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El Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales sectoriales en las zonas vulnerables

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales en las zonas de España vulnerables y que tendrán en cuenta los aspectos sectoriales y socioeconómicos. La ministra destacó que la Estrategia Nacional de Transición Justa servirá para anticiparse a los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios.

La Estrategia permitirá apoyar iniciativas económicas idóneas para los diferentes contextos económicos y laborales de las zonas afectadas. Así, ha precisado que con estos acuerdos empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones, ONG ambientales y las diferentes administraciones podrán participar en proyectos de desarrollo territorial. Los convenios se firmarán con el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Industria, y otras administraciones públicas, en particular con las entidades locales de las áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono.

Los convenios, que recogerán las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia, combinarán políticas industriales y sectoriales con medidas de protección social y políticas activas de empleo. Para ello, se evaluarán la vulnerabilidad del área geográfica y de los colectivos afectados, así como los compromisos que adquieren las partes, incluidas las empresas beneficiarias de las medidas de apoyo a la transición.

Descarbonización “justa y totalmente beneficiosa”

El nuevo marco establecerá las políticas industriales, de investigación y desarrollo de promoción de la actividad económica y del empleo y formación profesional para una descarbonización «justa y socialmente beneficiosa». También incluirán medidas fiscales, de financiación, de empleo, de protección social y actividades formativas para fomentar la adaptación de los trabajadores a los objetivos y un calendario que recoja la adopción de medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

Ribera subrayó la importancia de realizar una transición justa en el proceso de descarbonización en la que se impliquen los propios actores con acciones concretas y que «no deje a nadie atrás» y ha defendido que el español será uno de los primeros marcos regulatorios que se aprobarán en todo el mundo. «Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para reducir el desempleo, crear nuevas oportunidades y acabar con las desigualdades. Para ello, es importante hacer un uso eficiente de las políticas públicas que nos permitan anticiparnos y corregir los impactos negativos que este necesario proceso puede provocar sobre sectores y territorios», apuntó. En su opinión, no dejar a nadie atrás implica «atender» las realidades del corto plazo

Ribera ha insistido que la Estrategia Nacional de Transición Justa será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en emisiones, un tratamiento equitativo y solidario, optimizando las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica. La ministra ha puesto de ejemplo el acuerdo firmado por el Gobierno y el sector de la minería del carbón para la transición y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras que responda a las consecuencias sociales y económicas que se producirán con el cierre de las minas a final de este año.

Unidos Podemos cree insuficiente el plan de Maroto para la industria electrointensiva pues no garantiza la permanencia de Alcoa

Europa Press.- Unidos Podemos cree insuficiente el plan del Gobierno para proteger a la industria electrointensiva ante incrementos en el precio de la electricidad pues no garantiza la permanencia de Alcoa y otras plantas amenazadas ante un posible cierre. «Con este decreto no se arregla el problema de Alcoa. Plantear un estatuto para las industrias electrointensivas en un plazo de 6 meses es cerrar Alcoa y otras industrias que vendrán tras ella», ha afirmado la portavoz de Industria del grupo confederal, Yolanda Díaz.

“No habrá nada que salvar”

En este sentido, la diputada de En Marea instó al propio Ministerio de Industria a actuar «ya desde la SEPI». Díaz reaccionaba así al decreto ley aprobado por el Gobierno para disminuir los costes energéticos para la industria electrointensiva, que contempla también el impulso de la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada y la prórroga de la vida útil de instalaciones de cogeneración. «Nos toman el pelo. Si en un mes no hay medidas, no va a quedar nada que salvar», ha replicado, por su parte, el diputado de Podemos Segundo González, que ha cuestionado, como su compañera, que el anunciado Estatuto pudiera evitar el desmantelamiento de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.

Por ello, González ha pedido directamente a la titular de Industria, Reyes Maroto, que «rectifique» y «aplique el artículo 128.2 de la Constitución ya», tal y como viene exigiendo Unidos Podemos, con el fin de garantizar los puestos de trabajo y la actividad en las plantas. Este artículo reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y reconoce a los poderes públicos la posibilidad de intervenir en empresas «cuando así lo exigiere el interés general».

El Gobierno aprueba ayudas por 12,9 millones de euros para proyectos que presenten una alternativa en zonas mineras del carbón

Europa Press.- El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC) la convocatoria de ayudas por un importe de 12,9 millones de euros dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras para 2018.

El fin de las ayudas es paliar las consecuencias sociales y económicas del cierre de las minas en las comarcas mineras del carbón, incentivando el empleo e impulsando la ampliación y la diversificación de las actividades de las empresas existentes. En concreto, se trata de ayudas de apoyo a la inversión, su ámbito es regional y su régimen es el de concurrencia competitiva. Además, permite priorizar los proyectos en función del interés para la zona en la que se vayan a desarrollar y sus necesidades específicas. El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 fue suscrito en 2013 por el entonces Ministerio de Industria, con los sindicatos y la patronal Carbunión.

El Gobierno estudia condicionar al mantenimiento del empleo las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste energético

Europa Press.- El Gobierno estudia condicionar las ayudas a la industria electrointensiva para combatir el coste de la energía al mantenimiento del empleo, según ha afirmado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. «Estamos valorando condicionar estas medidas al mantenimiento del empleo», ha señalado la ministra.

Maroto anunció el pasado noviembre que el Gobierno lanzará antes de final de año un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía. La ministra indicó entonces que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros Ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en España». El Gobierno ha puesto sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva, antes de finales de este año.

Costes indirectos de emitir CO2

De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó en noviembre que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria del país en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que se va a trabajar por este sector».

España aplicará las directrices de la OIT para no dejar atrás a los más afectados por la transición ecológica

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica y la Oficina Española de la Organización Internacional del Trabajo (Agencia especializada de la ONU), han acordado establecer un marco de colaboración como «socios estratégicos» para aplicar las directrices del organismo internacional en el proceso de la transición energética española con el objetivo de dar «preeminencia» a la transición justa, una cuestión que para la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es trascendental para «no dejar a nadie atrás«.

En el XIV Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), el director de la oficina española de la OIT, Joaquín Nieto, anunció este compromiso alcanzado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de varias comunicaciones en las que han coincidido en que la transición ecológica, además de ser un «imperativo es una oportunidad» para el desarrollo del empleo.

Nieto destacó que la OIT estima que las medidas de transición ecológica a nivel mundial crearán de aquí a 2030 en torno a 24 millones de empleos, cuatro veces más de los que se perderán. Respecto a España, ha advertido de que, a falta de un estudio específico, es «de esperar resultados sin iguales o incluso más positivos», algo que en el caso de España, donde el desempleo es «un problema estructural, esto es esencial». Así, considera que para «muchos» territorios españoles que sufren elevado desempleo estructural, esta es una oportunidad «única y tal vez irrepetible», pero admite que, como toda transición tendrá impactos desiguales en unos y otros territorios.

Por ello, señala que para desarrollar «plenamente» todas las potencialidades de la transición energética y minimizar los efectos adversos, es «necesario» que la transición sea justa. En el marco de CONAMA se presentó un estudio que analiza las oportunidades de aplicación de las directrices de la OIT en la transición justa en España. Asimismo, insistió en que en el proceso se debe contar con el diálogo de todas las partes, organizaciones y sectores, para hacerla con «la máxima inclusión», pero sin ralentizar el proceso para lograr un marco de acuerdo de sociedad, político, con un marco regulatorio estable y un enfoque fiscal que de señales al mercado y al consumo.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado la trascendencia que tiene la transición ecológica en materia de equidad porque es necesario que el proceso se haga «no dejando a nadie atrás». «Las sociedades solidarias deben contribuir a avanzar en el cambio«, ha manifestado. En su intervención, advirtió de que no basta con tener un gran conocimiento en el problema de lo necesario para frenar el cambio climático sino que «hay que actuar».

En el proceso hacia la transición ecológica, se ha referido a los distintos aspectos fundamentales de este proceso que deben hacerse, en su opinión dentro de la búsqueda de consensos, del diálogo y favorecer la capacidad de avanzar de «forma unida, complementaria» porque los términos del debate público han cambiado y ya no basta con saber lo que se debe hacer, sino que es necesario hacerlo «razonablemente deprisa» y «juntos».

Ribera considera también que una economía moderna y equilibrada necesita que los sectores estratégicos, entre ellos los energéticos, entiendan que hay que hacer una transformación y que deben buscarse sinergias. «Desde el Gobierno estamos trabajando para ofrecer ese marco en el que quepamos todos e intentando identificar las mejores rutas compartidas por todos. Clima, energía, transición justa y el cumplimiento de las obligaciones que tenemos por delante, son algunos de los vectores fundamentales», ha concluido.

Los contenidos de CONAMA tuvieron como eje transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la adaptación ante el cambio climático, la Agenda Natural Urbana, la economía circular y la inclusión de la justicia social como elemento ineludible de la transición ecológica. El jefe de Unidad Adjunto para Energías Renovables de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Antonio López-Nicolás Baza, expuso las novedades del programa Clean energy for all europeans en la sala 2030-Clima y energía. También se prestará atención especial a la transición energética en el transporte.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, intervino en una sesión técnica Cambio climático y transición energética donde avanzó los planes del Gobierno en esta materia antes de ir a la COP24 de Katowice. Además, se habló de energías renovables con la sesión técnica Energías renovables: Valores sociales y ambientales para la descarbonización. CONAMA también se enfocó en el ámbito local en la sesión sobre ciudades en transición energética de la mano de Energy Cities. La movilidad urbana sostenible fue también un asunto abordado en CONAMA 2018, con más de una decena de sesiones en las que intervinieron gestores públicos de la administración central y local, empresas y entidades del tercer sector.

La subasta de interrumpibilidad de diciembre volverá a ser sólo para el primer semestre y pondrá 2.600 MW en juego

Europa Press.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el primer semestre del año próximo se celebrará entre el 10 y el 14 de diciembre, con una subasta de un total de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad. La subasta de estos 2.600 MW se llevará a cabo en diferentes lotes entre dichos días del próximo mes de diciembre, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Hace unos días, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció el lanzamiento «antes de finales de año» de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de dióxido de carbono (CO2).

Todo ello tras el anuncio de Alcoa del cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. La compañía ha prolongado el plazo para negociar el ERE de extinción y ha aceptado negociar con el Gobierno la venta de estas plantas a «la mejor inversión«. Además, confirmó que acudirá a la subasta de interrumpibilidad en una reunión con trabajadores de la factoría asturiana de Avilés.

En la última subasta, celebrada en mayo y correspondiente al segundo semestre de 2018, se asignaron, a través de Red Eléctrica, la totalidad de los 2.600 MW que se subastaron en 25 bloques de 40 MW y 320 bloques de 5 MW. El precio medio de asignación fue de 174.174 euros por megavatio y año para los bloques de 40 MW, mientras que se situó en 63.168 euros/MW y año para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía fueron de 200.000 euros/MW y año para los productos de 40 MW y de 150.000 euros/MW y año para los de 5 MW.

El Gobierno aprobará medidas para ayudar a la industria electrointensiva a combatir el coste energético

Europa Press.- El Gobierno lanzará antes de finalizar 2018 un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensiva a superar las dificultades del coste de la energía, según anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras analizar las actuaciones a adoptar para evitar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y Coruña. Maroto indicó que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en nuestro país».

El Gobierno también puso sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2). Maroto subrayó que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que vamos a trabajar por este sector».

En lo que respecta a Alcoa, el Gobierno y las instituciones autonómicas de Galicia y Asturias acordaron «unidad de acción» para pedirle la retirada del ERE extintivo para las dos plantas, que supone una amenaza para casi 700 puestos de trabajo, y para la creación de una mesa de trabajo «para plantear escenarios que permitan el mantenimiento de las fábricas y del empleo», añadió Maroto.

La ministra indicó que la creación de esta mesa, en la que deberán participar todas las administraciones, sindicatos y la empresa, se abordará en paralelo a la retirada del ERE extintivo y tendrá por objetivo «plantear propuestas y conocer las alternativas a explorar para que las plantas no se cierren«. Maroto subrayó que la urgencia de la formación de esta mesa «es máxima», ya que el periodo de negociación del ERE se abrió por la compañía y se deberían estar buscando soluciones para las plantas.

El Gobierno elaborará un estatuto para ayudar a la industria electrointensiva en la transición energética

Europa Press.- El Gobierno elaborará un estatuto de la industria electrointensiva con el objetivo de ayudar a este tipo de empresas a superar el periodo de transición energética, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, Ribera indicó que su objetivo será explorar «distintas herramientas y medidas para evitar que nos encontremos con situaciones no previstas». Este anuncio se produce en un momento en el que empresas como la multinacional Alcoa o Cemex han anunciado el cierre de varias plantas en España.

Las empresas de la gran industria vienen reclamando el pago de las ayudas que estaban previstas en los Presupuestos de 2018, pero que no se materializan. Además, cuentan con la interrumpibilidad, un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro o por cuestiones económicas. Por otra parte, Ribera se comprometió a traer «en breve» al Congreso de los Diputados una respuesta para los inversores que antes de 2013 invirtieron en renovables y se vieron afectados por los recortes aplicados por el Ejecutivo en aquella época.

Un inversor interesado en Alcoa

Por otro lado, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha trasladado en el Congreso a los trabajadores el interés de un inversor por una de las dos plantas españolas que la empresa Alcoa tiene previsto abandonar. Así lo ha asegurado el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, Sergio Sobrido, que ha seguido junto a otros representantes de la plantilla la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que la ministra ha sido preguntada por el PP y Unidos Podemos por las actuaciones del Ejecutivo al respecto.

En todo caso, Maroto no ha especificado por cuál de las plantas se habría interesado este posible inversor. Durante su intervención ante el Pleno, la ministra afirmó que «Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas». Al respecto, los trabajadores entienden que ambas plantas, la de Avilés y la de La Coruña, son viables económicamente y que deben continuar con su producción y mantener los puestos de trabajo que actualmente hay en ellas. La decisión de Alcoa supone prescindir de 692 empleos.

En todo caso, Sobrido ha reclamado que el Gobierno realice las gestiones pertinentes para garantizar que el 1 de enero las plantas de Avilés y La Coruña sigan en funcionamiento, y que ello debe pasar por que Alcoa acuda a la subasta de interrumpibilidad. De lo contrario, advierte, en el caso de que la empresa decidiera finalmente abandonar la actividad, la alternativa de un inversor que quisiera continuar con la producción perdería fuerza. «No puede haber interesados si no se garantiza que la planta sigue en funcionamiento en 2019», asevera.

Por ello, ha reclamado a la empresa que continúe con la actividad y que, en caso de que no siga interesada en mantenerla, inicie un período de diálogo con la plantilla y las autoridades con el fin de encontrar una solución que garantice tanto la producción como los puestos de trabajo en ambas plantas. Sobrido también mantuvo encuentros con PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, de los que saca «valoraciones positivas», al constatar que las diferentes formaciones respaldan las reivindicaciones de la plantilla y «coinciden en la defensa de los empleos».

Eso sí, si bien Sobrido ha dicho que les «congratula saber que para la ministra de Industria es una situación importante», ha reclamado el mismo interés, «atención y énfasis» en la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Entendemos que es un problema que compete a ambas y ahora nos gustaría saber que va a poner todo su esfuerzo para el mantenimiento de la actividad industrial y los empleos», ha dicho.

Ribera y el sindicato UGT califican de «importantísimo» el acuerdo alcanzado para el sector de la minería del carbón

Europa Press.- UGT Fica considera que el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el futuro de la minería del carbón y las comarcas mineras es «razonable y positivo» para lograr una transición justa para el sector para el periodo 2019-2027. Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó de «importantísimo» el acuerdo alcanzado.

Ribera indicó que, a pesar de que desde hace años se conocía que el final de 2018 era una fecha clave para el sector, «no se había trabajado» en organizar el proceso. «A 3 meses vista del cierre no había un marco claro sobre cómo acompañar a los mineros y ofrecer en las comarcas alternativas viables con esa actividad», apuntó. Para Ribera, «engañarse sobre el marco era mirar para otro lado», ya que el principal perjudicado siempre «es el más vulnerable, el trabajador, que descubre que le han engañado», subrayó.

La ministra destacó que el acuerdo con los sindicatos permite la jubilación «en las mejores condiciones posibles» y, en lo que respecta a la formación profesional, «se cualifica para otras actividades energéticas e industriales, fuera de la minería». Además, indicó que se creará un «contrato de transición justa para que en aquellas comarcas en las que hay una especial concentración de esta actividad se vayan generando actividades industriales que permitan dar viabilidad económica y la gente no tenga que salir».

UGT, satisfecha con el acuerdo

Por su parte, el sindicato valora que en el preacuerdo se haya conseguido que «no haya salidas traumáticas en el sector» y que se reconozca «una discriminación positiva de las comarcas mineras en materia de reactivación«. El Gobierno, con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, y los sindicatos UGT Fica y CCOO de Industria alcanzaron un principio de acuerdo que da futuro al carbón más allá de 2018.

El principio de acuerdo abarca un ámbito temporal para el periodo 2019-2027, si bien a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta el año 2027, siendo hasta 2023 las medidas para la restauración.

Además, el plan social acordado va dirigido a trabajadores de una edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. También pueden acceder los trabajadores con 20 años trabajados en algunas empresas mineras, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal.

Empleo en actividades de restauración

Mientras, los trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen después de 2018. Además, para los trabajadores excedentes, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) articulará con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas.

En lo que respecta a la línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social, conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como la puesta en marcha de un plan de acción urgente para las mismas.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.

Ribera califica de «cortina de humo» que Alcoa alegue el precio de la electricidad para cerrar 2 plantas en España

Europa Press.- La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció su intención realizar un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores, tras proceder al cierre de estas fábricas debido a su «improductividad». Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha considerado una «excusa y una cortina de humo» que Alcoa alegue el alto precio de la electricidad para decidir estos cierres.

En este sentido, Ribera reconoció la sorpresa del Gobierno por la decisión de Alcoa, ya que es una de las empresas beneficiarias y que se lleva «una buena parte» de las subastas de interrumpibilidad, el sistema de gestión de la demanda que retribuye a las empresas por desconectarse del sistema eléctrico en caso de ser necesario. Así, la ministra consideró que igual ahora es necesario «ralentizar» el proceso de las subastas de interrumpibilidad y replantearse el sistema. Ribera subrayó que está trabajando «conjuntamente» con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para reaccionar «a algo que nos ha pillado por sorpresa«.

«No es una tontería que dos grandes plantas de producción de industria básica anuncien su cierre sin comunicación, sin previo aviso. Es importante revisar con la empresa de qué estamos hablando y ver los motivos reales de los cierres, cuando en sus balances seguían presentando beneficios. Algo no cuadra en esta operación, justo cierran las dos plantas donde no ha habido inversiones de mejora», apuntó. Ribera subrayó que ante la convocatoria del comité de empresa, la ministra de Industria intentó ponerse en contacto con los directivos de Alcoa, aunque sin éxito. «Ahora queda por ver si es una decisión irreversible o si habrá otras compañías de aluminio que pueda hacerse cargo de esas instalaciones», añadió.

Ribera reconoció que «es muy llamativo» y «un poco duro» que en fase de recuperación económica dos multinacionales como Alcoa y Vestas hayan anunciado estos procesos de cierres de plantas en España. «En el caso de Vestas, que también fue así y objeto de conversaciones duras con la empresa es doloroso, ya que esa industria es la del futuro», subrayó.

Alcoa y su factura eléctrica

Según la compañía estadounidense, las plantas de Avilés y La Coruña son las menos productivas del grupo debido a «problemas estructurales intrínsecos». Ante el cierre, Alcoa ha emprendido un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La empresa se ha comprometido a trabajar para reducir el impacto de este proceso y negociará un plan social con los trabajadores, al afirmar ser «consciente» de la repercusión humana y social de ese anuncio, por lo que «trabajará para alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes«.

Según Alcoa, las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su «menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos«, unidos a factores externos de mercado, como la «sobrecapacidad de producción de China», y el coste de la energía. Todos estos factores han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos 2 años, pérdidas «que previsiblemente continuarán en el futuro», alerta Alcoa.

La empresa ha defendido su intención en el pasado de superar estas condiciones adversas, que han supuesto «importantes esfuerzos» en los últimos años para reducir costes en estas dos fábricas y para mantener el empleo, aunque sin éxito debido a su «tecnología más antigua y menos eficiente, economía de escala y otros factores». De esta forma, Alcoa ha concluido que el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña podrá generar unas mejoras organizativas manteniendo la producción en una sola planta en España, la de San Ciprián, también en Galicia, donde se produce tanto aluminio como alúmina. Las ventas en España alcanzaron el pasado más de un 28% del total de su negocio mundial.