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El PDeCAT pide a Ribera que prorrogue con otro decreto la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica

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Europa Press.- El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha reclamado al Gobierno que prorrogue con un nuevo decreto ley la suspensión del impuesto a la generación de electricidad, ya que esta exención se aprobó para 6 meses y este plazo termina en abril. Así, Campuzano ha señalado que, de lo contrario, será una «mala noticia para familias y empresas», ya que las compañías repercuten este coste, un 7% de la electricidad generada, en el recibo que paga el consumidor.

España, a la cola de la Unión Europea en recaudación por impuestos ambientales, según el Instituto de Estudios Económicos

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Europa Press.- España se mantiene a la cola de los 28 Estados miembro de la Unión Europea en recaudación por impuestos ambientales, solo por delante de Suecia, Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo, según el Instituto de Estudios Económicos a partir del Environmental tax revenues de Eurostat. Así, durante el año 2017, los impuestos ambientales obtuvieron una recaudación media en la Unión Europea del 6,1% sobre el total de ingresos fiscales en la Unión Europea, algo por debajo del 6,3% correspondiente al año 2016.

Entre los impuestos medioambientales destacan, especialmente, los que recaen sobre la energía, cuya recaudación supone, en promedio, un 4,7% sobre el total de ingresos fiscales, junto con los impuestos sobre el transporte, que recaudan una media del 1,2%. Según el IEE, la Unión Europea está apostando por potenciar la contribución de los impuestos medioambientales al conjunto de ingresos fiscales, para lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos.

Mayor fiscalidad: Letonia, Grecia, Eslovenia

En 2017, la recaudación de los impuestos medioambientales superó el 10% del total de ingresos fiscales en Letonia, Grecia y Eslovenia. A estos le siguen Croacia y Bulgaria, con un 9,1%, mientras que Estonia registró un 8,8%. En los Países Bajos la recaudación por impuestos medioambientales alcanzó un 8,6% sobre el total, en Dinamarca llegó al 8,1% y se situó en un 7,9% en Italia.

En cuanto a Irlanda y Portugal, los datos apuntan que están en torno al 7,5%, mientras que el Reino Unido y Finlandia se quedan cerca del 7%. Por debajo del promedio de la Unión Europea se sitúan la República Checa (5,9%) y Austria (5,7%). En España los impuestos medioambientales han recaudado un 5,4% del total de ingresos fiscales en 2017.

Castilla y León añadirá 862 MW eólicos hasta 2020 al atraer 789 millones de inversión y crear 2.471 empleos

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Europa Press.- Castilla y León añadirá 862 megavatios (MW) de energía eólica en 2019 tras inversiones de en torno a 789 millones de euros y la creación de unos 2.471 empleos en su construcción, según ha avanzado el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien ha señalado que estos proyectos se pondrán en marcha en 6 de las 9 provincias de la comunidad.

González participó en un acto organizado por Naturgy para detallar sus proyectos previstos en la comunidad durante 2019. Así, como han explicado la directora de Generación de la empresa energética y el responsable de Desarrollo de Renovables en la comunidad de la compañía, Ana Peris y David Muñoz, Naturgy se encargara de impulsar 306 MW de los 862 previstos, con una inversión de 300 millones de euros en 9 parques en Valladolid, Zamora y Burgos.

El director general de Energía y Minas de la Junta ha detallado que el 77,5% de la potencia que se genera en Castilla y León es renovable y acumula el 22% del total de renovables de España. El dirigente autonómico explicó que los proyectos previstos en Castilla y León hasta 2020 «implicará rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones de euros en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos«.

Finalmente, González destacó que, por convenios e impuestos medioambientales, la Administración autonómica recibirá ingresos por unos 3 millones de euros de media anual durante los primeros 20 años y ha destacado que «a medio y largo plazo, dado el elevado número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 MW eólicos».

En concreto, como ha detallado González, en Castilla y León la puesta en marcha de estos 862 MW de potencia tendrá una repercusión más fuerte en Valladolid, donde se prevé generar una potencia de 528 MW con una inversión de 528 millones de euros y la creación de 1.471 empleos, seguida de Burgos con 240 MW, una inversión de 186 millones y 681 empleos. En Soria, se sumarán 41 MW hasta 2020 con una inversión de 33 millones y 220 empleos, a la que le sigue Palencia, con 39 MW por 30 millones y 60 empleos, Salamanca, con 9 MW, ocho millones de inversión y 60 empleos y León, con 5 MW, 4 millones y 16 empleos en su construcción.

Por su parte, Naturgy prevé la construcción de 9 parques eólicos en 16 municipios de las provincias de Burgos, Valladolid y Zamora. Estos parques, que crearán 1.000 empleos durante sus diferentes fases de construcción, tendrán una potencia conjunta de más de 300 MW, equivalentes al consumo eléctrico anual de 380.000 viviendas, el 24% de las totales de Castilla y León.

Sánchez impulsa el vehículo alternativo y el coche autónomo en su Agenda del Cambio: 60 medidas para un crecimiento «sostenible»

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Europa Press.- El Gobierno ha incluido un Plan de Movilidad sostenible en su Agenda del Cambio: Hacia una economía inclusiva y sostenible para impulsar la adopción de los vehículos con energías alternativas y promover la instalación de puntos de recarga en zonas urbanas. Además, el Ejecutivo incluyó en esta hoja de ruta, que sienta las bases de un desarrollo inclusivo y sostenible, programas piloto de coche autónomo y de acción 2019-2022 para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena logística.

Según el Gobierno, la red de infraestructuras físicas y digitales, junto con el «importante» sector de ensamblaje y componentes automovilísticos, un «potente» sector empresarial de energías renovables y de gestión del agua, permitiría liderar un proceso de transformación hacia la movilidad sostenible que atraiga inversión, genere nuevos empleos y promueva la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Todo ello se enmarca en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad del aire y de vida en las ciudades. Con su Agenda del Cambio, el Ejecutivo también aspira a situar a España entre los países líderes de procesos innovadores como los vehículos sin conductor.

Esta Agenda del Cambio, que guía la acción del Gobierno, se alinea con las reformas contempladas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para promover la educación, el crecimiento y el empleo de calidad, la innovación, la salud y el bienestar social, la igualdad de género, el respeto y la integración de la diversidad, y la sostenibilidad de los modelos de producción y consumo, según se destaca en el documento. El texto recoge más de 60 medidas a corto y medio plazo orientadas a apoyar el proceso de transformación ecológica, converger con los países más desarrollados en términos de bienestar y lograr una sociedad más igualitaria con una tasa de paro alineada con la media europea.

Guía la acción del Gobierno

La titular de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha señalado que la agenda es «ambiciosa y realista» y se trata del tercer eje de la política económica del Gobierno, junto a la política fiscal «responsable» y las políticas sociales. Calviño ha explicado que esta Agenda del Cambio ha guiado la acción del Gobierno «desde el primer día», ha vertebrado distintas medidas para decidir el modelo de crecimiento a medio y largo plazo. «No hay tiempo que perder para sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo a nivel económico, social y medioambiental», ha apostillado.

Para impulsar la transición ecológica se acometerán actuaciones para conseguir un marco regulatorio adecuado. En este punto, afirmó que la Ley contra el Cambio Climático y la transición energética, el Plan Nacional de Energía y Clima, y el Plan Nacional de movilidad sostenible están alineadas con los objetivos de largo plazo de España en la lucha contra el cambio climático y contribuirán a reducir las emisiones en un tercio para 2030 y aumentarán la participación de las energías renovables en el sistema eléctrico a un 70%. Así “se abrirá, al mismo tiempo, una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones socioeconómicas, garantizando la transición justa».

Además, la Agenda del Cambio hace alusión a un Plan nacional integrado como principal instrumento para desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el periodo 2021-2030 y dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros. Otra de las reformas hace referencia a la regulación del autoconsumo compartido y simplificación de los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin cargos.

UGT pide al Gobierno medidas eficaces para paliar la pobreza energética y tener un precio de la energía más asequible

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Europa Press.– UGT ha exigido al Gobierno que «mejore las medidas para paliar la pobreza energética» e introduzca mecanismos para fijar un precio de la energía «asequible», como la rebaja del IVA; así como actuaciones en materia de eficiencia energética de las viviendas. El sindicato señala que se aborda otro invierno «especialmente duro» para las familias con menos recursos económicos y el mercado eléctrico futuro apunta a nuevas subidas en el recibo.

El sindicato muestra especial preocupación para la primavera, «cuando hayan transcurrido los 6 meses de suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica». Asimismo, UGT reclama que se modifique el bono social eléctrico ya que considera que «no está diseñado adecuadamente para llegar a todos los hogares que lo necesitan». De esta manera, advierte que es necesario introducir «una mayor transparencia» en la información para darlo a conocer y mejorar los requisitos de acceso para que llegue a todos los hogares y «combatir así las desigualdades ocasionadas por la pobreza energética, permitiendo que se puedan acoger al bono social eléctrico más familias, y que estas cuenten con mayores descuentos».

Las organizaciones ecologistas plantean al Gobierno 13 nuevos impuestos y modificar gravámenes como el IVA, IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades

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Europa Press.- Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF elaboraron una propuesta de fiscalidad ambiental por la que plantean al Gobierno la creación de 13 nuevos impuestos y modificaciones en gravámenes como el IVA, el IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades.

Así, reclaman al Gobierno una «profunda» reforma fiscal que integre los criterios de ecofiscalidad y plantean una treintena de medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta. El documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible ha sido presentado por las organizaciones, que quieren que la fiscalidad incentive o penalice las distintas actividades y conductas así como las decisiones de los agentes económicos en base a su impacto ambiental.

En concreto, consideran que con su propuesta la fiscalidad española se acercará a los países del entorno, ya que España está en el puesto 25 de los 28 Estados de la Unión Europea en cuanto a la fiscalidad ambiental dirigida a orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente. Además, quieren que, a diferencia del régimen actual, la recaudación que se obtenga con la nueva ecofiscalidad sea finalista y se destine «íntegramente» a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.

En su propuesta abogan por reformar el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre hidrocarburos para penalizar los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2, disuadir de la producción de energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano, son algunas de las medidas que piden los grupos ecologistas. También se incluyen reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos.

También apuestan por modificar el impuesto de matriculación de vehículos para gravar los más contaminantes; reformar el impuesto de la electricidad; el canon de uso de los bienes de dominio público hidráulico; y crear nuevos impuestos para la energía nuclear. Otras de sus propuestas pasan por crear impuestos para el esquí alpino, a las aguas minerales embotelladas, a la minería, a los hoteles, a la construcción, a los bienes inmueble, al carbono, a los vertidos y la incineración, a la caza y al cambio de los usos de suelo. Las ONG consideran que la «urgencia ambiental» actual hace que esta reforma fiscal sea una necesidad «urgente» en todas las Administraciones.

Maroto asegura que el Acuerdo Estratégico del Automóvil se firmará en los «próximos días» para avanzar hacia la transición energética

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Europa Press.- La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha avanzado que el Acuerdo Estratégico que está preparando el Gobierno con el sector del automóvil se firmará en los «próximos días». Maroto asegura que el Ejecutivo pretende que este acuerdo marque el «futuro» de la automoción a la hora de acometer cambios tecnológicos y hacia la transición ecológica.

Según indicó el Ministerio de Industria, el Acuerdo Estratégico del Gobierno con el sector de la Automoción para una Movilidad Sostenible y Eficiente tocará diferentes puntos vinculados con el automóvil y la movilidad y también buscará su modernización. Así, el documento apunta que dicho Acuerdo contempla el impulso a las inversiones en España por parte de los fabricantes de vehículos, con el punto de mira puesto especialmente en la atracción de inversiones y en la producción de modelos eficientes made in Spain. Igualmente, recogerá medidas por parte de la Administración para favorecer la adaptación de la industria «a un nuevo contexto de reducción de emisiones».

Otro de los ejes estratégicos de este plan que prepara el Gobierno para el sector del automóvil y la movilidad recoge llevar a cabo una revisión de los impuestos asociados a la automoción «con el objetivo de afrontar una fiscalidad verde que favorezca la reducción de las emisiones contaminantes. Maroto ha señalado que con dicho Acuerdo se pretende dar «estabilidad» al sector de la automoción. «Nuestro compromiso con el sector es mantener todas la unidades productivas, crear empleo y seguir creciendo para mantener el liderazgo de España como segundo exportador y fabricante de coches», indicó.

Así, se comprometió a mantener la industria de automoción española frente a «competidores tan importantes como Asia», donde se están electrificando los vehículos y desarrollando tecnologías. «Aquí en España todavía tenemos tecnología poco avanzada», admitió, pero confía en que el Acuerdo Estratégico que se está diseñando cree un entorno para trabajar con el sector de la automoción tanto en la movilidad como en las inversiones que requiere la industria automovilística para acometer una «transición ordenada».

Las principales compañías eléctricas defienden en el Congreso una menor fiscalidad para afrontar más inversiones en las centrales nucleares

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Europa Press.- Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP han defendido en el Congreso ante los grupos parlamentarios la necesidad de rebajar la carga fiscal a la que deben hacer frente con el fin de poder acometer las inversiones necesarias en sus centrales nucleares. Estas compañías acudieron a la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), dentro del marco de comparecencias que tienen lugar para elaborar el informe parlamentario de este organismo del ejercicio 2017.

Concretamente, acudieron a la comisión, celebrada a puerta cerrada, el director de Nuclear Naturgy, José María Nubla; el director de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco López; el director general de Nuclear Iberia de Endesa, Gonzalo Carbó de Haya, y el director de Generación EDP, Miguel Mateos. Más allá de la actividad desarrollada en el ejercicio en cuestión, diferentes grupos han explicado que las compañías plantearon que tenían que hacer frente a «una carga tributaria inasumible» o que los costes eran «exagerados».

«Básicamente ese era el mensaje. O me bajáis los impuestos o la nuclear no me sale rentable porque no salen las cuentas», ha explicado uno de los diputados, al tiempo que otra diputada presente en las comparecencias se preguntaba cómo podían ser negocios no rentables cuando siguen operando y su voluntad es continuar haciéndolo. «Se les preguntó si era cierto que no querían seguir operando y ninguna lo afirmó, todo lo contrario. Dijeron que estaban preparadas después de incorporar modificaciones tras Fukushima y que estaban dispuestos a pasar la revisión periódica», ha asegurado esta diputada.

Y es que, según corroboró otro diputado, ninguna de las compañías expresó que el negocio fuera inviable. Es más, considera que con los datos expuestos, la sensación que dejaron fue de que tenían una «firme disposición» de mantenerse. «Van a solicitar la prórroga todos», apostilló. Una afirmación que no es unánime dentro de la ponencia, puesto que otro diputado destaca que únicamente Endesa avanzó de forma contundente que, salvo que se le impidiera, iba a pedir el alargamiento de vida de sus centrales por 10 años más, mientras que el resto, Iberdrola, Naturgy y EDP, se mostraban más a la expectativa de lo que marque para las nucleares el futuro Plan de Energía y Clima.

Así, otra diputada incidió en la necesidad de contar con esta estrategia con la suficiente previsión, y así no repetir errores del pasado. «Por eso pedimos una planificación ya. Si no, viviremos la situación de Garoña», apuntó. «Hay que dar algo de estabilidad política y previsión, y que nadie vaya a presionar ni a poner en un brete a ningún Gobierno, amenazando con cerrar», sentenció.

El gas licuado por canalización baja un 0,4% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 0,4%, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 70,8477 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 71,1666 céntimos del mes anterior.

A granel baja un 0,5%

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha bajado un 0,5%, desde los 56,5645 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 56,2456 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar. Estos precios no incluyen en la Península y Baleares el impuesto sobre hidrocarburos ni el IVA y, en el caso de Canarias, no incorporan el impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo y el impuesto general indirecto canario.

El Gobierno subirá 3,8 céntimos el diésel, con un coste de 36 euros anuales para los particulares

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Europa Press.- Al mismo tiempo que el Gobierno confirmaba que la transición ecológica tendrá un «presupuesto especial» dirigido a movilidad, aire, eficiencia y comarcas afectadas, el Ejecutivo aprobaba la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que contempla la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares.

En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la decisión de suprimir la bonificación del diésel tendrá un impacto de 3 euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año. La Agencia Tributaria identificará cuando se utiliza el combustible con carácter profesional. «La medida no tiene impacto en el gasóleo profesional, ya que quedarán fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios», aseguró, al tiempo que apuntó que el incremento recaudatorio se destinará a subvencionar políticas de movilidad sostenible, parte renovando el parque automovilístico y parte impulsando que las empresas renueven sus flotas.

Asimismo, resaltó que el 30% de la recaudación que generará este incremento del precio del gasóleo, que se contabilizará en 2020, se destinará a medidas de impulso a la movilidad sostenible, algo que consideró «fundamental» para la renovación del parque automovilístico españoly también para ayudar a las empresas en una política de transición que es «imprescindible» para ganar valor añadido, mejorar competitividad y para ayudar a la industria a adaptarse a los nuevos requerimientos y retos del siglo XXI.

«Presupuesto especial» para transición ecológica

Por otro lado, la transición ecológica de España hacia un futuro bajo en carbono tendrá «un presupuesto especial» según anunció la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha adelantado que el presupuesto para la transición ecológica se centrará especialmente en el fomento de la movilidad sostenible, la mejora de la calidad del aire, el fomento de la eficiencia ambiental y para impulsar las comarcas afectadas por los procesos relacionados con la descarbonización, como las áreas mineras. «Estas son señas de identidad», ha defendido la ministra.

Entre las partidas, ha precisado que las partidas para Industria y Energía aumentarán, de ser aprobadas, en un 12%, y permitirán impulsar las zonas afectadas, impulsar las energías renovables o la eficiencia energética, entre otras. Se trata, según defiende el Ejecutivo el proyecto presupuestario para 2019 es «respetuoso» con el medio ambiente y busca «reducir progresivamente» las emisiones contaminantes de España. Para ello, con un objetivo «no recaudatorio», se incrementará la fiscalidad de los hidrocarburos en función de sus emisiones.