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Las inversiones en redes eléctricas necesarias hasta 2030 requerirán mantener la rentabilidad en el 7% para poder abordarse según Deloitte

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Europa Press / EFE.- La transición energética para alcanzar los objetivos medioambientalesfijados por la Unión Europea, avanzando hacia una economía descarbonizada, requerirá unas inversiones en redes eléctricas de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030 y el mantenimiento de una tasa de retribución razonable del 7%, «consistente con la observada en otros países europeos del entorno y sus costes de capital«, según La contribución de las redes eléctricas a la transición energética, informe elaborado por Deloitte.

El sistema eléctrico español tendrá que integrar, según el estudio, 35 gigavatios (GW) de nueva potencia, debido a la gran cantidad de instalaciones renovables que habrá. «Para permitir esta transformación, serán necesarias unas inversiones de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030, de los que 29.000 y 34.000 millones de euros deberán ser realizados por los operadores de redes», señaló Alberto Amores, socio de Deloitte en la presentación del estudio, en el que han participado además las principales empresas de redes de transporte y distribución en España (Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidroeléctrica del Cantábrico, Viesgo Distribución y Red Eléctrica de España), así como las asociaciones sectoriales ASEME y CIDE.

Pese a la magnitud de las cifras, Amores resaltó que el volumen de inversiones que se requerirá no supondrá un esfuerzo muy superior al que se ha venido haciendo en España, donde en el periodo 2005-2016 fue de una media anual de 2.200 millones de euros. La previsión del estudio de Deloitte para el periodo 2017-2030 se sitúa entre 2.000 y 2.400 millones de euros anuales, por lo que Amores considera que es una inversión factible, dentro del límite regulatorio y sin gran impacto sobre la base de activos regulatorios (RAB) neto de los operadores.

De este esfuerzo inversor que deberán realizar los operadores de redes, entre 14.000 y 15.000 millones de euros irán destinados a su modernización y actualización con nuevas tecnologías de las redes, de los que casi la mitad estarían destinados a las redes de baja tensión hasta 2030, que son las que más se verán afectadas por la obsolescencia para gestionar una demanda que será muy diferente a la actual, con más renovables, mayor electrificación y nuevos modelos de consumo. Asimismo, entre otros 5.000 y 6.000 millones de euros, un 13% de la inversión, irían destinados a la digitalización y automatización de las redes, lo que reduciría costes y permitiría crear nuevos servicios para el usuario.

Estas inversiones en redes tendrían un impacto positivo en la economía española ya que el 95% de ellas sería servida por la industria nacional, preparada para suministrar los nuevos equipos y soluciones que se requerirán, y se generarían unos 40.000 puestos de trabajo durante el periodo 2018-2030, creando «empleo de calidad, con una baja temporalidad y alta cualificación«. El peso de la mano de obra nacional se situaría entre el 50% y el 60%, según el informe, que recuerda que las redes eléctricas contribuyen en cerca del 30% al Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y suponen el 40% de todos los empleos que aporta el sector eléctrico.

No obstante, el informe destaca que las inversiones deben de obtener una rentabilidad adecuada, por lo que propone una tasa de retribución del 7% para el siguiente periodo regulatorio. El Gobierno debe definir en 2019 la tasa de retribución financiera para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) para las distintas actividades del sector. Al respecto, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, desveló su intención de aplicar la revisión correspondiente según la legislación, que vincula la rentabilidad al rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos para el caso de las redes, por lo que la rentabilidad caería respecto a los niveles actuales del 6,5% a alrededor del 4%.

El estudio señala que la regulación establece que la tasa de retribución financiera debe responder a una retribución adecuada a una actividad de bajo riesgo, al coste de financiación de operadores de redes comparables y a las necesidades de inversión del siguiente periodo regulatorio. Así, Deloitte propone esa tasa del 7% para el próximo periodo regulatorio basándose en el coste de capital de los operadores de red en España, con una media del 7%; así como en un diferencial medio sobre la deuda soberana que alcance al reconocido a estas actividades en países del entorno, de 490 puntos básicos con una previsión del coste de la deuda española del 2,1%.

El informe también destaca que el coste de las redes, teniendo en cuenta las inversiones a realizar y la tasa de retribución propuesta, junto con el incremento de la demanda eléctrica asociado, se traduciría en aproximadamente un 10% de reducción del componente de redes de la tarifa, debido a que el incremento de costes será significativamente inferior al de la demanda eléctrica hasta 2030. En términos globales, el coste del suministro eléctrico para el consumidor podría reducirse un 30-35% en términos reales entre 2015 (130 euros por MWh) y 2030 (entre 85-90 euros por MWh).

La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) defiende en Bruselas una regulación estándar y estable del autoconsumo de energía fotovoltaica

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EFE.– La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) ha defendido en Bruselas una legislación «estándar y estable» en materia de autoconsumo fotovoltaico puesto que las barreras legales y administrativas son «los impedimentos más importantes» para el desarrollo de esta tecnología. El director de AGENEX, Cosme Segador, ha participado en la sesión de seguimiento del Comité de Industria, Transporte, Investigación y Energía (ITRE), organizada por el Parlamento Europeo, según explicó la agencia.

En esta sesión se ha revisado la aplicación de las medidas legislativas del paquete Energía Limpia para todos los europeos, entre las que se encuentran las relacionadas con la promoción del autoconsumo en edificios. Segador ha subrayado que la financiación de esta tecnología es una «barrera destacable», por lo que ha propuesto la creación de un fondo de garantía que respalde la financiación de estas inversiones en la Unión Europea. Asimismo, ha asegurado que la divulgación de esta tecnología, «sobre todo a consumidores domésticos, es otro de los puntos importantes para crear conciencia sobre los ahorros que se pueden conseguir».

El director ha recomendando a los parlamentarios europeos que apuesten por el autoconsumo fotovoltaico «por los beneficios ambientales y económicos que puede aportar». Además, ha explicado que este sector es uno de los que más valor crea en la I+D, con generación de empleo y aporte en la economía. Y, en el caso de España, en el empleo local porque el 90% de las empresas del sector son micropymes. Por último, Segador subrayó la apuesta por el autoconsumo fotovoltaico en el entorno europeo para el desarrollo de los edificios de consumo de energía «casi nulo». Extremadura colabora con otros países de la Unión Europea en la promoción de tecnologías renovables.

Iberdrola refinancia 5.300 millones de euros en la mayor operación del mundo supeditada a criterios de sostenibilidad y descarbonización

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Europa Press.- Iberdrola cerró con 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros, en la mayor operación realizada en el mundo supeditada a criterios de sostenibilidad, según indicó la compañía. En concreto, el acuerdo mejora las condiciones previas, de forma que se recuperan niveles anteriores al comienzo de la crisis, en 2007.

El diferencial obtenido puede ser de hasta 27,5 puntos básicos sobre Ibor, frente a los 30 puntos básicos de la última línea de crédito, firmada en junio de 2016. El vencimiento es a 5 años, con la posibilidad de ampliarlo en 2 años, hasta febrero de 2025. Las buenas condiciones del crédito están ligadas al cumplimiento de un indicador sostenible validado por la agencia Vigeo Eiris y relacionado con la reducción de la intensidad de emisiones por parte de Iberdrola.

Tiene 9.000 millones de liquidez

La operación supone la extensión de las dos líneas por importe de 4.400 millones de euros y su ampliación en 900 millones de euros adicionales. Así, la empresa señaló que continúa adecuando su liquidez a las inversiones de 25.000 millones de euros previstas para el periodo 2016-2020 y cumple su compromiso de mantener su liquidez por encima de los 9.000 millones de euros. La ampliación y extensión de los dos créditos ha contado con BBVA como banco agente y ha recibido el respaldo del 100% de las entidades financieras participantes.

Iberdrola continúa avanzando de este modo en su estrategia de financiación socialmente responsable. La compañía fue el mayor emisor de bonos verdes a nivel de empresa durante 2016 y realizó todas sus emisiones públicas en este formato a lo largo de 2017, entre las que destaca el bono verde híbrido cerrado el pasado noviembre, con el que la empresa inauguró este mercado en España. Durante el pasado ejercicio también se firmó el primer crédito verde realizado a nivel mundial para una compañía energética, suscrito entre Iberdrola y BBVA por importe de 500 millones de euros.

Axpo Iberia firma el primer PPA a 10 años en Portugal para un proyecto fotovoltaico de 28,8 MW

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Europa Press.- Axpo Iberia ha firmado un acuerdo de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a 10 años que posibilitará la financiación e instalación de una planta fotovoltaica de 28,8 megavatios (MW) en el concejo portugués de Évora, según indicó la compañía. El grupo indicó que está operación es «la más grande» de este tipo que se firma en la Península Ibérica y la primera en Portugal sin ningún tipo de subsidio público y que sigue un modelo de financiación bancario.

En concreto, la planta es propiedad de Dynavolt Renewable Energy Europe, está promovida por la compañía Hyperion, que mantendrá una participación minoritaria, y será financiada por Banco BPI. La instalación llave en mano la llevará a cabo la compañía portuguesa Jayme da Costa y su puesta en marcha comercial está prevista para mediados de 2019. El proyecto tendrá una producción anual estimada de 50 gigavatios hora (GWh), el equivalente al consumo anual de 14.000 hogares.

El director general de Axpo Iberia, Ignacio Soneira, destacó que este proyecto en Portugal supone el primer acuerdo de compra de energía que sigue un modelo de financiación que cuenta con la participación directa de un banco (BPI), «incorporando en un mismo acuerdo a los tres agentes principales del proyecto, promotor, financiador y comercializador, lo que marcará claramente una línea a seguir para el desarrollo futuro de este tipo de proyectos en los próximos años».

Bruselas autoriza el control conjunto de 9 parques eólicos en Aragón por parte de General Electric y un fondo francés

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Europa Press.- La Comisión Europea autorizó la adquisición y control conjunto de 9 proyectos de parques eólicos en Aragón por parte del conglomerado industrial General Electric y de Mirova-Eurofideme 3, un fondo francés de capital riesgo propiedad de Banque Populaire Caisse d’Epargne.

En concreto, Bruselas ha autorizado a estas dos firmas a comprar Ideamgar e Idesamgar 1, dos sociedades de cartera bajo el control de Forestalia Renovables, que poseen 9 proyectos de parques eólicos en Aragón. Mirova-Eurofideme 3 se encarga de gestionar fondos de inversión responsable para inversores institucionales en diferentes categorías de activos, tales como energía procedente de fuentes renovables e infraestructuras básicas, títulos de renta variable sostenibles y bonos verdes. El Ejecutivo comunitario concluye que la operación no plantea problemas de competencia debido a su impacto «limitado» sobre el mercado.

El CES considera que el bono social de electricidad debería ser financiado por los Presupuestos y no por las comercializadoras

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Europa Press.- El Consejo Económico y Social (CES) considera que el bono social de electricidad debería ser financiado con cargo a los Presupuestos del Estado en lugar de ser asumido por el conjunto de las comercializadoras eléctricas. El CES señala que la electricidad es un bien de «primera necesidad», por lo que el Estado debería garantizar el acceso a ella a todos los ciudadanos, «sufragando su coste a los hogares más vulnerables, en lugar de depositar la responsabilidad en las empresas comercializadoras».

El Gobierno aprobó en octubre el nuevo modelo de bono social eléctrico, estableciendo la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiarlo, en función de su cuota de clientes, y manteniendo así el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por estas compañías como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o sobre los Presupuestos.

Asimismo, el CES cree que sería conveniente revisar los instrumentos fiscales, incluyendo medidas de protección y apoyo a los colectivos vulnerables. A este respecto, recomienda replantearse la aplicación del tipo de IVA previsto para ese fin. Además, aconseja extender la aplicación del bono social al total de la factura de los consumidores vulnerables ya que los límites de consumo anual que establece la nueva regulación, de a partir de 1.200 kWh, «son muy bajos si se tiene en cuenta el consumo medio por hogar, lo que reduce la eficacia de la medida en su conjunto».

Por otra parte, el organismo defiende promover el autoconsumo de electricidad, con derecho a una retribución a cambio de la energía vertida en la red. Así, ve necesaria una revisión completa de la normativa del sector en esta materia y, en concreto, del tratamiento de los costes regulados. Para ello, pide una modificación de la regulación y avanzar «hacia un marco jurídico estable» para conseguir promover y alcanzar los objetivos fijados por la Directiva comunitaria, «asegurando una aplicación neutra para el conjunto de los consumidores”.

En su informe, el CES subraya que el sector eléctrico debe jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, para la transición a un modelo de producción bajo en carbono. El CES, que también considera necesario trasladar el coste de políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, también respalda la cogeneración y ve necesario el desarrollo de las interconexiones internacionales.

Además, afirma que la sustitución de tecnologías en la transición energética debe hacerse teniendo en cuenta el impacto social, económico y ambiental, evitando la desertización territorial y contribuyendo al empleo. Por otra parte, pide la adopción de estrategias para facilitar las inversiones de medio y largo plazo y garantizar la coherencia de las acciones públicas. A este respecto, el CES propone un plan estratégico sobre transición justa, planes de reactivación de las zonas de transición y cooperación entre los agentes del sistema de innovación tecnológica.

El Gobierno ordena la devolución a las compañías eléctricas del bono social del ejercicio 2014 con cargo a los superávits

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las compañías eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en el ejercicio 2014, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Según una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ejecuta así las sentencias del Tribunal Supremo que habían dado la razón a las compañías eléctricas respecto al sistema de financiación del bono social.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El pasado octubre, el Ministerio ya aprobó otra orden para la devolución de las cantidades abonadas por las compañías eléctricas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, después de que otro fallo del Supremo estimara que estas indemnizaciones a las compañías debían realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o a las comercializadoras.

A finales del 2016, el Supremo ya había reconocido el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social. Las cantidades correspondientes a 2014 estaban pendientes del fallo del Tribunal Supremo. Así, el tribunal ha estimado los recursos presentados por Endesa, Iberdrola, Viesgo, Gas Natural, Estebanell y Pahisa, Electra del Maestrazgo, Fuciños Rivas, Cooperativa Popular de Fluido, Eléctrico de Camprodón y la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).

El bono social eléctrico en 2014 rondó los 200 millones de euros y fue asumido en su mayor parte por Endesa (41,61%), Iberdrola (38,47%) y Gas Natural (14,18%). Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo, acumulando más de 1.440 millones de euros de superávit. En concreto, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros y en 2016 421 millones de euros.

A este respecto, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de Presupuestos de 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios extrapeninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. 

El Ministerio de Energía lanza una línea de 125 millones de euros para la rehabilitación energética de edificios

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha lanzado una línea de ayudas con un importe de 125 millones de euros destinada a financiar proyectos de rehabilitación energética en edificios con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Entre las obras a financiar están la mejora en el aislamiento térmico, en la eficiencia de la iluminación o el cambio de energía convencional por solar térmica o geotérmica.

Los beneficiarios tendrán derecho a percibir una ayuda dineraria sin contraprestación por un importe máximo de un 30%, complementada con un préstamo reembolsable por un importe máximo de un 70%. Estos préstamos tendrán un tipo de interés Euribor + 0,0%, con un plazo máximo de amortización de 12 meses, incluido un periodo de carencia opcional de un año. Para acceder a estas ayudas, las actuaciones deberán mejorar la calificación energética total del edificio en al menos una letra, medida en la escala de emisiones de CO2, con respecto a la calificación energética inicial del edificio.

Entre los beneficiarios se incluyen los propietarios de edificios, las comunidades de propietarios, las administradoras y las empresas de servicios energéticos. El programa, inscrito en el marco del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, se financiará a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y puede ser cofinanciado con los fondos FEDER.

ING no financiará a las compañías eléctricas cuya producción energética a partir del carbón represente más del 5% en 2025

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Europa Press.- El banco ING dejará de financiar a las compañías del sector de las utilities en las que el carbón represente más del 5% de su producción total para finales de 2025, pero continuará brindando soporte económico a estas empresas para “aquellos proyectos de energía que no sean de carbón en apoyo a su transición energética«, según apuntó el banco holandés.

A partir de ahora, ING solamente apoyará con financiación a nuevos clientes cuando su dependencia actual del carbón sea del 10% o menos y cuenten con una estrategia para reducir este porcentaje a casi cero (no superior al 5%, umbral considerado como inversión socialmente responsable) para 2025. Este nuevo objetivo se trata de una reducción «drástica» en comparación con la apuntada en 2015 coincidiendo con la Cumbre del Clima de París, cuando el banco anunció que no financiaría a ninguna empresa cuya actividad empresarial dependiera en más del 50% de las centrales eléctricas de carbón.

En 2025, ING habrá eliminado de forma gradual los préstamos a centrales eléctricas de carbón individuales. Esta política de no financiación del carbón se enmarca en los esfuerzos de la entidad por apoyar la transición a una economía baja en carbono y tendrá un efecto inmediato. «Somos conscientes de que contribuir a los objetivos del Acuerdo de París también implica tomar posiciones claras sobre lo que no financiaremos, especialmente cuando existen alternativas mejores», aseguró el vicepresidente de ING, Koos Timmermans.

Según el grupo, ING ha ofrecido financiación para proyectos de energía renovable por más de 29.000 millones de euros y mantenía una exposición directa a préstamos por valor de 4.000 millones de euros en este tipo de proyectos a finales de noviembre de 2017, lo que equivale al 60% de la financiación total a proyectos de servicios públicos. Por último, ING se compromete a reducir su huella de carbono reduciendo sus emisiones de CO2 en un 50% y suministrar con electricidad 100% renovable a todos los edificios de la entidad en el mundo para 2020.

Rajoy subraya que el futuro del carbón se abordará en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha asegurado que el país cumplirá sus compromisos climáticos para 2020 y ha avanzado que trabaja en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para garantizar también el cumplimiento de los compromisos adquiridos igualmente para 2030. «Estamos trabajando en una nueva Ley de Cambio Climático que sentará las bases para una transición energética ordenada, eficiente y poco costosa para los consumidores», ha indicado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo español ha apostado por mejorar las interconexiones eléctricas para avanzar en el uso de energías renovables. Para Rajoy, la necesaria transición energética se ha de llevar a cabo por dos vías: la eficiencia energética y el incremento del parque de renovables. El presidente considera que este objetivo es factible y, a modo de ejemplo, ha recordado que durante el año 2017 se llevaron a cabo dos subastas de renovables, por 8.000 MW, «sin necesidad de primar». Pero ha considerado que es imprescindible mejorar las interconexiones eléctricas para avanzar.

En cuanto a la situación del carbón, el presidente español ha subrayado que esta cuestión también se abordará en la futura Ley del Cambio Climático y ha apostillado: «nada se hace de un día para otro». En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor el compromiso de España con la financiación climática y, en este sentido, recordó que se ha pasado de 205 millones de euros en 2012 a 595 en 2016 y que el Gobierno mantiene el compromiso de llegar a los 900 millones de euros anuales a partir de 2020.

Macron: “Estamos perdiendo la batalla”

Por su parte, en el marco de la One Planet Summit, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lanzado una desoladora afirmación sobre la lucha global contra el cambio climático ante docenas de jefes de Estado y de Gobierno y líderes empresariales. «Estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático», ha sentenciado. «No nos estamos moviendo lo suficientemente rápido. Todos necesitamos actuar», ha recalcado en su búsqueda de un nuevo aliento para el esfuerzo colectivo que fue debilitado el pasado verano con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que abandonaban el Acuerdo del Clima de París.

En este sentido, ha llamado a los líderes reunidos en Paris en la One Planet Summit a lanzar una nueva fase contra el calentamiento global. Sin embargo, durante el encuentro no se produjeron compromisos internacionales vinculantes. El foco se centró en cómo instituciones financieras públicas y privadas pueden movilizar más dinero y cómo los inversores pueden presionar a las grandes corporaciones a cambiar hacia estrategias más sensibles ecológicamente. Más de 200 inversores institucionales que gestionan más de 26 billones de dólares han afirmado que presionarán ante las principales compañías emisoras de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático.

Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha asegurado que Bruselas aplaude los planes para recudir los requisitos a inversiones ambientalmente amigables para impulsar la economía verde. Esta medida podría ser parte de un abanico más amplio de acciones que la Unión Europea planea presentar en marzo para lograr el objetivo de reducir las emisiones de CO2 un 40% en 2030, lo que implica una estimación de 180.000 millones de euros al año en inversiones bajas en carbono. Asimismo, la Comisión Europea ha anunciado inversiones por valor de 9.000 millones de euros destinadas a ciudades sostenibles, energía sostenible y agricultura sostenible para África y los países vecinos de la Unión Europea.