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La eólica aportó 16.379 millones de euros al PIB y ahorró 21.807 millones al sistema eléctrico entre 2012 y 2017

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Europa Press.- El sector eólico aportó un total de 16.379 millones de euros entre 2012 y 2017 a la economía española y ahorró 21.807 millones de euros al sistema eléctrico en ese periodo, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En este sentido, la presidenta de AEE, Rocío Sicre, destacó que pocos sectores de la economía pueden estar «tan orgullosos de su adaptación al cambio como el sector eólico».

En 2017, el sector eólico aumentó su contribución al PIB de España hasta los 3.394 millones de euros, representando un 0,31%, frente al 0,25% que suponía en 2015. Este crecimiento del sector se debió, principalmente, a su enfoque en la exportación de la mayor parte de su producción, a la prestación de servicios de operación y mantenimiento y al suministro de repuestos a los parques eólicos existentes en España. Así, las exportaciones del sector eólico el año pasado ascendieron a 2.391 millones de euros, frente a unas importaciones de 890,5 millones de euros, lo que hizo que las exportaciones netas supusieran 1.500,4 millones de euros, un 65% de la contribución directa al PIB del sector.

En lo que respecta al empleo, las empresas eólicas empleaban en 2017 a 22.578 personas, lejos de los máximos de más de 41.000 empleados que se alcanzó en 2008, pero confirmando la recuperación frente a los 20.201 a los que cayó en 2016. Además, el uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles supuso ahorros para el sistema valorados en 21.807 millones de euros en el periodo 2012-2017, debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico. De esta manera, para un consumidor medio residencial, con un consumo de 4.000 kilovatios hora (kWh) anuales, el ahorro fue de 351 euros en su factura de la luz.

En lo que respecta a impuestos y tributos, el sector abonó en los últimos seis años un total de 2.774 millones de euros, de los cuales 1.097 millones de euros se corresponden con 2016 y 2017. En el caso de los productores eólicos, por cada 1.000 euros de ingresos, 160 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos, mientras que 137 euros se generan como beneficio neto después de impuestos. Así, los tributos suponen más del doble que los gastos de personal, superando sólo el impuesto del 7% sobre la generación la partida destinada a remunerar a los empleados.

A finales de 2017, España contaba con 23.092 megavatios (MW) y la generación eólica en ese año fue de 47.628 gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 18%. Por otra parte, Sicre destacó que, tras las tres subastas celebradas en 2016 y 2017, el sector tiene por delante el compromiso de instalar 4.600 MW en la Península Ibérica, más el cupo canario a 2020, un objetivo «ambicioso» pero que el sector «no ha enviado señal alguna de que esta potencia no se vaya a poder instalar«. No obstante, subrayó que para hacer posible ese «crecimiento lineal, sin parones y acelerones», el sector necesita el respaldo en materia administrativa y regulatoria.

Así, pidió un marco regulatorio estable, «con consenso político y que perdure», además de una visibilidad a largo plazo «para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales» y de la formulación de un sistema adecuado que «garantice la rentabilidad razonable y perdure durante la vida útil de las instalaciones«. También consideró necesario un sistema de subastas «bien diseñado», con un calendario como el de países del entorno, así como unas reglas que incentiven la repotenciación de los parques eólicos más antiguos y situados en los emplazamientos con mejor recurso y una regulación que permita extender la vida útil de los parques en las condiciones más óptimas posibles.

Con los objetivos que prevé el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 2030, con un horizonte de un 70% de electricidad renovable y un 35% de renovables en energía final, el sector prevé una media de crecimiento anual para la eólica de 1.700 MW hasta 2020 y como mínimo de 1.200 MW desde 2020 a 2030. «Estas cifras de incremento de la eólica en España para los próximos años ofrecen una visión objetiva del papel que esta tecnología tendrá en el futuro», añadió Sicre.

155 millones de toneladas evitadas

Por otro lado, la sustitución de producción de electricidad a partir de combustibles fósiles por energía eólica durante 2017 contribuyó a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en 25 millones de toneladas de CO2, según Sicre, que ha añadido que esta sustitución de electricidad de origen fósil por eólica evitó además la importación de 9,2 millones de toneladas de petróleo en ese año.

El estudio señala también que la eólica en España ha evitado la emisión a la atmósfera de 155 millones de toneladas de CO2 entre 2012 y 2017, de las que 50 millones se evitaron entre 2016 y 2017. En total, desde el 2000 hasta 2017 la eólica ha evitado la emisión a la atmósfera de 328 millones de toneladas de CO2, de los que 25 millones se evitaron en 2017. Asimismo, el análisis compara los «beneficios ambientales» de la eólica respecto del carbón e indica que durante 2017 las emisiones que permitió reducir la energía eólica equivalen al 58% del total de emisiones que generaron las centrales térmicas de carbón.

En total, las emisiones evitadas desde el 2000 hasta 2017 por el sector alcanzaron las 328 millones de toneladas de CO2 equivalente, un volumen superior a todas las emisiones de España durante 2016, cuando se lanzaron a la atmósfera 325 millones de toneladas de CO2. Es decir, que el parque eólico ha ahorrado el equivalente a un año de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto al volumen de importación de combustible fósil que se ha evitado mediante la energía eólica, el informe para la organización que representa al sector eólico señala que solo en 2017 se evitó la importación de 57 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y 113 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este volumen ha supuesto un ahorro estimado de unos 2.554 millones de euros.

Los impuestos medioambientales aumentaron un 3% en 2017, hasta los 21.382 millones de euros, y representan un 8,2% del total

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Europa Press.- Los impuestos ambientales ascendieron a 21.382 millones de euros en 2017, lo que supuso un incremento del 3% respecto al año previo, cuando se alcanzaron los 20.754 millones, según las cuentas medioambientales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En relación con los Impuestos sobre los productos, totalizaron 17.886 millones de euros, un 3,5% más que el año anterior. Por su parte, los Otros impuestos sobre la producción se situaron en 1.631 millones, un 3% más. Así, los impuestos de naturaleza ambiental representaron el 45,8% de Impuestos sobre los productos. Por otro lado, los Otros impuestos corrientes con finalidad ambiental supusieron el 42,9% del total y los Impuestos sobre la producción ambientales, el 8%.

Por categorías, los impuestos ambientales se agrupan en tres: Impuestos sobre la energía, que en 2017 representaron el 82,9% del total, Impuestos sobre el transporte, que se correspondieron con el 12,7%, e Impuestos sobre la contaminación y los recursos, los cuales ocuparon el 4,4%. A este respecto, los Impuestos sobre la energía aumentaron un 3,3% en relación a 2016, mientras que los Impuestos sobre la contaminación y los recursos crecieron un 2,6% y los ‘Impuestos sobre el transporte’, un 1,5%.

Los hogares pagan la mitad

Dentro de los impuestos sobre productos, los Impuestos sobre la energía alcanzaron los 17.278 millones de euros, un 3% más que en 2016. Entre los Otros impuestos sobre la producción, los Impuestos sobre la energía fueron los únicos que crecieron, concretamente, un 13,9%. Asimismo, en los Otros impuestos corrientes destacó la bajada del 1,6% de los impuestos sobre transporte. Los hogares españoles pagaron el 51,2% del total de impuestos ambientales en 2017: abonaron el 80,4% de los Impuestos sobre el transporte y el 49,3% de los Impuestos sobre la energía.

Por su parte, los sectores productivos pagaron el 48,8% del total de impuestos ambientales. Por tipo, corresponde al 97,1% de los Impuestos sobre la contaminación y los recursos y al 50,7% de los Impuestos sobre la energía. En la clasificación por ramas de actividad, las que pagaron más impuestos ambientales en 2017 fueron Transporte y almacenamiento, el 15,4% del total, Otros servicios, el 9,9%, e Industria manufacturera, el 8,2%. Por el contrario, las que menos pagaron fueron Construcción, un 0,9%, Industrias extractivas, un 1,1%, y Agricultura un 1,3% del total.

Los consumidores industriales alertan del impacto de los altos costes del gas en la competitividad del sector

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Europa Press.- Las grandes industrias consumidoras de gas han alertado del peligro que suponen los altos costes de gas en España en la competitividad del sector y piden cambios para que la industria nacional cuente con un gas «competitivo» y consiga alejar el «fantasma» de la deslocalización del tejido industrial.

Así lo indicó el presidente de la Asociación para un Gas Industrial Competitivo (GasIndustrial), Javier Esteban, que destaca que, en 6 de cada 10 industrias, el gas supone más del 60% del total de su coste energético. Para Esteban, la principal necesidad del sector es la reducción de los costes regulados, de forma que se disminuya la retribución a las actividades reguladas del transporte, regasificación, almacenamiento y distribución, eliminando costes ajenos a los servicios, fomentando el incremento de la demanda para reducir costes del sistema, redefiniendo las tarifas de peajes e incrementando la eficiencia de los peajes con mayor desagregación.

Apoya la interconexión con Europa

Entre el resto de medidas, Esteban ha señalado la necesidad de lograr un menor coste del precio de mercado reduciendo las barreras que limitan la entrada de gas en el país, apoyando la creación de infraestructuras de conexión con Europa y simplificando la normativa de acceso a almacenamientos, gaseoductos y redes de distribución. GasIndustrial también ha pedido la reducción de cargas fiscales al gas para consumo industrial y que se ponga el foco en la descarbonización de la energía, tratando de que este proceso no perjudique a los consumidores industriales.

El estudio concluye que la industria española, cuya factura de gas supone más de 4.700 millones de euros, representa el 60% del consumo nacional de gas y que solo dos comercializadoras, Naturgy (Gas Natural Fenosa) y Endesa, concentran el 60% de la cuota de mercado, con un 41% y un 16%, respectivamente. Además, el 73% de las industrias de filiales españolas de multinacionales afirman pagar más por el gas que sus homólogas en otros países, algo que para GasIndustrial coloca a las empresas españolas en una «clara situación» de desventaja.

Araluce (Foro Nuclear) ve inviable el cierre de las centrales españolas antes de 2030 porque supondría triplicar la potencia renovable

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Europa Press.– El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ve poco factible el cierre nuclear español antes de 2030 en el contexto de lucha contra el cambio climático y en plena transición ecológica porque esto supondría «triplicar» el parque de renovables en ese plazo, algo que considera «poco factible».

En la actualidad, según ha explicado Araluce, para cumplir con el Acuerdo de París en un objetivo de limitar la temperatura global del planeta de 2 grados centígrados, la generación eléctrica actual debe reducir en torno a un 70% sus emisiones. «Eso significa un esfuerzo tremendo de introducción de energías no emisoras de CO2», ha señalado Araluce, por lo que habría que actuar sobre los 100.000 GW/h de tecnologías emisoras de CO2 (carbón, gas fuel) sobre los 260.000 GW/h que se generan actualmente en España.

De este modo, Araluce estima que hay que instalar la potencia necesaria para generar 60.000 GW/h, lo que equivale a duplicar estrictamente las renovables. Pero para garantizar la estabilidad del sistema, porque las renovables «fluctúan mucho», suprimiendo las nucleares se necesitaría «triplicar» la potencia instalada actual. Según las cifras del sector, que reclama su papel en la transición energética, se necesitaría instalar en España 30 GW de potencia instalada de renovables de aquí a 2030, lo que para Araluce supone un «esfuerzo enorme» que equivale a «toda la potencia renovable instalada en la historia de España en 12 años» para rebajar un 60% las emisiones.

Aún más, ha añadido que si además de reducir en un 60% las emisiones de CO2, España quiere prescindir de la energía nuclear, habrá que instalar otros 60 GW de potencia instalada. «Habría que triplicar el parque renovable español de aquí a 2030 para llegar a 90 GW. Eso supone, sin nuclear, instalar cada año 6.000 MW y nosotros pensamos que eso es irrealizable», ha sentenciado. De ese modo, defiende que en los próximos años, sin la «fundamental» energía nuclear «no va a ser posible cumplir el Acuerdo de París».

Por ello, asegura que el sector en España está «relativamente tranquilo» porque los números «hablan por sí solos» aunque luchará por la «continuidad» del parque actual y quizá, en el futuro, por plantearse aumentar la potencia nuclear como en «otros muchos» países. A nivel internacional, lamenta que en Europa «curiosamente» se cree que la energía nuclear está en declive a pesar de que en estos momentos se construyen más centrales que nunca. Si bien, admite que el mercado se ha trasladado de Estados Unidos y Europa hacia Rusia y Asia. «En la actualidad aumentar la potencia nuclear instalada en España es una utopía. Podría ser en el futuro, pero ahora no veo las circunstancias», reconoce.

En esta situación, confía en que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sepa distinguir que una cosa es el programa electoral, lo que al partido de Gobierno le gustaría, y la realidad de lo que se puede hacer o no. Por ello, a pesar de las declaraciones del secretario de Estado de Energía, cree que el Gobierno compaginará el programa electoral con la realidad de la lucha contra el cambio climático. «Todo cae por su propio peso, nos guste más o menos y la nuclear es fundamental ahora y en el futuro«, opina.

Así, confía en poder mantener alguna interlocución con la ministra Ribera como representante de la industria aunque cree que la mayor interlocución se hará con los dueños de las empresas eléctricas. «Tenemos que llevarnos todos bien para cumplir con el Acuerdo de París. Este es un esfuerzo de todos», avisa. En este contexto, ha afeado al Gobierno de Mariano Rajoy, porque se declaraba «partidario» de la energía nuclear pero «la dejó morir» y no hizo los esfuerzos suficientes para defenderla y darle herramientas para continuar. Por ello, recuerda que las desavenencias entre las eléctricas y el Ejecutivo popular fueron públicas y claras. «Obras son amores y no buenas razones», comenta.

Otro de los aspectos por los que Araluce insiste en la necesidad de ampliar la vida de las centrales nucleares es el hecho de que la generación futura será más distribuida, con parques más pequeños y con un aumento de la demanda, para lo que habrá que modificar la estrategia de la red con mayor interconexión con Francia e incremento de la electrificación. «La electrificación de la economía requerirá un parque mayor de generación y si esta es distribuida, el reto para la red eléctrica será mayor, por lo que sin la nuclear en la transición no salen los números y no se puede cumplir el Acuerdo de París», insiste.

Por otro lado, critica la «fiscalidad ambiental gigantesca» que soporta el sector frente a la «idea instalada en el ambiente» de que las nucleares son un «sector boyante que gana dinero a espuertas». Así, afirma que las centrales pagan más del 40% en impuestos sobre su facturación, lo que asfixia a las plantas, que además realizan un importante esfuerzo inversor.

Respecto a la medida de quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, cree que beneficiará a todos y que se traducirá en una rebaja de la factura de poco más del 2%, por lo que pide otros mecanismos para bajar el precio. «El sector se siente maltratado en cuanto a fiscalidad y subvenciones, porque tiene una sobrefiscalidad asfixiante que conduce a la no viabilidad de las centrales», ha defendido. Por eso, añade que si al final «se decide» que la nuclear es importante en el tránsito hacia el objetivo de frenar el cambio climático, entonces hay que hacerla viable porque el parque español «nunca» va a dejar de invertir en seguridad y renovación.

De hecho, afirma que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) está en la actualidad «mucho más nueva» que cuando el propio Araluce dirigió la planta durante su arranque. «Almaraz está fantástica. Se han cambiado cantidad de componentes, muchos sistemas son nuevos y está en condiciones de pedir la renovación de su licencia, aunque eso compete a las propias compañías«, comenta. La solicitud deberá hacerse antes de la próxima primavera pero antes, advierte, habrá que sentarse «concienzudamente» a hablar con el Ministerio para establecer unas normas de juego y conocer si habrá o no estabilidad jurídica.

Por último, respecto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado que ya debía haber entrado en funcionamiento, cree que Teresa Ribera «se está tomando su tiempo» para tener una visión más amplia de la situación en España, a pesar de que «es de sobra conocida» y que los estudios para la infraestructura estaban terminados «al 95%». Finalmente, estima que si el ATC se relanza no funcionará hasta 2024 mientras «se sigue pagando a Francia» por los residuos de Vandellós I y se invierte en construir almacenes en las propias centrales que «no son la solución definitiva«.

La factura de la luz se encarece un 4,2% en octubre

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Redacción / Agencias.– Un consumidor doméstico medio pagó 75,1 euros en su factura de la luz de octubre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,2% respecto a los 72,07 euros de octubre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 3,03 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,1 euros abonados en los 31 días de octubre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de octubre, 43,67 euros obedecen al consumo, 3,02 euros al impuesto eléctrico y 13,03 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

En el caso del precio medio del mercado eléctrico español, el conocido como pool, el nivel de octubre es un 14% más caro que los 56,77 euros por MWh de media que marcó hace un año. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para todas.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Por ello, la factura de la luz de octubre bajó un 3,59% respecto al mes anterior, septiembre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,42 euros en octubre respecto a los 2,51 euros de septiembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo eléctrico corta la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en octubre, el recibo de la luz cerró los primeros diez meses del año con una subida del 2,54% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en octubre ha contribuido a que el recibo de los diez primeros meses del año se haya situado en 701,11 euros, 17,35 euros más frente a los 683,76 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros diez meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 150,82 euros por el término fijo, de 400,43 euros por el consumo, de 28,18 euros por el impuesto de electricidad y 121,68 euros por el IVA.

SEO/BirdLife reclama la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética ambiciosa ante el consenso parlamentario que esperan

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Europa Press.- La ONG SEO/Birdlife ha reclamado la aprobación de una Ley de Cambio Climático ambiciosa tras realizar una consulta a los principales grupos con representación parlamentaria que indica un consenso mayoritario y apoyo a 45 propuestas presentadas por la ONG y exige al Gobierno que ponga fin a los «injustificados retrasos».

SEO/BirdLife destaca el consenso de PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos e insiste en que España no puede seguir a la cola de la Unión Europea en disminución de emisiones a la atmósfera pero también en el asentamiento de una base jurídica sólida y coherente con el nivel del fenómeno. La ONG remitió una propuesta con 45 puntos a todos los grupos parlamentarios para que se incluyeran en el futuro proyecto de ley de cambio climático y les pidió que respondieran si estaban o no de acuerdo para evaluar el compromiso de los partidos políticos.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha celebrado que haya una «realidad esperanzadora: existe mayoría parlamentaria para una ley ambiciosa y justa». En este contexto, Ruiz pide a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ponga fin al retraso injustificado y publique un borrador de ley «ejemplar» ya que parece que apoyos «no le van a faltar» en los distintos grupos parlamentarios.

«Veremos qué propone ahora el Ejecutivo pero si no hubiera avances suficientes no dudaremos en acudir al tercer poder: el judicial, como ya se está haciendo con éxito en otros países. Porque España no se merece una ley absurda, tal y como ya advertimos, sino una verdadera ley, digna de un país afrontando los grandes retos del siglo XXI», ha advertido Ruiz. La ONG considera que una ley que recoja su propuesta situaría a España en el «liderazgo internacional del compromiso mundial contra el cambio climático» y crearía miles de puesto de empleo de calidad en muchos sectores y zonas.

La transición energética, una oportunidad

El portavoz de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell, insiste en que numerosos países del entorno ya cuentan con leyes de cambio climático con diferentes niveles de exigencia y compromiso. «La española no puede esperar más. En un ambiente de crispación política cada vez más intenso, la ley de cambio climático y transición energética presenta una oportunidad importante para demostrar que los grupos políticos son capaces de dejar de lado sus diferencias en una cuestión tan fundamental para el presente y el futuro del país y el mundo, como es el cambio climático«, concluye.

La ONG expone que las principales medidas de consenso entre los partidos son la creación de un comité de expertos que asesore y fiscalice al Gobierno; un fondo y un consejo de transición justa que sustente la transición de los sectores más vulnerables, y pedir al Banco de España que analice los riesgos de inversiones, acciones y deudas y unos presupuestos públicos así como un régimen fiscal e instrumentos financieros alineados con los planes de lucha contra el cambio climático.

También coinciden en asegurar que las medidas de lucha contra el cambio climático no afecten de forma negativa a los recursos naturales y la biodiversidad, prohibir financiar con fondos públicos de proyectos que frenen la descarbonización y exigir a las empresas más importantes que comuniquen sus riesgos ligados al cambio climático y objetivos voluntarios de reducción de emisiones. Sin embargo, la consulta también deja en el aire puntos discrepantes entre los distintos partidos sobre el ritmo de reducción de las emisiones o la incorporación de energías renovables o la fiscalidad.

Castilla y León aprueba la ley que gravará los residuos de Garoña con críticas de Ecologistas en Acción

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Europa Press.- Ecologistas en Acción advierte de que el impuesto a Garoña «no protege el medio ambiente» después de que el PP fuera el único grupo con representación en las Cortes de Castilla y León que ha respaldado la Ley que regula el impuesto que gravará los residuos de la central nuclear de Garoña tras su cierre con el objetivo de recaudar unos 15 millones de euros para reinvertirlos en la zona. PSOE y Ciudadanos votaron en contra mientras Podemos e IU se abstuvieron.

En concreto, la Ley se ha aprobado después de que se aceptara una enmienda de Podemos a través de la que se endurecía la penalización por residuos para ampliar la recaudación de los 10 millones de euros iniciales a los 15 previstos ahora. La norma se ha aprobado con el rechazo del PSOE ya que, como ha explicado la procuradora Virginia Jiménez Campano, se trata de impuesto que supone un «escarnio» ya que, como ha asegurado, será declarado inconstitucional porque grava únicamente el almacenamiento, algo que «el Estado ya grava».

Pataleta de la Junta autonómica

«Se trata de una pataleta de la consejera que se ha quedado con el culo al aire en relación a Garoña, tras años defendiendo su mantenimiento va Nuclenor y por razones económicas decide cerrarla«, ha señalado, tras lo que ha insistido en que la Junta, después de negarse a gravarla por razones medioambientales, plantean ahora un impuesto por dejar de producir. Sin embargo Jiménez Campano ha asegurado que el impuesto planteado es «una cortina de humo» porque la Junta sabe «que no va a recaudar ni un solo euro». «Es el peor impuesto de la historia autonómica y nace sin respaldo«, ha lamentado, tras lo que acusó a Podemos de ser «cómplice» de esta situación.

El procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, cuyo grupo también ha votado en contra del impuesto, ha señalado que finalmente estas cuantías «las acabarán pagando los ciudadanos» porque repercutirá «en el recibo de la luz«. No obstante, ha señalado que se trata de un gravamen que no va a ser operativo y no incentiva el traslado de residuos, al tiempo que ha exigido un Plan de Dinamización para la zona que no dependa de esta recaudación.

Sin embargo, el procurador de Podemos, Félix Díez, cuyo grupo se ha abstenido en la votación, ha insistido en que su partido no está de acuerdo con este impuesto y por eso no lo apoyan, aunque ha reseñado la necesidad de lograr cuantías para que en la zona se invierta en la reindustralización. «No vamos a permitir que se diga que se pretende gravar a todos los españoles», ha zanjado. Por último, el procurador de IU, José Sarrión, quien también se abstuvo en la votación y considera que la recaudación no va a lograr que se haga «gran cosa en la zona». «Nuclenor va a pagar muy poco», ha concluido.

«No protege el medio ambiente»

Por su parte, Ecologistas en Acción ha advertido de que el impuesto a los residuos «no protege el medio ambiente», al tiempo que ha pedido que los fondos obtenidos con este gravamen se destinen a inversiones ambientalmente «sostenibles y beneficiosas para la sociedad«. En este sentido, la organización ecologista ha criticado la postura de la Junta de Castilla y León por apostar por la continuidad de la central. Asimismo, apunta que «para poder hablar de fiscalidad verde», el impuesto «debe destinarse a fines que compensen ese impacto», como «modificar las pautas de consumo o incentivar el uso de otras tecnologías».

Montero asegura que la subida del diésel no tiene afán recaudatorio» sino que busca preservar el medio ambiente”

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Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la equiparación del impuesto del diésel con el de la gasolina que prepara el Gobierno no tiene un «afán recaudatorio«, sino «preservar el medio ambiente» y «cuidar la salud de los ciudadanos».

Así lo señaló durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la senadora del PP, Esther Basilia del Brío, sobre si el Gobierno mantiene que el impuesto al diésel no afectará a las clases medias y trabajadoras, en donde ha asegurado que la propuesta intenta que aquellos que más tienen aporten «algo más» para contribuir a las arcas públicas con el fin de «consolidar» el Estado de bienestar, mientras que se bajará la fiscalidad a los que facturen menos.

La senadora popular ha criticado que el sistema fiscal «ataca directamente» al empleo, al ahorro y a la inversión, por lo que cree que los más humildes «pueden pasarlo muy mal». También advertía que el 30% del tributo «lo van a sufragar agricultores, usuarios de calefacción diésel, conductores y autónomos» y en cambio «el coche lo van a disfrutar otros».

De esta forma, ha acusado al Gobierno de convertirse en la «antítesis de Robin Hood» ya que «roba a los pobres para dárselo a los ricos», y ha indicado sobre la fiscalidad que «lo único verde es la gestión y planificación de recursos públicos, que es pura y llanamente recaudatorio». «Nos van a meter en la misma trampa que con las energías renovables, que por llegar los primeros pagamos más que nadie y condujo al déficit tarifario”, auguró la senadora.

Del Brío criticó que el Gobierno prevé recaudar más por esta subida impositiva que por el alza de impuestos a las rentas altas. En concreto, la subida del diésel elevará la recaudación por este impuesto en 670 millones de euros, por encima de lo que prevé ingresar por la subida de impuestos a las rentas más altas (323 millones por el alza del IRPF y 339 millones por la subida de Patrimonio). Por su parte, la ministra aseguró ver una «falta de respeto» las palabras vertidas por la senadora, que a su juicio intentan «desacreditar» la fiscalidad verde, y esgrimió que las subidas impositivas en materia medioambiental tratan de ser «disuasorias» de comportamientos agresivos medioambientales.

Cataluña asegura que el Gobierno se compromete a retirar el recurso a su ley autonómica de cambio climático

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Europa Press.- El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, ha asegurado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido a retirar el recurso del Estado contra la Ley catalana de cambio climático. En este sentido, Calvet considera “necesario que el Gobierno del PSOE retire el recurso para garantizar que se aplica esta legislación; si no, estaríamos pendientes que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional nos tumbase estos mecanismos de lucha contra el cambio climático«.

El Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la ley, excepto para determinados artículos relacionados con el fracking, pero la Generalitat ha señalado que es necesaria la retirada del recurso para garantizar el pleno despliegue de la norma. Calvet mantiene que la Generalitat no cambiará la legislación, «ni una coma», porque quiere que las partes que afectan a la fiscalidad pueda ser operativa ya que considera que es una normativa útil, moderna y avanzada. Por ello, asegura que el compromiso de la ministra, que «llegó a alabar» la ley, se mantiene, y remarca la importancia de poder aplicar plenamente la normativa.

El gas licuado por canalización sube un 3,4% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subió un 3,4%, según una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica publicada en el BOE. Concretamente, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 91,3469 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 88,3176 céntimos del mes anterior.

El término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros mensuales, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha subido un 4,1%, desde los 73,7155 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 76,7448 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.