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El Gobierno eliminará el impuesto al sol que impone cargos al autoconsumo de energía antes de que acabe el año

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Europa Press.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno eliminará el llamado impuesto al sol, que grava el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España, antes de que acabe el año mediante un anteproyecto de ley.

Según ha avanzado la ministra en el pleno del Senado, esta medida forma parte de una de las prioridades del Gobierno y, pese a que en un principio la decisión está respaldada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, que introdujo el impuesto, también ha tenido en cuenta un plan B.

Se trataría de sacar adelante un Real Decreto que permita el acceso al autoconsumo el próximo mes de diciembre ya que, para Ribera, este impuesto solo supone una «traba absurda» para no autoconsumir energía, además de que va unido a una recaudación «ridícula que no tiene ningún sentido».

Además, la ministra ha añadido que prevé facilitar que este consumo se comparta en el ámbito urbano y doméstico y se eliminen las «dificultades burocráticas» en las que incurre el actual sistema.

Así lo ha avanzado Ribera en respuesta a una pregunta formulada por la senadora de Podemos Vicenta Jiménez García, quien ha subrayado que, siendo España el país que más radiación solar tiene en los países del entorno, sea la única economía que cuenta con una ley para bloquear su consumo.

Ciudadanos propone reformar la fiscalidad de la factura de la luz y ceñir el recibo al coste del suministro eléctrico

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EFE / Europa Press.- Ciudadanos ha registrado, por medio de Melisa Rodríguez Hernández, su portavoz parlamentaria adjunta, una proposición no de ley, para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso, para reformar la fiscalidad en la factura de la luz a fin de que se eliminen impuestos y se concentre en lo que es el precio de la energía.

En la iniciativa Ciudadanos insta al Gobierno a hacer, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una auditoría para determinar qué conceptos determinan el volumen actual del recibo eléctrico y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en él. Asimismo pide al Gobierno que impulse una reforma para modificar la base imponible del IVA y del impuesto eléctrico para que dichas bases estén compuestas sólo por el precio pagado por la electricidad y el coste de las redes de transporte y distribución, excluyendo el resto de costes añadidos.

Según Ciudadanos, aunque la subida de los precios que está habiendo en el pool se debe a circunstancias de mercado (subida del precio de los derechos de CO2 y aumento del de los combustibles fósiles para generar energía), la mayor parte de la factura de la luz no se destina a sufragar el precio que alcanza la electricidad. Recuerda que, junto a los costes fijos del sistema, hay una fuerte imposición fiscal, que «avala la factura como una herramienta recaudatoria en perjuicio de la ciudadanía».

Que se note el consumo

Ciudadanos cree que se puede actuar sobre los costes fijos, en concreto sobre aquellos de «origen político» no relacionados directamente con el suministro eléctrico, que constituyen el 70% de la factura. Según Ciudadanos, ese elevado porcentaje que tienen en la factura esos costes distorsionan las señales de precio, que deberían concentrarse en el consumo, para que no resulte indiferente consumir más o menos energía. Entre los costes no relacionados directamente con el suministro está el IVA del 21% en la península, el impuesto sobre la electricidad, creado inicialmente para subvencionar el carbón nacional, así como una tasa municipal del 1,5%.

Además está el impuesto a la generación eléctrica, de un 7% y destinado a sostener los costes del sistema; la tasa hidroeléctrica, del 25,5%, para centrales de esa tecnología, y tasas nucleares, que incluyen el impuesto por combustible nuclear gastado y por generación de residuos. También está la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar la Empresa Nacional de Residuos, Enresa; los costes extrapeninsulares y la financiación de las renovables, que se incluyen en los peajes de la factura.

Además, en la transición energética, ve fundamental contar con una factura bien ordenada; que no contenga costes fijos en la parte variable y no generé problemas de distorsión entre consumidores a la hora de optar por la generación distribuida. Asimismo, cree que esta factura debe ser competitiva en virtud tanto de las necesidades de familias y empresas como también para favorecer la movilidad eléctrica en detrimento de los combustibles fósiles.

Ciudadanos aboga por una transición «inteligente» que apueste por las renovables y garantice que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro. Ciudadanos considera «hipócrita» que desde la Administración se trabaje en un bono social para paliar las dificultades de las personas más vulnerables cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos. En opinión de Ciudadanos, sería más eficiente trabajar por una factura que refleje los costes reales de producción y no sea una «herramienta de recaudación del Estado».

La subida de la luz reabre el debate sobre el mercado y la factura eléctrica

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EFE.- El crecimiento ininterrumpido del precio de la luz en los últimos cuatro meses y los altos precios fijados en el mercado mayorista han vuelto a reabrir el debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación del precio de la factura eléctrica.

En agosto el recibo de la luz encadenó su cuarta subida consecutiva y alcanzó su precio más alto en todo el año, al encarecerse un 12% respecto al mismo mes de 2017, lo que supuso pagar 8,05 euros más que en la factura que un año antes. No parece que septiembre vaya a ser mejor pues, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 11 días de septiembre el coste del recibo es un 16,7% más caro que un año antes.

En agosto el recibo de la luz para el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada por el Gobierno, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, alcanzó los 75,21 euros, frente a los 67,16 euros de hace un año y los 73,1 euros a los que llegó en julio pasado.

A pesar de que al comenzar 2018 las circunstancias meteorológicas fueron más favorables para la producción de energía hidráulica y eólica (fuentes de generación más baratas) que en 2017, marcado por la escasez de lluvia y viento, tan sólo en los primeros meses de este año la factura eléctrica bajó, para empezar en mayo a encadenar subidas. La actual subida, según expertos del sector, se debe al encarecimiento de los derechos de emisiones de carbono, cuyo precio se triplicó entre mayo y agosto frente a 2017, y de los precios del gas y el carbón, que se emplean para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado y las térmicas.

En agosto el precio medio en el mercado mayorista fue de 64,33 euros, el más alto en un mes este año, y en septiembre se ha situado varios días por encima de los 70, alcanzando un máximo diario de 75,39 euros este miércoles 12. Las subidas del CO2 y del gas han elevado en 21 euros/MWh el coste del ciclo combinado y en 12 euros/MWh el del carbón, unas subidas que se han unido en los últimos meses a la menor producción hidráulica y eólica en verano, que obliga a usar más el respaldo térmico.

Un 35% de la factura

El incremento de los precios en el pool, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al PVPC al suponer un 35% del total de su factura, de la que el resto son peajes fijados por el Gobierno e impuestos.

En España hay 11 millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW), mientras que más de 16 millones (cerca del 60% del total de los consumidores eléctricos) tienen contratos en el mercado libre. Estos, a diferencia de los acogidos a la PVPC, tienen garantizado el precio de la electricidad durante al menos un año y, por tanto, son ajenos a las variaciones de su valor en el pool.

Generadores y comercializadores fijan en este mercado el precio de toda la energía que se va a consumir al día siguiente y funciona bajo un criterio económico marginalista, por el que todas las tecnologías de generación cobran en cada hora lo que marca la más cara que entra. Las compañías eléctricas afirman que no se están beneficiando de estas últimas subidas y recuerdan que la mayor parte de la factura regulada no lo constituye el coste de la electricidad, sino los peajes y los impuestos.

El grupo de expertos que hizo el informe de cara a la elaboración de la de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya planteó trasladar los costes actuales de la factura eléctrica a los Presupuestos del Estado, financiándolos con nuevos impuestos medioambientales. Según sus cálculos, con esas medidas la luz bajaría un 6,8% pero subirían el gasóleo (un 28,6%), la gasolina (1,8%) y el gas natural (5,8%). El recibo de la luz soporta ahora un 21% de IVA y el impuesto especial de electricidad, del 5%, a lo que hay que sumar los peajes, que el gobierno del PP mantuvo congelados durante 4 años.

Greenpeace pide al Gobierno «hechos» como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras cumplir sus primeros 100 días

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Europa Press.- Greenpeace ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez, que cumple 100 días desde que asumió el Ejecutivo, que pase de las «buenas intenciones» a los «hechos» concretos para proteger el medio ambiente como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la introducción de impuestos verdes para que esta no sea otra «legislatura fallida». La ONG recuerda también al Ejecutivo que debe abolir el impuesto al sol, pese al «reiterado» anuncio de su derogación.

El balance de Greenpeace sobre estos primeros 100 días de Gobierno es que a pesar de los gestos positivos, las medidas tomadas en materia de protección del medio ambiente en este período han sido «pocas y no están a la altura de la amenaza del cambio climático«. Por ello, insiste en que es «necesario» acometer acciones concretas y contundentes antes de que finalice el año.

En el lado positivo, la ONG valora el cambio de posición española en las negociaciones europeas del Paquete de Invierno inmediatamente tras formar Gobierno, pero advierte de que tres meses después «aún no se ha abolido el impuesto al sol» ni hay una hoja de ruta para desbloquear el autoconsumo. También considera positiva la decisión del Gobierno de paralizar el permiso de construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Por el contrario, insiste en la falta del borrador de la Ley de Cambio Climático ni del Plan de Energía y Clima con fecha de cierre para el carbón y la nuclear antes de 2025.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, denuncia que en estos 100 días se ha hablado mucho pero no se ha tomado ninguna decisión efectiva para la reducción de la demanda de petróleo para el transporte y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, que debería empezar con el fin de los privilegios fiscales para el diesel, tal y como anunció Pedro Sánchez, y determinar un calendario para el fin del uso de combustibles fósiles en automoción.

La ministra Reyes Maroto rectifica tras calificar de “globo sonda” el impuesto al diesel anunciado por el presidente del Gobierno

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Redacción / Agencias.- La ministra de Industria, Reyes Maroto, asegura que «se han sacado de contexto» las declaraciones que ha realizado sobre el impuesto al diesel y ha rectificado para mostrar su apoyo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incorporarlo a los Presupuestos de 2019.

«Las declaraciones que he hecho se han sacado de contexto. Se me ha preguntado sobre el debate abierto este verano en relación con el diésel y el impacto que estaba teniendo en los concesionarios y en los consumidores, una pregunta que nada tiene que ver con el anuncio que ha hecho el presidente que, por supuesto, apoyo plenamente», aclaró. En este sentido, Maroto ha querido subrayar que «apoyo plenamente el anuncio que ha hecho el presidente de incorporar la fiscalidad del diésel en los Presupuestos de 2019 que estamos elaborando».

La cuestión es que Maroto había afirmado que «se ha hablado mucho del impuesto del diésel, pero el Gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado», y ha considerado que «se ha hecho un globo sonda». «Se ha hablado mucho del impuesto del diésel, pero el Gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado», ha matizado Maroto. «Se ha hecho un globo sonda, pero nosotros estamos trabajando con el sector de forma muy coordinada, pensando en la industria y también en los consumidores. Hasta ahora las medidas que hemos tomado son buenas para el sector», ha añadido.

El Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) concede la licencia a Naturgy para construir una planta de energía fotovoltaica

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EFE.- El Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) ha aprobado la concesión de la licencia de obra a Unión Fenosa (Naturgy) para la construcción de dos fases de la planta fotovoltaica que se instalará en la localidad. Los proyectos, denominados Picón 1 y Picón 2, afectan a una superficie total de unas 270 hectáreas aproximadamente, según señaló el Consistorio.

Esta licencia se concede después de haber recibido en el Ayuntamiento todos los informes favorables por parte de las diferentes administraciones y la documentación requerida a la empresa Naturgy, que será la encargada de construir dicha planta. Desde el Ayuntamiento de Porzuna han recordado que la planta fotovoltaica «es fruto única y exclusivamente de un acuerdo de arrendamiento entre la empresa que acometerá la obra y los propietarios de las tierras donde se instalará dicha planta». En este sentido, el Consistorio se ha limitado a hacer los mismos trámites y gestiones que realiza cuando recibe la solicitud para la realización de cualquier otro proyecto de carácter privado en terrenos privados.

Previamente a la aprobación y celebración de la Junta Local de Gobierno, representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Porzuna han participado en una Comisión Informativa en la que se han aportado todos los informes y datos sobre este proyecto. Como ya ocurriera en un pleno anterior en el que se abordó este asunto por petición expresa de las personas contrarias al proyecto, los concejales de todos los grupos políticos que integran la Corporación Municipal han comprobado todos los permisos y autorizaciones pertinentes. Por ello, han dado el visto bueno al proyecto porque, según han explicado, «como Ayuntamiento no podemos negarnos a dar luz verde a un proyecto que cumple toda la normativa y todos los requisitos exigidos».

El municipio de Porzuna ingresará en torno a 2,5 millones de euros por canon e impuestos de construcción de las plantas Picón 1 y Picón 2, «un dinero que beneficiará a todos los porzuniegos puesto que permitirá poner en marcha nuevas iniciativas, mejorar las infraestructuras e incluso bajar impuestos». Esta cifra podría incrementarse si más adelante se aprueba la licencia para la planta Picón 3, pendiente de aportar la documentación necesaria y que afectaría a unas 130 hectáreas más. Además, habría que sumar también los ingresos anuales por el IBI que debería pagar la instalación.

El margen bruto medio del gasóleo aumentó un 12,5% en junio y el de la gasolina un 11,5%, según Competencia

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Europa Press.- El margen bruto medio del gasóleo experimentó en junio un incremento del 12,5% con respecto al mes anterior, o de 1,97 céntimos de euro por litro, mientras que el de la gasolina aumentó un 11,5%, o 1,84 céntimos de euro por litro, según el informe de distribución de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así, el margen bruto obtenido en ambos carburantes por los operadores se situó en 17,8 céntimos de euro por litro.

En junio, el precio promedio de los carburantes aumentó por tercer mes consecutivo. De esta manera, el del gasóleo creció un 0,9%, subiendo 1,13 céntimos por litro, hasta situarse en los 1,24 euros el litro, mientras que el de la gasolina se incrementó también un 0,9%, subiendo 1,22 céntimos por litro, hasta los 1,335 euros por litro. Estos movimientos al alza en los precios coincidieron con los experimentados por las cotizaciones internacionales, que llevaron así en junio al gasóleo y la gasolina a sus máximos desde 2014 y 2015, respectivamente.

Precios elevados: segundos y séptimos

España se mantuvo en el segundo puesto en el ranking de precios antes de impuestos más altos de la Unión Europea para la gasolina 95. Respecto al ranking del gasóleo A, España descendió de la quinta a la séptima posición. En lo que se refiere al ámbito provincial, las provincias del País Vasco, encabezadas por Guipúzcoa, fueron las que registraron los precios antes de impuestos más altos para ambos carburantes. Incluyendo los impuestos, Asturias fue, después de tres meses, la provincia peninsular con precios más altos en gasolina, seguida de A Coruña y Málaga, mientras que para el gasóleo, Galicia volvió a ser la comunidad autónoma con precios más caros.

En su informe, la CNMC destaca que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 introduce modificaciones en relación a la fiscalidad aplicable a los hidrocarburos líquidos, integrando, desde enero de 2019, el tramo autonómico con el tramo estatal en un único impuesto denominado tipo especial que será de aplicación por igual en toda la Península y Baleares. Así, el tramo autonómico se integrará adquiriendo su valor máximo (0,048 céntimos por litro para gasolinas, gasóleo A y querosenos; 0,012 euros por litro para gasóleos B y C y 0,002 euros por kilogramo para fuelóleos).

El Gobierno asegura que el aumento de la fiscalidad sobre el diésel será «progresivo» y eximirá «totalmente» a los profesionales

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Europa Press.– Mientras desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) han advertido de que es un «error» prescindir de tecnologías maduras y de «demostrada utilidad económica y social» como es el diesel, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la subida de impuestos al diésel será «progresiva» y que cualquier regulación que adopte el Gobierno en esta línea excluirá «expresamente» a transportistas profesionales y a autónomos.

En este sentido, Montero afirmó que la equiparación entre diésel y gasolina «no incidirá» sobre las cuentas de resultados de las pymes, los autónomos o aquellos sectores que puedan ser «vulnerables» en el desarrollo de su actividad. La titular de Hacienda defendió que la subida de impuestos al diésel planteada por el Ejecutivo está en línea con las recomendaciones de Europa. «Es un camino que hay que recorrer progresivamente para eliminar prácticas que puedan ser contaminantes con el medio ambiente o nocivas para la salud, como ya han hecho ayuntamientos de grandes ciudades con las limitaciones al tráfico de los vehículos diésel más contaminantes», subrayó.

Montero afirmó que esta subida de impuestos al diésel para equipararlo con la gasolina no se producirá de un día para otro, sino que será un «camino progresivo» con el que intentar «disuadir» de la utilización de este carburante como el más empleado por los españoles. «Es responsabilidad del Gobierno contribuir a corregir todo aquello que sea nocivo para la salud y malo para el medio ambiente. El Ministerio de Transición Ecológica trabaja, entre otras muchas medidas, en todo aquello que Europa dice que es necesario para contribuir en esta línea», agregó. Precisamente la ministra Ribera aseguró recientemente que el diésel «tiene los días contados».

Un «error» prescindir del diesel

Por su parte, Confemetal subraya que lejos de «condenar» al diésel, se debería considerar su uso como una herramienta más de la descarbonización de la economía española, «en cumplimiento de la demanda social y las exigencias de Europa». Además, Confemetal defiende que la implantación de «supuestos impuestos verdes» y tasas medioambientales, de modo directo o en sustitución de otros gravámenes, tiene un efecto «contraproducente», tanto para la actividad económica como para la «protección del entorno».

«Cualquier iniciativa medioambiental debería, además, incorporar el concepto de economía de inversión, de forma que una empresa que invierta en control medioambiental bajo una normativa determinada no pueda verse obligada a modificar los equipos correspondientes en tanto que no se hayan amortizado en términos económicos», añade. Confemetal, que no pone en duda la necesidad de regular el tráfico en áreas muy congestionadas para combatir la contaminación, destaca que los motores diésel se basan en tecnologías “muy eficientes” y tienen unos niveles de emisiones “muy ventajosos” respecto al resto de los motores de combustión interna, incluidos los de gasolina. Finalmente, resalta que los motores diésel son básicos para la industria, por lo que su sustitución es “muy difícil” y “muy costosa”.

Ribera asevera que «el diésel tiene los días contados» y que hay que «ir pensando en un proceso de salida»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado al anterior Gobierno del PP de haber utilizado partidas presupuestarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para financiar el déficit de tarifa en el sistema eléctrico al tiempo que ha manifestado en el Congreso que «el diésel tiene los días contados» y que su «impacto» en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».

En todo caso, sobre una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, la ministra se remitió a su colega María Jesús Montero, titular del departamento de Hacienda. Respecto a las restricciones al tráfico que preparan ciudades como Madrid, Ribera las ha celebrado como una medida «muy razonable y muy normal» pues cree necesario facilitar la movilidad pero también que ésta «afecte cada vez menos, en la medida de lo posible, a la salud de los ciudadanos». «Evidentemente, el diésel tiene los días contados. Durará más o menos, pero sabemos que su impacto en partículas y en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida», afirmó.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno debe plantearse qué «señales fiscales y regulatorias» puede aprobar para acompañar a los gobiernos municipales «en ese proceso de cambio» de la movilidad. La ministra ha aclarado que «no se puede culpabilizar a quien compra» un vehículo diesel, aunque el consumidor debe saber que su precio “no está reflejando el coste real del impacto que tiene ese coche». «Un consumidor responsable es lo mejor que podemos tener, pero para facilitar comportamientos de consumidor responsable tenemos que asegurarnos de que las señales de mercado, las señales fiscales, nos permitan discriminar de una manera intuitiva, natural, sin tener que hacer análisis profundísimos sobre qué significa cada compra», ha concluido.

El PP «vacía» partidas medioambientales

Respecto a sus críticas al PP, Ribera aludió a un «vaciamiento» del presupuesto de Medio Ambiente para cubrir el déficit de tarifa, lo que considera «el descubrimiento más importante y llamativo» que ha hecho al llegar a su departamento. En este sentido, la ministra contrapuso la utilización de estas partidas con la de las subastas de derechos de emisión de gases contaminantes, ya que considera «perfectamente legítimo» y «positivo» financiarlo a través de estos ingresos. «Menos mal que había subastas de emisión y que esos ingresos permitían financiar cosas», ha dicho, haciendo un llamamiento a pensar «en un contexto estructural» y dirigir este gasto «de forma más transparente y más estratégica, que no sustituyendo partidas presupuestarias preexistentes que han desaparecido«.

El transporte público pide 500 millones de euros al Ministerio de Transición Ecológica y acelerar la Ley de Cambio Climático

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Europa Press.– El sector del transporte público reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que acelere la Ley de Cambio Climático y que ésta incluya al menos 500 millones de euros para el sector después del avance del Inventario español de emisiones de CO2 que revela que en el último año las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron un 4,4%, el mayor incremento desde 2012.

La Asociación del Transporte Público (ATUC) recuerda que el tráfico rodado provoca en torno a la mitad de las emisiones de GEI en las ciudades y, de éstas, más del 90% son de coches. En concreto, las emisiones del transporte crecieron en el último año un 2,6%, según los datos publicados por el Gobierno que ahora remitirá a Bruselas para su validación. En este contexto, reclama que el texto de la futura ley recoja un espacio propio para el transporte público como alternativa al vehículo privado, sobre todo teniendo en cuenta las futuras prohibiciones al acceso y aparcamiento en el centro en ciudades como Madrid.

Un parque móvil “muy dieselizado”

Además, justifica la petición también en el hecho de que el parque móvil está «muy dieselizado» pese a que estos vehículos emiten un 15% más de dióxido de carbono por litro de carburante que los gasolina. La ATUC propone que de los 2.100 millones de euros que se ingresarán tras equiparar los impuestos a los carburantes, como mínimo 500 millones se dirijan al sistema de transporte público, tanto para contribuir a su financiación como para inversiones con las que mejorar los servicios y reducir el número de coches en circulación.

En esta línea, la asociación opina que la contribución del transporte público para reducir las emisiones «justifica de por sí» medidas encaminadas a un nuevo modelo de movilidad consensuado entre todas las administraciones competentes en la materia. Entre sus recomendaciones para la Ley de Cambio Climático, la ATUC pide de forma explícita que la futura norma inste al desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público, de la que España carece actualmente siendo una excepción en toda Europa; así como una financiación estable y compartida entre las distintas administraciones.

Entre sus propuestas también sugiere por el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades. Para el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, «no se entendería que la futura ley no reservara un espacio específico para el transporte público, que es la solución más efectiva contra los altos niveles de contaminación en las ciudades y contra las congestiones de tráfico que tantos problemas originan».