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Tejerina se compromete con las organizaciones ecologistas a facilitar una reunión con Nadal sobre el carbón y la transición energética

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha comprometido con las ONG ambientales a tratar de facilitar una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para conversar sobre el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales de carbón y sobre la transición energética y el cambio climático.

El compromiso surgió en el encuentro periódico de la ministra con las ONG ambientales. Según ha explicado el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, se ha tratado de una reunión de seguimiento de temas en la que se han abordado cuestiones como cambio climático y energía y a este respecto le pidieron a la ministra «más participación» en el proceso de elaboración de la anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador inicial se espera para el primer tercio de 2018.

González ha señalado el compromiso de la ministra para que la futura norma sea un texto «consensuado» y para «ajustarse» a los compromisos asumidos por España, no para ir más allá. En todo caso, instaron a la ministra a que después de las reuniones del Gobierno con los grupos políticos el texto se analice en el Consejo Nacional del Clima.

Alianza climática contra el carbón

Además, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha añadido que se valoró la Cumbre del Clima que concluyó en Bonn (Alemania). A este respecto, la ministra les ha explicado que España no se ha sumado a la alianza contra el carbón en tanto en cuanto no se conozcan las conclusiones del grupo de expertos que está elaborando la Ley de Cambio climático y Energía, que está valorando varios escenarios en el mix energético. «Hasta que España no tenga claro su escenario no van a hacer público ningún compromiso, pero le hemos pedido un mensaje muy claro y fechas concretas para una transición a una energía y economía bajas en carbono», ha apostillado.

Así, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha añadido que han hablado con la ministra sobre el borrador de Real Decreto que busca evitar el cierre de las centrales térmicas. Ha sido en ese contexto en el que le han pedido a la ministra una reunión con su homólogo de Energía, Turismo y Agenda Digital para que escuche los argumentos de las ONG ecologistas. «La visión de Nadal choca con los objetivos de la Unión Europea y de la lucha contra el cambio climático», ha afirmado Del Olmo que ha destacado el compromiso de la ministra para facilitar una reunión con Nadal.

Los ecologistas ven difícil cumplir el Acuerdo de París sin actuar urgentemente tras el récord mundial de emisiones de CO2

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Europa Press.– La acumulación de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha crecido a un ritmo récord en 2016, a un nivel que no se había visto en millones de años, lo que las organizaciones ecologistas consideran «una de las peores noticias de 2017» porque indican que el planeta está «lejos de cumplir» sus compromisos del Acuerdo del Clima de París e instan a actuar de forma «urgente» y «contundente» para empezar la transición hacia una economía sin emisiones de CO2.

Así, el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, lamenta la que es «una de las peores noticias» del año porque «rompe» la expectativa de desacoplar el crecimiento económico a las emisiones de CO2, el principal gas invernadero generado por el hombre, y que los compromisos adquiridos por el Acuerdo de París están «lejos» de ser cumplidos. «La noticia es nefasta», insistió, subrayando que no son datos desconocidos ni que desconozcan los políticos que vayan a acudir a la Cumbre del Clima de Bonn.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que las concentraciones atmosféricas de CO2 alcanzaron 403,3 partes por millón (ppm) en 2016, un récord frente a las 400 ppm de 2015, lo que supone una tasa de crecimiento un 50% más rápida que el promedio de la última década, impulsando los niveles de CO2 un 45% por encima de los niveles preindustriales. Las emisiones de CO2 de fuentes como el carbón y el petróleo alcanzaron un récord en 2016. González lamenta que, a pesar de estos datos, no ve probable que los compromisos del Acuerdo de París se vayan a revisar a nivel internacional antes de 2020.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, lamenta que «los peores pronósticos» están aquí y la comunidad internacional sigue sin actuar con la diligencia adecuada. «Se habla mucho y se actúa poco», ha añadido, al tiempo que critica que, a pesar de los datos, se siguen poniendo por delante los intereses de las empresas que queman combustibles fósiles sin que se ponga en marcha el cambio «inaplazable e ineludible«. «Este es un toque de atención más pero no hay nada nuevo», ha reflexionado Segura que advierte al Gobierno de que sigue con las mismas políticas e incluso pone pegas a las empresas que trata de cerrar sus propias centrales de carbón. «Es impresentable», ha concluido.

Emisiones estabilizadas desde el 2014

Asimismo la portavoz de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha precisado que se ha alcanzado la mayor concentración de gases de efecto invernadero en los últimos 800.000 años pero que, después de “dispararse las emisiones desde la revolución preindustrial”, subraya que las emisiones de gases de efecto invernadero “no están creciendo y en los últimos tres años se han estabilizado». Nuño ha añadido que en esta estabilización de las emisiones influyó positivamente el cambio del uso del carbón en China y las políticas energéticas de otros países asiáticos, como India, que están parando las nuevas instalaciones de centrales térmicas de carbón y reduciendo la quema de este combustible fósil.

«Ahora y de forma urgentísima es importante avanzar en la hoja de ruta y en la reglamentación para asegurar que se cumplen los compromisos del Acuerdo del Clima de Paris que supone acelerar la economía y llevar las emisiones a cero», ha comentado. La representante de Greenpeace ha insistido en que mientras se siga emitiendo CO2 seguirá aumentando la concentración de este gas e impulsa a que una vez estabilizadas, se logre rebajarlas a cero en la segunda mitad de siglo. Sin embargo, ha advertido de que la realidad es peor aún de la que han predicho todos los modelos.

En este contexto, insta al Gobierno de España a actuar de forma «urgente» para abandonar los combustibles fósiles y a dejar de favorecer a los negocios que apuestan por las energías sucias y a acelerar la transición energética hacia un sistema inteligente, basado en renovables y que esté en manos de la ciudadanía. «España deberá jugar a nivel nacional y a nivel europeo un papel progresista y basado en un cierre justo, progresivo y ordenado de las centrales térmicas de carbón y gas y el uso del petróleo en favor de un transporte y un sistema eléctrico eficientes en manos de la ciudadanía», ha concluido.

En la misma línea se expresó la responsable de energía y cambio climático de WWF, Mar Asunción, que califica de muy negativos los datos porque significan que «no se está haciendo lo necesario» y que es necesario hacer más y de forma «urgente», ya que el Acuerdo de París «no es suficiente». En este sentido, considera que la ley de Cambio climático y Transición Energética que está elaborando el Gobierno es «una oportunidad» para España, porque podría ampliar su ambición y acometer una transición energética a la medida de lo que es necesario que además, en su opinión, situaría al país «en ventaja» respecto al resto de Europa. Finalmente, insiste en que se precisa de una «mayor ambición y urgencia».

Ecologistas en Acción critica la «posible ampliación sin sentido» del almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril

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Eurpa Press.- La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han criticado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril, ubicado en Hornachuelos (Córdoba), «ha recibido óxidos de uranio que no está autorizado para almacenar», sospechando ambos colectivos «que puede haber motivos relacionados con una justificación posterior para una «posible ampliación sin sentido» de la instalación.

A este respecto, ambos colectivos han afirmado que, «en pleno debate sobre su posible ampliación, esta instalación nuclear recibe residuos con millones de años de actividad, vulnerando la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva». Además, «cuando aún quedan por desmantelar 8 de las 10 centrales nucleares que se construyeron en España, el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril», que gestiona la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), «se encuentra al 70% de su capacidad«.

Según Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, este hecho coincide con que «los procesos de desmantelamiento de las centrales nucleares son los que generan una mayor cantidad de residuos, que se transportan por todo el territorio nacional hasta El Cabril», con lo que «es muy probable que los residuos procedentes de Garoña, cuyo cese de actividad se decidió el pasado 3 de agosto, dejen saturado el almacén nuclear, imposibilitando la recepción de materiales provenientes de otras instalaciones nucleares».

La consecuencia de ello, a juicio de estos colectivos ecologistas, es que «Enresa tiene que proceder a la ampliación de El Cabril o a la búsqueda de otro emplazamiento, para tener capacidad para gestionar los residuos que se producirán en el futuro próximo». Según dichas asociaciones ecologistas, «la industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento de El Cabril, para permitir el alargamiento del funcionamiento de las centrales y que este cementerio nuclear pueda albergar los nuevos residuos producidos. Incluso Enresa podría plantearse nuevas ampliaciones si fuera necesario«.

En este contexto, según Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, «se ha dado a conocer, tras la publicación del Informe al Congreso del CSN de 2015, que Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa».

Sin embargo, «el uranio recibido es un emisor alfa y tiene una vida de millones de años», lo que «demuestra que la industria nuclear se salta sus propias normas de seguridad cuando recibe residuos de alta actividad sin una solución a su gestión. Estos residuos condenan a que el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura, sea demasiado problemático».

Esto, en opinión de los colectivos ecologistas, podría usarse como «justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad». Por estos motivos, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear subrayan que «en estas condiciones no tiene ningún sentido la ampliación de este cementerio nuclear», a la vez que exigen el «cierre escalonado de todas las centrales nucleares y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que El Cabril no tiene autorización».

Ecologistas en Acción es pesimista ante la próxima Declaración de Impacto Ambiental del ATC nuclear por parte de Medio Ambiente

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Europa Press.- El portavoz de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Hernández, se ha mostrado pesimista ante la próxima Declaración de Impacto Ambiental con la que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) se pronunciará ante la viabilidad de la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares prevista en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Según Hernández, «las señales son negativas» ante este pronunciamiento ya que «los movimientos por parte de Enresa y del Ministerio es de seguir planteando documentos cada vez más voluminosos que ensombrecen el análisis del proyecto». Ha recordado que la instalación «tiene riesgos no sólo radiológicos, sino también en cuanto al transporte y por el sustrato geológico donde se plantea». «Estamos muy preocupados, no sabemos por donde saldrá la declaración pero no somos optimistas», ha lamentado.

Hernández hacía estas declaraciones después de reunirse con el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José García Molina, con quien ha compartido que son necesarios «algunos cambios a nivel normativo y estatutario» para dar cabida a reivindicaciones ecologistas que blinden aspectos como la prohibición del fracking o el propio ATC. Ha alertado de que en los últimos años el recorte en políticas medioambientales ha sido del 40%, algo que «todavía no se ha recuperado». «Debemos rectificar y mejorar para que la situación medioambiental de la región se consolide como algo importante para todos los ciudadanos», subrayó.

La consulta pública para la Ley de Cambio Climático suma ya 170 propuestas, pero varios sectores la tildan de insuficiente

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Europa Press.- La consulta pública abierta por el Gobierno desde el pasado julio para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha recibido ya más de 170 propuesta, según ha indicado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), mientras que otros sectores, como ONG ambientales, expertos y organizaciones políticas de la oposición, tildan el proceso participativo de «insuficiente» y de ir «con retraso».

El próximo 10 de octubre finaliza el plazo de la consulta para la elaboración del texto, que tiene como objetivo construir una Ley «con la mayor implicación social», según ha señalado el MAPAMA, que ha añadido que la futura normativa es «un compromiso del presidente del Gobierno para cumplir con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París y en el marco de la Unión Europea«. Sin embargo, diferentes sectores de la sociedad, como ONG ambientales, partidos políticos de la oposición y expertos que han participado en la comisión del Congreso para su puesta en marcha, han criticado el proceso.

Insuficiente valor de la participación

En el caso de Ecologistas en Acción, lamentan que la participación ciudadana para elaborar la normativa está siendo «insuficiente» porque la consulta pública abierta ahora «sólo implica preguntas cerradas de orden jurídico». En la misma línea, la ONG Greenpeace España ha expresado su malestar, junto a otras organizaciones ecologistas, por no haber sido invitada a la comisión de expertos creada por el Gobierno para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, y que estará formada por 14 miembros.

Mientras tanto, para el partido socialista, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «una obligación del Estado» con la que el Gobierno de España «va muy por detrás de la mayoría de países». Por su parte, el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Arnau Queralt, expresó durante su intervención en la comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso, «que la participación pública no se debe reducir a colgar un texto en la web para que la gente opine».

Pese a las críticas, según fuentes ministeriales, este procedimiento es «novedoso» porque deja a la ciudadanía realizar todas sus aportaciones y contestar a preguntas abiertas sin la base de un borrador, al tiempo que han señalado que es la «primera vez» que el MAPAMA lo pone en marcha para atender a una ley «de esta envergadura, que necesita un proceso participativo amplio». Asimismo, el Gobierno ha creado un grupo interministerial para la elaboración de la Ley, que se reunió por primera vez el pasado abril.

Ecologistas en Acción promociona en España un documental sobre las «caras ocultas» de la biomasa y los biocombustibles

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Europa Press.- Ecologistas en Acción ha estrenado en España el documental Una cuestión candente. Las caras ocultas de la biomasa y otros biocombustibles. Este documental ilustra 5 casos reales en Estados europeos en los que el aprovechamiento energético de biomasas forestales y agrícolas, impulsados por las políticas de la Unión Europea de energía y clima, «provoca importantes problemas de deforestación y erosión, destrucción de hábitats y pérdida de biodiversidad, acaparamiento de tierras por grandes empresas e inversores, o un incremento en las importaciones alimentarias».

Los casos descritos en el documental tratan sobre el aprovechamiento de la biomasa forestal en Italia y Rusia, y de biomasas agrícolas en Rumanía (colza para agrodiesel), Alemania e Italia (cultivos y residuos para biogás). Para Ecologistas en Acción el aprovechamiento energético de biomasas «debe formar parte de la transición hacia economías bajas en carbono, pero no de cualquier manera ni para cualquier fracción de biomasa». Consideran «imprescindible» garantizar la sostenibilidad en su obtención y perseguir la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos. Sin embargo, «para la organización ecologista ninguno de estos aspectos están garantizados en la actualidad por el marco normativo».

La organización ecologista cree «imprescindible» fomentar el debate sobre cuándo los usos energéticos de la biomasa son sostenibles y deben priorizarse frente a otros; vinculando las políticas públicas de fomento de la bioenergía a dichas situaciones, estableciendo criterios de sostenibilidad obligatorios y objetivos compatibles con su cumplimiento. No obstante, critican que «el sector y sus organizaciones profesionales evitan dicho debate».  Para Ecologistas en Acción, el fomento de únicamente aquellas formas sostenibles de bioenergía junto a la reducción en nuestros consumos energéticos serán herramientas eficaces de lucha contra el cambio climático y dinamización del medio rural.

La Ley de Cambio Climático debe ser «corta» y «blindarse» ante los cambios de Gobierno, según la Generalitat de Cataluña

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Europa Press.- La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno debe ser «corta, directa y blindarse ante posibles cambios del signo político”, según el director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat de Cataluña, Arnau Queralt, que ha participado en la elaboración de la misma normativa catalana. Así lo ha expresado durante su intervención en la comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados.

Queralt ha incidido en que una Ley «demasiado larga, que luego no se pueda aplicar, no serviría de nada», al tiempo que ha destacado que otro elemento «fundamental» es que la norma tenga consenso político y social y «que la participación pública no se reduzca a colgar un texto en la web para que la gente opine». Asimismo, señaló que la normativa debería señalar un plazo de validez, una estructura para inspirar las políticas, cómo modificar la planificación sectorial, territorial y urbanística e incorporar un sistema de fiscalidad “que premie a quien lo hace bien».

Por otro lado, el experto ha puesto varios ejemplos de otros países como Suecia, que todos los años, junto a los Presupuestos, presenta un informe sobre cómo afecta el cambio climático a la economía, además de haber fijado «de forma clara» un objetivo de emisiones netas cero «e incluso negativas«. Además, Queralt ha puesto encima de la mesa un debate, que después han continuado los parlamentarios en el turno de réplica, sobre cómo se coordinan las diferentes comisiones y a dónde van todos los temas y propuestas que se plantean.

Por su parte, el director de la Cátedra de Cambio Climático y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Pulido, que ha hecho un repaso sobre las causas y efectos del cambio climático en el mundo, ha señalado que España debe descarbonizar la economía, hacer una «apuesta clara» por renovables, realizar una reordenación del territorio y potenciar el I+D+i para luchar contra este fenómeno.

Por último, el responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha pedido el cierre de las centrales nucleares y de las «ayudas encubiertas» al carbón, así como el fin del sistema tarifario actual y una auditoria al precio de la luz. En cuanto a transporte, han señalado la necesidad de una Ley de movilidad sostenible que reduzca los coches privados, que recoge también una reordenación urbana. Andaluz también ha lamentado que la participación ciudadana para elaborar la normativa está siendo «insuficiente» porque la consulta pública «son preguntas cerradas de orden jurídico», mientras que la comisión de expertos creada no incorpora organizaciones civiles.

El Foro Antinuclear de Extremadura pedirá el cierre de Almaraz con actos en Mérida y Navalmoral

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EFE.- El Foro Extremeño Antinuclear reivindicará el cierre y desmantelamiento de la central de Almaraz en Mérida y Navalmoral de la Mata con actos que se celebrarán este jueves y este sábado. El colectivo, al que pertenece Ecologistas en Acción de Extremadura, sumará su reivindicación a las de otras asociaciones en los actos previos al Día de Extremadura, concentrándose a las 11.00 de este jueves en la Plaza de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, donde acontecerá el acto institucional.

También el FEAN, junto con el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), se concentrará el sábado en Navalmoral de la Mata a las 12.00 en El Jardincillo, para realizar diversas actividades reivindicativas. En este recinto se realizará una performance, por medio de una instalación de gran tamaño, que simulará un desmantelamiento simbólico de la central, seguido de unos talleres para la creación de alternativas para la región. El acto se cerrará con la actuación del cantautor portugués Pascoal Moreira y con la participación de distintas organizaciones portuguesas.

Para el FEAN es imprescindible seguir exigiendo el cierre de Almaraz y el máximo compromiso del Gobierno de Extremadura ante la posibilidad de que se renueve el permiso de explotación de la central, que expira en el año 2020. La organización insiste en que el Ejecutivo extremeño «ha bajado los brazos en esta lucha», asumiendo así la ampliación de la vida útil más allá de dicha fecha, con lo que la instalación alcanzaría los 60 años de actividad. Para este colectivo, la presencia de nucleares en el mix energético dificulta y bloquea la entrada de las renovables que, aparte de ser energías limpias y sostenibles, generarían miles de puestos de trabajo en la región, tan necesitada de empleo de calidad.

Avanzan los trámites para instalar en Valladolid un aerogenerador

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EFE.- Los trámites para instalar el primer aerogenerador del término municipal de Valladolid capital avanzan con la publicación del informe de impacto ambiental del proyecto de parque eólico que la empresa NdO Proyectos Industriales 2007 pretende ubicar en el Cerro del Águila. El Boletín de Castilla y León publica dicho informe, que detalla que el aerogenerador que pretende instalar tendrá una potencia total de 2,5 MW y evacuará la energía que produzca mediante una línea eléctrica subterránea de 13,2 kV y una longitud aproximada de 2,5 kilómetros.

El casco urbano que, sin embargo, estará más cercano a esta instalación será el de La Cistérniga, a 1.600 metros, mientras que el parque eólico más cercano se localizará a 18 kilómetros, por lo que «se considera que proceda un estudio sinérgico global de posibles impactos con este tipo de proyectos», según figura en el informe. Se trata de una torre de 95 metros de altura, un dimámetro del rotor de 126 metros y tres palas, según consta en el proyecto, cuyo documento ambiental analiza alternativas, posibles impactos sobre el medio ambiente y el paisaje, y una serie de potenciales medidas correctoras para la protección del medio ambiente, así como un Plan de Vigilancia Ambiental.

Para la elaboración de este informe el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid ha consultado y recibido informes de entidades públicas y entidades ambientalistas, como Ecologistas en Acción y SEO BirdLife. Tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Diputación de Valladolid han hecho hincapié en la posibilidad de que afecte al paisaje, y en el caso de la institución provincial ha llamado la atención sobre la posible afección de un pinar ubicado en el tramo de la línea subterránea con la que la empresa pretende evacuar la energía productiva.

Las centrales térmicas tendrán que tomar medidas antes de 2021 para no incumplir ante Bruselas la nueva normativa de emisiones

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EFE.- Ninguna de las centrales térmicas españolas de carbón cumple con los nuevos límites de emisiones contaminantes que establece la revisada normativa de la Unión Europea, lo que les obligaría a cerrar en cuatro años si no invierten en una tecnología más limpia, según ecologistas consultados.

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó la norma que recoge los nuevos límites de emisiones de gases contaminantes «mucho más estrictos que los anteriores» y que «ahora sí son vinculantes» para las instalaciones de combustión europea. Así lo explicó la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y vicepresidenta de la red ambiental de oenegés Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por sus siglas), Ana Barreira, quien afirma que la medida servirá como base de las condiciones para la concesión de permisos de las grandes plantas.

A partir de ahora, estas instalaciones disponen de 4 años para rebajar sus emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, pequeñas partículas y, por primera vez, también de mercurio, a los niveles aceptados por la actualizada directiva. La decisión surge a partir de las negociaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea, y los representantes del sector y las organizaciones que conforman el EEB, quienes consideraron las mejores técnicas disponibles aplicables a estas plantas para ajustar los niveles máximos de emisión con el fin de reducir la contaminación y paliar las consecuencias en la salud y el medio ambiente que derivan de ellas.

Una inversión de cuestionado retorno

Se calcula que el coste de adaptación para las centrales térmicas de carbón españolas, que tendrán que incluir esta mejor tecnología disponible si quieren seguir operando, rondará los 1.119 millones de euros, según un informe de la European Climate Foundation. Muchas de ellas, a juicio de los expertos consultados, no verán justificada la inversión, por lo que optarán por el cierre. «Es poco probable que las inversiones necesarias para que muchas plantas cumplan con los límites revisados representen una buena relación calidad-precio», consideran desde Ecologistas en Acción, y recuerdan que algunas centrales térmicas de carbón ya han anunciado su cese.

Por otro lado, Barreira señala que algunas plantas españolas, como varias de Enel (Endesa) sí se adaptarán, pues ya habían realizado una previa inversión para cumplir con los valores límites de emisión fijados para el 2020 y, por tanto, continuarán con su incorporación de tecnología de desnitrificación y desulfuración. Sin embargo, desde Ecologistas en Acción Francisco Ramos recuerda que cada vez que se apruebe un documento de esta naturaleza, que tenga en cuenta las mejoras en las técnicas disponibles aplicables al sector, se actualizarán de nuevo los valores límites de emisión y por tanto, las plantas que sí apuesten por adecuarse a los requisitos de 2021 tendrán que continuar invirtiendo para adaptarse a modificaciones futuras.

Jorge Morales, director general de GeoAtlanter, argumenta que, con independencia de que los nuevos límites hagan más difícil que las centrales térmicas de carbón sean competitivas, éstas «ya no lo eran antes» y asegura que «la enfermedad ya estaba diagnosticada». «No tiene sentido hablar de una tecnología del siglo XX en pleno siglo XXI», juzga este experto y reclama que «el carbón es innecesario para el suministro» y que «es prioritaria su sustitución«. En este sentido, Morales opina que esta fuente de energía, «la más contaminante» de todas, se va a sustituir por otra «más barata y que además es renovable», cuyo desarrollo, aduce, se puede conseguir «perfectamente» en poco tiempo; «no en dos días, pero sí en dos años».