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La demanda eléctrica creció en 2017 pero sigue un 5% por debajo de su máximo histórico de 2008

EFE / Europa Press.- La demanda eléctrica en 2017, a pesar de crecer por tercer año consecutivo, siguió por debajo del máximo histórico que marcó en 2008. En concreto fue un 5% menor, según el informe El sistema eléctrico español en 2017, de Red Eléctrica de España (REE), con Andalucía y Cataluña encabezando el consumo eléctrico.

Este informe fue presentado en un acto en el Club Español de la Energía por el presidente de REE, José Folgado, y el director de Regulación de REE, Luis Villafruela, expuso los principales datos del informe del sistema eléctrico en 2017, año en el que el consumo eléctrico fue de 268.140 teravatios hora (TWh), un 1,1% más que el año anterior, que se eleva al 1,6% corregidos los efectos de calendario y temperaturas, crecimientos que distan del 3% de media anual que hubo hasta 2008.

En 2017 España se situó como el quinto mercado eléctrico de la Unión Europea, con un crecimiento superior del consumo y del PIB al de los países que le preceden. Por sectores, en 2017 la industria volvió a ser el sector en el que más creció la demanda, un 2% por encima de la media mientras que el sector servicios creció un 0,4% respecto a 2016. En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía encabezaron el consumo, aunque en consumo per cápita la primera fue Asturias por el peso de la industria en la demanda final de esa región, como ocurre en otras regiones con fuerte actividad industrial, como País Vasco, Navarra y Aragón.

En cuanto al instante de mayor demanda, en 2017 volvió a registrase en invierno,  concretamente el 18 de enero a las 19:50 horas, cuando se alcanzó la cifra de 41.381 MW, superando en un 2,2% al máximo de 2016, que fue por primera vez y única en la historia en verano, en concreto en septiembre. La punta de demanda de 2017 fue inferior en un 9% a la que hubo en 2007, cuando en diciembre se alcanzó un récord histórico de 45.450 megavatios hora (MW).

Si se compara el mix de generación con el que había en 1998, se ve que en ese momento no figuraban en él la fotovoltaica, la solar y los ciclos combinados, y que la eólica tenía un porcentaje muy bajo, mientras otras fuentes, como el fuel-gas ha desaparecido en la Península y sólo quedan 2.000 megavatios (MW) en las islas. La energía nuclear y la eólica fueron, por este orden, las dos fuentes que sustentaron en 2017 el consumo energético en España. De hecho, en tres comunidades autónomas como son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra, más del 50% de su producción de energía fue renovable, por encima de la media nacional del 32%.

Tanto Folgado como Villafruela han resaltado que el reciente acuerdo para que el 32% de la demanda final de energía sea renovable obligará a situar la penetración de renovables en el sistema eléctrico en un 72%/76%. En el caso de España, Villafruela ha señalado que el peso de las renovables en la generación de electricidad ha oscilado entre el 40,3% que hubo en 2014 y el 33,7% de 2017, año marcado con una baja hidraulicidad, cuya producción de electricidad cayó un 49% debido a la ausencia de lluvias en un año especialmente seco, su nivel más bajo desde 2005, y arrastró a las energías renovables a su generación más baja en los últimos 5 años.

Esta caída de las renovables supuso un aumento de la participación de la generación térmica, principalmente del ciclo combinado con un 27% más y del carbón con un 21% más, con el consiguiente incremento en un 17,9% de las emisiones de CO2 con respecto al 2017. Asimismo, Folgado señaló que la tecnología es «un pilar fundamental» en la gestión de las renovables, ya que permite su optimización en un contexto de escasas interconexiones con Europa.

España es el segundo país europeo con mayor capacidad eólica instalada, con una tasa de penetración de las renovables que se verá incrementada cuando entren en funcionamiento los 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable que se adjudicaron en las últimas subastas. No obstante, Folgado cree que alcanzar un objetivo del 100% de energías renovables no se conseguirá sin interconexiones eléctricas, con independencia del respaldo del gas. En cuanto al precio de la energía, en 2017 el precio medio en España fue de 60,6 euros el megavatio hora (MWh), que fue el más alto desde 2008 y que estuvo condicionado por una ola de frío, la parada de varias nucleares en Francia y la baja hidraulicidad.

La capacidad instalada del parque generador en España se situó en 2017 en los 104.122 megavatios (MW), con un descenso del 0,5% con respecto al año anterior. Esta reducción, por segundo año consecutivo, se debió principalmente al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, de 455 MW. Así, el 46,3% de la capacidad instalada en España correspondía a energías renovables y el 53,7% a no renovables.

Por comunidades autónomas, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha concentraron más de la mitad de la potencia de generación renovable nacional. De hecho, más del 70% de la potencia instalada en Castilla y León y en Castilla-La Mancha fue de origen renovable. Por tecnologías, Castilla y León fue la comunidad con más potencia eólica, con más de un 24%, e hidráulica, con cerca del 26%, instalada. Mientras, Castilla-La Mancha fue la región con más solar fotovoltaica, con casi el 20%, y Andalucía lideró la termosolar, seguida por Extremadura, sumando entre las dos comunidades el 80% de la potencia total instalada de esta tecnología.

Unanimidad en el Congreso para pedir un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares y soluciones urgentes para el ATC

Europa Press / EFE.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso reclamó por unanimidad al Gobierno un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Además, le exige soluciones urgentes para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Estas medidas se incluyen en un dictamen acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para analizar las actividades realizadas por el CSN durante 2016. Este informe se divide en varios puntos, entre los que destaca el destinado al desmantelamiento de las centrales. El Congreso exige al Ejecutivo que los cierres se hagan con garantías de seguridad, tanto para las personas, como para el medioambiente y le propone la creación de un plan de desarrollo de las comarcas cercanas a las plantas, para paliar la pérdida económica que suponen los cierres.

En el texto, se habla concretamente de la planta de Garoña, cuyo desmantelamiento ya ha sido comunicado ante su cierre definitivo, y ha instado al Gobierno a impedir que esta instalación se convierta en un centro de alojamiento permanente de residuos y a elaborar un plan de desarrollo de la comarca, situada en el norte de la provincia de Burgos, para paliar las futuras pérdidas económicas. Pero, además, la comisión ha instado al CSN a hacer informes de seguimiento de las implicaciones de la parada en la central de Vandellós II (Tarragona), tras detectarse un aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención, debido a la rotura de una válvula.

Sobre este tema se ha referido el portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien ha mostrado su preocupación por el «envejecimiento» de un parque nuclear que, a su juicio, registra «cada vez un mayor número de incidentes«. En este sentido, ha denunciado la «falta de voluntad del CSN para afrontar esta situación», sobre todo en materia de transparencia y comunicación. «Con estas propuestas de resolución pretendemos poner orden y que el cierre se haga ordenado y de forma progresiva para que se sustituyan por otras fuentes de energía sin que esto tenga consecuencias en el precio de la energía o en las emisiones», ha declarado durante su intervención en el debate.

Uralde mostró también su preocupación por el proyecto del ATC y la falta de resolución en esta materia. De hecho, el dictamen aprobado tiene un apartado específico sobre esta iniciativa. En concreto, reclama «una solución organizada» al problema del combustible gastado entre Gobierno y CSN para su gestión, con un análisis de la instalación que se lleve a cabo «en el plazo más breve posible» y con el objetivo de clarificar, antes de 3 meses, la situación relativa al proyecto y su calendario de ejecución.

También a este tema se refirió la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, quien ha recordado el dato del que alertaron expertos participantes en la ponencia: que las piscinas de residuos están a más del 90% de su capacidad. A su juicio, hay que tener especial atención a los sobrecostes que esto supone y a la necesidad de una planificación, empezando por la reanudación del proyecto del ATC.

Previsión contra terrorismo y ciberataques

El informe insta además al CSN a informar sobre las necesidades de almacenamiento de residuos en las diferentes centrales nucleares con Almacenes Temporales Individualizados (ATIs). En cuanto a la seguridad, las propuestas del Congreso se centran en la necesidad de potenciar la regulación, una medida que dejan al Gobierno. Según apuntan, hay que actualizar los protocolos de emergencia y contemplar los planes de prevención y actuación ante ataques terroristas. Además, piden mecanismos de difusión hacia la ciudadanía que convive con las instalaciones y a que se transponga, durante 2018, la directiva europea sobre esta materia.

Especial es la mención que se hace a la ciberseguridad en las plantas. Los miembros de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, se han mostrado preocupados por la vulnerabilidad de las centrales respecto a ciberataques y riesgos externos. Por ello, han pedido al CSN que remita, antes de abril de 2019, un informe sobre esta materia para establecer mecanismos de mejora y a reforzar las medidas de ciberseguridad para todas las instalaciones nucleares.

Por otra parte, el dictamen recoge algunas de las propuestas del Congreso para cambiar algunas prácticas internas del CSN, comenzando por la elección de sus miembros. El informe propone que los directores técnicos sean elegidos de modo colegiado «con las garantías de independencia exigibles a un consejero, valorando su capacidad de liderazgo y exigiendo elevadas y reconocidas aptitudes técnicas«. El texto también exige que no se prorrogue «en ningún caso» el mandato del «actual y reprobado presidente del CSN» que expira el 28 de diciembre.

También Rodríguez, ha mostrado su «preocupación» en este aspecto, y, en concreto, por «los problemas de gestión de personal del CSN», así como la falta de independencia del Consejo. «Seguimos reclamando que el nombramiento de los miembros se haga de otra manera y no a dedo por algunos partidos políticos«, ha denunciado. Finalmente, el dictamen exige también explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdonba), entre otras medidas.

La mayoría de los grupos han coincidido en criticar la falta de compromiso del CSN ya que, según han apuntado, muchas de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen son iguales a las recogidas años anteriores y no se llegaron a cumplir. Entre ellos, el portavoz de Energía de ERC, Jordi Salvador, quien ha reconocido que algunas propuestas se repiten con respecto al informe anterior, el de 2015. Así ha mostrado su «decepción» con el presidente del Consejo. De forma similar se ha expresado la representante de PNV, Idoia Sagastizabal, para quien esta falta de rigor «pone en cuestión» al organismo; y el portavoz de Energía de PDeCAT, Ferran Bel, para quien «habría que distribuir responsabilidades» por esta actitud.

Precisamente, como nuevo partido que sustenta el Gobierno, el PSOE ha señalado que su intención es que la actualización del plan de residuos se produzca en los próximos meses, así como aquellas cuestiones que se puedan resolver y aún no se han hecho. La portavoz socialista en esta materia, Pilar Lucio, ha reconocido su preocupación por las centrales que presentan más incidencias y por el hecho de que el Consejo «no siempre haya atendido» a las informaciones que se le han pedido sobre este tema.

Por parte del PP, su portavoz, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que su formación «jamás» va a poner en cuestión la objetividad del Consejo debido a la «enorme responsabilidad» y «sensibilidad social» que supone la seguridad nuclear. Por eso quiso separar la ponencia de «cuestiones ideológicas» y ha recriminado que algunas propuestas de resolución se inmiscuyan en el funcionamiento y las decisiones del CSN.

Ecologistas en Acción piden «cuidado y transparencia» tras un incendio que aconteció en enero en la central nuclear de Garoña

EFE.- El portavoz de Ecologistas en Acción para asuntos nucleares, Francisco Castejón, pide «cuidado y transparencia» en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña tras el incendio del 31 de enero en la planta que no fue notificado por la empresa al Consejo de Seguridad Nuclear.

Tras una pregunta del diputado de Equo en el Congreso, Juantxo López de Uralde, sobre un posible incendio en la planta que no se conoció hasta hace unos días, Castejón ha asegurado que el incendio «realmente se produjo, no fue ningún conato y tardó 6 horas en ser controlado», desde las 15 hasta las 21 horas.

No obstante, Nuclenor, propietaria de la central, consideró que no era de aplicación la instrucción de seguridad número 10 del Consejo de Seguridad Nuclear que obliga a notificar inmediatamente a este organismo cualquier incidencia.

El incidente se ha conocido gracias al informe trimestral que realiza un técnico residente del Consejo de Seguridad Nuclear desde la parada de la central nuclear en diciembre de 2012.

Castejón ha explicado que, según ese informe técnico, el incendio se origino cuando se estaba cortando una plancha de metal con oxicorte, una especie de soplete que corta a temperaturas muy elevadas.

Cerca del lugar donde se realizaba esta operación había resinas de los filtros de intercambio que comenzaron arder.

Aunque el incendio se limitó al contenedor de resinas, Castejón recuerda que uno de los defectos históricos de la central de Garoña es su deficiente sistema de protección contra incendios, que había llevado a plantearse cambiar «metros y metros de cableado» para asegurar que un incendio en cualquier zona de la central no pudiera llegar al reactor.

Ha precisado que, aunque el reactor está ahora sin combustible, se encuentra muy cerca de la piscina donde se encuentran las barras de ese combustible, por lo que sigue existiendo peligro de que se produzca una fuga radiactiva.

Tras el incendio, el portavoz ecologista se pregunta por qué Nuclenor decidió no notificar inmediatamente lo ocurrido al Consejo de Seguridad Nuclear, y se muestra «alarmado porque no se deberían producir estos fallos en el desmantelamiento».

Aunque en este momento es Nuclenor la que se encarga de los trabajos preparatorios de la parte principal de desmantelamiento, que será acometida por la empresa pública Enresa, Castejón pide que aumenten «claridad y transparencia», y pone como ejemplo el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Zorita, «muy correcto pese a que lleve dos años de retraso».

Galán reitera que pretenden cerrar las centrales térmicas y asegura que Iberdrola defenderá a los accionistas minoristas en Siemens Gamesa

EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseveró que su compañía, como accionista minoritario reforzado en Siemens Gamesa, en la que tiene un 8%, seguirá defendiendo que «no se utilicen los recursos de todos los accionistas en beneficio de un único«. Asimismo, en respuesta a un accionista durante la junta, recordó que la posición de la compañía sobre el cierre de las centrales de carbón es bien conocida, pues lleva años sustituyendo centrales con altas emisiones por otras más eficientes.

En cuanto a la postura del Ministerio de Energía, contrario a los cierres de las centrales de Velilla, en Palencia, y Lada, en Asturias, de los que un pequeño grupo de trabajadores de esta última se han manifestado ante el Palacio Euskalduna, afirmó que las legislaciones las hacen en cada país quiénes las tienen que hacer, en referencia a la proposición de ley que quiere tramitar el Gobierno para que pueda denegarse el cierre de centrales de generación eléctrica por razones económicas y no sólo por seguridad del suministro, «y nosotros nos sometemos a ello».

También se refirió al cierre de la nuclear burgalesa de Garoña, aunque eludió pronunciarse sobre si Iberdrola solicitará la renovación de los permisos de otras 5 centrales nucleares en las que participa la compañía y que cumplirán los 40 años de funcionamiento en los próximos años. Galán recordó que el cierre de Garoña, central de la que Iberdrola era propietaria al 50% con Endesa, no se solicitó por un problema técnico, sino que fue su falta de rentabilidad económica la que llevó a Iberdrola a solicitar su cierre. Galán indicó que queda en manos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) su desmantelamiento y que espera que las asociaciones que quieran puedan opinar y ser escuchados en ese proceso.

Cisma con Siemens en Gamesa

Respecto a la situación en el gigante eólico, Galán, en respuesta a un accionista, ha agradecido que reconozca el intento que está haciendo Iberdrola «por defender a los minoritarios que invierten en Siemens Gamesa«, compañía fruto de la fusión entre la división de renovables del grupo alemán Siemens, accionista mayoritario con un 59%, y Gamesa. El presidente de Iberdrola ha dicho que por la «condición, de alguna manera, de minoritario reforzado», que le reconoció la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Iberdrola, están pidiendo que haya «transparencia» en Siemens Gamesa, que «se utilicen las mejores prácticas de gobierno corporativo y que no se utilicen los recursos de los accionistas en beneficio de uno, y seguiremos en ese campo».

Respecto a que la CNMV pudiera revisar el pacto con Iberdrola, por el que Siemens fue eximida de la obligación de presentar una opa por el 100% de Siemens Gamesa, Sánchez Galán ha respondido que son los responsables del supervisor bursátil los que tienen que tomar esa decisión. Preguntado por cómo puedan afectar a la compañía nuevos cambios regulatorios en España, indicó que Iberdrola lo que espera es que haya «una regulación como corresponde, estable y predecible, y si hay algunos cambios que sean debatidos en el Parlamento y los conozcamos todos al tiempo adecuado».

En respuesta a varios accionistas por el impacto que pueda tener para la compañía el brexit en Reino Unido, donde Iberdrola opera a través de su filial Scottish Power, ha manifestado que el negocio que tiene allí es interno, por lo que se invierte y se paga en libras. Las únicas consecuencias que ha dicho que puede haber son las derivadas de una mayor o menor actividad económica y su repercusión en el crecimiento del país, y como consecuencia, en la demanda eléctrica, si bien cree que los efectos serán «mínimos», porque la mayor parte del negocio que Iberdrola tiene en ese país es regulado.

Impacto en Castilla y León

Por otro lado, Iberdrola ha cifrado en 600 millones de euros el impacto económico de la compañía en 2017 en Castilla y León, comunidad en la que ha efectuado compras por valor de 246 millones de euros a cerca de 800 empresas, mientras que las inversiones han llegado a los 107 millones de euros. Además, el impacto fiscal de la actividad económica que la compañía ha llevado a cabo en comunidad ha superado los 160 millones de euros, los salarios y otras retribuciones han alcanzado la cifra de 74 millones y la plantilla ya asciende a cerca de 1.100 personas.

En Castilla y León, Iberdrola cuenta, además, con más de 37.000 accionistas que este año se beneficiarán de un aumento del 4,2% en su retribución con respecto a 2017. Teniendo en cuenta que estos accionistas poseen un total de 124.076.890 títulos de Iberdrola, la empresa les repartirá una retribución con cargo a 2017 de, al menos, 40,077 millones de euros.

Según los datos de Iberdrola, Castilla y León es una de las comunidades que más proveedores ha aportado el pasado ejercicio a Iberdrola. Entre los contratistas castellanos y leoneses de la compañía más activos en 2017 figuran empresas como Ecología y Espacio, Administración, Organización y Control de Proyectos, Tecinsa, Marval Seguridad Integral, Eugenio Alvarez del Collado, Royba 98, Transformadores Gedelsa, M. Calderero Construcciones, Metalúrgica Compañía Industrial Mirandesa y Cuarta Esfera.

Según indicó, Iberdrola tiene previsto culminar durante 2018 el desarrollo del proyecto de implantación de las redes inteligentes en la comunidad, un despliegue que ha supuesto ya la sustitución de 1,49 millones de contadores tradicionales por los nuevos equipos dotados de telegestión. La inversión de Iberdrola en esta iniciativa en Castilla y León alcanzará los 180 millones de euros, gracias a los cuales durante el ejercicio los más de 1,5 millones puntos de suministro a los que la empresa da servicio en la región tendrán contadores inteligentes y sus más de 15.360 centros de transformación también funcionarán con esta tecnología.

Otras iniciativas de Iberdrola se centran en el ámbito de la I+D y entre ellas figuran la colaboración con la empresa salmantina Arbórea Intellbird, S.L., en la que ya invirtió en 2013 a través de su fondo de capital riesgo Perseo. Desde entonces Arbórea se ha convertido en un aliado en el desarrollo de nuevas tecnologías para la revisión y el mantenimiento de sus aerogeneradores eólicos, sector en el que Iberdrola fue pionera en 2001.

El presupuesto de Industria y Energía para 2018 crece un 6,2%, hasta los 5.768 millones de euros

Las políticas de Industria y Energía contarán en 2018 con unos recursos de 5.768 millones de euros, un 6,2% más que en el ejercicio precedente, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). En materia de energía, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema.

Así, los Presupuestos recogen dotaciones para hacer aportaciones derivadas de los ingresos obtenidos por subastas de derecho de emisión de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios, medidas fiscales para la sostenibilidad energética y transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares, que suman 3.710 millones de euros. En cuanto a la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará en 2018 con unos recursos de 319 millones para financiar el marco de actuación en el período 2013-2018, 30 millones menos que en 2017.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se ha consignado también una nueva dotación para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por importe de 300 millones de euros, para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Esta cantidad servirá principalmente para llevar a cabo actuaciones previstas dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, de forma que se anticiparán a los beneficiarios fondos para actuaciones que, una vez ejecutadas y certificadas, podrán obtener retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. También se prevé una dotación de 50 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, a gestionar por el IDAE.

Para medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas de cualquier origen, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) contará en 2018 con un presupuesto de 46,88 millones de euros. Según consta en el proyecto presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la cantidad prevista apenas varía respecto a los 46,51 millones de euros que contemplaban los presupuestos generales de 2017 y también los del ejercicio anterior. De los 47 millones de euros, 150.320 euros se dirigirán a indemnizaciones de altos cargos al cesar sus puestos y 75.000 euros a premios de jubilación de su personal.

Además, 135.000 euros se destinarán a becas para la formación de postgraduados en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica y otros 280.000 euros a Universidades públicas para financiar las Cátedras de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Con esta cuantía, el CSN se encargará de sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones para conseguir que sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen.

Dinero para ATI en Garoña

Por otro lado, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado incluye una partida de algo más de 4 millones de euros para el Sistema de Almacenamiento Temporal Individualizado (ATI) de residuos de la central nuclear de Santa María de Garoña. Esta partida figura en el detalle de inversiones de las empresas públicas en la provincia de Burgos, a cargo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), que gestionará esta inversión. En el mismo epígrafe el Gobierno detalla que en la programación plurianual de este proyecto figuran 813.000 euros para el siguiente ejercicio, si bien recuerda que para este mismo fin fueron presupuestados en 2017 algo más de 3,4 millones de euros.

El Almacén Temporal Individualizado para residuos de alta actividad, fundamentalmente el combustible que se sacó del reactor de Garoña y sigue almacenado en la piscina de la central nuclear, se construiría dentro del recinto de la planta, según fuentes de Enresa. Fuentes de Ecologistas en Acción aclaran que el proyecto contempla el almacenamiento a la intemperie y la disposición en seco del combustible gastado de la central nuclear así como su protección física hasta su traslado al futuro Almacén Temporal Centralizado, que albergará este tipo de residuos de toda España.

La alcaldesa de Valle de Tobalina, donde se encuentra Garoña, Raquel González, ha insistido en su deseo de que el almacén temporal permanezca el menor tiempo posible en el entorno de la central nuclear burgalesa, por lo que urge la construcción del almacén centralizado para que el material radiactivo se lleve allí. El Almacén Temporal Individualizado podría operar en la zona de Garoña por un periodo de 20 años y albergará los residuos de alta actividad para que pueda desmantelarse la planta nuclear, cuyos residuos de baja actividad se trasladarán en su totalidad a las instalaciones de El Cabril (Córdoba).

La Junta de Castilla y León defiende su plan de reindustrialización de Garoña y el impuesto a los residuos radiactivos

EFE.- La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido la actuación de la Junta para reindustrializar Garoña y precisó que está en proceso de información pública hasta el 13 de abril un anteproyecto de ley para regular un impuesto a residuos temporales radiactivos en la zona. Así respondió Del Olmo a Virginia Jiménez Campano, procuradora socialista, quien ha preguntado cuáles son las actuaciones que ha realizado la Junta tras el cierre definitivo de la central nuclear.

Del Olmo insiste en que hay un plan de reindustrialización para la zona y que se estudia el referido impuesto a residuos radiactivos para destinar sus fondos a la comarca. La consejera recordó que en 2009 «ya había un acuerdo del consejo de ministros que hablaba de un plan de reindustrialización y que entonces se vendió humo con este asunto, ya que el PSOE tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo». Del Olmo ha señalado que los trabajos de desmantelamiento pueden durar 10 años y ha concluido precisando que la Junta va a «ayudar decididamente a la reindustrialización».

Endesa asumiría el desmantelamiento de las centrales nucleares pero si se devuelven las cantidades aportadas a Enresa para este cometido

Europa Press / EFE.- Endesa se ha mostrado dispuesta a asumir el desmantelamiento de las centrales nucleares, tal y como pretende el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pero siempre que se le devuelvan las cantidades aportadas a Enresa, la sociedad pública encargada de esta tarea. En este sentido, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, abrió la puerta a que la compañía se haga cargo de esta tarea, que aseguró que no tendría impacto en sus cuentas, si se produce esa devolución de fondos.

En concreto, la aportación total de Endesa al fondo de Enresa asciende a unos 2.400 millones de euros con lo que, de producirse un cambio respecto a la normativa actual, la cantidad aportada por la compañía para las labores de desmantelamiento supondría en torno al 22-24% de esta cifra, algo menos de 600 millones de euros. En concreto y teniendo en cuenta esos porcentajes, la cantidad que recuperaría Endesa oscilaría entre los 528 y 576 millones. A este respecto, consideró que Enresa podría dedicarse solamente a la gestión de los residuos, mientras que las dueñas de las nucleares asumirían su desmantelamiento, lo que supondría una rebaja fiscal de más del 20% de las cantidades que aportan a la sociedad pública.

Entre 1984 y 2005 se recaudaron fondos para el desmantelamiento futuro de las centrales nucleares por medio del recibo de la luz de los consumidores. Sin embargo, desde ese año 2005 se aplica una tasa a las empresas por contaminar, de donde se surte al fondo de Enresa, que acumula en la actualidad unos 5.000 millones de euros, cantidad que sería insuficiente para abordar el cierre y desmantelamiento de todo el parque nuclear. La aportación total de Endesa supone prácticamente la mitad de la cifra que las compañías eléctricas han entregado a Enresa para el cierre de centrales y la gestión de los residuos nucleares.

En lo que respecta a la central nuclear de Santa María de Garoña, cuyo decisión de cierre definitivo se adoptó el pasado mes de agosto pero que llevaba parada desde 2012, Endesa recogió un impacto negativo en 2017 de 48 millones de euros y de 38 millones de euros en 2016, correspondientes a su participación del 50% en Nuclenor, sociedad propietaria de la planta y donde es socia de Iberdrola.

Respecto a la posible revisión de la retribución de las actividades del sector anunciada por el Gobierno antes de la conclusión del periodo previsto, Bogas consideró que la Ley debe «ser respetada», por lo que señaló que no se debe producir ningún cambio al respecto antes de tiempo y añadió que con estas propuestas se puede generar inestabilidad, «lo que preocupa a los inversores». Además, añadió que no tendría justificación adelantar una revisión en la retribución, tal y como pretendía el ministro de Energía, ya que el sistema no genera actualmente déficit, y mostró la predisposición de la compañía a hablar sobre cualquier cambio regulatorio.

Energía achaca a la falta de respaldo político no poder dificultar el cierre de centrales eléctricas con rango de ley

Europa Press.- Mientras Luis Tudanca, del PSOE de Castilla y León, espera que el PP no haga lo mismo con la térmica de Velilla que con Garoña y deje «tirada» la comarca, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha esgrimido que la falta de respaldo del resto de grupos políticos en el Congreso de los Diputados, especialmente del PSOE, ha impedido que la normativa para endurecer el cierre de centrales eléctricas se haya podido aprobar mediante un real decreto ley.

Fuentes del gabinete dirigido por Álvaro Nadal recordaron que a lo largo de 2017 el Gobierno trabajó con este objetivo de sacar adelante una propuesta conjunta para elaborar una normativa con rango de ley con la que regular el cierre de centrales eléctricas, aunque no fue posible al no contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas del Parlamento. Ante esta situación, el Ministerio optó por una regulación para establecer las condiciones que no dejaran el cierre de centrales en manos de decisiones empresariales. Eso sí, con un desarrollo reglamentario sin rango de ley.

El PSOE teme el futuro

Por su parte, Luis Tudanca no se fía de que el PP no haga lo mismo con la central térmica de Velilla que lo que hizo con Garoña en Burgos y deje «tirada» a la comarca y los trabajadores de la térmica. «Estamos esperando que tome alguna decisión» añadió, pero se ha mostrado poco esperanzado porque en Garoña el PP prometió durante años que con ellos en el Gobierno nunca cerraría y que pondrían un Plan de Reindustrialización en marcha.

Tudanca no quiere ser «agorero» pero ha recordado que hace más de 5 meses que el PP firmó «la sentencia de muerte» de Garoña y desde entonces están esperando un Plan de Reindustrialización. «Espero que eso no pase aquí, que no deje tirados ni a los trabajadores de la térmica ni al resto de la comarca» ha aseverado, al tiempo que enumeraba los problemas con los que cuenta la zona.

La Diputación de Burgos aboga por un «plan global» que impulse económicamente el entorno de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha abogado por un «plan global» que sirva de revulsivo para todo el entorno de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, después de que se anunciase el cierre definitivo de la planta. «El Valle de Tobalina es uno de los paisajes más bellos de Castilla y León», ha aseverado Rico, antes de destacar la importancia de impulsar un plan que permita reactivar la zona en todos los ámbitos.

Por este motivo, el presidente de la Diputación de Burgos explicó que, frente a la posibilidad de acudir a planes concretos, la intención de la Institución provincial, a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), es potenciar un plan que sirva de revulsivo para toda la zona trabajando con todos los ayuntamientos del área de influencia de la planta. En este sentido, Rico avanzó que «no se esperará» al desarrollo de un plan de reindustrialización para el entorno de Garoña para adoptar medidas desde la Diputación, si bien ha recalcado que «si viene, viene».

El Gobierno garantiza las ayudas a los municipios próximos a la central nuclear de Garoña mientras la planta almacene combustible

Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que los municipios del entorno de la central nuclear de Garoña (Burgos) seguirán recibiendo las ayudas con las que contaban hasta ahora, con cargo al fondo del Plan General de Residuos Radiactivos, al menos hasta que la planta siga almacenando combustible.

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el socialista Javier Lasarte, el Ejecutivo señala que, desde 1990, las localidades cercanas a esta central nuclear han recibido un total de 61,5 millones de euros (2,4 en 2017). Estas cantidades, a las que los municipios del entorno pueden dar el uso que estimen conveniente, las regula una orden ministerial por la que se autoriza a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) a asignar fondos a localidades en entornos de centrales nucleares. Además, la citada orden determina que estas asignaciones se seguirán percibiendo mientras la central nuclear siga almacenando su combustible gastado en el propio emplazamiento.

«Estas asignaciones serán independientes de que la central esté en parada definitiva o en desmantelamiento, cuando éste se inicie», apunta el Gobierno. En este sentido, precisa que, tras el inicio de un desmantelamiento, como será el caso de Garoña, estas asignaciones «persistirán por un importe equivalente al actual». Pero, adicionalmente a las cuantías indicadas, desde el año 2016 la orden establece la posibilidad de que ENRESA pueda cofinanciar proyectos de iniciativa municipal, que cuenten también con financiación del propio municipio y que contribuyan al desarrollo económico de los municipios, o a la conservación y mejora del medio ambiente y, en todo caso, a la generación de empleo, indica el Ejecutivo.

Desde que en agosto el Gobierno decidiera no renovar la licencia de explotación de Garoña, la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha mostrado su preocupación por que el Gobierno «abandone totalmente» los pueblos y zonas del entorno de la planta. En concreto, temen que les ocurra lo mismo que, según han denunciado, está pasando con Zorita (Guadalajara), la primera central nuclear española en desmantelamiento. Estas preocupaciones fueron recogidas en una pregunta por el diputado socialista, que ha planteado al Ejecutivo la necesidad de poner en marcha planes de desarrollo para la zona. Lasarte cuestionaba también al Ejecutivo en el texto registrado en el Congreso acerca del proceso de planificación para el desmantelamiento de la central nuclear.