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La patronal de estaciones de servicio CEEES asegura que el aumento de las gasolineras desatendidas ha destruido 10.100 empleos

EFE.– El número de gasolineras sin asalariados aumentó en 618 puntos de venta (un 34,4%) entre enero de 2012 y enero de 2017, mientras que en el mismo periodo el número de empleos en el sector se redujo en 10.100, según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

CEEES, junto con la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), ha hecho pública esta comparativa, basada en los datos proporcionados por el Gobierno en una respuesta por escrito al diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

El Ejecutivo ha señalado que, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2017 el número de gasolineras sin asalariados pasó de 1.798 a 2.416, con un crecimiento de 618 puntos de venta, un 34,4%.

En ese periodo de cinco años se abrieron en total 674 puntos de suministro de combustible, lo que supone que, del total de nuevas gasolineras abiertas, el 91,7% no tiene personal afecto a la instalación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2017 el número de trabajadores en el sector de la distribución al por menor de carburantes cayó desde los 62.100 a los 52.000, lo que supone 10.100 empleos menos en cinco años.

CEEES y Aevecar señalan que, tomando estos datos, en los 5 años analizados 6 personas que trabajaban en estaciones de servicio se quedaron sin su empleo y que por cada nueva gasolinera desatendida que se abre son 17 las personas que pierden su trabajo.

En esos mismos cinco años sólo se abrieron 56 estaciones de servicio atendidas por personal.

Los presidentes de CEEES y Aevecar, Jorge de Benito y Alejandro Ripoll, respectivamente, han anunciado que están programando una serie de encuentros con la Administración para conocer si el Ministerio de Trabajo va a hacer algo para revertir la pérdida de empleo que consideran provoca la apertura de gasolineras desatendidas.

Unidos Podemos pide que el Gobierno explique en el Congreso si el carbón tendrá continuidad en 2019

EFE.- El diputado de Unidos Podemos por Asturias, Segundo González, registró una batería de preguntas al Gobierno para saber si prevé dar alguna solución a la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá del 31 de diciembre de 2018, fecha límite para el cierre de las minas deficitarias.

Según González, la minería ha perdido más de 50.000 empleos desde el año 1952 y en la actualidad quedan 2.171 trabajadores en activo, 1.698 de ellos en Asturias después de que los planes de la minería impulsados en las últimas décadas por los gobiernos del PSOE y del PP se orientaran al cierre progresivo. En su iniciativa recuerda que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un plan de transición justa para las comarcas mineras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a no dar la espalda a las cuencas y a poner Hunosa «a la vanguardia de la transición energética».

A su juicio, el documento para una transición justa de la minería del carbón remitido certifica el cierre de la minería este año sin concretar los planes de transición que el Gobierno prevé poner en marcha para evitar la pérdida de empleos y reactivar económicamente las comarcas mineras. Además, el documento se limita a desarrollar los detalles de las ayudas para las prejubilaciones y las bajas indemnizadas una vez producidos los cierres «sin prácticamente plantear propuestas en materia de reactivación económica de las comarcas afectadas».

González emplaza al Gobierno a rectificar presentando «orientaciones creíbles para los planes de transición justa» y a plantear soluciones para el carbón autóctono hasta que se cierre la última térmica en Asturias así como a invertir los 250 millones previstos en el Plan de la Minería 2013-2018 «que el PP se negó a ejecutar». Finalmente, el diputado de Podemos pide conocer si el Gobierno prevé alguna solución para la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá de 2019 y si va diseñar y financiar planes de transición justa y ordenada para las comarcas mineras.

La danesa Vestas anuncia la salida de trabajadores de su planta de León entre octubre y diciembre de este año

EFE.- La dirección de Vestas ha anunciado a los representantes de los trabajadores que la salida de los operarios de la planta de Villadangos del Páramo (León) se producirá entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre de este año.

Según han indicado fuentes sindicales, se ha vuelto a abordar el informe técnico con el que la empresa quiere justificar el cierre.

«De nuevo queda demostrado que los motivos del cierre son insuficientes y puramente económicos y dejan claro que influye el coste de la energía, lo que claramente afectará a más plantas de España», han señalado fuentes del comité de empresa.

Los sindicatos han vuelto a pedir a la dirección que concrete las condiciones de las recolocaciones de parte de la plantilla que ofrece, sin que la empresa haya hecho mayores concreciones, según ha denunciado el comité.

Los sindicatos temen que la intención de la firma de componentes eólicos sea la de ir cerrando este y otros aspectos según vayan avanzando las negociaciones del ERE de extinción presentado.

Señalan que, como principal oferta, la empresa asume el compromiso de reabsorber a parte de la plantilla, pero sin concretar en qué número y las condiciones laborales.

Además, la dirección de la multinacional ha entregado a los sindicatos un informe técnico en el que argumenta la decisión del cierre de la planta leonesa, que achaca exclusivamente a factores objetivos de mercado.

El comité recuerda que lleva meses presentado propuestas para la mejora de la planta de León que han sido rechazados o directamente desoídos en una estrategia preconcebida para el cierre de la factoría de Villadangos.

La empresa notificó a los representantes de los trabajadores el ERE de extinción para los 362 empleados.

Los gobiernos central y autonómico han exigido a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones.

De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta leonesa, que sumados con los puestos indirectos llega a dar trabajo a más de 2.000 personas.

Los cerca de 600 trabajadores, entre fijos y de empresas auxiliares dedicadas en exclusiva a proveer a Vestas, que se verían afectados mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.

La Junta de Castilla-La Mancha aprueba un nuevo proyecto de energía renovable fotovoltaica en Almansa de la empresa Photosolar Medina

EFE.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de adjudicar un nuevo proyecto de producción de energía renovable fotovoltaica en Almansa a la empresa Photosolar Medina 4SL.

Esta planta tendrá una potencia de 50 megavatios y supondrá una inversión de más de 33,5 millones de euros, tal y como ha indicado el Gobierno regional.

Con esta potencia instalada se producirán 90 Gw/hora al año, que podrían suministrar energía eléctrica a 36.000 viviendas y emplear durante su construcción a más de 90 trabajadores, y además, generará ingresos para el ayuntamiento y a los propietarios de los terrenos por el arrendamiento de los terrenos.

En 4 meses se ha conseguido la autorización administrativa previa y de construcción, tal y como ha subrayado el Gobierno regional, que ha apuntado que «en muchas comunidades autónomas este periodo lleva entre un año y medio a dos años».

Asimismo, ha subrayado que Castilla-La Mancha sigue aumentando el número de solicitudes para instalar centrales fotovoltaicas de producción de energía eléctrica y que en este momento hay 119 expedientes en tramitación, que acumulan una potencia de 2.628 megavatios.

La OIT y diferentes agentes sociales aseguran que la transición energética incrementará el empleo pero con algún «impacto adverso»

EFE. – El director de la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Joaquín Nieto, ha solicitado a España para que trabaje por la transición energética, pero de una forma justa, incorporando medidas de promoción del empleo y de protección social.

En una mesa redonda de la jornada «La transición energética y el empleo», organizada por el Club Español de la Energía y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Nieto ha considerado que la transición energética es «urgente» y tendrá «efectos positivos», pero ha detallado también los «impactos eventualmente adversos» que puede tener.

En este sentido, y según los datos de la OIT, los primeros cambios que traerá la transición energética generará 24 millones de empleos a nivel mundial, pero también la pérdida de otros 6 millones, lo que el saldo global será positivo, con 18 millones de puestos de trabajo netos más.

Así, Nieto ha destacado un informe elaborado por la propia organización que analiza 163 sectores económicos y ha apuntado que «la mayoría se beneficiarán con crecimiento de empleo», especialmente el eléctrico, estimando para 2030 la creación de 2,5 millones de empleos frente a los 400.000 que se perderán.

El director de la OIT ha asegurado que «los nuevos empleos no se crean ni en el mismo momento ni lugar que los que se perdieron», por lo que ha resaltado la necesidad de «incorporar el concepto de transición justa y gestionar esa perdida de empleo».

Por ello, ha abogado por medidas de protección social y promoción del empleo y «eso requiere dialogo social con los sectores concernidos, con la patronal y con los sindicatos», a quienes ha advertido que «el retraso de la conversión la hará mucho más traumática».

 

Sindicatos y empresario

Asimismo, sindicatos y empresarios consideran también que la transición energética incrementará el empleo al final del proceso aunque advierten, del mismo modo, que requerirá sacrificios, si bien han dejado claro que la opción de no hacer nada ante el cambio que se avecina no existe.

Así, la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, ha señalado que en 2050 se pueden crear 18 millones de empleos en el mundo, con lo cual habrá un movimiento del empleo.

Sicre ha destacado el objetivo de alcanzar, en 2030, que el 32% de la demanda final de energía en la Unión Europea sea de fuentes renovables. Así, se generarán 132.000 nuevos empleos.

Por su parte, el jefe del área de Industria, Energía y Medio Ambiente de la patronal CEOE, Iván Albertos, ha advertido de que sin un marco regulatorio «predecible» será difícil acometer las cuantiosas inversiones, de entre 60.000 y 100.000 millones de euros, necesarias para la transición energética y ha expresado sus dudas de que los partidos políticos puedan llegar a un consenso en materia de energía.

También ha asistido el presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, quién ha señalado que la transición energética no será posible sin los ciudadanos y a éstos hay que contarles la verdad, que «va a tener oportunidades gigantescas pero va a exigir también sacrificios».

En este sentido, ha recordado que con el coche eléctrico en un futuro se ahorrará, pero de momento es «muy caro», y lo mismo ocurre con las medidas de eficiencia en edificios, que en un primer momento supondrán costes, por lo que los políticos deben decir qué medidas van a tomar para paliar esos primeros impactos.

Además Araluce, ha asegura que se van a destruir empleos y habrá que reconvertirlos, al tiempo que ha insistido en que habrá que poner el foco en las regiones y los territorios porque el problema es que la generación de la energía se concentra en territorios.

Por otro lado, José López-Tafall, secretario del Grupo Español para el Crecimiento Verde, creado en 2015 e integrado por 40 empresas que impulsan ese modelo de desarrollo económico, ha afirmado que la transición energética creará empleo y riqueza, y que «habrá buenos empleos».

Ha recalcado que España invirtió el año pasado 40.300 millones en importar combustibles fósiles, por lo que es necesario poner en marcha esta transición, algo que ha recordado requiere de un marco regulatorio, pues si no sólo se verán los costes de la transición.

Por último, el responsable de Medio Ambiente de UGT, Wilfredo Miró, ha manifestado que la transición energética es una oportunidad para crear empleo «y de calidad» en España, aunque ha señalado que habrá que acompasar en el tiempo los que se destruyan con los que se generen, mientras que el secretario de Medio Ambiente de CCOO Madrid, Ángel Juberías, ha dicho que es imprescindible tener en cuenta a la zonas afectadas.

Ribera garantiza que el Gobierno elaborara un plan “urgente” dirigido a las comarcas mineras y a las nucleares que cierren

EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, garantiza que en la estrategia de transición energética justa del Gobierno habrá un plan de acción urgente dedicado a las comarcas mineras y a las de centrales nucleares en proceso de cierre. Ribera señaló también que se pondrán en marcha los contratos de transición, negociados y pactados con las administraciones locales y agentes económicos y sociales de las zonas afectadas, un modelo similar al ya aplicado en Francia, Alemania y Reino Unido.

Ribera lamenta que no se anticiparan estrategias de diversificación para estos territorios con tiempo «suficiente«. Asimismo, ha señalado que España no se puede conformar con el paro y la calidad del empleo que tiene. Por eso, ha indicado que se debe prestar atención a los sectores generadores de empleo como consecuencia de la transición energética, a fin de propiciar una industria y un nuevo modo de producir bienes y servicios. «Tenemos muchísimo que ganar si apostamos por la transformación de la economía y una transición bien diseñada», añadió Ribera, quien señaló que los recursos que ahora se destinan a la importación de combustibles fósiles se podrían redirigir a crear empleo.

Por otro lado, la ministra ha argumentado que constituir proyectos integrados en el desarrollo territorial garantizará el empleo a medio y largo plazo, así como facilitará un sistema productivo «sólido» y sobre la base de los límites ambientales. En este sentido, ha declarado que el Gobierno quiere aprender de experiencias «previas» y reactivar la agenda económica hacia la «transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular». Asimismo, la ministra ha avanzado que el Gobierno llevará a cabo un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir con las orientaciones que esta organización realizó a los países para lograr una transición energética justa.

En su informe Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, publicado en 2015, la OIT recogió varias conclusiones relativas al desarrollo sostenible, al trabajo decente y a los empleos verdes. Actualmente, esas directrices se encuentran respaldadas internacionalmente por sindicatos, empleadores y gobiernos, según la ministra. Ribera ha asegurado que «no tener estrategia es la peor de las opciones», por lo que el Gobierno optará por una estrategia por la transición justa basada en las directrices de la OIT a través de un acuerdo que garantice el «éxito».

Inacción mala para el empleo

Además, recordó que, según el informe de la OIT, por cada empleo que se pierda con la transición energética se crearán 4, si bien ha reconocido que no todos se producirán en los mismos lugares, por lo que hay que hacer una labor de anticipación. Ha añadido que los impactos negativos que han sufrido en el empleo sectores como el carbón no se han debido únicamente a razones ambientales, sino a la competitividad del carbón de otros países y la aparición de tecnologías energéticas más baratas. Asimismo, ha destacado la importancia de acometer la transición energética, pues la «inacción» ha hecho que no se hayan creado empleos relacionados con la eficiencia energética o el autoconsumo.

Por su parte, el presidente del Club de la Energía y de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha recordado que en la transición de los años 90, cuando empezó el declive del carbón, se perdieron 40.000 empleos y se crearon sólo 70.000, cifra muy alejada del potencial que tienen las energías renovables. Ha advertido que en esta nueva transición energética no se van a crear puestos de trabajo si no hay inversión, y para ello hace falta un marco regulatorio que favorezca la confianza de los inversores.

Según la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, en el mundo se crearán 24 millones de nuevos puestos de trabajo con la transición energética, pero no se podrá evitar que se destruyan 6 millones, algo que hay que acometer «con valentía». Ha advertido que luchar contra el cambio climático es necesario para evitar que desaparezcan 1.200 millones de puestos de trabajo que se necesitan de un medio ambiente estable.

Además, augura que el cambio de modelo energético aumentará la competitividad de la industria en España, pues las renovables dan más estabilidad a los precios y harán que no se dependa tanto de los combustibles fósiles. Finalmente, subrayó que es urgente apostar por el cambio pues, si no, se anticiparán otros países, de los que España acabará importando tecnología y conocimiento, en lugar de exportarlos.

El grupo CLH inicia servicios de suministro de combustible en el aeropuerto de Tocumen de la Ciudad de Panamá

EFE.- CLH Panamá, filial de CLH Aviación, ha comenzado a prestar servicios de operación, mantenimiento y puesta a bordo de combustible en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, situado en la capital panameña y en el que operan unas 40 aerolíneas que vuelan a 80 destinos en 35 países de Europa y América.

Según indicó la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), la compañía también ha iniciado sus actividades en los aeropuertos de Panamá Pacífico y Río Hato-Scarlett Martínez.

También tiene previsto comenzar a operar durante el mes de octubre en el aeropuerto Enrique Jiménez de Colón y próximamente en el de Enrique Malek.

CLH Panamá ha renovado todos los equipamientos, ha contratado a cerca de 100 personas y ha incorporado 45 nuevos vehículos de suministro, entre unidades repostadoras, vehículos dispensadores y carros hidrantes, fabricados expresamente para este proyecto.

La filial de CLH Aviación se adjudicó a finales del año pasado el concurso convocado por el Gobierno de Panamá para suministrar a estos 5 aeropuertos.

La adjudicación fue ratificada por la junta directiva de la sociedad Aeropuerto Internacional de Tocumen y refrendada por la Contraloría General de la República.

CLH Panamá gestionará las instalaciones de combustible de los 5 aeropuertos, incluyendo el servicio de puesta a bordo, en régimen de concesión durante 10 años y como operador único, y construirá una nueva estación de servicio en el aeropuerto de Tocumen.

Vestas ofrece recolocar a parte de su plantilla de León sin concretar a cuantos trabajadores alcanzará esta medida

EFE.- La dirección de Vestas ha ofrecido al comité de empresa la recolocación de parte de la plantilla de la factoría que la multinacional danesa tiene en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo, pero sin concretar a cuantos trabajadores alcanzará esta medida. Según fuentes sindicales, la intención de la firma de componentes eólicos es ir cerrando éste y otros aspectos a medida que vayan avanzando las negociaciones del ERE de extinción presentado.

Los sindicatos señalan que, como principal oferta, la empresa asume el compromiso de reabsorber a parte de la plantilla, pero sin concretar en qué número ni las condiciones laborales. Además, la multinacional ha entregado a los sindicatos un informe técnico en el que argumenta la decisión del cierre de la planta leonesa, que achaca exclusivamente a factores objetivos de mercado.

Las mismas fuentes han precisado que los representantes de los trabajadores «han desmontado uno por uno los argumentos de la empresa», y recalcan que era una decisión tomada al margen de criterios de rentabilidad o productividad. Al respecto, han recordado que presentaron propuestas para la mejora de la planta de León que han sido rechazados o directamente desoídos en una estrategia preconcebida para el cierre de la factoría de Villadangos.

Responsabilidad ante las subvenciones recibidas

Al margen de estas negociaciones, la Fundación Anclaje, de la que forman parte la Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO y UGT, sigue trabajando en la búsqueda de un inversor que quiera hacerse cargo de la planta y propiciar así el mantenimiento del empleo. La reunión tuvo lugar después de que miles de personas participaran en una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta leonesa, que sumados con los puestos indirectos llega a dar trabajo a más de 2.000 personas.

Sordo (CCOO) exige al Gobierno que regule la deslocalización de empresas con beneficios para evitar casos como el de Vestas

EFE.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, como sucede en Francia.

Así lo ha afirmado en León, donde participó en la manifestación convocada por UGT, CCOO y CGT para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en la localidad leonesa Villadangos del Páramo y la reindustrialización de la provincia.

El líder de CCOO ha tildado de «atropello» lo que pretende hacer la multinacional danesa y ha ofrecido todo el apoyo del sindicato para frenar las intenciones de la empresa.

«Es una batalla en la que no vamos a cejar porque consideramos inaceptable que una empresa que arroja resultados positivos y cuenta en León con una planta que tiene unos ratios de productividad muy importante sea cerrada después de contar con recursos públicos y con un tratamiento privilegiado», ha advertido.

Ha añadido que es «inaceptable» que en una provincia como León se produzcan estos episodios de desindustrialización que «desanclan las empresas del territorio y provoca que la gente se tenga que marchar».

«No podemos admitir que empresas multinacionales que acceden a recursos públicos se marchen sin ningún ejercicio de responsabilidad con su entorno, y vamos a promover el Gobierno tome medidas», ha anunciado Sordo, que ha calificado de «intolerable» la forma de actuar de la empresa.

Ha señalado que los trabajadores de Vestas ya han demostrado su disposición a la negociación, que pasa, ha precisado, porque la empresa reconsidere su decisión, y están dispuestos a asumir medidas que mejores incluso los ratios de productividad y rentabilidad.

Ha precisado que cuando se facilita que las empresas se vayan sin tener que dar explicaciones una vez que han aprovechado los recursos públicos, los episodios de deslocalización son más habituales de lo que deberían.

«Por tanto exigimos medidas para controlar que empresas con beneficios no se puedan ir de esta manera, tal y como sucede en otros países y Francia es un buen ejemplo donde hay leyes que condicionan las decisiones de las empresas», ha zanjado.

El Gobierno no hará «una barbaridad» con el cierre del carbón y nucleares en 2028 sin analizar el escenario climático

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno tiene «claros» sus compromisos pero también sabe qué es «lo mejor» para la economía, por lo que «no va a hacer una barbaridad» en cuanto a las fechas de cierre de las centrales térmicas de carbón y apuntó que la fecha de 2028 para el fin de la energía nuclear en España “dependerá de los escenarios climáticos”.

La ministra ha culpado al anterior Gobierno de falta de anticipación y de «irresponsabilidad» porque no se ha encontrado «nada» respecto al futuro del carbón, ni escenarios planteados ni sobre los sectores afectados. «No había nada. No sabemos los escenarios que se manejaban; una cosa de absoluta irresponsabilidad», ha apostillado la ministra, que ha añadido que las fechas de cierre del carbón «no han sido acompañadas» del proceso previo necesario, al tiempo que recordó que en los próximos 18 meses las principales centrales nucleares deberán presentar su solicitud de renovación de permiso o de cierre.

«Tenemos un problema antipático y nos encontramos que el calendario avanza y no se ha solucionado el problema», ha explicado la ministra, quien asegura que «me hace gracia el concepto de transición acelerada del que se nos acusa», pues «precisamente por no ser acelerados estamos donde estamos». En su opinión, se tenía que haber hecho esa evaluación con suficiente capacidad de anticipación y «este es un Gobierno que tiene claro sus compromisos internacionales y sus desafíos, pero también que quiere lo mejor para los ciudadanos».

En cuanto al carbón, subrayó que el actual marco estratégico se verá reflejado en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética así como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero ha asegurado que la «segunda prioridad» es la del empleo nuevo en un mundo en auge pero en el que se debe hacer un «acompañamiento solidario» del empleo «en retiro».

Ribera entiende que se generen «tensiones» en las zonas donde se destruye empleo y precisamente es el carbón «el primer caso en el que esto se materializa», pero ha dejado entrever que la cuestión no es nueva sino que se debe a una falta de anticipación de la que responsabiliza no solo al anterior Ejecutivo sino también a consejeros de comunidades autónomas, patronales y sindicatos, que firmaron los planes y acuerdos anteriores. Ahora defiende que es «prioridad» del presidente del Gobierno apostar por «identificar oportunidades en cada uno de estos espacios» y acometer un plan de desarrollo local. «Si no hacemos esto, es normal que a la gente le preocupe su futuro inmediato», ha comentado.

En materia de energía nuclear, preguntada por la fecha de cierre final del parque nuclear español en 2028, la ministra tampoco encontró «ni un papel» sobre la cuestión, ni un plan nacional de residuos con el que acompañar las decisiones que permitan «transitar por sendas sólidas». Por ello, no ha descartado que 2028 sea la fecha definitiva, de acuerdo con el programa del PSOE del que forma parte y que señala el cierre de las centrales nucleares cuando estas cumplan 40 años de vida tecnológica.

Eso sí, Ribera ha dejado entrever que esa fecha dependerá de la planificación energética y de los estudios sobre las distintas sendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero así como del futuro Plan Nacional de Residuos que ahora debe elaborar el Gobierno. «Habrá que evaluar la combinación de las distintas sendas por lo que será mejor tener ese debate cuando tengamos los escenarios y el análisis de las distintas herramientas», ha concluido.

El futuro según las compañías

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, considera viable cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años, mientras que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ve dificultades «técnicas» para parar cualquiera antes de 2027-2028. Santamaría, ha manifestado que es posible cerrar las centrales nucleares españolas cuando cumplan los 40 años de vida para los que fueron diseñadas (6 centrales en total que suman 8 reactores y que cerrarían entre 2020 y 2028) «sin gran afección». Añadió que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) será la que tendrá que liderar el estudio y el análisis de cómo proceder al cierre, pero ella cree que es «viable».

El consejero delegado de Endesa ha manifestado que cualquier sustitución de la energía nuclear tendrá que conllevar un sistema que garantice una «potencia firme» (actualmente la potencia nuclear aporta 7.700 megavatios). Además, ha señalado que se debería tener hecho un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, después de paralizarse la construcción del de Villar de Cañas (Cuenca), con capacidad para manejar 70 contenedores anuales, y ha señalado que hasta que no haya uno puede haber dificultades técnicas para parar cualquier central antes de 2027-28.

En cuanto al cierre de las centrales térmicas, Santamaría ha dicho que estas instalaciones tienen ya un papel limitado y no están «alineadas» con las políticas medioambientales de la Unión Europea. Ha recordado que Iberdrola pidió hace un año la autorización para cerrar sus 2 últimas centrales de carbón en el mundo, Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), y ha afirmado que es viable clausurar las que hay en España manteniendo la garantía de suministro eléctrico. Ha admitido que estos cierres tendrán impacto en el tejido industrial y el empleo, por lo que habrá que mitigar esos efectos con ayudas europeas como las que ya utilizan países como Polonia y Alemania para crear alternativas en comarcas afectadas por la transición energética.

José Bogas opina también que el carbón cerrará, pues al final la legislación y el coste de las emisiones de CO2 harán que no tenga encaje en el mix eléctrico (combinación de diferentes fuentes de energía que cubren el suministro). También el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, considera que «el carbón está encaminado a llegar a su fin de vida», aunque ha dicho que ese final tiene que ser justo.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado que la partida de la descarbonización se juega en Asia, y ha destacado que el que haya gas natural a bajo precio será lo que reduzca el consumo de carbón en ese continente, donde las proyecciones de crecimiento del consumo eléctrico son muy grandes. En el mismo sentido, la consejera delegada de Engie, Loreto Ordóñez, destacó que su compañía ha desinvertido en la generación con carbón, aunque admitió que la ecuación económica carbón-gas no funciona porque el coste marginal de producir con carbón sigue siendo más barato.