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Castilla y León añadirá 862 MW eólicos hasta 2020 al atraer 789 millones de inversión y crear 2.471 empleos

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Europa Press.- Castilla y León añadirá 862 megavatios (MW) de energía eólica en 2019 tras inversiones de en torno a 789 millones de euros y la creación de unos 2.471 empleos en su construcción, según ha avanzado el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien ha señalado que estos proyectos se pondrán en marcha en 6 de las 9 provincias de la comunidad.

González participó en un acto organizado por Naturgy para detallar sus proyectos previstos en la comunidad durante 2019. Así, como han explicado la directora de Generación de la empresa energética y el responsable de Desarrollo de Renovables en la comunidad de la compañía, Ana Peris y David Muñoz, Naturgy se encargara de impulsar 306 MW de los 862 previstos, con una inversión de 300 millones de euros en 9 parques en Valladolid, Zamora y Burgos.

El director general de Energía y Minas de la Junta ha detallado que el 77,5% de la potencia que se genera en Castilla y León es renovable y acumula el 22% del total de renovables de España. El dirigente autonómico explicó que los proyectos previstos en Castilla y León hasta 2020 «implicará rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones de euros en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos«.

Finalmente, González destacó que, por convenios e impuestos medioambientales, la Administración autonómica recibirá ingresos por unos 3 millones de euros de media anual durante los primeros 20 años y ha destacado que «a medio y largo plazo, dado el elevado número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 MW eólicos».

En concreto, como ha detallado González, en Castilla y León la puesta en marcha de estos 862 MW de potencia tendrá una repercusión más fuerte en Valladolid, donde se prevé generar una potencia de 528 MW con una inversión de 528 millones de euros y la creación de 1.471 empleos, seguida de Burgos con 240 MW, una inversión de 186 millones y 681 empleos. En Soria, se sumarán 41 MW hasta 2020 con una inversión de 33 millones y 220 empleos, a la que le sigue Palencia, con 39 MW por 30 millones y 60 empleos, Salamanca, con 9 MW, ocho millones de inversión y 60 empleos y León, con 5 MW, 4 millones y 16 empleos en su construcción.

Por su parte, Naturgy prevé la construcción de 9 parques eólicos en 16 municipios de las provincias de Burgos, Valladolid y Zamora. Estos parques, que crearán 1.000 empleos durante sus diferentes fases de construcción, tendrán una potencia conjunta de más de 300 MW, equivalentes al consumo eléctrico anual de 380.000 viviendas, el 24% de las totales de Castilla y León.

Maroto alega que concedió ayudas a Alcoa «por responsabilidad» pese a saber que iba a cerrar varias plantas en España

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Europa Press.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha justificado en el Congreso que el Gobierno concedió «por responsabilidad» ayudas a la empresa Alcoa pese a conocer en ese momento que tenía intención de cerrar dos de sus plantas, con el fin de facilitar la búsqueda de un inversor.

Así, durante su comparecencia ante la comisión de Industria, a la que ha acudido a informar sobre esta crisis industrial, Maroto ha señalado que las tres plantas de esta empresa se beneficiaron de las ayudas correspondientes al mecanismo de compensación de costes indirectos a las emisiones de CO2 para compensar los costes eléctricos. La ministra ha señalado que el Gobierno concedió estas ayudas «para garantizar la búsqueda de inversor» y así no poner ningún «impedimento» para encontrar una empresa que se hiciera cargo de las plantas amenazadas por el cierre.

Además de estos mecanismos de compensación, Maroto destaca que el Gobierno puso «a disposición» otras ayudas, como los programas de apoyo a la inversión industrial para el fomento de la competitividad o el programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+i. A renglón seguido, la ministra ha incidido en que el decreto ley aprobado por el Gobierno con varias medidas para el sector, entre ellas la creación del estatuto para las empresas electrointensivas, incluye la garantía para que las empresas que reciban este tipo de ayudas mantengan la producción y el empleo durante 3 años.

Durante su intervención ante la Comisión de Industria, Maroto celebró que ya cuenta con varias ofertas para dar un futuro a las plantas y que en las mesas de seguimiento en las que participa el propio Gobierno se evaluará «de forma conjunta» el plan de inversión de «los distintos agentes que han manifestado interés». En este sentido, subrayó que tendrá prioridad la presentación de un plan de futuro. «No vale cualquier plan de inversión, necesitamos uno que garantice la viabilidad en el corto, pero también en el medio y largo plazo en ambas instalaciones», señaló.

“No nos vale cualquier inversión”

Así, Maroto ha manifestado la importancia de que el inversor que presente una oferta por las plantas «venga para quedarse» ya que, optar por una opción sin contar con el largo plazo tendría el riesgo de convertirse en «pan para hoy, hambre para mañana». Maroto destacó el papel jugado por el Gobierno a la hora de actuar en esta crisis, subrayando que con Alcoa «el acompañamiento ha sido total, diario» y reivindicando la dificultad en alcanzar el acuerdo para dar más margen en la búsqueda de un nuevo inversor, que garantiza que no haya ni un solo despido hasta junio.

«Ha sido muy difícil que Alcoa revirtiera una decisión que había tomado, algo que no está suficientemente reconocido», ha aseverado la ministra. Si bien en un principio la propia Alcoa se posicionó como «muy distante» a la hora de buscar alternativas a las plantas, una búsqueda en la que, ha asegurado, «era impensable» que participara al inicio de la crisis, ha celebrado que ahora exista «un compromiso escrito» para ser «actor activo en la búsqueda de soluciones y las inversiones que necesita para seguir funcionando«.

La ministra ha recordado que la empresa ya planteó hace 5 años un ERE para su plantilla en España, y ha mencionado los «problemas estructurales» de los que adolece, pero ha pedido también no poner el foco únicamente en el coste de la energía. «No solamente es por un coste de pérdida de competitividad. También, pero no solamente», ha manifestado.

Respecto a la puesta en marcha del estatuto para la industria electrointensiva, ha justificado la aminoración en las partidas por compensación por emisiones en que será este estatuto el que defina con qué recursos contará, y también ha avanzado que su departamento trabaja en acelerar la presentación del mismo. Así, ha avanzado que buscan que este mismo mes de febrero puedan presentar a los grupos un borrador sobre un texto que, actualmente, se encuentra en período de consultas en el que la Xunta de Galicia y el propio comité de empresa de Alcoa en A Coruña ya han trasladado propuestas.

Industria sigue trabajando en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y asegura que hay inversores interesados en las plantas de Alcoa

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Europa Press.- El Gobierno sigue trabajando en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, según apuntó la ministra de Industria, Reyes Maroto, y sobre la situación de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, la ministra ha manifestado que, por ahora, «se ha jugado el partido de ida», en referencia al acuerdo con la empresa para buscar un inversor antes del 1 de julio, y que ahora toca «jugar el de vuelta».

En este contexto, se están analizando posibles ofertas que garanticen la continuidad de las fábricas. Sobre éstas, la ministra ha manifestado que hay «distintos perfiles». «Inversores españoles y fondos de inversión», ha precisado sin querer concretar más al respecto por estar en estos momentos evaluándose las ofertas. Maroto ha destacado, no obstante, la «respuesta» por parte de la multinacional norteamericana para «acompañar en la búsqueda de una solución». Sobre el futuro, se ha mostrado confiada en «tener pronto» un inversor «que dé garantías de continuidad».

Trabajando para la industria electrointensiva

«El Gobierno está tomando medidas», afirmó sobre el estatuto para los consumidores electrointensivos. Además, ha puesto en valor «la alta calidad» del aluminio que se produce en ambas plantas. Preguntada si el Ejecutivo se plantearía una venta en conjunto de las dos fábricas o por separado, ha asegurado que es «pronto para decirlo». «El compromiso es hacerlo con las mejores garantías» y con un inversor que aporte «certeza y calidad a medio y largo plazo».

Por su parte, Miguel Conde, miembro del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, ha vuelto a pedir al Gobierno «compromiso para buscar una solución». También ha confirmado que se paraliza la actividad en 50 cubas electrolíticas en la fábrica. «El corazón de la planta», ha subrayado. Con todo, ha dicho que la plantilla lo hará «en las mejores condiciones para poder volver a arrancarlas» si surge un inversor.

Por otro lado, respecto a Isowat Made en A Coruña, que también busca un inversor para evitar el cierre y dar una salida a casi un centenar de trabajadores, la ministra de Industria ha explicado que el Ejecutivo mantiene «contactos» con la plantilla a través de la Delegación del Gobierno. En este sentido, se buscan «nuevas ofertas». «Nuestro compromiso es acompañar en la resolución de esta crisis», señaló, apelando a que es una planta «rentable».

Vara calcula que la nuclear de Almaraz operará hasta «finales de la próxima década» y pide «trabajar intensamente» en alternativas

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calculado que la central nuclear de Almaraz seguirá funcionando hasta «finales de la década de los veinte», por lo que ha instado a «trabajar intensamente» en los próximos años «para conseguir esas alternativas» a la planta, que deberán ser de carácter energético e industrial. De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara tras las últimas reuniones mantenidas por el Gobierno y las compañías eléctricas.

Fernández Vara ha destacado la «noticia positiva» de que la central nuclear «ni se cierra el año que viene ni se cierra el 23 o 24, sino que «lo hará a finales de la década de los 20, en base al calendario que ya conoceremos». De esta forma «se despeja la incertidumbre que había en el corto plazo», ha reafirmado el presidente extremeño, quien señaló que cuando llegue el fin de la vida útil de las centrales nucleares «hay que desmantelarlas, y eso cuesta mucho dinero». Ante esta situación, Vara considera que «lo que tiene que hacer el Gobierno es que cuando eso vaya a ocurrir, que ese dinero esté»

Así, y respecto a la reunión que el presidente de la Junta mantuvo con alcaldes de la zona de la central nuclear de Almaraz, Fernández Vara ha explicado que fue un encuentro «absolutamente discreto» para trasladarles la información que tiene, tras lo que ha lamentado que algunos de estos ediles le «acusaron de que lo hacía electoralmente». Así, calificó de «paradójico» que «el que convoca sin medios, discretamente, es el que tiene interés electoral», mientras que «el que viene a la reunión y da ruedas de prensa, no lo tiene», ha lamentado el presidente extremeño.

Vara ha destacado que una vez que «se ha resuelto» el problema de un posible cierre de la planta, ha señalado que a partir de ahora es necesario «trabajar todos estos años de manera intensa» en la alternativa a la planta nuclear, que a su juicio «tiene que ser energética e industrial» en la zona. En ese sentido, Vara ha avanzado que reclamará que cuando se apruebe la Ley de Transición Justa se garantice que no hay solamente el mismo empleo “sino que hay más» del que existe actualmente en la zona de la planta.

«Yo voy a trabajar con ese objetivo, que en el futuro tengamos empleo para los trabajadores y futuras generaciones; eso se llama inversiones», ha aseverado Vara. Así, ha reiterado la necesidad de «trabajar intensamente» en los próximos 9 o 10 años «para conseguir esas alternativas». Un trabajo que debe realizarse «no solo por el asunto nuclear», sino que porque según ha dicho, es necesario traer a Extremadura «mucha inversión durante estos años, energética e industrial«, para lo cual se ha «construido suelo y aprobado leyes». «No voy a descansar hasta que en Extremadura todo el que quiera trabajar lo pueda hacer», concluyó el presidente extremeño.

9 asociaciones ecologistas de Extremadura piden que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz

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Europa Press.- 9 asociaciones ecologistas de Extremadura han reclamado que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, ya que «podría ser una imprudencia superar su vida útil de 40 años». Una petición que han realizado las asociaciones AMUS, Adenex, Ecologistas Extremadura, Seo/Birdlife, DEMA, Ecologistas en Acción, Sociedad Extremeña de Zoología, Grus y Anser, tras una reunión celebrada en Almendralejo.

En este encuentro, los ecologistas acordaron solicitar al Gobierno central y a las administraciones competentes que no se prorrogue la actual licencia de explotación de Almaraz. En ese sentido, tras las «múltiples declaraciones y el debate social» generado sobre la continuidad en funcionamiento de los 2 reactores nucleares de esta planta nuclear y ante las «aparentes dudas de las empresas eléctricas», las asociaciones «entienden que cada cual defienda su puesto de trabajo, aunque sea incluso en contra de otros», pero añaden que «es mayor el riesgo real para la comarca de una explotación que casi ha cubierto su vida útil».

Finalmente, las ONG ambientales consideran que la respuesta a las peticiones de algunos sectores «no debe ser promover una extensión del permiso de explotación», sino «apoyar una transición en el modelo de desarrollo de esta comarca y de toda la provincia», dirigido a otros modelos desarrollo más sostenibles como el turismo responsable, las energías sostenibles y a las producciones agrícolas, ganaderas e industriales de calidad.

La ministra Ribera pide a las compañías eléctricas que se pongan de acuerdo sobre el futuro de las centrales nucleares

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las eléctricas que actúen «de manera sosegada y sensata» y les ha invitado a ponerse «de acuerdo sobre los planteamientos en los que comparten intereses«. En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, Ribera se refirió así a la reunión que mantuvo con los máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy para abordar el futuro de las nucleares en España.

La ministra indicó que las nucleares son «una pieza más del puzzle» sobre la visión de conjunto que recogerá el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está ultimando el Gobierno. Asimismo, Ribera subrayó que la reunión, celebrada a petición de las tres grandes eléctricas, no será «la última conversación» que tendrá el Ejecutivo «ni con ellas ni con ningún otro agente del sector».

Según fuentes conocedoras del encuentro, el Gobierno y las principales eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, pusieron sobre la mesa en la reunión un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036. Ribera mantuvo una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Disputa política extremeña sobre Almaraz

Por su parte, el PSOE de Extremadura cree que se ha «despejado el futuro a medio plazo» para la central nuclear de Almaraz, mientras que el PP ha criticado que se haya acordado una «prorroguita para el cierre». Así, Podemos ha defendido que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad» en relación a la planta nuclear, y Ciudadanos ha abogado por que exista una «compensación» para la zona en la que está enclavada la central nuclear.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha valorado que esta fue una reunión «muy importante» ya que «deja despejado en un entorno del medio plazo el futuro de Almaraz», y que a su juicio demuestra que el presidente de la Junta «tenía razón cuando exigía que haya un plan energético en este país para ir de las centrales nucleares a la energía limpia».

Un cambio que se debe hacerse «con una transición que permita que la comarca del Campo Arañuelo tenga un plan de futuro, un plan de empleo y un plan de desarrollo» en la zona, ha señalado Valentín García, quien ha destacado que todos los proyectos en energías renovables que existen «van a permitir que la comarca de Campo Arañuelo sea una comarca con mucho futuro». Por eso el portavoz socialista reiteró que esta reunión «despeja el futuro a medio plazo para la central nuclear» y da «el tiempo suficiente para que cuando se produzca el cierre» de la planta, la comarca tenga «un futuro despejado de empleo y actividad económica».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha lamentado el «anuncio de prorroguita» de Almaraz que se ha realizado, cuando lo cierto es «tanto Vara como Sánchez como el señor Navarro están trabajando sin descanso por el cierre» de la planta cacereña, ya que «estaba en su programa electoral». Teniente ha recordado que el presidente de la Junta «votó hace 3 meses en este Parlamento el no a la prórroga de la central nuclear de Almaraz» ante una iniciativa del PP, tras lo que ha señalado en la actualidad no se está hablando «de una prórroga» de la planta, sino «de una prorroguita para el cierre».

Se trata de una «prorroguita» de Almaraz para que «mientras tanto hagamos lo que se quiere hacer, ayudar a instalar ahí las plantas fotovoltaicas que tengan el punto de evacuación en Almaraz», tras lo que reafirmó Teniente que, para que «se cumpla este interés, hace falta que no haya almacén» temporal de residuos. Por eso ha señalado que el exconsejero extremeño de Economía, José Luis Navarro, «está donde está», nombrado como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ya que «una de sus primeras decisiones ha sido cerrar la inversión en el almacén».

Teniente recordó que Navarro «se posicionó de forma clara y contundente contra la energía nuclear y contra el almacén porque tiene sus propios intereses», que «están en la energía renovable» en la zona. Frente a ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido la necesidad de una «prórroga sólida» para la central de Almaraz, que «venga con inversiones y con proyección de un futuro, hasta que haya una alternativa real en la zona«, que en la actualidad «no la hay».

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la central de Almaraz «está ya amortizada» y cuenta con unos «jugosos beneficios», por lo que «era más que previsible que pidieran la prorroga los propietarios» de la planta En ese sentido, la diputada de Podemos ha tachado de «irresponsables» y «políticos mediocres» a los que defienden que «no puede haber cierre de Almaraz hasta que no haya un plan de empleo», pero sin embargo, «no ha hecho nada en los últimos años para que haya una alternativa», ya que a su juicio «no están a la altura».

Y es que, en la actualidad, «la transición energética es el futuro» ante el que «o bien queremos ser punta de lanza, o bien ser los últimos del vagón», señaló De Miguel, que considera que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad». En ese sentido, De Miguel ha criticado que PSOE y PP «han querido vendernos una central eterna y segura, y ni es eterna ni es segura», tras lo que ha defendido que «cerrar Almaraz no es solo una cuestión de seguridad, que lo es», sino también «una cuestión económica, porque cuantos más residuos genere Almaraz, más dinero vamos a necesitar para gestionarlos«, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha abogado por que la central nuclear de Almaraz no se cierre «sin tener planes alternativos de empleo para una zona importante que ha soportado durante más de 40 años el tener una central nuclear en su territorio». En ese sentido, Domínguez considera que «deber haber una compensación» para esa zona, ya que a su juicio los extremeños, al margen de algunas manifestaciones que se han realizado por grupos ecologistas, no han dicho «casi nada» y se han «aguantado por tener aquí una central nuclear».

RWE cree que 2038 es demasiado pronto para el adiós alemán al carbón y supondrá una pérdida significativa de empleo

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Europa Press.- La recomendación de que Alemania deje de usar completamente carbón como combustible a partir de 2038, efectuada por una comisión designada por el Gobierno, tendrá un impacto negativo significativo sobre el empleo, según ha advertido la eléctrica alemana RWE, señalando que la fecha fijada para el abandono de esta fuente de energía «es demasiado pronto».

«La fecha de finalización de 2038 recomendada por la Comisión para la generación de energía a base de carbón es demasiado pronto para la compañía», advierte la utility germana, que defiende la necesidad de volver a examinar esta fecha en 2032. En este sentido, RWE sostiene que la implementación de las propuestas de la Comisión gubernamental representaría un tour de force de políticas estructurales para las regiones afectadas, añadiendo que las medidas planteadas por los expertos para abordar estos problemas representan «un buen primer paso», pero advirtiendo de que la gestión de este cambio estructural «es una tarea de décadas».

Asimismo, la eléctrica recuerda que ya había advertido de que este plan tendría un «impacto considerable en la empresa y sus empleados», tanto de manera directa como mediante proveedores y empresas colaboradoras. «Las propuestas de la Comisión tienen graves consecuencias para el negocio de lignito de RWE», advirtió Rolf Martin Schmitz, consejero delegado de RWE, subrayando el compromiso de la empresa para salvaguardar los intereses de sus empleados y accionistas.

El máximo ejecutivo de RWE ha añadido que las propuestas supondrán «una reducción significativa» de puestos de trabajo para 2023, aunque aún no se puede cuantificar», pero que va «mucho más allá» de los planes anteriores. En este sentido, Schmitz ha apuntado el impacto directo sobre los empleados de las plantas afectadas por el cierre previsto para 2022, añadiendo que indirectamente se verán afectados también los empleados en minería a cielo abierto, por lo que ha expresado su deseo de que el plan se ejecute de una manera socialmente aceptable, «porque los empleados no deben ser víctimas de decisiones políticas».

La llamada Comisión del Carbón recomendó que Alemania deje de usar este combustible a más tardar en 2038. La Comisión solo efectúa recomendaciones. La puesta en práctica correrá por cuenta del Gobierno federal de la canciller Angela Merkel y de los Ejecutivos de los estados federados. Un 37% de la energía eléctrica de Alemania se genera a través de la producción de lignito y hulla.

Alemania aspira a poner fin a la explotación de lignito y hulla para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. El carbón cobró mayor importancia al resolver el Gobierno el apagón gradual de la centrales nucleares hasta 2022. La Comisión aconsejó que los estados federados afectados reciban compensaciones de unos 40.000 millones de euros durante un plazo de 20 años y propuso que en el año 2032 se revise la posibilidad de adelantar la fecha de salida a 2035 en consenso con los operadores energéticos.

Díaz Trillo anuncia que el Gobierno presentará «en breve» ante la Unión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima

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Europa Press.- El presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, José Juan Díaz Trillo, anunció que «el Gobierno presentará en breve ante la Unión Europea el Plan Nacional integrado de Energía y Clima, sobre la componente económica, social y ecológica de la hoja de ruta que inició el anterior Gobierno, y en el que todos los grupos estábamos de acuerdo».

Para Díaz Trillo, la transición energética es «el mayor desafío al que nos enfrentamos como humanidad; se trata de convertir los desafíos en oportunidades«. Díaz Trillo recordó que recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de la agenda 2030 y de la movilización de 235.000 millones de euros “que vamos a poner en marcha entre el sector privado y el público». Se trata de «una gran oportunidad para crear empleo de calidad y al mismo tiempo hacer posible la conservación de nuestro planeta», que está en un serio riesgo.

Al respecto, Díaz Trillo señaló que el Congreso «está a punto de tratar una ley de cambio climático y transición energética» que apunta «hacia la descarbonización de la economía» como el camino futuro en la transición ecológica. «Es una auténtica realidad que tenemos un planeta que mejorar y que tenemos que hacerlo entre todos. Si la especie humana, que es la responsable de este deterioro del planeta, ha sido capaz de lo peor, también es capaz de lo mejor», afirmó.

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Ribera anuncia la firma entre instituciones y vecinos de Andorra (Teruel) del primer convenio de «transición justa» hacia la descarbonización

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene intención de firmar antes del verano el primero convenio de «transición justa» entre instituciones y vecinos de la zona de Andorra (Teruel) cuyo objetivo sería determinar las acciones para que «nadie que quiera quedarse a vivir aquí se tenga que ir».

Así lo ha manifestado tras reunirse en el Ayuntamiento de Andorra con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de esta localidad, Sofía Ciércoles, y el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como con el comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, y otros agentes sociales y empresariales. La ministra ha visitado Andorra invitada por la alcaldesa, después de que Endesa anunciara el cierre de la central térmica que tiene en ese municipio. Teresa Ribera también se ha desplazado al Ayuntamiento de Ariño y ha visitado la mina Santa María de esta localidad, donde la empresa Samca ha anunciado recientemente el cese de la actividad.

La ministra ha dicho que el convenio de transición justa ha de marcar «programas y financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Ha incidido en la importancia de contar con los agentes locales para proponer alternativas adecuadas. También ha comprometido la participación del Instituto del Carbón por parte del Gobierno central, así como del Instituto Aragonés de Empleo por parte del Ejecutivo regional. Ribera ha subrayado que «no hay varitas mágicas» pero sí un «compromiso serio» porque «este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios» y debe ser «inclusivo y con grandes dosis de solidaridad».

Ha añadido que, aunque en esta visita ha visto muchos carteles de Se vende. Razón: ministerio, espera que «no se venda nada». También ha comentado: «nada de lo que vemos hoy nos pilla por sorpresa porque hace muchos años que se veía venir y, sin embargo, el miedo y el rechazo que nos producía generó la tentación de decir vamos a esperar, cuando eso es lo peor». Para la ministra, Andorra es un «buen» sitio para asegurar que «nadie se puede quedar atrás en esa transición» y ha añadido que ha de haber una «convicción de ganarse el futuro» de los habitantes de este territorio.

En esa línea, ha apostado por «construir certidumbres con recorrido» y «mostrar solidaridad con una zona que hace tiempo viene viendo que hay procesos en curso que pueden suponer cambios muy importantes en sus condiciones de vida y en su trabajo«. La ministra ha esgrimido, asimismo, son los propios vecinos, el Ayuntamiento, el propio comité de empresa quienes «entienden mejor» cuáles son las alternativas con mayor recorrido en el tiempo. Por eso, ha apuntado, el Gobierno central quiere trabajar con el Ejecutivo autonómico, el consistorio y los actores locales «explorando cómo desarrollar esos programas de manera profesional» y «ver qué incentivos fiscales, regionales, qué manera de reforzar las infraestructuras y alternativas empleo se pueden hacer».

La ministra aseguró que el mensaje a Endesa «ha sido contundente» y, puesto que va a seguir siendo «una empresa importante en España, porque es la intención que ha declarado», ha de tener un «compromiso» con la zona en la que ha trabajado y obtenido recursos. Ribera ha añadido que Endesa «debe manifestar una inversión y un acompañamiento que va más allá de los propios trabajadores de la central» y debe ser «beneficiosa, constructiva y de permanencia y compromiso con el territorio». «Confío en que exista» porque «lo que tenemos por ahora es insuficiente», remarcó.

También ha precisado que se trata de una «primera propuesta» y ha explicado que desde la empresa les transmiten que «están abiertos». Igualmente, ha comentado que desde el comité de empresa «han sido capaces de identificar algunas propuestas que, a priori, ayudan a seguir trabajando en mayor detalle en lo que debe ser el compromiso de Endesa«. Asimismo, ha sostenido que hay que tener en cuenta qué dice el Derecho de la Unión Europea y que normativa existe para las centrales en España, y así determinar «cuáles son los mecanismos con los que podemos funcionar».

Entre otras cosas, ha planteado que la capacidad evacuación de electricidad que posee esta zona «debe seguir estando en esta tierra» y aprovecharse para iniciativas que «tenga más recorrido, generen más empleo y sean más competitivas». Además ha mencionado la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua de que disfruta la central. «Es obvio que ese agua puede ser un instrumento importante para generar otras actividades», ha apostillado. La ministra ha señalado que otras maneras de atraer inversiones y lograr una «transición justa» son las subastas de nueva potencia renovable, «donde se priorice las tecnologías en aquellos territorios en transformación».