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Castilla y León trabaja en una nueva Estrategia Térmica Renovable para aprovechar su potencial

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EFE.- La Consejería de Economía y Hacienda ya trabaja en la Estrategia Térmica Renovable para aprovechar el potencial de la Comunidad en este campo con una «mirada a medio y largo plazo» y dado que en los próximos años se producirá una renovación importante del parque de calderas y sistemas térmicos.

La consejera, Pilar del Olmo, ha recordado que aunque Castilla y León es una «referencia en generación eléctrica», fundamentalmente en eólica e hidráulica, con una posición notable en cuanto a la producción vía biomasa o fotovoltaicas, ese «liderazgo no ha ido paralelo al desarrollo del uso térmico de los recursos renovables».

Del Olmo también ha destacado algunas líneas previstas para incentivar el uso de energías alternativas, como la que prevé poner en marcha en el 2018, de subvenciones no competitivas para incentivar la adquisición de vehículos de energías alternativas en la Comunidad, que no ha cuantificado.

El PSOE habla del fracaso del carbón

El portavoz en Economía del grupo socialista, Javier Izquierdo, se ha referido además al a su juicio «fracaso del carbón» y a que la Comunidad haya servido «de cobaya en las centrales nucleares con Garoña», y ha sostenido que «el drama de la política económica de la Comunidad» es que ha «escalado al puesto dos de la corrupción» en España, lo que «ha cercenado recursos» y ha acusado a la consejera de «poner alfombras nuevas sobre las viejas», en una política «que huele a corrupción y en la que falta transparencia».

La plantilla de Nuclenor ratifica con 145 votos el preacuerdo de ERE en Garoña

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EFE.- La plantilla de Nuclenor ha ratificado hoy el preacuerdo laboral alcanzado el pasado viernes entre sindicatos y empresa, con 145 votos a favor y 64 en contra, después de que cada empleado haya conocido cuáles son las condiciones aplicables ante el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

En declaraciones, Pedro San Millán, representante de UGT en la comisión mixta negociadora, ha destacado el apoyo «mayoritario» al preacuerdo, «el mejor que se ha podido obtener«.

Los trabajadores de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en Valle de Tobalina (Burgos), han conocido esta semana cómo les afectaría de manera particular los acuerdos alcanzados.

Nuclenor, empresa propietaria participada por Endesa e Iberdrola, ha mantenido encuentros individuales con la plantilla, formada por 227 miembros, ha recordado San Millán. Y, con esa información en las manos, la comisión negociadora ha sometido a referéndum el preacuerdo, que ha salido adelante con 145 votos favorables, de los 211 emitidos. Un apoyo «mayoritario» de la plantilla de Nuclenor, que «pone en valor el trabajo» realizado por los sindicatos, aun cuando se han registrado 64 votos en contra y dos votos nulos.

San Millán ha insistido en que el preacuerdo, cerrado el pasado viernes tras un mes de negociaciones, es «el mejor que se ha podido obtener», con las mejores condiciones posibles.

Esta semana los sindicatos también se lo han intentado explicar a todos los trabajadores y «la plantilla ha ido a votar sabiendo su situación particular», ha insistido el delegado sindical.

Una vez ratificado el acuerdo, Nuclenor tendrá que comunicárselo a la autoridad laboral, para que lo autorice, y se deberá elaborar un documento definitivo de expediente de regulación de empleo. Deberá incluir nombre a nombre qué empleados se quedarán en Santa María de Garoña para el desmantelamiento, quiénes serían recolocados en centros de Iberdrola y Endesa y quiénes prejubilados.

En términos generales, serán 120 los trabajadores que mantengan su puesto en Garoña, mientras que una treintena serían prejubilables y alrededor de 68 tendrían opción de recolocación.

Pedro San Millán ha explicado que Nuclenor ha planteado también una indemnización de 20 días por año trabajado, según marca la norma laboral, para aquellos que rechacen las recolocaciones.

Cuando Nuclenor presente a los sindicatos el documento definitivo se abrirá un plazo máximo de un mes para consultas y negociación, y una vez aprobado se remitirá a Trabajo. En el momento que la autoridad laboral lo autorice, el expediente de regulación de empleo podrá ser aplicable, ha apuntado San Millán.

La plantilla tendría que estar reorganizada para finales de año, como ya puso de manifiesto Iberdrola en el mes de agosto, quedando solo en Nuclenor los 120 empleados destinados al desmantelamiento.

El 1 de agosto, el Ministerio de Energía anunció la denegación de la autorización de prórroga de la explotación de Garoña, solicitada por Nuclenor en 2014. Con esa decisión se puso el punto final al funcionamiento de la nuclear burgalesa, iniciándose un proceso de desmantelamiento que lleva aparejada la reorganización de la plantilla.

La comisión mixta negociadora, con miembros de los sindicatos y Nuclenor, inició las reuniones el 10 de agosto y, un mes más tarde, han alcanzado el preacuerdo ratificado hoy por la plantilla.

Araba sin Garoña se disuelve al cumplir su objetivo tras 15 años de trabajo

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EFE.- El colectivo Araba sin Garoña ha anunciado hoy que se disolverá después de quince años de trabajo al haber «cumplido su único objetivo: cerrar la central» nuclear burgalesa, ubicada a escasos kilómetros del límite con Euskadi.

«Pocas plataformas pueden decir que se disuelven porque han cumplido con su objetivo«, se ha felicitado hoy el portavoz de la plataforma, Alberto Frías, quien no obstante ha alertado de que aún hay que «fiscalizar» el desmantelamiento de Garoña, donde quedan «más de 220 toneladas de uranio».

Frías ha explicado que la decisión de poner fin a Araba sin Garoña fue tomada la semana pasada por la asamblea general del colectivo, integrado por sindicatos y movimientos sociales y vecinales.

La plataforma ha agradecido a la ciudadanía alavesa su «apoyo e implicación» en las movilizaciones contra de la central nuclear durante estos quince años, unas protestas que tuvieron su apogeo con la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Vitoria el pasado 18 de marzo.

«Esa y no el 1 de agosto es la verdadera fecha de defunción» de Garoña, ha proclamado Frías, al tiempo que ha criticado la «disfunción» que partidos e instituciones han mantenido durante este tiempo sobre la central, con declaraciones favorables a su cierre que «no iban acompañadas» de acciones para impulsarlo.

Araba sin Garoña se despedirá el próximo sábado 30 de septiembre con un «acto festivo» por todo el casco viejo de Vitoria que culminará con una «gran comida popular».

 

Castilla y León descarta que crear un impuesto al desmantelamiento de Garoña afecte a otras decisiones de Endesa e Iberdrola

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EFE.- La consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que el impuesto que prevé crear sobre las actividades de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña vayan a perjudicar a otros puntos de Castilla y León en forma de decisiones empresariales de desinversiones.

Preguntada por los planes de su departamento para incluir este impuesto en los Presupuestos de Castilla y León para 2018, Del Olmo prefirió no dar detalles sobre las características que tendrá y la «potencia recaudadora» que estiman, ya que está a expensas de negociarlo con los grupos de la oposición. Tampoco aclaró si se tratará de un nuevo impuesto o si se incluirá como un nuevo hecho imponible dentro del impuesto medioambiental que ya tiene en su cartera fiscal la Junta de Castilla y León.

En lo que confía la consejera es en que las decisiones empresariales que pueda tomar Endesa, copropietaria de Garoña junto a Iberdrola, se vean condicionadas por este futuro impuesto a la hora de tomar decisiones en otros puntos de la comunidad, como en el caso de la central térmica de Compostilla, en León, con dudas sobre su continuidad. «Las empresas deciden por criterios de rentabilidad económica», explicó Del Olmo, para quien si Endesa compra o no carbón autóctono depende de si le resulta rentable o no, independientemente de la fiscalidad que se aplique en Garoña.

La propietaria Nuclenor y los sindicatos alcanzan un preacuerdo de ERE para la plantilla de la central nuclear de Garoña

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EFE.– Nuclenor, propietaria de la central nuclear Santa María de Garoña, y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo para el expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplicará a los 227 trabajadores de la planta ubicada en Valle de Tobalina (Burgos) Tendrá que ser ratificado por la plantilla la próxima semana.

Pedro San Millán, representante de UGT en la comisión mixta que desde agosto negocia las condiciones del ERE, explicó que el preacuerdo firmado se ha cerrado con la unanimidad de las cuatro centrales sindicales (UGT, USO, ALOG y ACN/ATYPE), y la parte empresarial. Tras el preacuerdo, los plazos que se manejan pasan ahora por informar del mismo a los trabajadores para que lo voten el próximo jueves mediante un referéndum. «Son las mejores condiciones que hemos podido obtener, aunque entendemos que no a todos van a gustar», reconoció San Millán, quien, sin embargo, no quiso avanzar los datos del preacuerdo.

Se ha impuesto un criterio de confidencialidad en las reuniones y, además, la próxima semana Nuclenor tendrá que comunicar a cada uno de los empleados cómo les afecta en particular el texto. Lo que sí se sabe es que el ERE se sustentará en prejubilaciones y recolocaciones en centros de Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor. Además, como Iberdrola ya avanzó, para finales de año solo deben quedar 120 trabajadores, que se encargarán de gestionar el proceso de desmantelamiento de Garoña. De este modo, aproximadamente un 47% de la plantilla saldrá de la central nuclear con recolocaciones y prejubilaciones, aunque todavía no se han cerrado los datos, indicó San Millán.

Si la plantilla acepta las condiciones, se iniciará el diseño del ERE por parte de Nuclenor, que tendrá que comunicarlo a Trabajo. A continuación se abrirá un nuevo periodo de negociación sobre el documento y, cerrado un acuerdo, el expediente se remitirá a Trabajo para su autorización, ha recordado San Millán, que insiste en que el haber llegado a un acuerdo es «positivo» y es «lo mejor que puede pasar».

La nuclear José Cabrera de Zorita entra en la fase de descontaminación de suelos: se removerán 18.000 toneladas de tierra

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Europa Press.- La central nuclear José Cabrera de Almonacid de Zorita (Guadalajara) entra en la fase de descontaminación y desclasificación de edificios y terrenos, para lo que comenzará a remover hasta 18.000 toneladas de tierra al fin de limpiar los suelos de posible radiación, según indicó la empresa pública de gestión de residuos radiactivos Enresa, que asegura que el desmantelamiento ya se ejecutó en un 83% y culminará en 2019, lo que supone 3 años de retraso.

La denominada planta de lavado será la protagonista de esta nueva fase, que ya tiene todos los parámetros de funcionamiento ajustados y los niveles máximos de contaminación admisible definidos, según fuentes de Enresa. Este método de descontaminación concentra los contaminantes en un volumen mucho menor que deberá ser gestionado como residuo destinado al centro de almacenamiento de residuos de baja y media intensidad de El Cabril (Córdoba), mientras que el resto del material, una vez limpio y desclasificado radiológicamente, se podrá gestionar como material convencional.

Según Enresa, la planta de lavado estará en funcionamiento durante dos años, a medida que vayan avanzando los trabajos de demolición de los diferentes edificios de la instalación, hasta que el proceso completo culmine a finales del año 2019, según las previsiones de la entidad, lo que supondrá 3 años de retraso de acuerdo con la programación teórica del proyecto. En este sentido, Enresa ha explicado que los retrasos en las diferentes autorizaciones así como la previsión «más lenta de lo previsto» en esta nueva fase, como el «grado de penetración de la contaminación», han obligado a reprogramar la finalización.

170 millones de euros presupuestados

Desde que Enresa asumiera la titularidad de la central para su desmantelamiento, las diferentes fases han pasado por la segmentación de componentes internos del reactor; la carga de residuos de alta actividad que han sido depositados en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central junto a los 12 contenedores del combustible gastado. Después, Enresa llevó a cabo la fase de segmentación de la vasija del reactor y el desmontaje del circuito primario; por último, la retirada del blindaje biológico del reactor de Zorita, para lo que fue necesario usar hilo de diamante al fin de segmentar el blindaje.

En cuanto al presupuesto del proyecto de desmantelamiento, fue estimado en 170 millones de euros en 2003, de los que ya se han invertido 159. Además, los costes de explotación asociados al desmantelamiento incluyendo costes de personal, impuestos y tasas, vigilancia y mantenimiento de instalaciones han ascendido hasta ahora a 88 millones de euros. Zorita fue la primera central nuclear en ponerse a funcionar en España y ahora es la primera inmersa en un proceso de desmantelamiento completo, donde están trabajando 200 personas, 11 en plantilla de Enresa y 189 subcontratadas. La próxima central nuclear en comenzar un proceso de desmantelamiento será la de Garoña (Burgos), para lo que Enresa ya ha solicitado la autorización.

El acuerdo sobre los trabajadores de Garoña no está cerca, pero avanza

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EFE.- El acuerdo para asegurar el futuro de los trabajadores de la central nuclear de Santa María de Garoña -unos 400 entre puestos de trabajo directos e indirectos- antes de que comience su desmantelamiento «es posible, pero aún no está cerca», según ha explicado hoy uno de los miembros del comité de empresa.

Pedro San Millán ha indicado que la reunión que han mantenido los miembros de la mesa paritaria de negociación -formada por cuatro miembros del comité y cuatro representantes de la empresa Nuclenor, propietaria de la planta- ha comenzado a las 8:30 de la mañana y ha concluido a las 18:00, lo que supone «una buena señal, porque una reunión larga indica que hay voluntad de diálogo».

En este sentido, ha señalado que la de hoy ha sido la primera reunión en la que se ha podido hablar de propuestas concretas del comité y la empresa, que todavía mantienen posturas distantes, porque «esto no se puede hacer con prisa».

Aunque ha evitado dar detalles de la negociación, San Millán ha insistido en que la premisa del comité de empresa es que el acuerdo que se alcance debe ser «global, sin que nadie de la plantilla se quede tirado».

Los representantes sindicales llevarán una nueva propuesta a la próxima reunión de la mesa, prevista para el 24 de agosto, en la que esperan acercar más las posturas, sobre todo respecto a cuántos trabajadores seguirán trabajando a la planta, cuantos serán trasladados a otras instalaciones y cuántos y en qué condiciones se podrán jubilar o pre-jubilar.

El comité de Garoña se marca como objetivo evitar los despidos en la central

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EFE.- El comité de empresa de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se ha marcado como objetivo «evitar el despido de uno solo de los 227 trabajadores directos de la central», los que quedaron tras la parada de la planta que la propietaria, Nuclenor, formada por Endesa e Iberdrola, decidió en diciembre de 2012.

Según ha informado el presidente del Comité, Alberto César González, durante esta jornada se ha constituido en Miranda de Ebro (Burgos) la comisión mixta, formada por cuatro representantes de la empresa y cuatro de los trabajadores.

La comisión negociará la transición hacia la fase de desmantelamiento de la planta, cuyos miembros han firmado un acuerdo de confidencialidad que impedirá que se conozca la mayor parte de los detalles de esa negociación, que se regulará por un calendario que se cerrará la semana que viene.

En todo caso, González ha explicado que, desde la parada de diciembre de 2012, la plantilla siguió trabajando con dos escenarios en paralelo: la obtención de la prórroga o el cierre definitivo.

Ahora, con la orden ministerial de cierre, reconoce que sobrará parte de la plantilla.

El presidente del Comité de empresa ha recordado que, en la negociación que se abrió, en 2012, y también con la creación de una comisión mixta, se llegó a barajar que un tercio de los empleados seguiría trabajando en el desmantelamiento, otro tercio se recolocaría y el tercio restante se jubilaría o prejubilaría.

Sin embargo, ha reconocido que, ahora, «seguramente cambiará esa proporción», porque hay unos cien trabajadores menos en plantilla que hace cinco años.

No obstante, ha recordado que el artículo 47 del convenio colectivo de la central de Garoña establece el compromiso de una «salida ordenada» de trabajadores en caso de cierre, para lo que ya apunta la recolocación o prejubilación de los que no sigan trabajando en las instalaciones.

Respecto a los cerca de 200 trabajadores de empresas subcontratadas, algunas creadas exclusivamente para trabajar para la central de Garoña, González ha reiterado la disposición de los miembros del Comité de la planta a asesorar y ayudar a sus trabajadores hasta donde sea posible.

A la vez, ha manifestado su «incapacidad para resolver sus problemas, porque el comité de Garoña no tiene ninguna competencia para ello».

Nuclenor acepta la orden de cierre de Garoña e iniciará el predesmantelamiento

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Europa Press.- Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), ha aceptado el cierre definitivo de la planta, decretado este martes por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital tras reunirse este jueves su consejo de administración.

Según han informado, los accionistas han analizado la orden ministerial que deniega la solicitud de renovación de explotación de la central hasta marzo de 2031 y han acordado no iniciar ninguna actuación en contra de la decisión del Gobierno.

La orden ministerial de cierre que ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado da la opción de presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes en el marco del Proceso Administrativo de las Administraciones Públicas o bien un recurso contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Durante la reunión, el Consejo ha aprobado también las medidas para dirigir la empresa durante el periodo de desmantelamiento previo al traspaso de titularidad de la planta a la Empresa Estatal de Residuos (ENRESA).

La orden ministerial publicada este jueves en el BOE daba la opción de presentar un recurso de reposición contra la orden de cierre en el plazo de un mes en el marco del Proceso Administrativo de las Administraciones Públicas o bien un recurso contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

El Ejecutivo justifica su decisión en el marco de la planificación energética futura; en que desde que Garoña dejó de producir electricidad no se ha producido ninguna «repercusión significativa» en el suministro eléctrico; en que su vuelta a la operación tardaría más de un año así como en la «incertidumbre sobre la disponibilidad de la central a medio plazo».

Garoña: de la necesidad política, virtud

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La comunicación de la decisión de no renovar la autorización de la central de Santa María de Garoña (Burgos) abocándola a su cierre definitivo, ha sido un pleno ejercicio de comunicación y gestión política por parte del gobierno Rajoy ejecutado por el empeñoso Ministro de Energía, Álvaro Nadal que ha tratado de realizar una cuadratura del círculo, para hacer de la necesidad, virtud.
 
El empeñoso Ministro de Energía ha buscado al comunicar esta decisión achacar el cierre a las empresas (por su reclamación en torno a los impuestos nucleares y sus consecuencias para la vialidad de las plantas españolas) y a la presión política contra la energía nuclear, con el fin de evitar que el promotor del cierre, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero una mañana de domingo soleado de primavera en la Fundación Jaime Vera, se atribuyera la caída de la central. Por tanto, un titular alimenticio de los populares centrado en los réditos inmediatos de la política tacticista española sería que Nadal le agua el triunfo del cierre de la central de Garoña a Cristina Narbona, actual presidenta de los socialistas. 
 
De hecho, determinados elementos de la comunicación política coinciden en la argumentación, como por ejemplo, que era una central relativamente pequeña por su capacidad de generación, 460 MW. Y también por eso se entiende que el ministro exhiba sin ambages un mohín de repudio al comunicar la decisión: un muy a mi pesar. 
 
Lo que pasa es que no se queda ahí y eso impediría ver la clave de bóveda de la decisión, que ha complicado que el Ministro se empleara a fondo en esta cuestión a pesar de su búsqueda a toda costa de sobrecapacidad en el sistema eléctrico que, sin política energética, dispara la interacción entre tecnologías e intereses.  En realidad, tal y como se venían desarrollando el devenir episódico de los hechos y decisiones en torno a Santa María de Garoña, era difícil alinear el acatamiento a un mandato casi  general en el Congreso, promoviendo el cierre de la central burgalesa con el severo requerimiento del socio in péctore del ejecutivo, el PNV (que no es pronuclear, ni antinuclear, sino todo lo contrario, pero quiere la nuclear lejos de los territorios vasco-navarros) en esta legislatura agónica bajo la apariencia de tranquilidad. Este sí es el elemento de decantación de la decisión que había marcado a la central, el motivo por el que el pulgar marcó el suelo a la central del valle de Tobalina, aunque suponga un enfrentamiento más agrio de lo previsto con los “propios” de la Junta de Castilla y León. 
 
Pero el Ministerio de Energía, se mueve en el marco del coyunturalismo y en un modelo orientado a la búsqueda de sobrecapacidad aunque resulte de muy difícil gestión en el futuro. ¿Quiere decirse que esta decisión podría atisbar una definición o una concreción de un modelo de futura de política energética para nuestro país? No. Como tampoco lo es el hecho de que se hayan promovido las tres últimas subastas de potencia renovable. Se trata de una decisión que no pretende crear un precedente y, por tanto, todas las atribuciones del ”éxito” de este cierre no tienen motivos para la autocomplacencia. 
 
La cuestión concreta de Garoña, la prolongación de la operación del parque nuclear (recordemos que es una tecnología libre de emisiones de carbono)  y que, por otra parte, proporciona pingües ingresos fiscales al Gobierno o las propuestas de los operadores del cierre de las centrales de carbón en esa búsqueda de sobrecapacidad, entre otros temas abiertos, han hecho emerger el carácter intervencionista, a fuer de liberal del ministro, advirtiendo que el Ejecutivo se podría reservar la capacidad de intervención para que las empresas estén al servicio de la acción del ejecutivo y sus decisiones, además de contemplar la energía como un necesario objeto (tributario) del deseo. 
 
Termina así un episódico devenir, incluyendo la actuación del presidente del CSN, Fernando Marti, que puede resultar engañoso desde el punto de vista de las conclusiones que puede arrojar su desenlace. Ahora comienza un proceso de desmantelamiento de la central, ejecutado por ENRESA que durará más de tres años y que costará 345 millones de euros. La Junta de Castilla y León estudia un impuesto al propio desmantelamiento, dado que cualquier evento relacionado con la energía (pasado, presente o futuro) puede ser objeto tributario y puede prolongar la oposición castellano leonesa al cierre con el consiguiente enfrentamiento abierto con el Ejecutivo de Rajoy. ¿No habrá paz nunca alrededor de Garoña?