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Endesa considera que España debe mantener las nucleares al menos hasta 2040 y espera la decisión del Gobierno sobre Garoña

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Redacción / Agencias.- Endesa esperará a la decisión que adopte el Gobierno en agosto respecto al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, una vez que la sociedad Nuclenor, en la que es socio junto a Iberdrola, no acordó presentar alegaciones en el plazo abierto por el Ministerio de Energía. No obstante, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, se mostró convencido de que la producción nuclear deberá formar parte del mix energético español al menos hasta el año 2040.

Según el consejero delegado de Endesa, España no puede renunciar a las nucleares si quiere lograr la reducción de emisiones, que generan los combustibles fósiles, necesaria para cumplir sus compromisos medioambientales sin poner en riesgo el suministro y sin provocar un incremento de los precios de la energía que afecte a su competitividad, con episodios de aumento de la “volatilidad” en los precios que se podrían producir más frecuentemente. Por ello, Endesa considera que la ampliación de la vida de las centrales nucleares es uno de los principales aspectos que debe abordar la comisión de expertos para la transición energética y descarbonización de la economía, que acaba de crear el Gobierno y que debe emitir un informe en 6 meses.

En relación con la reapertura de la central de Garoña, lamentó que Nuclenor no acordara presentar alegaciones al Gobierno por el desacuerdo con el otro propietario de la central, Iberdrola. A este respecto, explicó que Endesa queda a la espera de la decisión que debe tomar el Gobierno antes del 8 de agosto para decidir si concede la autorización para que la planta pueda volver a la actividad y aseguró que la compañía respetará la decisión, ya que entiende que las decisiones sobre la política energética recaen en el Ejecutivo. «Los operadores debemos contribuir a que se apliquen», añadió el directivo, quien lamentó haber «fallado» en alcanzar una posición común con Iberdrola respecto a Garoña.

En las cuentas del primer semestre del año remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Endesa señala que registró un impacto negativo de 7 millones de euros por su participación del 50% en Nuclenor. Asimismo, las inversiones brutas de la energética incluyen una aportación de 21 millones de euros realizada a Nuclenor. Además, Endesa advierte que la situación actual de Nuclenor podría tener «un impacto relevante» sobre los resultados de sus accionistas.

Respecto a los planes de Endesa para el carbón en España, donde es posible que se cierren algunas centrales, Bogas ha indicado que en el actual contexto de mercado y regulatorio no es viable seguir adelante con la inversión. En cuanto a los resultados, Bogas se mostró convencido de que Endesa conseguirá mejorar su evolución, incluso con la implantación de un plan de acción, con el que espera lograr un ahorro de costes de entre 10 y 20 millones en lo que queda de año gracias a medidas de digitalización.

El Gobierno de Navarra solicita el desmantelamiento «sin demora» de la central nuclear de Garoña

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Europa Press / EFE.– El Gobierno de Navarra ha acordado solicitar al Ministerio de Energía que sea denegada la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos) y que se inicien «sin demora las actuaciones del cese de explotación» así como su desmantelamiento. Dicha solicitud figura en el escrito de alegaciones aprobado por el Gobierno de Navarra para su presentación en la fase de audiencia relacionada con la tramitación de la renovación de la autorización de la explotación de la central nuclear.

La central nuclear fue inaugurada en 1971 y se declaró su cierre definitivo por la Orden Ministerial 1.302/2013, debido a que su propietaria, Nuclenor, no renovó la autorización de explotación alegando falta de rentabilidad. Sin embargo, la empresa titular solicitó posteriormente su reapertura hasta el 2031, es decir, hasta que cumpla 60 años de actividad. La consejera de Presidencia, María José Beaumont, ha señalado que son 9 las alegaciones del Gobierno Foral contra la reapertura de Garoña, central ubica a orillas del río Ebro a un centenar de kilómetros, aguas arriba, de Navarra. La primera, ha destacado, hace referencia al «incumplimiento del deber legal» por parte del Ministerio de aportar a Navarra «todo lo actuado».

Otras alegaciones, según explicó Beaumont, se refieren a la antigüedad de Garoña, el marco normativo vigente, el recorrido que ha tenido la explotación desde 1970, el «cierre unilateral» decidido por Nuclenor en 2012, la normativa que rige para una posible renovación, la «no concurrencia de interés público alguno» en su continuidad, la «inadmisible» falta de fijación de un plazo determinado para su fin y los límites que tiene la competencia del Gobierno en la materia.

Tras conocer los planes de Nuclenor de operar Garoña hasta 2031, el Gobierno de Navarra adoptó, el 27 enero de 2016, un acuerdo por el que solicitaba al Estado que no reabriese la central nuclear y que fuera desmantelada porque «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral». También argumentaba que durante sus más de 40 años de actividad, Garoña ha sufrido «serios problemas estructurales que han devenido en diferentes accidentes», y se recordaba que su reactor es gemelo del reactor de la central de Fukushima, afectada por un grave accidente.

Por otra parte, el Gobierno de Navarra decía que, durante los dos años y medio que entonces llevaba cerrada, la demanda eléctrica no se había visto perjudicada y que la posible reapertura de la central «no atiende a intereses generales ni desde el punto de vista social, ni medioambiental, ni de seguridad o de salud pública, y sí por el contrario a intereses económicos particulares».

Asimismo, el 2 de marzo de 2016 el Gobierno de Navarra acordó comparecer ante el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que se le tuviera por personado como interesado en el procedimiento de autorización de la reapertura de Santa María de Garoña reclamada por Nuclenor, de forma que le fuesen comunicadas las incidencias que se produjeran y se le diera audiencia, todo ello antes de dictarse la resolución.

Iberdrola y Endesa no alcanzan un acuerdo en Nuclenor sobre el futuro de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El consejo de administración de Nuclenor volvió a vivir un nuevo episodio de bloqueo respecto a la posibilidad de adoptar una decisión en común sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ante la falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa, los propietarios al 50% de la sociedad dueña de la planta.

El órgano gestor de Nuclenor había convocado una nueva reunión con el objetivo de consensuar una posición que presentar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, dentro del periodo de alegaciones abierto por el Gobierno pero, una vez más, fue imposible el acuerdo entre sus dos accionistas. En concreto, Iberdrola, en el primer punto del orden del día del consejo, propuso la presentación inmediata del desestimiento de la autorización de reapeartura de la central al considerar que «no cabe ninguna otra alternativa a la viabilidad económica de Nuclenor que el desestimiento», según fuentes empresariales.

Sin embargo, Endesa planteó, en un segundo punto del orden del día, la presentación de alegaciones, dentro del proceso abierto por el Ministerio de Energía, una propuesta que Iberdrola consideró que no resultaba «jurídicamente viable», ya que puede abocar a que el Ejecutivo conceda la renovación de la central nuclear. De todas maneras, Nuclenor tendría siempre el veredicto final sobre Garoña aunque el Gobierno decidiera dar el visto bueno a la reapertura. En todo caso, no podría desviarse del informe aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 8 de febrero, que permitía la continuidad de la central nuclear con una serie de condiciones, que supondría unas inversiones calculadas en unos 200 millones.

Este no es el primer distanciamiento en el seno de Nuclenor entre ambas compañías. En abril, la sociedad celebró un consejo y una junta general en la que Iberdrola planteó desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, sin que se llegara a un acuerdo. En la pasada junta general de accionistas de Iberdrola, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán ya denunció que en las actuales condiciones el negocio nuclear no era viable. Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado también ha dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno.

La nuclear de Garoña enfrenta a Castilla y León y AMAC, pidiendo su continuidad, frente a País Vasco y Greenpeace

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Europa Press.- La seguridad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha generado posiciones enfrentadas en las alegaciones realizadas en el proceso de reapertura de la planta, cuyo plazo ya finalizó y en el que la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) apoyan la reapertura, frente a la negativa del País Vasco y las organizaciones ecologistas.

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha asegurado que en las alegaciones presentadas al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la Junta se ha pedido la continuidad de Garoña hasta 2031 porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «ha garantizado» la seguridad y hasta esa fecha se amortizarían las inversiones exigidas por este organismo, mientras que, de producirse el cierre, «la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles».

De este modo, la consejera detalló que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque toda su área de influencia. Del Olmo aseguró que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y recordó que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.

Asimismo, la Junta aprovechó sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética «más barata» junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un «lastre grande a la economía nacional». «Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas», concluyó Del Olmo, quien insistió en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.

En esta línea, aunque con condiciones, AMAC se ha pronunciado también a favor de la «continuidad de la explotación» de la planta en las alegaciones presentadas, «mientras se cumplan todos los requisitos de seguridad establecidos en el informe aprobado por el CSN«. Sin embargo, los municipios han pedido que se revise primero la «efectividad» del Plan de Emergencia Nuclear (PEN) y una «solución segura para almacenar los residuos» ya que el actual Almacén Temporal Individualizado (ATI) «no prevé el almacenamiento de todos los elementos de combustible incluidos en el reactor».

Analizar todos los efectos socioeconómicos

Además, AMAC señaló que «antes de la puesta en marcha» de la central nuclear, «debe disponerse de los planes de información a la población, del programa de formación de actuantes y del programa de simulacros». No obstante, sobre la «merma de la actividad económica», la AMAC destacó que el impacto que produce la existencia de una central nuclear en un determinado área tiende a «provocar un monocultivo industrial» que causa «grandes efectos negativos al finalizar la explotación». Por ello, también han pedido en sus alegaciones que «no se renueve la licencia sin que se conozcan primero los efectos socioeconómicos positivos y negativos» en el entorno.

Del otro lado, Greenpeace, que ha presentado sus alegaciones, ha esgrimido las «deficiencias derivadas del informe del CSN en cuanto al cumplimiento de las condiciones de seguridad», así como la «falta de un pronunciamiento sobre el plazo máximo de vigencia». Además, la organización ecologista ha alegado que existen «incumplimientos» de la Evaluación de Impacto Ambiental y que los «costes medioambientales e intrageneracionales» de reabrir la central nuclear son «muy elevados».

Asimismo, Greenpeace incluyó en su escrito las «alteraciones» del procedimiento previsto en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y la «contradicción» en la que incurre la autorización de explotación debido a que sería para «no cargar combustible ni producir electricidad». Por todo ello, Greenpace ha pedido al Ministerio que «finalice con el espectáculo» sobre Garoña, al tiempo que ha señalado que «parece que solo el Gobierno quiere mantener la planta en funcionamiento», después de que la operadora de la central, Nuclenor, no haya llegado a un acuerdo sobre el futuro de la planta.

Por su parte, EH Bildu resaltó que el Parlamento del País Vasco también ha presentado sus alegaciones y recordó que el pleno de la Cámara vasca aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley sobre la necesidad de interponer recurso ante la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central nuclear de Garoña y los acuerdos y órdenes del Ministerio de Energía que puedan derivarse en este sentido. Según ha detallado, el segundo punto de este acuerdo recogía el compromiso del Parlamento de «emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña«.

La Rioja, otra de las 11 entidades personadas en el proceso, ya adelantó que no presentaría alegaciones pero que instaría al Gobierno al desmantelamiento de la central. Mientras tanto, el titular de Garoña, Nuclenor, tampoco presentó alegaciones por falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa. Por su parte, Ecologistas en Acción, al igual que Greenpace, también afirmó que «la apertura de Garoña es una temeridad».

El CSN emitió a principios de febrero de este año un informe favorable a la renovación del permiso de explotación de la planta burgalesa y, según la legislación vigente, es el Gobierno quien tiene la decisión en sus manos. Así, tras conocerse el informe, el Ministerio señaló que abriría un periodo de 6 meses para conocer y recabar las opiniones de todas las partes interesadas y un periodo de alegaciones.

El sindicato UGT exige al Gobierno la continuidad de la nuclear de Garoña y anuncia movilizaciones ante su posible cierre

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Europa Press.- Las secciones sindicales de UGT de las centrales nucleares instan al Ministerio de Energía que resuelva «de manera inmediata» la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que se encuentra en situación administrativa de cese de explotación, y anuncian movilizaciones si finalmente se produce el cierre.

El sindicato ha asegurado que acordará con Comisiones Obreras movilizaciones si Garoña no se vuelve a poner en funcionamiento desde que cesó su actividad en 2012 «por razones económicas y no técnicas ni de seguridad», según Nuclenor, que opera la central. Un total de 230 trabajadores fijos se verían afectados por el cierre de la planta, además de los temporales, según datos de los sindicatos. El Ministerio de Energía abrió un plazo de alegaciones para que 11 entidades interesadas pudieran exponer sus razones a favor o en contra de Garoña.

Además, según UGT, también piden al Ministerio la «elaboración definitiva» del Plan General de Residuos Radiactivos y la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, proyectado en Villar de Cañas (Cuenca). La organización sindical ha señalado que los «trabajadores están preparados y dispuestos para seguir funcionando de manera segura y responsable, tal y como indican los informes del CSN. Asimismo, el sindicato ha subrayado que hasta que no se configure un nuevo modelo energético en España, «no se debería prescindir de ninguna fuente de energía o tecnología existentes«.

“La antigüedad, la falta de seguridad y de evaluación ambiental”, principales alegaciones de los ecologistas contra la continuidad de Garoña

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Europa Press / EFE.- Ecologistas en Acción y Greenpeace, organizaciones ecologistas personadas en la audiencia abierta por el Ministerio de Energía, sobre la posible renovación del permiso de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegarán en contra de esa posibilidad “la edad avanzada de la planta, su falta de cultura de seguridad, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental o la tendencia mundial contraria a la energía nuclear”.

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, considera que tanto en España como en el resto del mundo hay «una división en la industria» sobre la energía nuclear y ha recordado que Iberdrola, propietaria al 50% con Endesa de Nuclenor (el titular de Garoña), se ha mostrado partidaria de «desistir» de la continuidad de ese reactor, mientras Endesa espera la decisión del Gobierno.

«Iberdrola lanza muchas señales a favor del cierre nuclear pero el retraso en Garoña tiene que ver con el pulso de las elites industriales, entre los que están a favor y los que están en contra de ir prescindiendo de la nuclear a distintos ritmos. A nivel mundial, las empresas ven el futuro sin energía nuclear, frente al Gobierno, que no es independiente en este pulso y se ha mostrado a favor de la energía nuclear en el futuro», reflexionó.

En este contexto, ha expuesto que alegarán que hay «suficientes indicios» que apuntan a que Garoña «no está en condiciones de continuar, por seguridad y porque Nuclenor tiene una cultura muy baja de seguridad, con bidones de residuos que se corrompen o megafonías clave que no funcionan». «La apertura de Garoña es una temeridad», ha sentenciado Castejón, a su vez físico experto en fusión termonuclear en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Por ese motivo, la organización presentará alegaciones para poner de manifiesto el estado de la central y denunciar la forma en la que se está desarrollando el proceso de estudio de su reapertura. Castejón ha recordado que en el último acta trimestral del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se apreciaba la «absoluta dejadez» de la propietaria, Nuclenor, en el mantenimiento de la central. Había piezas caducadas o con fechas de caducidad «falseadas«, y la gestión del almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja intensidad es «pésima», con rotura de bidones y esparcimiento de residuos.

Además, Ecologistas en Acción ha calificado de «irregular» el proceso administrativo que se ha seguido hasta llegar al actual punto, en el que el Gobierno central debe decidir si autoriza o no la renovación del permiso de explotación. A su juicio, el CSN emitió un informe favorable a pesar de que Garoña no ha introducido las mejoras exigidas y sin estar aprobada la última guía de seguridad, ha apuntado Castejón.

Por otro lado, Ecologistas en Acción ha denunciado la «falta de democracia» que en su opinión implica la ausencia de un debate «real» sobre Garoña, comprometido por el Gobierno central y sustituido por un «corto» plazo de alegaciones. Ecologistas en Acción ha insistido en que el Gobierno central anunció un debate público previo a la decisión, pero ese debate «ha sido inexistente». A su juicio, esta situación evidencia una «falta de democracia» en torno a las decisiones sobre energía nuclear, pues el Gobierno y el sector eléctrico desean prologar la vida útil del parque nuclear «sin que se produzca un debate sobre el futuro energético».

En la misma línea, la portavoz de energía de Greenpeace, Raquel Montón, califica de «inédito» este «plazo de 6 meses que se han sacado de la manga», en el que no han podido consultar el expediente técnico completo de Garoña. «Dicen que hemos tenido 5 meses para evaluarlo, pero solo nos han trasladado el informe favorable del CSN que está publicado en su web», criticó.

En todo caso, ha indicado que Greenpeace expresará en sus alegaciones lo que reclama «desde siempre»: la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, algo que considera que es necesario en base a la legislación española e internacional y que, de no haberse modificado el Reglamento de Instalaciones Nucleares (RINI) para permitir que Garoña pudiera solicitar la renovación de su licencia, que expiró en julio de 2013, el titular debería haber «empezado de cero», lo que conllevaría pedir una nueva solicitud de autorización que incluiría una evaluación de impacto ambiental.

Montón ha detallado que en sus alegaciones añadirán «todos» los requisitos que se han dejado de pedir a Garoña por los cambios de normativa, los últimos sucesos de «la central más vieja de Europa» y, sobre todo, insistirá en que aumentar la actividad de la central por la mitad de su vida útil inicial es aumentar por un 50% los riesgos asociados a una planta nuclear, así como sus residuos. «Son argumentos como para plantearse tanto los estudios económicos como de impacto ambiental», ha comentado.

A su juicio, ni el Gobierno ni las empresas saben «como salir del entuerto en el que se han metido» porque considera que si estas claramente no quisieran poner en marcha la central no se habrían esforzado en cambiar la normativa y que ahora que cuenta con los parabienes del CSN están «estirando y alargando la decisión» con un ficticio proceso de participación pública. «Esto es una evidencia de que no hay una auténtica voluntad ni participación pública. No tiene lógica que se dilate el proceso todo este tiempo», opina Montón, que sin embargo, no ve sentido dar una autorización y dejar a criterio de la empresa la decisión final, porque abriría la puerta a una indemnización por lucro cesante.

Entre las entidades con posibilidad de alegar está también el Gobierno autonómico de La Rioja, que ha adelantado que no va a presentar ninguna pero sí que trasladará al Ministerio que dirige Álvaro Nadal el mandato del Parlamento de La Rioja que votó por que se instara al Gobierno central al desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña.

Esta semana concluye el plazo dado por el Gobierno a 11 partes interesadas en alegar sobre el futuro de Garoña

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Redacción / Agencias.- Las 11 entidades interesadas en presentar alegaciones y documentos al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña podrán hacerlo hasta este sábado, cuando finaliza el plazo dado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El Ministerio estudiará estas alegaciones antes de decidir si concede o no la autorización de explotación para que la central burgalesa, parada desde diciembre de 2012, pueda volver a la actividad.

Según Energía todas las instituciones, asociaciones y empresas personadas han podido estudiar durante casi 5 meses el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró sobre Garoña y de cuya recepción fueron notificados por el propio Ministerio en marzo. En ese informe, preceptivo pero no vinculante, el regulador dio el visto bueno a la continuidad del reactor, cuyo titular, Nuclenor, solicitó volver a operar hasta 2031, cuando la planta cumpla 60 años de edad. Eso sí, condicionó la reapertura a la ejecución de una serie de inversiones en seguridad.

El Gobierno tomará una decisión sobre el futuro de la central nuclear una vez termine el procedimiento de audiencia y después de estudiar las alegaciones que se presenten al informe que el CSN emitió el 8 de febrero. A partir de esa fecha se abrió el plazo de 6 meses para pronunciarse sobre la solicitud de la renovación o no de la autorización de explotación planteada por Nuclenor. Las 11 entidades que se han personado y que podrán presentar alegaciones son el Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, Diputación de Álava, Gobierno de La Rioja, Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

El Congreso pide el cierre de Garoña y exige al CSN cambiar su normativa interna para mejorar en transparencia

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Europa Press.– La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital ha pedido al Gobierno que decrete el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), se prepare su desmantelamiento y ponga en marcha un plan de desarrollo de las zonas que se vean afectadas económicamente por el cierre de la planta.

Así aparece en el dictamen de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sobre los informes de actividad del regulador, aprobado junto a las propuestas de resolución planteadas por los parlamentarios. Entre ellas, destaca el texto acordado por todas las formaciones, excepto el PP, en el que se llama al CSN a modernizar la normativa y el estatuto que regulan su funcionamiento interno y, de este modo, garantizar su credibilidad ante la sociedad y su independencia. Unas características que, para la mayoría de partidos, el CSN perdió tras permitir la reapertura de Garoña a pesar del informe de sus técnicos, que la condicionaban a una inversión en sus instalaciones.

En este sentido, el portavoz de Energía del PSOE, Javier Lasarte, ha defendido la necesidad de que el CSN publique todos sus documentos más relevantes, que el presidente presente un informe al final del mandato, que se hagan públicos sus plenos y que se haga un registro de lobbys, entre otros. Para Lasarte, el CSN también debería reforzar la independencia de sus consejeros cambiando su sistema de elección, para que esté basada en su capacidad.

También el representante de Unidos Podemos, Josep Vendrell, cuestionó la imagen de independencia del CSN que, a su juicio, se ha ido debilitando coincidiendo con la llegada del actual presidente, Fernando Martí. «Las decisiones que ha tomando nos llevan a plantear su reprobación e instar al Gobierno a su cese en beneficio de la independencia del CSN», aseveró el diputado de En Comú. La formación morada ha conseguido para esta reprobación el apoyo del PSOE que, junto a las abstenciones de Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT, ha permitido que esta propuesta de resolución salga adelante.

La formación naranja también ha tenido palabras críticas para el trabajo del organismo regulador. Su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, ha reconocido que en las comparecencias escuchadas a lo largo de los últimos meses en la ponencia, se ha encontrado con discursos «vacíos de contenido» y «faltos de rigurosidad», algo que, a su juicio, demuestra esa actitud de falta de transparencia que se ha denunciado.

Sólo el PP se ha mostrado contrario a estas acusaciones y, a través de su portavoz, Teodoro García, ha reprochado su actitud a quienes «pretenden sustituir al presidente del regulador» para que el CSN tome las decisiones en el sentido que ellos quieren, es decir, en contra de las nucleares. En este sentido, subrayó que «el 90% de las decisiones del CSN se han tomado por unanimidad», una cifra que, a su juicio, no refleja lo escuchado sobre el regulador.

La oposición también se ha unido en un texto transaccional para pedir al CSN un informe detallado sobre el estado del proyecto del Almacén nuclear Temporal Centralizado (ATC), que está previsto que se construya en Villar de Cañas (Cuenca), aunque lleva tiempo paralizado. Tanto Lasarte como el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, han recordado que existen informes que determinan que la localización no es la más adecuada, una denuncia a la que se ha unido la diputada de Ciudadanos. En este sentido, también se ha pedido al Gobierno un nuevo plan de residuos radioactivos.

El CSN admite el vertido de cesio en Garoña denunciado por Equo pero niega que hubiera contaminación fuera de control

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Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha afirmado que conocía el vertido de cesio radiactivo hallado en junio en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y que este se produjo dentro de la central, en un área controlada, al tiempo que ha asegurado que ya se ha efectuado la limpieza del mismo.

Así se han explicado fuentes del CSN tras la pregunta parlamentaria presentada por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, para saber si el Gobierno tenía conocimiento de este suceso puesto que «al parecer no ha sido notificado» al regulador y si tiene intención de investigar lo ocurrido. Ante esta pregunta parlamentaria, fuentes del CSN han explicado que la mancha de contaminación por cesio radiactivo se encontró en los bidones de residuos y asegura que conoció el hecho «desde el primer momento» a través del inspector residente en Santa María de Garoña (Burgos).

Además, ha precisado que el vertido se produjo en una zona clasificada radiológicamente y sin acceso dentro de la central y aseguraron que «no se ha producido ninguna contaminación fuera de la planta» y que esta «no es desprendible», es decir, que está adherida y no se puede ir del lugar. En todo caso, el regulador añadió que se han tomado medidas para retirar este cesio y se procedió a limpiar la zona y se picó el suelo donde estaban estos bidones para una mayor seguridad. Por último, ha explicado que este hecho no es notificable al CSN con carácter inmediato y que la información lleva «su proceso» de modo que aparecerá próximamente en Internet.

Piden que investigue el Gobierno

La formación ecologista Equo registró en el Congreso una iniciativa a través de la cual emplaza al Gobierno a investigar un vertido de cesio radiactivo que, según Equo, se registró en el exterior de la central nuclear de Garoña. El coportavoz del partido, Juan López de Uralde, explica que esta mancha de contaminación por cesio radiactivo (producto de fisión) se ha hallado junto al almacén temporal de bidones y residuos, pegada al doble vallado de la planta. A su juicio, este incidente «debe ser objeto de una investigación en la que se aclaren todos los extremos del mismo». Desde Equo alertan de que podría ser peligroso, tanto para las personas como para el medio ambiente.

Garoña se encuentra actualmente a la espera de recibir el permiso del Gobierno para su reapertura. El Ejecutivo tiene de plazo hasta el próximo mes de agosto para tomar esta decisión después de que el CSN haya emitido un informe a favor de la reactivación de la central. Este documento generó las críticas del sector ecologista, ya que el propio presidente del regulador había asegurado que Garoña no podría volver a abrir si no se hacía una inversión en sus instalaciones, unas modificaciones que la empresa responsable de su gestión, Nuclenor, no ha realizado aún.

El Congreso pide al Gobierno que sus candidatos al CSN pasen un examen de expertos y se ratifiquen en comisión

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Europa Press.- La Comisión de Energía ha apoyado una proposición no de ley de Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a modificar el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) e incluir un nuevo modelo de elección de sus miembros que, aunque sigan siendo nombrados por el Gobierno, deberán pasar antes el examen de una Comisión Técnica y del Congreso.

En concreto, la formación naranja propone que esta comisión técnica valore la capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad del candidato y emita un informe. Al mismo tiempo, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Energía, cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros. «En caso de que el informe previo de la comisión técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple; en caso opuesto, se requerirá mayoría absoluta para su aprobación. Si el candidato no fuese ratificado, el Gobierno deberá reiniciar el procedimiento proponiendo una nueva candidatura», señala el texto.

Ciudadanos incluye otros cambios en los estatutos del CSN con el objetivo de que se obligue al organismo a retransmitir en directo las reuniones de su Pleno y la publicación de los diarios de sesiones. Además, pide que la presidencia emita un informe de actividad al término de su mandato e incluir mecanismos de autoevaluación en la institución, como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

El texto ha contado con los votos a favor del PSOE, mientras que PP y Unidos Podemos se abstuvieron, alegando que no era el momento ni el escenario para debatir esta propuesta. En el caso de los populares, su portavoz en esta comisión, Guillermo Mariscal, criticó que saque el debate de la Ponencia de relaciones con el CSN que existe en el Congreso que, a su juicio, es donde se debería tratar este tema y, además, señala que este es el momento de decidir sobre el cierre o no del parque nuclear español, no sobre la mejora del organismo regulador.

El portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, ha reconocido que la credibilidad del CSN está «bajo mínimos» tras sus últimas decisiones pero considera que la iniciativa de Ciudadanos está «incompleta» y, en su caso, cree que el problema está en la vinculación entre el regulador y las empresas que gestionan las centrales. «Creemos que eso es la clave de la situación actual», remarcó el diputado.

Podemos pide cesar a Scharfhausen

Precisamente, Unidos Podemos ha pedido en el Congreso el cese y la reprobación del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, alegando el «debilitamiento de la cultura de seguridad, la disminución de la percepción de independencia y neutralidad del CSN en relación al Gobierno y la industria nuclear». Esta iniciativa se ha registrado en una propuesta de resolución presentada con motivo del Debate del Informe General de las actividades realizadas por el CSN durante 2014 y 2015.

Uralde subraya en esta propuesta la necesidad «urgente» del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y han instado al Gobierno a elaborar un proyecto de cierre progresivo de todas las centrales nucleares del Estado conforme a los criterios internacionales. En este sentido, la iniciativa recoge unas 50 medidas concretas para mejorar la política energética. Entre ellas, la formación destaca la necesidad de aprobar e implementar un plan de transparencia, hacer públicas las deliberaciones del pleno del CSN, elaborar un Plan General de Residuos Radiactivos que actualice la situación, entre otras propuestas también realizadas por Ciudadanos.

Unidos Podemos también cree necesario presentar ante los partidos representados en el Congreso una propuesta de revisión de la fiscalidad sobre la energía nuclear, garantizando así la internalización de los costes de la misma, en especial la gestión de los residuos, y eliminar los beneficios caídos del cielo. Uralde, coportavoz de Equo, ha señalado que «el CSN ha estado al servicio del Gobierno para facilitar su objetivo de alargar la vida de las centrales nucleares» y, en su opinión, «el irregular proceso para el dictamen de Garoña ha minado gravemente la credibilidad del organismo regulador.

«Por eso planteamos toda una serie de propuestas que tienen por objetivo reiniciar el CSN para que sea realmente un organismo de control y supervisión de la energía nuclear, y deje de estar al servicio de intereses ajenos a la seguridad. Para ello es imprescindible el cese de su actual presidente, responsable de la actual situación del CSN», indicó Uralde.