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Alcoa prevé ganar hasta 70 millones más al año por la reestructuración de sus plantas en Avilés y La Coruña

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Europa Press.- Alcoa prevé que las medidas de reestructuración planteadas en sus plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña permitirán a la multinacional incrementar su beneficio neto en una horquilla de entre 70 y 80 millones de dólares anuales (61,4 y 70,2 millones de euros) a partir del tercer trimestre del ejercicio 2019, según indicó la compañía estadounidense, que alcanzó un acuerdo con los sindicatos sobre el futuro de las dos plantas.

El acuerdo ofrece soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados de los 623 trabajadores indefinidos de las plantas de Avilés y La Coruña, así como mantener la actividad de las fundiciones de las dos plantas y de la torre de pasta de La Coruña. Alcoa espera incurrir en costes extraordinarios por reestructuración de entre 90 y 115 millones de dólares (79 y 101 millones de euros) que serán completamente contabilizados en el 2019. Además, según el resultado final, la compañía estima que podría tener que asumir cargas adicionales por el cese de actividad de las dos fundiciones a finales de 2019 que oscilarían entre los 125 y los 135 millones de dólares (109 y 118 millones de euros).

«Finalmente llegamos a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en nuestras plantas de aluminio de Avilés y La Coruña relacionadas con el proceso de despido colectivo que anunciamos en octubre», confirmó el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey, que calificó este acuerdo como «un paso muy positivo», señalando que a compañía seguirá operando las plantas durante 6 meses, hasta finales de junio, en una posición donde puedan reiniciarse y se verá «si hay alguien que quiera ingresar a esas posiciones operativas«. Alcoa asumirán también el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones de euros por planta) si se concreta una oferta de compra antes del 30 de junio.

Alcoa obtuvo un beneficio neto atribuido de 227 millones de dólares (199 millones de euros) en el conjunto del ejercicio 2018, cifra que representa un incremento del 4,6% en relación al resultado del año anterior. Las ventas de Alcoa entre enero y diciembre sumaron un total de 13.403 millones de dólares (11.762 millones de euros), una mejora interanual del 15%.

En el cuarto trimestre, la compañía estadounidense logró un beneficio neto atribuido de 43 millones de dólares (38 millones de euros), frente a las pérdidas de 196 millones de dólares (172 millones de euros) registradas en el 2017. Entre octubre y diciembre, la facturación de Alcoa alcanzó los 3.344 millones de dólares (2.935 millones de euros), cifra que representa un incremento del 5,3% respecto del cuarto trimestre de 2017. «Nuestro resultado de 2018 refleja cómo hemos fortalecido a Alcoa», declaró Roy Harvey, destacando el cumplimiento en la ejecución de las prioridades estratégicas establecidas por la empresa con el fin de reducir su complejidad y aumentar la rentabilidad, fortaleciendo el balance.

Sindicatos y Alcoa alcanzan un acuerdo con 20 millones para cada planta y mantenimiento del empleo hasta finales de junio

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Europa Press.- Los sindicatos y la dirección de Alcoa han alcanzado un acuerdo por el que la empresa invertirá 20 millones en la planta de Avilés (Asturias) y otros 20 en su planta de La Coruña (Galicia) para garantizar el mantenimiento del empleo hasta el 30 de junio de este año. Durante estos 6 meses, deberá encontrarse un inversor que permita salvar las plantas y los empleos, según apuntó la Comisión Negociadora.

En caso de que no aparezca ningún inversor que garantice el funcionamiento de ambas fábricas más allá del 1 de julio, los sindicatos piden al Gobierno el compromiso de garantizar el 100% del empleo. El acuerdo ofrece una solución para unos 355 empleados de las dos plantas, algo más del 50% de los 623 trabajadores indefinidos de las plantillas, y el compromiso de Alcoa de asumir el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones por planta) si se concreta una oferta de compra por algún inversor antes del próximo 30 de junio. Según el Ministerio de Industria, la mediación del Gobierno facilitó el preacuerdo que da salida a la crisis de Alcoa.

El Gobierno no lo garantiza

Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a «trabajar» para que «todos los afectados» por el proceso de cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña puedan ser recolocados al final del periodo marcado en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos para encontrar una solución para las dos factorías, que expira el próximo 30 de junio, pero no ha garantizado, tal y como deseaban los representantes de los trabajadores, el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo a partir de esa fecha.

En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, indicó que ese compromiso de garantías «no forma parte del acuerdo» y que tanto el Gobierno como el resto de administraciones tan sólo pueden asumir la responsabilidad de trabajar para «recolocar a todos los efectivos que están en peligro». Valdeolivas recalcó que esa petición de garantías para mantener el 100% del empleo por parte de los sindicatos se trata de «un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo».

«Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos. El compromiso es nuestro esfuerzo de buscar la mejor solución, pero los resultados no dependen del Gobierno. Contamos con 6 meses que nos dan un tiempo para buscar soluciones definitivas», añadió al respecto. El acuerdo cubre durante estos 6 meses al resto de los más de 260 trabajadores que no entran dentro de esa solución propuesta por la compañía, que durante ese periodo estarán en un proceso de formación profesional, financiado por la empresa y, si no pueden ser recolocados, «van a salir con una mejora significativa de su empleabilidad», destacó la secretaria de Estado de Empleo.

Por su parte, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, valoró «muy positivamente» el acuerdo porque “mejora mucho la situación que se tenía». Blanco indicó que las garantías de éxito en este tipo de procesos siempre son mayores teniendo un acuerdo entre las partes que si no se tiene y señaló que el objetivo del Gobierno es poner todos los recursos posible para minimizar al «máximo» el impacto de un posible cierre final de las plantas. Además, valoró la existencia de un compromiso de inversión por parte de la empresa, lo que «va ayudar mucho», y destacó que también va a facilitar mucho el escenario para buscar un nuevo inversor.

Mientras, los sindicatos valoraron también «positivamente» el acuerdo con la empresa, «dentro del abismo en que se estaba» ya que supone «ganar tiempo» para buscar inversores y para la creación por el Gobierno del Estatuto para los Electrointensivos. No obstante, lamentaron que no existiera un «mensaje más contundente» por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales en el caso de que a 1 de julio no se haya encontrado una solución definitiva, según el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

Por su parte, el responsable de Política Industrial de CC.OO, José Manuel Casado López, también consideró «positivo» el acuerdo y aseguró que existe el compromiso del Gobierno de intentar reducir «a la mitad de tiempo» el periodo fijado para aprobar un Estatuto para la Industria Electrointensiva, que vio la luz en diciembre en un decreto ley y se estima que este en marcha en 6 meses. «Lo que serviría para Alcoa y todos los electrointensivos de este país que están en la misma situación», añadió.

Unidos Podemos promueve en el Congreso el cese de Maroto por no defender la continuidad de Alcoa

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Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que promueve el cese de la ministra de Industria, Reyes Maroto, por la falta de una solución que garantice la continuidad de actividad en las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias).

En su iniciativa, los de Pablo Iglesias instan al Gobierno de Pedro Sánchez a reprobar la actuación de Maroto en la crisis de Alcoa pero también le emplazan a que la cese «por incumplimiento grave y reiterado» de sus funciones en la defensa de la industria española y sus puestos de trabajo. La propuesta ha sido avanzada por la responsable de Industria de Unidos Podemos y diputada de En Marea, Yolanda Díaz, quien ha advertido al Gobierno de que si no se alcanza un acuerdo pronto, someterán a votación del Congreso dicha reprobación y cese.

En la proposición, cuyos promotores han sido la propia Díaz pero también su compañero de En Marea, Antón Gómez Reino, y los diputados asturianos de Podemos, Sofía Fernández Castellón y Segundo González, el grupo confederal denuncia que la actuación del Gobierno y de su ministra de Industria ha sido «nula» en el conflicto surgido en Alcoa. «No ha conseguido negociar con la empresa, buscar una alternativa ni encontrar una solución. El Gobierno ha realizado anuncios pero sin llegar a concretar medidas que faciliten una salida negociada y decisiva al conflicto planteado», sostienen desde Unidos Podemos, que lamenta la negativa de Maroto «a intervenir la empresa Alcoa y nacionalizar las plantas alumineras que tiene en España».

Los diputados de Unidos Podemos, por boca de Yolanda Díaz, han aprovechado para criticar la falta de apoyo a la industria electrointensiva en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así, han denunciado que las cuentas presentadas en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reducen la partida reservada a la interrumpibilidad de 150 millones de euros a 31 millones, lo que podría desencadenar nuevos cierres de plantas. «Esto es inasumible. Esto es que muchas más empresas, además de Alcoa, que son grandes consumidoras de energía, cierren sus puertas», ha dicho Díaz.

Alcoa propuso apagar, de forma ordenada, las cubas de las líneas de electrolisis de las fábricas para que, si surge un inversor antes del 30 de junio, puedan reanudar su actividad. Hasta entonces, plantea la continuidad de las fundiciones de Avilés y Coruña y de la torre de pastas de la planta coruñesa, lo que garantizaría hasta esa fecha 200 empleos. A los demás trabajadores, se les aplicaría un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) hasta el 30 de junio. Si no hay un comprador, los despidos serían definitivos.

La representación sindical ha pedido al Gobierno que asuma la gestión de la fábrica para, ya sin Alcoa, buscar un inversor. En este contexto, han solicitado una reunión «urgente» con el Ministerio de Industria, «pero no hay respuesta«. Mientras, Reyes Maroto apeló a «la voluntad de todas las partes» para buscar una solución. En particular, a la empresa la instó a ofrecer «realmente garantías de que se puede mantener la producción» hasta encontrar un nuevo inversor. También indicó que hay abiertas negociaciones «con inversores potenciales«, pero que se necesita «tiempo«.

La ministra socialista Reyes Maroto anuncia que Zaragoza será la sede de la Mesa de la Movilidad Sostenible de España

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Europa Press.- La capital aragonesa será la sede de la Mesa de la Movilidad Sostenible en España. Así lo ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en su visita a Zaragoza, donde se ha reunido con los principales agentes del sector en Aragón.

Esta Mesa pasará a formar parte del proyecto Mobility City, que impulsa la Fundación Ibercaja y que tiene como sede el Pabellón Puente de Zaragoza. Sobre el plazo en el que se podrá en marcha, ha apuntado que todavía hay que firmar el acuerdo estratégico, en el que llevan trabajando desde septiembre. «Espero que en los próximos días se pueda aprobar, y será una colaboración público-privada, estarán tanto las empresas del sector como las distintas administraciones». Ha agregado que la Mesa estará constituida en «semanas».

Maroto ha mencionado que los retos que el sector del automóvil tiene por delante, con los cambios en movilidad, hay que abordarlos «de forma conjunta». Ha afirmado que su Gobierno trabaja para que España pueda acoger una planta de baterías eléctricas y, por su parte, el Ejecutivo de Aragón apuesta porque sea esta Comunidad la que tenga esta futura factoría.

«España quiere tener una fábrica de baterías, y lo importante es que ahora se está trabajando en ello y se están visitando las plantas para que eso sea una realidad, vamos a buscar inversor y vamos a buscar la mejor ubicación«. En este punto, aclaró que en Aragón se dan circunstancias favorables para que pueda acoger este tipo de factoría, gracias a la apuesta que está haciendo Opel en electificación, aunque «la competencia para localizar cualquier planta es tremenda». Ha detallado que en esta industria de baterías el mayor competidor es Asia, por lo que para mantener el liderazgo es necesario dar el paso hacia la electrificación de los vehículos.

La ministra de Industria ha subrayado que la Mesa de la Movilidad va a permitir «trabajar con certidumbre» en «una transición ordenada» adoptando medidas y siempre pensando en «reforzar la competitividad de nuestras plantas, garantizar el empleo«. El objetivo final, ha continuado, es dibujar un escenario de medio y largo plazo en el que el sector de la automoción español «mantenga su liderazgo». Ha evidenciado que los competidores son «voraces» y, por lo tanto, el compromiso del Gobierno de España con esta región es «claro».

“Empeñados en una transición ecológica”

«La planta de Opel es un referente ya para los compromisos asumidos en cuanto a los modelos eléctricos que vamos a tener ya a partir de este año, eso nos va a permitir también ser piloto hacia el resto de las plantas que van más despacio pero que están comprometidas en esa transición que, sin duda, podemos hacer«, agregó. «Es prioritario hablar de movilidad, el Gobierno de se ha empeñado en hacer una transición ecológica, nos lo marca Europa y tenemos un gran desafío como es el cambio climático», aseveró.

La ministra de Industria ha destacado la importancia de hacer «una transición ordenada en el sector del automóvil» para abordar «los grandes desafíos del sector». Ha mencionado que ha podido ver que dentro de la planta de Opel en Figueruelas la movilidad eléctrica es «una realidad», al tiempo que recordó que a final de este año habrá un modelo eléctrico del Corsa y que en 2025 «Opel estará en condiciones de ofertar modelos eléctricos manteniendo el resto de modelos de motores de combustión para que sean los particulares los que elijan el tipo de movilidad».

«Desde el Gobierno de España estamos comprometidos con el mantenimiento de las plantas y del empleo en el sector del automóvil, estamos trabajando en proyectos que nos van a permitir trazar una hoja de ruta y ya hemos tomado decisiones». Al respecto, añadió que tomaron medidas en la línea de favorecer la electrificación, con la eliminación del gestor de cargas o del impuesto al sol. Sostuvo que se trata de medidas enmarcadas en una hoja de ruta en la que trabajan con el sector y que se enmarca en la citada Mesa de la Movilidad.

Maroto señaló que los consumidores pueden en este momento comprar «cualquier vehículo que quieran», pero que la prioridad es la renovación del parque automovilístico. «Contamos con presupuesto para incentivar la compra de vehículos y una parte de recaudación del impuesto del diésel se va a dedicar también a la renovación del parque automovilístico, porque efectivamente el precio del vehículo eléctrico es mayor que el de combustión y, por lo tanto, hay un compromiso del Gobierno de incentivar la compra«, explicó.

La responsable de Industria ha insistido en que la renovación del parque es «clave», por lo que ha animado a los ciudadanos que están en duda de comprarse un vehículo que lo hagan. «Vehículos de media de 12 años son mucho más contaminantes que cualquier vehículo que nos podamos comprar», añadió. Ha relatado que se está trabajando con el sector en este plan de renovación de vehículos, pero ha dicho que todavía no hay fechas para su puesta en marcha.

Alcoa plantea parar la serie de electrolisis en A Coruña y Avilés para que esté operativa si hay un inversor

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Europa Press.– Alcoa se ha mostrado dispuesta a apagar la serie de electrolisis en sus fábricas de A Coruña y Avilés, sobre las que pesa el anuncio de cierre, para que esta parte de actividad de las plantas pueda estar operativa si surge un inversor. Así actúa la empresa al demorar 6 meses el ERE presentado para ambas fábricas, como solicitó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

De la reunión mantenida con el Gobierno, representantes de las administraciones autonómicas de Galicia y Asturias y sindicatos, no han querido concretar nada sobre su posicionamiento. Únicamente han dicho que se trataron «numerosas ideas». Sí han insistido en que tanto la fábrica de Coruña como la de Avilés «están afectadas por problemas estructurales». «Organizativos, productivos y tecnológicos», han añadido, incidiendo en que esto supone «menor capacidad de producción y altos costes operativos». A ello, suman «una tecnología obsoleta, menos eficiente».

Con todo, han dicho que la multinacional está dispuesta «a apagar la serie de electrolisis, una de las partes de la actividad en las fábricas junto a la fundición, para que quede en condiciones óptimas durante un período de tiempo«. De esta forma, según han explicado, «si surge un inversor interesado», podrían volverse a poner en funcionamiento. No obstante, han indicado que, para ello, necesitarían la «cooperación» de los trabajadores.

Hasta el 30 de junio

Por su parte, el Gobierno arrancó a la empresa el compromiso de fijar un plazo de 6 meses para buscar una alternativa al cierre de las plantas. Esto implica la paralización del ERE puesto en marcha por la compañía estadounidense en ambos centros españoles y que se pueda trabajar con un escenario temporal más amplio para encontrar soluciones al problema.

«Hay soluciones y estamos evaluando proyectos», aseguró la titular de la cartera de Industria, al tiempo que resaltó la necesidad de una voluntad por parte de Alcoa para llegar a soluciones similares a las que se alcanzaron en los casos de Vestas y de Cemex. «Si hay voluntad por parte de la empresa, el Gobierno ya ha demostrado en los casos de Vestas y Cemex que se puede buscar una solución de reindustrialización a cualquier cierre de empresa que se produzca en este país», añadió.

Por otro lado, fuentes de Industria explicaron que se ha abierto una línea de trabajo con la empresa tras el bloqueo mantenido en las diferentes reuniones de la mesa de trabajo. «Ahora se pasa a un escenario de prudencia en el que se han puesto sobre la mesa varias propuestas, entre las cuales está establecer 6 meses de plazo para analizar todo«, añadieron dichas fuentes.

El BOE publica ayudas por casi 18 millones para impulsar la reconversión de las zonas mineras con alternativas al carbón

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Europa Press.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las dos resoluciones adoptadas el pasado diciembre por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) por las que se convocan las ayudas por un importe total de, al menos, casi 18 millones de euros dirigidos a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.

Ambas convocatorias, publicadas a petición de los sindicatos, estaban incluidas en el anterior acuerdo del carbón, pero el Gobierno del PP no llegó a ejecutarlas. En concreto, el presupuesto de la primera convocatoria asciende a 5 millones de euros mientras que el de la segunda convocatoria cuenta con 12,9 millones de euros, ampliables por otros 17,1 millones. Ambas convocatorias tienen por finalidad promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas de la minería del carbón y su entorno con el fin último de generar actividades económicas alternativas a la minería del carbón, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo y mantenimiento de los ya existentes.

Industria trabaja para revertir los cierres de Alcoa ya que sus plantas españolas «siguen siendo viables» para el Gobierno

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Europa Press.- El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha afirmado que el Ministerio de Industria trabaja para revertir la decisión de la multinacional canadiense Alcoa de aplicar un ERE en sus plantas en Galicia y Asturias, al considerar que «siguen siendo viables«, y que mantendrá todas las opciones abiertas ante la intención de cierre de la entidad.

Blanco explicó que en la actualidad existe una propuesta de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la compañía en las plantas que tiene en A Coruña y Avilés, lo que motivaría el cierre de las mismas y afectaría a alrededor de 700 trabajadores. Así, recordó que la negociación laboral se ha ampliado hasta este martes y que desde el Gobierno están haciendo lo posible para evitar esta situación. «Creemos que las plantas siguen siendo viables», afirma Blanco, que añade que las medidas de apoyo a la industria electrointensiva aprobadas recientemente por el Ejecutivo afectarán de forma positiva, tanto a Alcoa como a otras industrias, ya que aportan un marco regulatorio estable.

Asimismo, indicó que desde Industria trabajan para tener cualquier posibilidad abierta ante la decisión de cierre de la compañía, al igual que se hizo en el caso de la planta de Villadangos del Páramo (León) de Vestas, un ejemplo que calificó como «un éxito», puesto que se pasó de un cierre en agosto a firmar un acuerdo con un nuevo inversor en diciembre. «Podemos hablar de que ha sido un éxito, ya que pasar de un cierre anunciado desde agosto a firmar un acuerdo en diciembre con un nuevo inversor que garantiza todos los empleos de la planta y también de la industria auxiliar es una noticia muy positiva», manifestó.

Abogados ambientales resaltan que el carbón solo supone el 2,9% de la producción minera y el 0,007% del PIB nacional

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Europa Press.- La industria carbonífera en España ha pasado de extraer más de 30 millones de toneladas de carbón en 1993 a menos de 3 millones en 2017, con un valor de producción de 83 millones de euros, algo que solo supone un 2,9% del sector minero en su conjunto y únicamente un 0,007% del PIB nacional.

Así se desprende del análisis realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), que también refleja la disminución «drástica» del número de trabajadores en esta industria, que ha pasado de 30.000 en 1994 a poco más de 2.000 en octubre. El número de explotaciones también ha descendido de forma paralela. Si a principios de los años 90 contaba con 146 explotaciones de carbón, a finales de 2017 solo 12 quedaban abiertas, 8 de ellas situadas en Asturias, 2 en Castilla y León, y otras 2 en Aragón.

En medio de este panorama, la industria ha rebasado la fecha límite marcada por la Unión Europea para el fin de las ayudas a las minas de carbón en el marco del plan de cierre de las explotaciones, un proceso empezado hace casi 3 décadas. Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, el sector del carbón está «en claro declive y tiene un papel residual dentro de la economía española», por lo que ve «inevitable» su fin, no solo en España, sino en todo el continente, ya que la norma europea prevé el cierre de todas las minas no competitivas.

Por ello, la prioridad ahora, según explica Barreira, es lograr que la transición de las cuencas mineras sea «ordenado y progresivo» y se apoye en un marco legal «adecuado» que garantice una transición «justa» para todos los trabajadores y comunidades afectadas». Entre las dificultades encontradas para alcanzar esta transición se encuentran «el monocultivo industrial, la ausencia de sectores alternativos, la despoblación y envejecimiento, la identidad minera de la población y un personal con baja formación».

Según comenta el ingeniero medioambiental del IIDMA, Massimiliano Patierno, la implementación de actividades económicas alternativas no deslocalizables, así como la planificación, la cooperación entre actores, la participación de la sociedad civil y el fomento de una formación profesional específica son algunos de los elementos «fundamentales» para que esta transición se realice con buenos resultados. La reconversión económica de las regiones mineras, tomando como ejemplo algunos casos de éxito registrados en otros países como Francia o Inglaterra, pasa por los sectores verdes y la economía circular, el ocio, la cultura y el I+D+i, de forma que se canalice el turismo mediante la creación de áreas recreativas o reconvirtiendo el patrimonio minero.

El Gobierno socialista concede una nueva prórroga de 10 años a la plataforma petrolífera Casablanca de Repsol en Tarragona

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó un real decreto para otorgar la segunda y última prórroga a la concesión de la plataforma petrolífera Casablanca por 10 años más, después de que Repsol haya cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos para su aprobación.

Por tanto, se otorga una segunda prórroga de la concesión con vigencia hasta el 27 de diciembre de 2028, tras la última concedida el 17 de marzo de 2009 por un periodo también de 10 años. Propiedad de Repsol y situada frente a las costas de Tarragona, Casablanca es la única plataforma petrolífera de España. La concesión de explotación de hidrocarburos de la planta fue otorgada por un real decreto de 1978 por un período de 30 años, con dos periodos adicionales de 10 años cada uno. Según indicaron fuentes del sector, había en juego unas inversiones totales cercanas a los 150 millones de euros durante estos últimos 10 años de prórroga de la concesión.

La producción actual de petróleo en la plataforma Casablanca, durante un año, supone un valor aproximado con precios sobre los 60 dólares por barril, de 40 millones de euros. Su producción actual ronda los 2.000 barriles equivalentes de petróleo al día. A eso hay que sumar el conjunto de actividades en el área de transporte, logística o suministros que se generan alrededor de la instalación, que representa una actividad tractora, especialmente en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià.

Además, no renovar la plataforma hubiera supuesto la pérdida de empleo, con cerca de 120 personas, con puestos de trabajo altamente cualificados y bien remunerados, dependientes de la instalación. Asimismo, se hubiera perdido una parte del compromiso de Repsol con el territorio, en forma de convenios (con el Consell Comarcal del Baix Ebre, para garantizar la prestación de un servicio de transporte público adaptado para personas con movilidad reducida y otras necesidades sociales). También otros convenios y colaboraciones, por ejemplo con la Cambra de Comerç de Tortosa, con el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, becas para formación y colaboración en proyectos de investigación.

La plataforma genera actividad empresarial y contratos de servicios, especialmente en las comarcas de Tarragona, por valor de 16 millones de euros al año. De estos, 7 millones de euros corresponden a la contratación de empresas y servicios en las comarcas tarraconenses (logística, compra de combustible, catering, servicio de aduanas, gestión de almacenes y compra de todo tipo de materiales).

En este sentido, la Asociación de Empresarios de las Comarcas del Ebro (AECE) mostró su «total apoyo» a la plataforma petrolífera y mostró su preocupación «por la incertidumbre» en la que estaba. Así, exigió el visto bueno a esta prórroga, ya que de no ser así «supondría una parada de la producción, inestabilidad en su estructura, tanto a nivel de dirección como de personal y un perjuicio económico muy importante».

El Gobierno formaliza el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras del carbón

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. En concreto, este texto formaliza el acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas. Así, a través de esta bolsa de trabajo, se facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación, siempre en coordinación con los servicios de empleo. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

100 millones para transición justa

Además, se determina la asignación, en los Presupuestos para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero (CO2), que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático. La normativa aprobada actualiza las medidas sociales adoptadas en el real decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Así, podrán prejubilarse los empleados con 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. El real decreto-ley también recoge, en su disposición transitoria cuarta, la ampliación del plazo por una prórroga de 2 años para los convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018.