los planteamientos de sendos departamentos».

Por ello espera conocer pronto la propuesta del Gobierno para poder contrastarla con la iniciativa socialista en esta materia. Precisamente, ha explicado que una de las primeras resoluciones aprobadas por la dirección actual del PSOE, que ahora preside, fue la relativa al cambio climático y la transición energética. En ese documento el PSOE expone las cuestiones «imprescindibles» para que España recupere el tiempo perdido desde 2011. Además, Narbona ha recordado que la formación política ha impulsado la creación del Consejo Asesor para la Transición Ecológica, que preside la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, que prepara «propuestas concretas».

En materia de cambio climático, no cree que la ambición mundial se relaje tras la anunciada posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que Narbona asegura que «afortunadamente» su postura no la comparte «un número muy elevado» de Estados, ciudades y empresas del país. Sin embargo, considera «fundamental» que la Unión Europea «eleve» su nivel de ambición como solicita el Parlamento Europeo y que, al mismo tiempo, impulse fuera de sus fronteras la transición energética y la adaptación al cambio climático, en particular en los países más vulnerables.

Para la exministra de Medio Ambiente, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética anunciada por el Ejecutivo deberá garantizar los objetivos a 2030 y 2050 que le corresponden a España y, para ello, apuesta por establecer los incentivos adecuados, tanto fiscales como regulatorios, así como por una «reforma en profundidad» del mercado eléctrico con el fin de favorecer el uso «creciente» de renovables.

Asimismo, señala que esto hará necesaria una nueva regulación del autoconsumo «en línea con el resto de países desarrollados» y, en materia de energía nuclear, recuerda la propuesta socialista de cerrar de forma gradual las centrales cuando cumplan los 40 años de funcionamiento. Eso sí, considera necesarias medidas «concretas» para garantizar una «transición justa» en materia de empleo y de precio de la energía sobre todo en las comarcas con minería o centrales térmicas, así como próximas a centrales nucleares.

Fin de ayudas al carbón

En materia de carbón, la presidenta del PSOE niega que haya discursos diferentes sobre esta fuente de energía fósil en Castilla y León y Asturias que a nivel nacional y afirma que el planteamiento del partido es el de las resoluciones de su 39º Congreso Federal, que apoya el carbón autóctono como reserva estratégica, la eliminación de las ayudas al carbón importado y el desarrollo de medidas para una transición justa en las comarcas mineras.

En ese sentido, señala que se ha propuesto al Gobierno que haya incentivos específicos para realizar subastas de energías renovables en dichas comarcas, para promover nuevas actividades industriales y de servicios y recuperar en estos territorios «al menos una parte de los 80.000 empleos» que se perdieron desde 2011 en España por los cambios regulatorios en el sector de las energías renovables. Sin embargo, ha criticado que esto se lo trasladó al Gobierno como condición a un apoyo del PSOE a una «posible» normativa para condicionar el cierre de centrales térmicas y nucleares, pero «el ministro rechazó estas condiciones» y le acusa de haber pretendido después enfrentar internamente al PSOE.

Respecto a su sucesor en el cargo de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Jorge Fabra, recién nombrado por el Gobierno, Narbona defiende su nombramiento para relevarle porque «reúne las mejores características» para ocupar su puesto. Eso sí, ha acusado al Gobierno de haber tardado casi seis meses «inexplicablemente» para remitir la propuesta para su preceptivo informe del Parlamento, al que rinde cuentas el regulador. Así, confía en que su incorporación al CSN contribuya a mejorar la transparencia y la independencia del organismo. «Lamentablemente he tenido la experiencia de cambios en sus prácticas y en la normativa sobre seguridad nuclear muy condicionados por decisiones empresariales o políticas», ha apostillado.

De su paso por el CSN cree que el ejemplo «más notable» de esta acusación fue el expediente de evaluación de la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha recordado que la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que se estaban cambiando las normas para favorecer esta reapertura. Finalmente, la planta burgalesa se cierra por el elevado coste que supondrían las inversiones necesarias para garantizar su funcionamiento y seguridad.

Finalmente, Narbona confiesa que está «en esa edad donde ya se tiene mucho más pasado que futuro» pero que vive «con intensidad un presente muy gratificante» tanto en lo personal como en lo político. «He tenido el privilegio de asumir muchos retos a lo largo de mi vida; no tengo más ambición que la de contribuir a consolidar el proyecto socialdemócrata renovado bajo el liderazgo de Pedro Sánchez», asegura Narbona, que considera este proyecto «crucial» para que en España se reduzcan las «graves desigualdades» sociales y se emprenda una transición ecológica de la economía que garantice un futuro «más seguro, más justo y más duradero».

El CSN niega que hubiera intervención política en el cierre de la nuclear de Garoña y defiende a sus técnicos

Europa Press.– El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, ha señalado que en la decisión del cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) «nadie ha intervenido políticamente» y que él mismo «no lo hubiera consentido» si así fuera. En este sentido, ha defendido también el trabajo de los técnicos del organismo que, según ha señalado, «han hecho lo que han tenido que hacer».

Así lo ha aclarado durante su intervención en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, en donde desde los partidos de la oposición se han puesto en duda las decisiones del organismo regulador en esta materia, y más concretamente las tomadas por el Pleno del Consejo del CSN. «Me acusan de estar haciendo gestiones para el Gobierno, como que somos los portavoces y es mentira. Jamás me han dado una instrucción sobre nada, ni yo lo toleraría. No me iría a dormir tranquilo», ha insistido Martí, para después señalar que «en todo lo que se hace en el CSN, lo hacen los técnicos de abajo a arriba».

Garoña fue uno de los temas por los que más preguntaron los partidos de la oposición en esta intervención, así como por la situación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) o la mina de Uranio de Retortillo (Salamanca). En estos dos últimos casos, el presidente del CSN ha asegurado que tiene una opinión personal, pero que no puede hacerla pública como miembro del órgano que preside. Martí ha recordado que estos temas son decisiones del Gobierno y el Consejo sólo trabaja en lo que se le encarga en materia de seguridad.

La presencia de Martí en la Cámara Baja se había solicitado por la propia Comisión de Energía para presentar el Informe Anual del órgano en 2016, un documento que recoge información del funcionamiento interno del CSN, su organización, sus planes y recursos, así como las actividades propias del regulador. Entre los datos de este documento se recogen las incidencias detectadas en las centrales nucleares en 2016 que, según el presidente del CSN, fueron 22, siendo 20 de nivel 0 y 2 de nivel 1, «ambos detectados en Almaraz y relacionados con inoperabilidades en un tren de sus cambiadores de calor«.

Por otra parte, ha explicado que el organismo regulador emitió 2 apercibimientos en 2016. Uno a la central nuclear de Ascó (Tarragona) y el otro a Cofrentes (Valencia). «No se ha propuesto apertura de ningún expediente sancionador», apuntó. Precisamente sobre Cofrentes fue cuestionado Martí y, más concretamente, sobre el último suceso registrado allí por problemas en una de sus vasijas de agua. Según indicó la propia central, se perdieron piezas de esta vasija que se quedaron en el interior de su sistema. En este sentido, el presidente ha señalado que los principales responsables de la seguridad de la planta son los directivos de la misma y que los miembros del CSN inspeccionan lo que hacen los técnicos de las centrales.

Según indicó Martí, lo que quería Cofrentes era operar los 24 meses que tenía por delante con las piezas perdidas en su interior porque, según explicaron, ha habido casos en Estados Unidos que se ha hecho así. Sin embargo, desde el regulador se le instó a parar la actividad de la planta, sacarlas y reanudar. «Lo peor de todo esto han sido los cuarenta y tantos días sin poder producir. Para ellos es importante», señaló, para responder a las críticas sobre la falta de transparencia señalando que no es obligatorio avisar de las incidencias de nivel 1 «porque no tienen importancia en materia de seguridad».

Durante su intervención, el responsable de la seguridad nuclear en España destacó que el organismo que preside elaboró en 2016 un Código Ético en el que, a través de un conjunto de valores, se promueve la excelencia de los trabajadores del organismo regulador y se refuerza la confianza de los grupos de interés en la misión que realiza el Consejo.

En general, según explicó, 2016 supuso para el CSN un paso más en la consolidación de uno de los principales retos que afronta a medio y largo plazo, como es la política de recursos humanos, la renovación de la plantilla técnica y la gestión del conocimiento, con la oferta de seis plazas de nuevo ingreso al cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN.

Finalmente, ha señalado que el Consejo de Seguridad Nuclear asumirá, en 2018, la segunda misión de verificación del sistema regulador (IRRS, por sus siglas), solicitada por España, puesto que la primera tuvo lugar en 2008. En esta ocasión esta misión vendrá acompañada de una revisión del sistema de la gestión de los residuos radiactivos y el combustible gastado, denominada Artemis.

Ciudadanos quiere que la AMAC exponga en el Congreso sus propuestas para el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia para que la presidenta de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Raquel González, exponga en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, su visión y sus propuestas para el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña y las necesidades que, desde los municipios afectados, están detectando en dicho proceso.

El ejecutivo anunció el pasado mes de agosto el cierre de esta planta, situada en la provincia de Burgos, aunque se espera que su desmantelamiento suponga, aún, un periodo de entre 10 y 15 años. AMAC ya ha planteado en varias ocasiones que es antes de este periodo cuando el Ejecutivo tiene que presentar planes económicos alternativos para la comarca afectada por el cierre de Garoña que, en su mayoría, dependía económicamente de ella. «Tenemos miedo a la despoblación», declaró González, que también es alcaldesa del municipio burgalés del Valle de Tobalina , y expuso sus preocupaciones ante la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Según González, la principal preocupación de la comarca es actualmente «la despoblación» y «lo que viene después» del periodo de desmantelamiento de la planta. Pero, además, desde AMAC piden al Ejecutivo que les dejen participar en el desarrollo de ese plan económico alternativo ya que, a su juicio, los ciudadanos y sus representantes son quienes conocen las verdaderas necesidades locales. Así, denunció que el cierre de Garoña fue «una decisión que se toma desde un entorno ajeno», como es «un despacho en Madrid«, mientras los que realmente está a merced de esta decisión «no han tenido ninguna opinión al respecto».

La AMAC denuncia en el Congreso que el cierre de la central nuclear de Garoña se decidió sin alternativas económicas

Europa Press.- La presidenta de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos), Raquel González, llevó al Congreso de los Diputados las preocupaciones de la comarca afectada por el cierre de la central nuclear de Garoña, un territorio que, según señaló, está preocupado por «la despoblación» que puede suponer el que no se prevea una alternativa económica para el entorno de la planta.

González ha explicado que la inquietud del Valle de Tobalina «no es por los próximos 10 o 15 años», tiempo previsto para el desmantelamiento de la central, sino «lo que viene después», cuando los habitantes de la comarca comiencen a acusar la falta de empleo. «La llegada de Garoña marcó el municipio de una manera determinante. Se generaron expectativas de empleo y eso nos ha permitido contar con población», ha explicado la alcaldesa, quien ha indicado que la comarca cuenta con 34 núcleos de población que suman unos mil habitantes.

A su juicio, los representantes de estas personas, que son las que «sufren las ventajas y los inconvenientes» de la instalación de la central «no deben ser ajenos» a los planes del Gobierno porque, según apuntó, son los que conocen las necesidades del entorno. Así, denunció que el cierre de Garoña «ha sido una decisión que se toma desde un entorno ajeno» como es «un despacho en Madrid», mientras los que realmente está a merced de esta decisión «no han tenido ninguna opinión al respecto».

Para González, esta «distancia» con la que se ha tomado la decisión, es, entre otras cuestiones, el motivo por el que el Ejecutivo ni se haya planteado otras alternativas económicas para la zona. «Y deberían buscarse desde ya, desde este momento», ha apuntado la regidora, que cree que pasados los años de desmantelamiento ya será tarde. Su intención, según ha indicado, en conseguir el compromiso del Gobierno de que en los próximos Presupuestos se refleje en una partida las medidas que se van a aplicar.

Ecologistas en Acción critica la «posible ampliación sin sentido» del almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril

Eurpa Press.- La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han criticado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril, ubicado en Hornachuelos (Córdoba), «ha recibido óxidos de uranio que no está autorizado para almacenar», sospechando ambos colectivos «que puede haber motivos relacionados con una justificación posterior para una «posible ampliación sin sentido» de la instalación.

A este respecto, ambos colectivos han afirmado que, «en pleno debate sobre su posible ampliación, esta instalación nuclear recibe residuos con millones de años de actividad, vulnerando la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva». Además, «cuando aún quedan por desmantelar 8 de las 10 centrales nucleares que se construyeron en España, el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril», que gestiona la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), «se encuentra al 70% de su capacidad«.

Según Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, este hecho coincide con que «los procesos de desmantelamiento de las centrales nucleares son los que generan una mayor cantidad de residuos, que se transportan por todo el territorio nacional hasta El Cabril», con lo que «es muy probable que los residuos procedentes de Garoña, cuyo cese de actividad se decidió el pasado 3 de agosto, dejen saturado el almacén nuclear, imposibilitando la recepción de materiales provenientes de otras instalaciones nucleares».

La consecuencia de ello, a juicio de estos colectivos ecologistas, es que «Enresa tiene que proceder a la ampliación de El Cabril o a la búsqueda de otro emplazamiento, para tener capacidad para gestionar los residuos que se producirán en el futuro próximo». Según dichas asociaciones ecologistas, «la industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento de El Cabril, para permitir el alargamiento del funcionamiento de las centrales y que este cementerio nuclear pueda albergar los nuevos residuos producidos. Incluso Enresa podría plantearse nuevas ampliaciones si fuera necesario«.

En este contexto, según Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, «se ha dado a conocer, tras la publicación del Informe al Congreso del CSN de 2015, que Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa».

Sin embargo, «el uranio recibido es un emisor alfa y tiene una vida de millones de años», lo que «demuestra que la industria nuclear se salta sus propias normas de seguridad cuando recibe residuos de alta actividad sin una solución a su gestión. Estos residuos condenan a que el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura, sea demasiado problemático».

Esto, en opinión de los colectivos ecologistas, podría usarse como «justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad». Por estos motivos, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear subrayan que «en estas condiciones no tiene ningún sentido la ampliación de este cementerio nuclear», a la vez que exigen el «cierre escalonado de todas las centrales nucleares y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que El Cabril no tiene autorización».

La empresa estatal ENSA prepara una oferta para optar a distintas fases del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- La empresa Equipos Nucleares (ENSA) está trabajando «intensamente» y a «iniciativa propia» para adelantarse y presentar la oferta más competitiva con la que pueda participar en el futuro desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, cuyo cierre dictó el Gobierno en agosto.

El presidente de ENSA, Eduardo González-Mesones, ha anunciado así las aspiraciones de la compañía que se abren tras el cierre de la planta burgalesa, generando la «oportunidad» de fabricar muchos más contenedores para el combustible gastado en el reactor a lo largo de sus 42 años de funcionamiento. «Esperamos que finalmente podamos ser la oferta más competitiva. Nuestro objetivo será hacerlo todo», ha deseado González-Mesones.

Así, estimó que el proceso de extraer el combustible gastado de Garoña podría acometerse en 5 o 6 años pero ha confirmado que Ensa, una empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),tiene capacidad de comprometerse a terminar el pedido en 3 años si fuera necesario, ya que la línea de gestión de combustible es una de las más importantes para la entidad.

Eso sí, matizó que ese momento «todavía está lejos de realizarse», debido a que el primer paso debe ser la apertura de un concurso público a nivel internacional por parte de Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, para que se presenten distintas ofertas. «Una vez que tengamos los papeles de petición de ofertas, con el conocimiento que tenemos queremos hacer la mejor oferta tecnológica para el desmantelamiento», ha añadido el presidente de ENSA. González-Mesones ha subrayado que este sería «un pedido muy importante» tanto a nivel social como económico y por ello están trabajando «intensamente» y «a iniciativa propia» para adelantarse y ser competitivos.

De ganar el concurso abierto, no sería la primera vez que ENSA trabaja para Garoña, una central para la que ya ha fabricado 5 contenedores de tipo Enun52B, aunque aún no están cargados, de modo que están almacenados en el taller de Maliaño. El propósito, ahora, sería presentarse y ganar el licenciamiento de los futuros contenedores en los que deberá guardarse todo el combustible gastado.  González-Mesones ha manifestado que «desgraciadamente» la noticia del cierre de la central le da «muchísima pena», pero añadió que una vez terminada su vida, se abren oportunidades para las que asegura que ENSA está «absolutamente preparada, con conocimiento y tecnología”.

El presidente de ENSA diferenció la primera fase, la del vaciado del fuel, y la segunda fase, de desmantelamiento propio de la planta, y ha defendido que la empresa española tiene conocimiento técnico y capacidades para optar a las dos fases, tanto a la del suministro de contenedores como en la fase de desmantelamiento. González-Mesones ha defendido en todo momento el potencial de ENSA, a la que ha calificado de «puntera» y «de las más completas» del mundo y que se mide con las grandes empresas de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón o China.

Castilla y León prevé recaudar 10 millones de euros por el impuesto nuclear creado tras anunciarse el cierre de Garoña

EFE.- La Junta de Castilla y León prevé recaudar en el 2018 hasta 10 millones de euros por el impuesto al impacto de los residuos radiactivos de carácter temporal, que anunció para afrontar el cierre de la central nuclear de Garoña.

En total la Junta, según detalló el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, prevé contar con 74 millones recaudados por el conjunto de impuestos por daño medioambiental, que incluirían el dirigido a Garoña. Tras presentar los Presupuestos, Herrera ha detallado que se deberá presentar un proyecto o una proposición de ley a lo largo de 2018 para «dar respaldo legal» a este impuesto. Lo que se recaude, esos 10 millones previstos inicialmente para el 2018, irán al plan de reactivación del entorno de la central burgalesa, ha comprometido Herrera.

El PSOE de Álava pide a Nuclenor el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña «lo antes posible»

EFE.- El PSOE de Álava reclama a Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, que inicie el desmantelamiento de la central nuclear burgalesa «lo antes posible». Los socialistas denuncian que después de que el Gobierno denegara la autorización de continuidad para Garoña aún «no hay constancia de que Nuclenor haya presentado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ni al Ministerio la solicitud de desmantelamiento».

Por otro lado,  el PSOE exige la puesta en marcha de un plan de reactivación para los municipios de la comarca afectados por el cierre de Garoña. Ese plan, que debe incluir a las localidades alavesas de la zona, también tiene que contemplar «la implantación de energías renovables que mejor se adapten a la comarca» para que estas cubran una parte de la energía generada hasta ahora por la central.

Castilla y León cree que sería «lamentable» que el Gobierno central no dinamice la provincia de Burgos tras cerrar Garoña

EFE.– La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha considerado que sería «lamentable» que los ciudadanos de Castilla y León tuvieran que asumir «con sus impuestos» la necesidad de dinamizar la zona de influencia de la central nuclear de Garoña tras su cierre. Del Olmo ha asumido que el Ministerio aún no ha manifestado su voluntad para aportar fondos para reindustrializar una zona como el norte de Burgos, afectada por el cierre de Garoña.

«Mientras no nos digan que sí…», ha dudado Del Olmo, convencida de que el Gobierno debe atender el requerimiento que hicieron unánimemente las Cortes de Castilla y León y que ha trasladado la Junta para tomar medidas de reindustrialización de la zona, una vez que el Gobierno, «auspiciado» por las empresas propietarias de Garoña, anunciaran el cierre definitivo. La consejera ha rechazado que una decisión sobre la que la Junta no ha podido influir suponga que ahora esta administración autonómica tenga que asumir «en solitario» la dinamización económica de una zona como el Valle de Tobalina, al norte de Burgos.

Tudanca arremete contra la Junta

Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha instado a algunos consejeros del ejecutivo autonómico a «quitarse la careta» y a «dejar de jugar con los ciudadanos» en asuntos como la reindustrialización de Garoña. En este sentido, Tudanca acusó a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, de defender y aprobar en las Cortes un plan para la reindustrialización sin contar con el apoyo de su partido a nivel nacional para desarrollarlo, ya que el Ministerio aún no se ha pronunciado sobre si aportará los fondos para abordar este plan.

El PSOE denuncia el retraso en el diseño de una alternativa para Garoña y el PP le acusa de “cinismo”

EFE.- El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó de «cinismo» al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, por urgir un plan de reindustrialización que suponga una alternativa a la central nuclear de Garoña, una vez el Gobierno ha decidido no prorrogar su permiso. Tudanca denunció que mes y medio después del decreto de cierre de la central nuclear no se tenga la «más mínima noticia» sobre el plan de dinamización del entorno.

«Me parece una actitud de cinismo que Luis Tudanca urja ahora la reindustrialización del entorno de Garoña cuando fue un gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, el que decidió el cierre», ha sostenido Fernández Mañueco. Para el presidente autonómico del PP, la mejor reindustrialización habría sido que Garoña siguiera funcionando, pese a lo cual ha asegurado que el PP de Castilla y León trabajará para que todas las instituciones se esfuercen para reindustrializar la zona y generar empleo en el entorno de Garoña

El PSOE contra el PP

«Después de años de mentir y de tomar el pelo a los burgaleses», incidió Tudanca, el PP acordó cerrar la planta nuclear; «mintió y dijo que habría central nuclear y plan de reindustrialización».Sin embargo, recordó que ni Garoña seguirá en funcionamiento ni existe plan de dinamización económica, pues «sigue sin haber la más mínima noticia sobre el plan de reindustrialización«.El socialista ha recordado que el área de influencia de la central, Miranda de Ebro, Las Merindades y La Bureba, requiere de una alternativa para que «tenga un presente y un futuro después de Garoña«.Tudanca ha confiado en que el Gobierno central, la Junta y la Diputación «se pongan manos a la obra» y cumplan con lo prometido.

Por su parte, el presidente de la Diputación, César Rico, ha vuelto a insistir en que «el mejor plan para Garoña es Garoña», ya que «es muy difícil que en la zona se asienten empresas con mil empleados».El popular pidió que se pongan «los pies en el suelo» y, si bien toca buscar alternativas a la nuclear», va a ser «muy complejo» mantener el nivel industrial en el entorno.

El presidente de la Diputación ha recordado que fue el Gobierno de Zapatero el que primero decretó el cierre de Garoña hace 6 años.Y comprometió un Plan de Reindustrialización «del que no se hizo absolutamente nada«; el Gobierno socialista no hizo nada para hacer realidad «todo lo que se inventaron».Por ese motivo, Rico ha mostrado su sorpresa ante las exigencias del PSOE para con un plan de reindustralización.