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La Confederación del Transporte y los autónomos de ATA califican de «imprudencia» la posible subida de los impuestos al diesel

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Europa Press.- La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) califica de «imprudencia» la posible subida de los impuestos al diésel que estudia el Gobierno y manifestó su «hartazgo» de que desde el Ejecutivo se plantee «de forma periódica» la puesta en marcha de nuevos impuestos que afectan a la actividad del transporte de mercancías por carretera.

Tal como ha explicado la organización, el equiparamiento de la fiscalidad del gasóleo con la de la gasolina equivaldría a una subida de hasta 15 céntimos por litro, lo que repercutiría «de forma negativa» en el conjunto de la economía española, «con una ralentización del crecimiento en el segundo trimestre del año«. «Es difícil de entender por qué el Gobierno se empeña en poner en marcha políticas fiscales que se ceban sobre un sector de actividad, como es el del transporte de mercancías por carretera», han señalado desde la patronal.

Además, la Confederación ha subrayado que el sector no va a aceptar estas nuevas «barreras fiscales», ya que el transporte de mercancías por carretera es una de las actividades económicas que «mayores cargas impositivas soporta«. De esta manera, CETM ha reclamado al Gobierno un trato «equilibrado y justo» ya que el sector genera riqueza y empleo y juega un papel «estratégico como engranaje para el correcto funcionamiento de la industria, el turismo y el comercio».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha alertado de que la subida del impuesto que grava al gasóleo sería «un palo duro» para muchos autónomos que utilizan este carburante como principal materia prima de su actividad. En este sentido, Amor ha asegurado que más de 200.000 autónomos podrían verse afectados por esta medida, lo que preocupa «seriamente» a la asociación, ya que supondría un «importante aumento de los costes que en muchas ocasiones no pueden repercutir y terminan asumiendo». Asimismo, Amor ha pedido a las autoridades que se extienda el gasóleo profesional a otros colectivos como taxistas, repartidores, conductores de ambulancias, agentes comerciales, así como «a aquellos que tienen un vehículos profesional».

Confebus también hace sus reclamaciones

Asimismo, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha reclamado que no se aumente el impuesto sobre el diésel para el transporte profesional y, en especial, para el transporte público de pasajeros por carretera. El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, señaló que esta medida, que pretende impulsar una movilidad más sostenible y eficiente, penalizará al sector del autobús, que inyecta 1.000 millones de euros anuales de media a las arcas públicas. Asimismo, la Confederación recuerda que el autobús contribuye a la disminución de la contaminación causada por el tráfico en las ciudades y carreteras.

Según Confebus, cada autobús puede sustituir entre 14 y 30 vehículos, mientras las emisiones de este tipo de vehículos son seis veces menores que las del automóvil. «Si la promoción del autobús logrará una captación del 20% de los usuarios del coche, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se reducirían en 917.000 toneladas métricas», apunta. Asimismo, Confebus destaca que el uso del autobús ahorra 1.287 millones de litros de combustible. De este modo, concluye que incrementar los impuestos al diésel como estudia el Ejecutivo solo conseguiría incrementar su precio».

Fenasdismer alerta del impacto en las exportaciones de la posible subida del impuesto al gasóleo para equipararlo con la gasolina

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Europa Press.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha advertido de que una subida del impuesto sobre los carburantes afectaría negativamente a las exportaciones españolas, en respuesta al posible incremento del impuesto de hidrocarburos que estudia el Gobierno.

La organización ha expresado su rechazo a la propuesta del Gobierno de equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina, lo que supondría una subida de casi 10 céntimos por litro, que se sumarían a los 4,8 céntimos de incremento previstos para 2019 por la armonización del impuesto autonómico sobre los carburantes en su nivel máximo. Fenadismer considera que esta medida repercutiría «muy negativamente» en las exportaciones españolas, ya que el destino «principal» de las mercancías son los países europeos, que representan el 66,3% del total, las cuales son transportadas «principalmente» por carretera.

De esta manera, Fenadismer ha destacado que cualquier aumento en el precio final del carburante repercutirá de forma «importante» en el valor final de los productos españoles destinados a la exportación, «por lo que perderían competitividad en los mercados europeos». Por su parte, si el Gobierno finalmente introduce esta medida «recaudatoria«, la asociación exigirá que la subida del impuesto no se aplique al sector del transporte por carretera, a través del mecanismo de devolución del gasóleo profesional, aunque ello solo paliaría «parcialmente» el impacto, ya que a dicho régimen no se pueden acoger los vehículos de transporte de menos de 7,5 toneladas. Por ello, Fenadismer también exigirá la inclusión de este segmento en el régimen.

Más inversión en transporte público

Por su parte, la asociación del transporte urbano colectivo ATUC pide que al menos una cuarta parte de lo que se recaude al equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina se destine al sistema de transporte público, tanto para su financiación como para inversiones. En este sentido, ATUC reclamó que más de 500 millones de euros se inviertan en el sistema de transporte público, teniendo en cuenta que desde el Ministerio para la Transición Ecológica estiman que igualar ambos impuestos se traduciría en aumentar los ingresos en 2.100 millones.

La asociación recalcó que, de esta manera, se contribuiría a que cada vez más usuarios opten por el transporte público para sus desplazamientos diarios y a reducir el número de coches en circulación, disminuyendo así la contaminación. «El tráfico rodado origina el 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90% corresponden al tránsito de coches», subrayó. Según ATUC, la financiación del sistema de transporte público cuesta unos 5.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente la mitad se cubre con los ingresos por billete y la otra se sufraga con recursos públicos.

«La fiscalidad puede ser un instrumento de enorme ayuda para forzar el cambio en los hábitos de desplazamiento. Aumentar la fiscalidad al diésel y equipararla con la de la gasolina ayudará a reducir la contaminación, puesto que debido a la menor carga fiscal que soporta el gasóleo, tenemos un parque automovilístico dieselizado, pese a que los coches diésel emiten aproximadamente un 15% más de dióxido de carbono por litro de carburante que uno con motor de gasolina«, señaló el secretario general de ATUC, Jesús Herrero.

El PP presenta en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometida por Tejerina desde el Gobierno

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Europa Press.– El PP ha registrado en el Congreso su proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética, un texto que ha elaborado la exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y que se había comprometido a presentar antes del verano.

Este texto, incluye los objetivos para España en materia de reducción de emisiones, tanto a 2030 como a 2050. En el primer caso, la norma pone como meta una reducción de, al menos, un 26%, mientras que esta cifra se eleva al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, se pretende que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a la eficiencia energética.

Para lograr estas cifras, explica el PP, se deben tener en cuenta los factores medioambientales y socioeconómicos del país, entre ellos el grado de interconexión con otros Estados de la Unión Europea. Del mismo modo, estos objetivos se deben incluir en los planes integrados de energía y clima que se presentan a la Unión Europea cada 10 años y que podrán ser revisados si cambian los compromisos internacionales o europeos.

Del mismo modo, la ley propone la elaboración de un plan de adaptación a este fenómeno para «hacer frente a los efectos del mismo» y que tenga en cuenta la asistencia de grupos sociales y sectores vulnerables. También se exigirá un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberán tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura.

«Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establece que todas las administraciones públicas, locales, autonómicas y general, deben destinar al menos un 20% de su presupuesto anual a actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático», ha explicado la portavoz popular en esta materia, Belén Bajo. Del mismo modo, ha señalado que se propone que «toda la normativa que se apruebe por todas las administraciones públicas» debe integrar la variable de cambio climático en términos de mitigación, adaptación, y coste-beneficio.

Más medidas sobre fiscalidad ambiental

El Banco de España deberá elaborar también un informe, cada dos años, en el que explique el estado de la economía española y el sistema financiero frente a los riesgos y vulnerabilidades y oportunidades relacionadas con el cambio climático. La ley también incluye medidas sobre fiscalidad ambiental. En este caso, se determina la necesidad de una reforma para «mejorar la aplicación del principio quien contamina, paga» y que contemple cargas fiscales para aquellas actividades que incrementen las emisiones invernadero. Si por el contrario, la actividad contribuye a la reducción de emisiones, tendrá un incentivo fiscal.

«Las administraciones públicas deberán de dar ejemplo, tanto en las contrataciones, como en los planes de reducción de emisiones o en la compra y uso de vehículos para el impulso de la descarbonización de la economía española», apuntó Bajo. Finalmente, la ley propone la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética que estará formado por expertos de reconocido prestigio que servirá de asesoramiento de las políticas y medidas que se vayan aprobando.

Equo habla de «oportunismo indecente«

Por otro lado, el coportavoz de Equo y portavoz de cambio climático de Unidos Podemos en el Congreso, Juan López de Uralde, ha calificado de «oportunismo indecente» esta proposición de ley de cambio climático. En este sentido, la formación ecologista critica que el Grupo Popular haya presentado esta proposición después de la moción de censura que «derribó» al Ejecutivo de Mariano Rajoy «después de 6 años en el Gobierno sin actuar contra el cambio climático».

Según el diputado López de Uralde, el Gobierno del PP redujo «cada año» el presupuesto destinado a la lucha contra el cambio climático y «obstaculizó» el desarrollo de las energías renovables con medidas como el conocido impuesto al sol. Asimismo, ve «paradójico» que tras «reducir sistemáticamente» las partidas públicas encaminadas a combatir el cambio climático, el PP proponga aumentar este gasto un 20% al año. «Es increíble el grado de cinismo que refleja esta propuesta», concluyó el coportavoz de Equo.

La Comisión Europea pide a Luxemburgo recuperar de la francesa Engie 120 millones de euros otorgados en ventajas fiscales ilegales

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EFE.- La Comisión Europea instó a Luxemburgo a recuperar 120 millones de euros en concepto de beneficios fiscales a su juicio ilegales que concedió al grupo energético francés Engie. La Comisión Europea indicó que Luxemburgo permitió que dos empresas del grupo evitaran pagar impuestos por «cerca de todos sus beneficios» durante una década, lo cual es «ilegal» bajo las normas comunitarias de ayudas estatales porque «da a Engie una ventaja indebida«.

Así, pidió a Luxemburgo recuperar «unos 120 millones de euros por impuestos no pagados». La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, indicó que esta maniobra «redujo artificialmente la carga fiscal de la compañía», lo que le permitió abonar una tasa efectiva de impuestos corporativos del 0,3% en Luxemburgo por ciertos beneficios durante una década. «Este tratamiento fiscal selectivo es ilegal», indicó Vestager. El Ejecutivo comunitario llegó a esta conclusión tras una investigación iniciada en 2016.

Detalló que, en 2008 y 2010 respectivamente, Engie puso en marcha dos estructuras financieras «complejas» para dos empresas del grupo en Luxemburgo (Engie LNG Supply y Engie Treasury Management) que «no reflejaban la realidad económica«. Esto permitió, de acuerdo a la Comisión Europea, que Engie pagara de forma selectiva menos impuestos que otras compañías sujetas a las normas fiscales nacionales.

2.600 millones obtenidos en Tailandia

Por otro lado, Engie firmó con el tailandés Global Power Synergy Public Company Ltd. (GPSC) la cesión de su participación del 69,1% en el productor de electricidad independiente Glow. El monto de la transacción se eleva a 2.600 millones de euros. La compañía gala da con esta operación un nuevo paso en su objetivo de descarbonización al reducir un 14% su capacidad instalada para generar electricidad a partir de carbón.

La prensa de Holanda asegura que la petrolera Shell ha eludido pagar 7.000 millones de euros de impuestos

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EFE.- La petrolera anglo-holandesa Shell dejó de pagar impuestos en Holanda por valor de más de 7.000 millones de euros desde 2005 mediante la distribución de más de 45.000 millones de euros entre sus accionistas a través del paraíso fiscal de la isla de Jersey, según el diario neerlandés Trouw.

Este medio cita los cálculos de la Fundación de Investigación de Empresas Multinacionales, que ha calculado la cantidad que el Estado holandés dejó de percibir «probablemente de forma indebida» mediante esta maniobra.

«Distribuyendo dividendos a través de una filial británica y por medio de un fideicomiso en el paraíso fiscal de Jersey, Shell ha evadido desde 2005 los impuestos al dividendo para sus accionistas con el permiso de las autoridades fiscales neerlandesas«, señala el diario.

Trouw destaca que, en el acuerdo con Shell, las autoridades tributarias «buscaron conscientemente espacio para acomodar» a la empresa.

Justo antes, en 2004, la compañía consistía en dos empresas matrices diferentes que tenía que fusionarse en una sola, bajo la presión de los accionistas.

A fin de evitar que los antiguos accionistas británicos tuvieran que pagar el impuesto al dividendo holandés y, por lo tanto, que probablemente votaran en contra de la fusión, Shell emitió dos tipos de acciones.

Las acciones A estaban simplemente sujetas al impuesto al dividendo holandés, mientras que los tenedores de acciones B recibirían el dividendo libre de impuestos a través de la isla de Jersey, oficialmente Bailía de Jersey, en el Canal de la Mancha, al oeste de las costas de Normandía.

La ruta de evasión de impuestos allanó el camino para la fusión deseada por Shell, según el citado medio.

El comité de expertos espera que su informe sea tenido en cuenta por el Gobierno para impulsar la transición energética

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EFE.- Jorge Sanz, que presidió el comité de expertos sobre transición energética, reivindica que el informe que elaboró ese grupo, que se aprobó con 11 votos a favor y 3 abstenciones, tiene que ser un documento de referencia de cara a la transición energética. Sanz ha manifestado que el documento de los expertos, que fueron designados por los grupos parlamentarios y agentes sociales, «no es el documento de un partido», y ha añadido que «es un documento que hay que leer».

Ha señalado que los mix energéticos (fuentes de energía que cubren la demanda) que vaya a haber en un futuro dependerán de muchas cosas, como de los precios de los combustibles y de los precios de los derechos de emisión de CO2. En este sentido, resaltó que una de las conclusiones del comité de expertos fue que el grado de cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones era muy sensible a la bajada de los precios del petróleo. De esta manera, señaló que los objetivos para 2030 se cumplirán con mayor holgura si los precios de los combustibles son caros y menos si están baratos.

Ha señalado que, no obstante, el informe concluyó que era factible alcanzar ese objetivo, así como el de eficiencia energética, y que el único en el que aparecían problemas era en el de renovables, que entonces se contemplaba en un 27% del total de la energía suministrada y que ahora Europa ha fijado en el 32%, pese a que los precios de los combustibles ayudan. Ha añadido que, pese a que las renovables han demostrado ser competitivas, las que más las eléctricas, hay un «cuello de botella» en la electrificación.

También ha señalado que, aunque el estudio concluyó que España cumplirá los objetivos de eficiencia energética a 2030, se puede hacer más en este ámbito, lo que puede contribuir a mejorar más en otros objetivos. También ha destacado la importancia que tiene reformar la fiscalidad, sustituyendo impuestos recaudatorios, como la tasa especial a la electricidad y el que pagan los generadores, por ambientales. Ha señalado que esos impuestos recaudatorios afectan al precio, lo que influye en la elección que haga el consumidor sobre la energía que consume, e indicó que la propuesta del comité de expertos «no sube la presión fiscal» sino que la «reequilibra» de forma que contribuyan más los consumidores de tecnologías emisoras.

Sanz manifestó que también hay que discutir cómo se financian las renovables, pues el sistema actual penaliza al consumidor de electricidad, ya que ahora el 90% de la financiación de esas energías proviene del consumo eléctrico. Se mostró a favor de repartir la financiación de las renovables entre todos los consumidores de energía y en proporción a lo que representan, un 25% en el consumo eléctrico y alrededor del 50% en el de combustibles fósiles, a fin de «equilibrar el esfuerzo para que cada uno pague lo que le toca».

La comisión de expertos defiende una subida de impuestos en el sector energético para incluir el coste por daño medioambiental

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Europa Press / EFE.- El presidente del grupo de expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, subraya que la fiscalidad es «muy relevante» para dar las señales adecuadas de precios al mercado y ha asegurado que en este momento los impuestos a la energía no internalizan correctamente los daños ambientales. Por ello los expertos defienden una subida de impuestos en el sector energético para que de este modo quede reflejado el coste por daño medioambiental.

El informe servirá de base para la discusión de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sanz ha destacado que la mayoría de los impuestos que gravan la energía no depende de su impacto ambiental. Según añadió Sanz, con esta nueva fiscalidad subirían los precios de la electricidad, el gas y la gasolina, entre otros, porque tal y como sostiene, actualmente la fiscalidad ambiental en estos sectores «es muy baja». El experto ha defendido la necesidad de que los precios sean «volátiles» y que esta subida de impuestos repercuta además en el usuario que consume «en las horas en las que hay una alta probabilidad de agotar las tecnologías de generación firmes disponibles».

«Aunque no guste, ordenará el debate tecnológico», apunta el presidente del Comité, ya que permitirá que surjan nuevas tecnologías más eficientes sin recurrir a decisiones políticas. «Es fundamental trasladar las señales de precio. Estas son las señales correctas», añade respecto a la fiscalidad y a los peajes de acceso. No obstante, advierte de que el aumento de los impuestos «es un problema para la política». «Cuando los precios bajan, ya se encargan los ministros de decirlo y hacerse fotos, pero cuando suben se ponen muy nerviosos, y lo que menos le gusta al Gobierno es que suban, pero en los mercados tienen que subir y bajar». Y añade: «Que haya precios altos es tan bueno como que haya precios bajos«.

Según ha expuesto el presidente de la Comisión, esta reforma fiscal ayudaría también a que se desarrollasen las energías renovables: «La energía renovable ha de ser valorada al coste de la energía fósil a la que sustituye; si la fósil internaliza el daño medioambiental, el valor será mayor y la inversión en renovables será mayor». Sanz ha pedido «prudencia» y «neutralidad» en las inversiones, ya que en el pasado los gobiernos se han equivocado al apostar por tecnologías concretas. En su opinión, con las señales adecuadas de precios, «muchas inversiones se harán solas». «Lo importante es que gane el mejor y el más barato en beneficio de los consumidores», recalcó.

La reforma fiscal que propone este Informe, entregado en abril al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, consiste en la fijación de un tipo impositivo por cada elemento contaminante, es decir, hacer pagar a cada tecnología en función de las emisiones generadas. El documento contempla exenciones a colectivos vulnerables, como aquellos que compiten a nivel internacional, transportistas, agricultores y pescadores, para los que se estudia compensaciones monetarias que sirvan para ir sustituyendo las energías sucias por limpias. El informe propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas y derivados del petróleo).

También sugiere que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en la gasolina y el gasóleo A). «El principal mensaje del informe es que algunas tecnologías van a ganar y otras se quedarán por el camino», ha comentado el experto, que señala que «está claro que el futuro son las renovables», ya que son «las más eficientes», y para ello habrá que «cambiar hábitos y procedimientos«. El presidente del grupo de expertos ha resaltado que manipular los precios del mercado eléctrico mayorista «lleva a malgastar recursos».

La Comunidad Valenciana agiliza los trámites para que ejecutar proyectos de energías renovables y autoconsumo desgrave un 20% del IRPF

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EFE.- El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) ha anunciado la puesta en marcha de la certificación acreditativa para que los proyectos de energías renovables y de autoconsumo puedan obtener la deducción fiscal del 20% en el tramo autonómico del IRPF.

En este sentido, el Instituto ha señalado que esta deducción fiscal pretende aumentar el número de beneficiarios y facilitar al máximo todos los trámites administrativos, en los que desaparece la convocatoria anual, de forma que el plazo siempre estará abierto con independencia de cuando se presenten los proyectos de energías renovables. La certificación acreditativa del proyecto, necesaria para optar a la deducción, se puede solicitar por correo electrónico o de forma presencial en las instalaciones del Ivace una vez realizada la inversión en cualquier momento del año, sin esperar a que se inicie la campaña de presentación de la declaración del IRPF del ejercicio correspondiente.

El Instituto ha destacado que, hasta ahora, las ayudas se concedían mediante subvención a fondo perdido y, para poder acceder a ellas, la presentación de la solicitud debía realizarse durante el plazo establecido en la convocatoria, que era de un mes. La información sobre el procedimiento y documentación necesaria se puede obtener a través de la página del Ivace, que recordó asimismo que la campaña de la renta de este año es la primera en la que se puede obtener esta deducción fiscal en el tramo autonómico, cuya base máxima es de 8.000 euros y en la que no se establecen límites máximos a la hora de determinar la base máxima anual de la deducción.

El Ivace ha apuntado que entre las ventajas que supone la deducción fiscal frente a la subvención a fondo perdido destaca «la simplificación al máximo del trámite documental, ya que, con la fórmula de la subvención a fondo perdido, se debía aportar una gran cantidad de información». «Esto conllevaba, en un porcentaje muy elevado, que la documentación presentada tuviera defectos de forma y se multiplicaran los requerimientos, con lo que muchos expedientes acababan siendo denegados«, añaden. Además, el Ivace recuerda que «no hay que tributar esta ayuda, al contrario, es una deducción. Con las ayudas a fondo perdido, las ayudas concedidas sí había que tributarlas con lo que la cantidad concedida no era la cantidad real de apoyo al proyecto».

Endesa pide que el esfuerzo de la descarbonización recaiga en otros sectores como el transporte más allá del sistema eléctrico

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido repartir el esfuerzo de la descarbonización entre otros sectores, como el transporte o la climatización de edificios, y que no se cargue solo sobre el sector eléctrico, lo que ha contribuido «de manera decisiva» a que la tarifa española se encuentre entre las más caras de Europa «cuando los costes de generación y distribución de España están entre los más baratos«.

Bogas pidió «una mayor implicación» de estos sectores en la transición energética para alcanzar los objetivos fijados de reducción de emisiones. Así, señaló que estos sectores, que representaron el 58% de las emisiones de CO2 en el año 2015, son dos ámbitos en los que «la electricidad puede reducir drásticamente las emisiones no solo de CO2, sino también de otros contaminantes, mejorando así la calidad del aire de nuestras ciudades«.

Asimismo, Bogas señaló que el reciente informe sobre transición energética presentado por la Comisión de Expertos constituye «un importante punto de referencia» y destacó que varios de los ejes esenciales del documento «muestran una amplia coincidencia con las posiciones de Endesa«. A este respecto, Bogas se refirió a la importancia de «compartir entre todos los sectores» los costes de la política energética, unos costes que, actualmente, «recaen mayoritariamente en el sector eléctrico, a pesar de que solo representa el 19% de las emisiones de CO2».

«La meta es conseguir un futuro sostenible. Y lo primero que hemos de hacer sostenible es la propia transición energética. Creo que es posible la implantación progresiva de las medidas adecuadas para hacerla realidad a través de un calendario razonable, conocido y sostenible», indicó. Dentro de la transición energética, Bogas apuntó que es «importante» que todas las tecnologías de generación necesarias «tengan una rentabilidad razonable», ya que en caso contrario, se podría crear «un grave problema de seguridad de suministro a corto y medio plazo».

Además, indicó que la descarbonización de la economía requiere la sustitución «progresiva» de las centrales térmicas por instalaciones de renovables aunque señaló que, para evitar situaciones de riesgo de suministro y presiones sobre los precios, esta sustitución se debe realizar de «manera ordenada». De esta manera, pidió «replantearse la elevada carga fiscal» que existe sobre la actividad de generación eléctrica desde 2013, una vez solucionado el problema del déficit de tarifa eléctrico. «Es momento de desarrollar una reforma fiscal energética que permita equilibrar las cargas sobre las distintas fuentes de energía y reduzca la carga impositiva que penaliza a las centrales eléctricas«, añadió al respecto.

Además, defendió la extensión de la operación de las nucleares hasta los 50 o 60 años, «al igual que han hecho diversos países de nuestro entorno», y pidió una reforma de las tarifas, «a fin de que el sistema muestre las necesarias señales económicas a consumidores y productores para la utilización óptima de la red y para ofrecer un terreno de juego equilibrado a nuevos consumos, como el vehículo eléctrico, a los sistemas de almacenamiento y a la generación distribuida». «Estamos convencidos de que el impacto de este conjunto de medidas permitiría una reducción importante de la tarifa eléctrica», añadió.

Por otra parte, Bogas recordó el esfuerzo inversor de Endesa, que con más de 11.000 millones de euros invertidos en el sistema eléctrico español desde 2010 es «la empresa eléctrica que más invierte en España». «También somos los que más invertimos en la red de distribución, con unas inversiones brutas de más de 5.700 millones de euros en estas infraestructuras durante el mismo periodo», subrayó.

La SNE espera que se despejen las «incógnitas políticas» alrededor del ATC y lamenta la fiscalidad sobre las plantas catalanas

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Europa Press.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, confía en que las incógnitas políticas sobre los permisos de las administraciones «se despejen» y que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita finalmente la autorizaciones necesarias para la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca), porque la instalación «siempre va a ser necesaria».

Así, ha insistido en que el ATC facilitará en su momento el desmantelamiento del parque nuclear español pero, según admite, se trata de una política de Estado y de una decisión del Gobierno central. «El ATC siempre va a ser necesario porque cumple la función de desacoplar el futuro desmantelamiento de las centrales de lo que es la gestión definitiva del combustible gastado de la misma, que irá a un almacenamiento geológico profundo«, ha manifestado Gago, que ha defendido que concentrar los residuos nucleares «a la larga abaratará su gestión».

Por otro lado, el representante de la SNE ha reflexionado sobre la situación de las centrales nucleares situadas en Cataluña. Al respecto, ha señalado que desde hace un año en Cataluña se reinstauró un impuesto que ya había sido considerado como doble imposición por el Tribunal Constitucional «en la primera intentona»; y ha añadido que desde el 1 de abril las plantas catalanas soporta «un nuevo impuesto» al combustible. Además, ha añadido que la ley de cambio climático aprobada por el parlamento catalán en agosto de 2017 establece el fin de la producción eléctrica nuclear en 2027. Si bien, matizó que esta ley fue recurrida por el Gobierno y anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, en el contexto de sequía que ha afectado al conjunto de España durante el 2017 y 2018, el presidente de la SNE asegura que la escasez hídrica «demuestra la importancia» de la nuclear en situaciones climatológicas adversas, como cuando hay sequía y no sopla el viento, como el año pasado cuando se incrementó el uso de las centrales de ciclo combinado y de carbón, lo que aumenta a su vez las emisiones de gases de efecto invernadero.

El año pasado, según ha recordado, la producción hidroeléctrica obtuvo su peor resultado de los últimos 30 años, con una caída del 49% entre 2016 y 2017. «Tendríamos que remontarnos a 1989 para encontrar un dato con menor energía hidráulica en la serie histórica, frente a una producción nuclear estable», ha precisado. En este sentido, Gago lamenta que cuando la nuclear funciona bien «nadie lo reconoce» ni «es noticia», pero en las ocasiones en que «pasa lo más mínimo sí lo es». Entre otras cosas, achaca este hecho a que las nucleares tienen obligación de comunicar «todo», cosa que no ocurre con una central de gas o carbón, ha insistido.

Respecto a Fukushima, ha asegurado que la situación en la zona tardará «muchos años» en volver a la normalidad, no solo por el accidente nuclear sino por lo que supuso el tsunam. Como lado positivo, ha subrayado las importantes «lecciones» que ha dejado. Entre las repercusiones para España expuso que, tras una inversión de unos 35 a 40 millones de euros por reactor, se han completado la mayor parte de las acciones comprometidas tras las pruebas de resistencia y ahora el parque atómico español está «infinitamente» mejor preparado, el personal más capacitado y las centrales más preparadas para afrontar accidentes que van «mucho más allá» de su base de diseño.

Por último, el presidente de la SNE ha opinado sobre la «intención apuntada» por el actual Ministerio de Energía de trasladar la responsabilidad de desmantelar las centrales nucleares a los titulares de las mismas en vez de a Enresa. En ese sentido, recordó que Enresa se constituyó en 1985 para la gestión del combustible radiactivo y el gastado de todas las centrales y para el desmantelamiento de las mismas, con un fondo que se nutriría de la financiación de las centrales nucleares. Antes, este fondo se nutría con la tarifa y desde hace años, por una tasa cargada al kilowatio/hora de generación nuclear, es decir que lo soportan las centrales en explotación para el desmantelamiento.

De este modo, observa que la propuesta del Gobierno pasaría por que Enresa transfiriera lo acumulado a los titulares para que acometan este desmantelamiento. «Hay que conocer el esquema en su conjunto», admite Gago quien asegura que, en todo caso tanto si es Enresa quien desmantela como si son los titulares «las reglas son las mismas para unos que para otros y todas las actuaciones de desmantelamiento serían supervisadas por el CSN«, como lo está haciendo con las plantas de José Cabrera y de Garoña.

Esta alternativa «no necesariamente» sería más barata que el sistema actualmente vigente, aunque admite que sí podría haber «algo de eficiencia». En todo caso, ha subrayado el conocimiento y la experiencia de años de Enresa, aplicado primero con Vandellós I y después en José Cabrera y, posiblemente, en Santa María de Garoña. «Es muy prematuro concluir que el desmantelamiento por los titulares va a ser más barato que si lo hace Enresa, pero las reglas serán siempre las mismas para todos», ha concluido Gago que ha elogiado la capacidad y experiencia de Enresa, de la que «tendrían que empaparse» los titulares en caso de que se produjera ese cambio regulador.