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Los carburantes dan un ligero respiro y se abaratan hasta un 0,45%

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Europa Press.- Los precios de la gasolina y del gasóleo han dado un ligero respiro y se han abaratado hasta un 0,45%. En concreto, el precio medio del litro de gasolina se ha abaratado por segunda ocasión consecutiva, tras caer un 0,45%, para situarse en los 1,332 euros. Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo, carburante cuya tributación pretende elevar el Gobierno, ha registrado su primer descenso, del 0,24%, desde finales de julio, cortando así una racha de ocho semanas consecutivas, para situarse en los 1,245 euros.

A pesar del abaratamiento registrado por ambos carburantes, su precio se mantiene en niveles que no se veían desde finales de 2014 mientras los precios del crudo han vuelto a repuntar ante la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de no aumentar su producción. Así, el precio del barril de crudo Brent supera los 82 dólares mientras que el Texas americano se intercambia a 73,33 dólares.

Con respecto a principios de año, el litro de gasolina es un 7,2% más caro, mientras que en el caso del gasóleo marca un precio un 8,5% superior. De esta manera, a los actuales precios, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta más de 73,26 euros, lo que supone unos 5 euros más que a principios de año. Para el gasóleo, el llenado de un depósito de 55 litros supone para el consumidor 68,47 euros, unos 5,4 euros más con respecto a enero.

Con estos precios, la gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta al público del litro de gasolina se sitúa en 1,479 euros y 1,526 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,378 euros en la media de la Unión Europea y 1,382 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España cuenta con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

ERC pide a Hacienda que las comercializadoras eléctricas tributen a los ayuntamientos el IAE según su facturación en el municipio

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Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) quiere que las empresas comercializadoras de electricidad tributen a los ayuntamientos el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en función de su facturación en el municipio, y no en un pago fijo, como vienen haciendo hasta ahora. Por ello, ha planteado al Ministerio de Hacienda que acabe con una «anomalía legislativa» que, lamentan, perjudica «a pequeñas comercializadoras eléctricas que intentan abrirse al mercado».

Así lo expone el portavoz de Energía de Esquerra, Joan Capdevila, quien ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que pide al Gobierno «corregir esta situación» y que aclare si contempla este cambio. En caso afirmativo, quiere saber qué fecha maneja para ponerlo en marcha. Capdevila explica que, tras separarse las actividades de distribución y comercialización de la energía eléctrica en 1997, no se llevó a cabo una modificación en el IAE, quedando únicamente un epígrafe para las empresas de distribución.

Sin embargo, muchos municipios no renuncian a cobrar el IAE a las comercializadoras, a las que reclaman el abono de esta tasa que establece un importe fijo, independientemente del volumen de facturación que exista en un determinado municipio. «Esto supone un coste inasumible para las pequeñas comercializadoras y pone en serio riesgo la tímida evolución de la competencia en el sector eléctrico que se ha producido últimamente», recalca Capdevila, que calcula en un 10% el peso de los pequeños operadores.

Facua asegura que suspender el impuesto a la generación bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café»

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Europa Press.- Facua ha advertido que la medida anunciada por el Gobierno de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café«. En este sentido, su portavoz, Rubén Sánchez, calificó de «bochornoso» que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «haya anunciado con tanta grandilocuencia una medida que venían reclamando las propias compañías eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de Rajoy«.

Asimismo, Facua subraya que en septiembre la factura de un consumidor medio se ha encarecido un 3,4%, unos 2,74 euros, por lo que el incremento interanual es del 15,4%. Por ello, la asociación considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya afirmado que su medida va a «aliviar la factura eléctrica a los consumidores«. Hay que recordar que Facua entregó sus propuestas sobre el suministro eléctrico al secretario de Estado de Energía, José Domínguez. La asociación pide la bajada del IVA al 4%, desde el 21% actual, lo que, según sus cálculos, ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Asimismo, propone crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada.

«Sólo beneficiará a la industria»

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige una «revisión completa» del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz, ya que considera que la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica «sólo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores«. En este sentido, la organización afirma que es necesaria esta revisión completa del sistema, «en la que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas accesibles para todos los hogares».

Asimismo, considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, «que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019». Al menos, OCU valora «positivamente» el avance que supone que el Ministerio para Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee «la necesidad de revisar el bono social, ampliándolo también a la calefacción».

Sin embargo, la OCU considera que la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera «serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor». Así, pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan «una factura más justa», entre las que figuran la retirada o limitación de los conceptos que incrementan artificialmente la factura, así como la asignación de una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores y la aplicación de mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el pool.

Montero avanza que el impuesto al diésel supondrá 3,3 euros más al mes cuando los carburantes alcanzan sus máximos anuales

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Europa Press.- Mientras el precio medio del litro de gasóleo ha escalado a nuevos máximos desde 2014, situándose en los 1,248 euros, y la gasolina llega a 1,338 euros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanza que el impuesto al diésel que está diseñando el Gobierno supondrá un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor medio, aquel que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, quedando excluidos profesionales que utilizan el transporte como medio de trabajo, entre ellos transportistas y taxistas.

En concreto, la titular de Hacienda ha explicado que la aportación por este tributo estará en torno a 38 euros cada mil litros, lo que significará unos 3,3 euros mensuales para los consumidores que tengan un perfil medio, una cantidad que Montero espera «que no tenga una repercusión importante en el bolsillo del consumidor«. «Será la aportación y el granito de arena para que nuestros nietos y biznietos puedan disfrutar de un planeta verde«, ha señalado la ministra de Hacienda. De esta forma, tras este incremento en el impuesto al diésel, llenar el depósito de los coches que utilizan este combustible será unos 2,15 euros más caro, teniendo en cuenta que un depósito tiene una capacidad media de 57 litros.

“Disuasorio” con ciertas conductas medioambientales

Según la titular de Hacienda, la propuesta que está barajando el Gobierno en este momento sobre el impuesto al combustible diésel no busca un afán recaudatorio. «Es un afán básicamente para ser disuasorio con las conductas medioambientales«, ha señalado. En este sentido, Montero señala que la fiscalidad del diésel forma parte de un paquete de medidas de cambio climático y ha insistido en que se está abordando una subida que prácticamente «no se va a notar en el conjunto de los bolsillos de los ciudadanos«.

En la actualidad, el impuesto al diésel está fijado en 307 euros cada mil litros, que se verá incrementado en 38 euros cada mil litros, hasta 345 euros cada mil litros, de aprobarse dicho incremento. La intención del Ejecutivo es equiparar la fiscalidad del diésel y la de la gasolina, que se encuentra actualmente en 400 euros cada mil litros.

Quita peso a la polémica

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la polémica creada en torno al diésel se ha debido más bien «a la necesidad de una serpiente de verano» que a una «discrepancia de fondo» en cuestiones fundamentales. En este sentido, Ribera ha reconocido que la polémica sobre el diésel «da mucho juego» y ha puesto en valor el «peso» de la industria automovilística en España. Asimismo, la titular para la Transición Ecológica destacó el desafío que supone la nueva movilidad, la cual considera que se debe utilizar como «un factor de cambio«. Para ello, ha abogado porque instituciones e industria vayan «de la mano».

Ribera ha defendido también que el Gobierno ha estado «desde el primer día» dispuesto a trabajar en esta nueva movilidad, en una mesa compartida en la que abordar los aspectos «más complejos» para identificar nuevos objetivos ante los horizontes de 2025/2030. Por último ha recalcado que «no hay justificación» que explique «por qué tiene un tratamiento diferente la gasolina que el diesel», algo en lo que cree que está de acuerdo la industria del automóvil.

Los carburantes siguen en máximos

Esta subida de impuestos se plantea mientras el precio medio del litro de gasóleo ha escalado a nuevos máximos desde 2014, situándose en los 1,248 euros, tras encadenar su octava semana de subidas. En concreto, el litro de gasóleo, carburante cuya tributación pretende elevar el Gobierno, ha repuntado estos días un 0,16%, tocando máximos desde finales de noviembre de 2014. Este incremento en el gasóleo contrasta con el descenso registrado en el precio medio del litro de gasolina, que se ha situado en los 1,338 euros, tras caer un 0,22%. No obstante, el precio de este carburante se mantiene en máximos desde noviembre de 2014.

Estos niveles en los precios de los carburantes se producen cuando los precios del crudo se han consolidado en torno a los 80 dólares. En concreto, el Brent superaba los 82 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba a 73 dólares. Con respecto a principios de año, el litro de gasolina es un 7,6% más caro, mientras que el gasóleo marca un precio un 8,8% superior. De esta manera, a los actuales precios, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta más de 73,59 euros, lo que supone unos 5,22 euros más que a principios de año. Para el gasóleo, un depósito de 55 litros supone para el consumidor 68,64 euros, 5,55 euros más con respecto a enero.

En cualquier caso, la gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta al público del litro de gasolina se sitúa en 1,485 euros y 1,531 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,383 euros en la media de la Unión Europea y 1,385 euros en la eurozona. El menor nivel de precios con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, cuenta con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la luz y reducir la parte fija de la factura

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Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomienda al Gobierno establecer un tipo de IVA reducido a la luz y reducir la parte fija de la factura como medidas para combatir la espiral alcista de la electricidad. En el caso del IVA reducido, considera que se debe aplicar ya que la electricidad es un bien de «primera necesidad que no se beneficia del tipo reducido de IVA que sí acompaña a otro tipo de productos básicos».

En lo que respecta a la parte fija de la factura, señala que cargar costes fijos en la factura eléctrica dificulta el ahorro, «supone un lastre a la competitividad de las empresas españolas y, además, es poco equitativo, pues no se tiene en cuenta la capacidad de pago del consumidor en un bien de primera necesidad». En este sentido, el Defensor del Pueblo reitera la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente los vulnerables, ante las continuas y recientes subidas que está registrando el precio de la electricidad, «uno de los más elevados de Europa».

Asimismo, muestra su preocupación por este elevado precio de la electricidad, que «es un bien de primera necesidad para todos y esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación o la salud». De esta manera, pide una regulación del sector eléctrico que se marque el objetivo de lograr una energía «más asequible y que, por tanto, resulte más beneficiosa para los consumidores».

Además, el Defensor del Pueblo recomienda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pida a OMEL y a Red Eléctrica de España que clarifique el mecanismo de formación de precios de la energía eléctrica con «una adecuada difusión y con una versión comprensible para el público». En su opinión, la modificación del actual algoritmo que determina las ofertas redundaría «en una bajada del precio del megavatio en este mercado». Finalmente, el Defensor del Pueblo asegura que está haciendo un seguimiento para comprobar el cumplimiento del bono social de la luz.

El déficit del sistema eléctrico asciende a 2.044 millones de euros hasta julio, 579 millones menos de lo previsto

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Europa Press / EFE.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 2.044,3 millones de euros hasta julio, 579 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación provisional de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los ingresos por peajes de acceso fueron de 7.213 millones de euros, mientras que los costes regulados se elevaron a 9.515,3 millones de euros. El regulador señaló que este resultado de liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 321 millones de euros, a la menor retribución específica en 28,2 millones de la producción renovable, cogeneración y residuos del sistema peninsular y a la menor retribución de la actividad de distribución en 171,8 millones.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada (124.399 GWh) fue un 1,9% superior al valor promedio observado en años anteriores. Dado que los ingresos no fueron suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 75,82% y se aplica a cada uno de los costes a pagar en esta liquidación.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.608 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada entre enero y julio ascendió a 4.184,3 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Como consecuencia de estos desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 519,23 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ascendió a 42,8 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Según la CNMC, a la fecha del cierre de la liquidación se recibieron ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,34 millones de euros, antes de IVA o impuesto.

149 millones en el gasista

Respecto al sector gasista, el déficit provisional del sistema fue de 149 millones de euros, frente a los 232 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 36%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la liquidación, se ha calculado un índice de cobertura del 91,1% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados fue de 1.677 millones, un 3,6% superior a los ingresos previstos para la liquidación y un 7,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.

En esta séptima liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas ascendió a 1.672 millones de euros, que es un 0,4% superior a la del 2017. Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden ETU/1283/2017, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

El PSOE sostiene que los impuesto a los residuos nucleares de Garoña puede convertir su almacenamiento temporal en definitivo

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EFE.- La diputada socialista burgalesa Esther Peña considera que establecer un impuesto a los residuos nucleares en la zona de Garoña, como plantea la Junta de Castilla y León y que sería único en España, puede convertir esos depósitos en definitivos y atraer residuos de otros lugares.

«El impuesto puede ser una excusa para un almacenamiento permanente porque es más fácil pagar y saber que los residuos se pueden depositar en Garoña que llevar los residuos a otros lugares, con un coste mucho mayor, como los de la central de Vandellós, depositados en Francia», ha explicado Peña. Por ello el grupo socialista llevará a las Cortes de Castilla y León una enmienda a la totalidad y 7 parciales contra la ley para gravar los residuos nucleares que plantea la Junta. Una de ellas plantea que cada año se dupliquen los tipos impositivos, de manera que cada vez resulte más caro el almacenaje.

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, el procurador José Francisco Martín, se ha mostrado convencido de que el impuesto no se llegará a aplicar porque «al día siguiente será recurrido por la propietaria de la central nuclear de Garoña y seguramente por la Administración General del Estado, que ya grava con un impuesto los residuos de toda España”. En su opinión, el proyecto es «una chapuza» que se apoya en que lo que gravaría son los riesgos de contaminación ambiental y no los propios residuos, aunque «eso no se sostiene» porque la cuantía a pagar se pretende fijar en base al volumen de residuos.

«Solo se puede gravar un negocio o un hecho, pero no un riesgo y eso lo sabe la Junta de Castilla y León, para la que este impuesto es solo una excusa para no aportar fondos para la dinamización del entorno de Garoña tras el cierre de la central nuclear», explicó el procurador. Por esa razón, los procuradores socialistas presentarán una iniciativa en cuanto se apruebe el impuesto para que la Junta de Castilla y León se comprometa a invertir en el entorno de Garoña al menos los 10 millones de euros que prevé recaudar, independientemente de que ese impuesto llegue a cobrarse o no, ha anunciado José Francisco Martín.

Para el portavoz socialista en el Senado, Ánder Gil, crear un impuesto autonómico que grave los residuos es «una ocurrencia absurda, única en el mundo». En su opinión, la Junta de Castilla y León y el PP solo quieren «lavarse la cara» con este proyecto de ley porque no quisieron atender a las reiteradas peticiones del PSOE para gravar a la planta nuclear cuando generaba beneficios millonarios y quieren hacerlo ahora que la planta está parada, argumentando los daños ambientales y para la salud que hasta ahora venían negando. El senador ha insistido en que el Gobierno actual si tiene una estrategia de transición energética y ya estudia medidas para apoyar al entorno de Garoña.

Ribera defiende la subida al diésel como fiscalidad verde y que la transición será más rápida en el sector eléctrico

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha indicado que, dentro de la transición energética, donde hay posibilidad de hacer las cosas más rápidamente es en el sector eléctrico, que va a permitir activar de forma más rápida los cambios que se necesitan para luchar contra el cambio climático. Asimismo, la ministra defendió la subida de impuestos al diésel como una medida de fiscalidad verde dentro del periodo de transición hacia una movilidad eficiente y sostenible que marca Europa.

Ribera recordó que ha sido el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se ha comprometido a que dicho gravamen no afecte a los conductores profesionales. Sánchez confirmó a principios de mes que la subida de impuestos al diésel irá incluida en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y que de ella quedarán exentos los conductores profesionales. «La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y todos los organismos internacionales alertan de la importancia de trabajar en esta dirección para la reducción de emisiones. No se van a ver afectados los propietarios de los coches de la actualidad», apuntó Ribera.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, le pidió a Ribera «responsabilidad» ante una medida que afecta a 40.000 empleos directos en el sector de la automoción. En España se fabrican 3 millones de vehículos al año entre sus 17 factorías y 1,4 millones de unidades son vehículos diésel. «El PP sí cree en un transporte de cero emisiones, que exige un periodo de transición para que se adapte la industria y los consumidores». subrayó. Asimismo, Mariscal instó a la ministra a que ponga en marcha los 50 millones de incentivo a la compra de vehículos alternativos y para la instalación de puntos de recarga, recogidos en los últimos Presupuestos aprobados.

Por su parte, Ribera aseguró que el Gobierno trabajará “en los dos campos”: en cómo ofrecer una movilidad sostenible en España y en cómo acompañar a la industria automovilística en este proceso de modernización para que siga teniendo el peso en el empleo y en el PIB (11% del total) del que goza en la actualidad. En este sentido, la ministra explicó que «la realidad es compleja» y hay que tener en cuenta diversas referencias, entre ellas la valoración que hacen los ciudadanos de la calidad del aire, algo que ya ha hecho que en París, Londres, Suecia o Noruega se hayan aprobado normativas para prohibir los diésel a partir de 2025, 2030 o 2040.

El Ministerio de Industria aprobó recientemente un régimen transitorio a la aplicación del nuevo ciclo de homologación de consumos y emisiones WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros, por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2020, de forma que usarán unos valores correlados para reducir el impacto sobre el sector. Así, junto al compromiso de «acompañar» a la industria en un plazo de dos años con el cómputo transitorio que permite Bruselas, el Gobierno «en ese plazo de adaptación» facilitará «mejorar la movilidad, revisar la fiscalidad, impulsar la electrificación y la revisión de los objetivos de reducción de emisiones«.

Transición más rápida en electricidad

Respecto a la electrificación de la economía, Ribera cree que la incorporación de nuevos usos de la electricidad será más rápida que otros de los cambios que hay que hacer para rebajar emisiones a la atmósfera.En este sentido, ha destacado la trascendencia que tendría para la seguridad del planeta y de los que lo habitan disponer pronto de un contexto de cero emisiones, particularmente en la electricidad, donde asegura que hay capacidad para hacerlo, y ha añadido que todos los que analizan estas cuestiones coinciden en señalar unas «fantásticas prospectivas para el sector eléctrico».

Eso sí, Ribera ha resaltado que el sector energético enfrenta ahora nuevos desafíos, entre ellos el de un escenario eléctrico con una mayor complejidad de actores.Pese a ello, subrayó que es importante contar con actores estructurados como Aelec, con una gran experiencia y que entienden lo que han sido los grandes desafíos del pasado y están en condiciones de hacer una lectura de los del futuro.La ministra destacó la capacidad de entendimiento y señales de compromiso que han mostrado los asociados a Aelec, las principales compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo), con el nuevo Gobierno y confía en que esas primeras señales se conviertan en realidades.

El PP hace que el Parlamento de Galicia descarte demandar al Gobierno una bajada del IVA de la energía eléctrica

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EFE.- El Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos en contra de los diputados del PP, grupo mayoritario en la Cámara autonómica, una proposición de En Marea (Podemos) instando a la Xunta a reclamar al Gobierno central una bajada del IVA de la energía eléctrica.

La iniciativa, que fue respaldada por la totalidad de grupos de la oposición, planteaba el descenso de la carga impositiva de las potencias y consumos “establecidos como imprescindibles”, a semejanza de otros países europeos con prestaciones sociales de este tipo. Al texto inicial le fue incorporada una enmienda del propio grupo de En Marea ya que, según ha explicado el diputado Pancho Casal, la “situación de emergencia” desatada a consecuencia del anuncio de inminentes nuevos incrementos del precio de la energía hace necesarias más medidas.

De este modo, el Legislativo gallego ha descartado también los puntos adicionales incorporados, que preveían pedir al Gobierno ampliar el plazo para que los beneficiarios del subsidio denominado «bono social» se suscribieran al nuevo plan y desarrollar una campaña de información y asesoramiento sobre el mismo. Por último, también se instaba al Instituto Gallego de Consumo a emprender acciones en el marco de sus competencias “contra la manipulación de precios”. Casal también anticipó que la nueva subida “puede suponer una trágica sorpresa” para muchos hogares.

Sin embargo, la parlamentaria del PP, Marta Nóvoa, ha justificado el rechazo a esta propuesta de su grupo en que, si bien el precio de la energía eléctrica puede ser casi “inasumible” para muchas familias, se trata de medidas “que ya se hacen o que están previstas”. De igual forma, ha discrepado con la visión que En Marea ha mostrado el escenario eléctrico en Galicia.

Facua pide al Gobierno bajar al 4% el IVA de la luz para que cada consumidor ahorre 130 euros anuales

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Europa Press / EFE.- Facua ha propuesto al Gobierno que baje al 4% el IVA de la luz, una medida que ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, al considerar que mantener este tributo al 21% está «injustificado» para un suministro esencial. Así se lo trasladó el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Sánchez le entregó un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, donde se recogen sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y garantizar el acceso a los consumidores domésticos y luchar contra la pobreza energética,. Por ello Facua reclama al Ejecutivo socialista que establezca una tarifa regulada para todos los consumidores domésticos que no superen los 10 kW de potencia contratada y con un tope razonable de kWh de consumo al año.

El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los «desproporcionados» precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Sánchez ha reconocido que el informe plantea «un giro radical» con la regulación de la factura eléctrica que considera “necesario” ya que el mercado libre es «una farsa» y las eléctricas «no tienen ninguna intención de competir, son oligopolios» y «no hay competencia«. Asimismo, Sánchez expresó su deseo de que «todos los grupos de la oposición y, por supuesto, el grupo que sustenta fundamentalmente al Gobierno» valoren todas las reivindicaciones. El portavoz de Facua ha defendido que hay que evitar el corte de suministro eléctrico «a ciertos perfiles de consumidores», como familias «con niños pequeños, con ancianos o con enfermos».

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido «un fracaso aún mayor» que el que se aprobó durante la etapa socialista de Rodríguez Zapatero, “que ya era malo”. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a todas las familias numerosas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

Además de repercutirse el IVA más elevado, éste ha aumentado en los últimos años. Pasó del 16% al 18% en julio de 2010 y subió al 21% en septiembre de 2012. Asimismo, desde enero de 1998 al recibo se le aplica, además del IVA, el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%. A partir de ese año, al término fijo y al variable de la factura se le repercutieron impuestos indirectos que sumaban el 21,93%, porcentaje que se elevó al 24,03% con la subida del IVA de 2010 y al 27,19% con la de 2012.

Desde este 27,19%, el porcentaje bajaría al 9,32% si se aplicase el IVA superreducido, una de las reivindicaciones que Facua ha trasladado al Gobierno para reducir la desproporcionada e factura que pagan los usuarios en España. La organización ha realizado su comparativa teniendo en cuenta las tarifas aplicadas durante el último año a las familias con la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y contadores sin telegestión.