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Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 1,1% en España en 2014

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Servimedia.- Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España aumentaron en 2014 un 1,1% respecto a las de 2013 y por primera vez desde que comenzó la crisis en el año 2008. El aumento de emisiones desde 1990, año base del protocolo de Kioto, se ha situado en un 12%, siendo España el país europeo que mayor incremento ha tenido, según denunció Ecologistas en Acción.

Los ecologistas aseguran que «este aumento de las emisiones en 2014 refleja la inacción de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha políticas de lucha contra el calentamiento global». En su opinión, el aumento de emisiones se debe a un conjunto de factores, pero el principal es que, «a pesar de que disminuyó la demanda de electricidad, se incrementó la generación de energía con carbón, gracias en parte al apoyo evidente del Gobierno a la utilización de este combustible obsoleto y contaminante y en parte al bajo precio internacional de este combustible«.

«Otro de los factores determinantes en este aumento fue el incremento en las emisiones generadas por los residuos, un millón de toneladas)», agregan los ecologistas. «Aumentó también el consumo de carburantes, un 2% el diesel y un 1% la gasolina, debido al descenso en el precio del petróleo, y un 17% las emisiones del sector cementero, debido sobre todo a la actividad exportadora del sector, a pesar de que la demanda interna está bajo mínimos».

Más de 1.250 organizaciones de 64 países piden a los líderes políticos mundiales, incluido Rajoy, que rechacen el fracking

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Europa Press / Servimedia.- Más de 1.250 organizaciones civiles y plataformas ciudadanas de 64 países firmaron una carta dirigida a los líderes mundiales, entre ellos al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que rechacen el fracking y apoyen su prohibición y lo expresen en acuerdos internacionales, como el que se negociará en la Cumbre del Clima de París. Entre estas organizaciones, figura Ecologistas en Acción, que señala que 74 organizaciones y plataformas le han hecho llegar la petición a Rajoy para que prohíba el fracking.

Además de rechazar la técnica de fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas natural o petróleo de yacimientos no convencionales en España, los firmantes piden que se alcance un compromiso para dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo y posibilitar así una transición hacia un futuro con energía 100% renovable, necesaria para combatir el calentamiento global en la próxima cumbre mundial sobre el clima, que se celebrará en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Las organizaciones del Global Frackdown, movimiento internacional celebrado desde 2012, esperan que así se logre resaltar el creciente movimiento «contra esta peligrosa técnica y crear presión sobre los líderes nacionales para que se opongan a ella».

Las organizaciones españolas señalaron que, mientras Escocia, Francia y Bulgaria prohibieron el fracking o han establecido moratorias por los riesgos que conlleva esta técnica, el Gobierno de Rajoy ha impulsado «numerosos proyectos de extracción de gas mediante fractura hidráulica repartidos por buena parte de la geografía española».  «Estos proyectos han generado la creación de decenas de plataformas ciudadanas antifracking, con fuertes movilizaciones que se oponen a esta técnica, e incluso el desarrollo de legislación autonómica para frenarla en varias comunidades autónomas», destacaron. En septiembre, todos los partidos políticos con representación en el Congreso, a excepción de PP, CiU, PNV y UPyD, así como otras formaciones que no tenían representación parlamentaria, ratificaron su compromiso para la prohibición del fracking en España.

Entre las organizaciones firmantes hay entidades ambientales como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, y formaciones políticas como Equo e ICV. En este contexto, aseguran que las movilizaciones sociales de los últimos años demuestran que la ciudadanía «rechaza esta técnica debido a los riesgos que conlleva, tales como afecciones a la salud, contaminación de acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero, elevado consumo de agua, aumento del riesgo de seísmos o impacto paisajístico, entre otros». En definitiva, las organizaciones firmantes esperan que el presidente Rajoy tenga en cuenta esa «gran oposición» ciudadana y que el Gobierno frene de una vez los proyectos de fracking en España y abra paso a las energías renovables.

También a Juan Vicente Herrera

Por otro lado, Ecologistas en Acción de Castilla y León también envío esta carta al presidente de la comunidad autónoma, Juan Vicente Herrera, para pedir la paralización de la fractura hidráulica. Ecologistas en Acción incidió en que los impactos negativos del fracking incluyen contaminación del aire, con grandes emisiones de metano, gas con 21 veces más potencial de calentamiento global que el CO2, y agua, problemas en la salud pública, terremotos, además de ir en detrimento del cambio «urgente e inevitable» hacia las energías renovables.

La organización añadió que en Castilla y León, la provincia de Burgos es en la que los permisos de fractura hidráulica están más avanzados de toda España y, tras rechazar en tres ocasiones las mociones de oposición en terreno burgalés, acabaron por presentar alegaciones en contra de los pozos proyectados por BNK y por aprobar una moción en contra de esta técnica a la espera de nuevas informaciones que certifiquen que su puesta en marcha sería segura para la salud y el medio ambiente. Además, el permiso Gran Enara, que agrupa varios permisos de investigación que afectan a País Vasco, Castilla y León, Navarra y Cantabria, fue ampliado por el Ministerio de Industria hasta 2017.

Finalmente, Ecologistas en Acción denunció que «la industria del petróleo y el gas haya gastado millones de dólares en campañas de relaciones públicas para poder extraer combustibles sin la suficiente supervisión gubernamental». Sin embargo, han asegurado la opinión pública en oposición al fracking continúa creciendo. «Mientras que la industria trabaja intensamente para proteger sus ganancias y extinguir la demanda mundial de combustibles limpios y renovables, hay un enorme movimiento en marcha en todo el mundo para proteger nuestros recursos globales del fracking«, ha aseverado Ecologistas.

Ecologistas en Acción denuncia que el 80% de las reuniones de los comisarios Cañete y Sefcovic «son con lobbies privados»

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Europa Press / Servimedia.- La organización Ecologistas en Acción presentó el informe Políticas precocinadas: un año de acceso privilegiado de las grandes empresas energéticas a los comisarios europeos para el clima, realizado por Corporate Europe Observatory. Este informe señala que el 80% de las reuniones del comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y del vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión Energética, Maros Sefcovic, fueron con lobbies del sector privado en su primer año como comisarios.

Así, el informe critica que Cañete y Sefcovic son «todo oídos con las empresas más contaminantes». De este modo, Ecologistas en Acción denuncia que las grandes empresas energéticas, sobre todo de combustibles fósiles, han disfrutado de «un acceso privilegiado» a los responsables de las políticas europeas de clima y energía. El estudio señala que el 74% de los encuentros de los comisarios con la industria energética ha sido con empresas de combustibles fósiles. En total, estiman que Sefcovic tuvo 34 encuentros con empresas «contaminantes» por cada una con el sector de renovables. Por cada reunión con organizaciones de energía renovable, Cañete mantuvo 22 con la industria de los combustibles fósiles.

En total, el informe denuncia que las empresas «contaminantes» suman el 30% de todas las reuniones con lobbies que han mantenido los dos comisarios y sus gabinetes. Para Belén Balanyá, de Corporate Europe Observatory, estos datos son «muy preocupantes», dados los temas de los que estos comisarios son responsables. Finalmente, el informe propone que se prohíba a los funcionarios de la Unión Europea reunirse con lobistas de las empresas «contaminantes» para discutir políticas de clima y energía. «Los que están causando el problema no son los que tienen que decidir cómo lo arreglamos», concluye Balanyá.

Las ONG ecologistas consideran «escandalosa» la manipulación de las emisiones de CO2 en los coches y piden más control

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Europa Press / Servimedia.- Las ONG ambientales calificaron de «auténtico escándalo» la manipulación de los datos de emisiones de los gases contaminantes en los vehículos que se detectó en Estados Unidos en coches Volkswagen porque supone la «comprobación» de las «artimañas» de la industria automovilística para sortear la legislación ambiental. Una manipulación que consideraron como una «estafa clara al consumidor» que Volkswagen haya manipulado las emisiones contaminantes de sus automóviles diésel y reclamaron controles eficaces y sanciones ejemplares para que este caso no se repita.

En este sentido, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, apuntó que esta situación «ya se conocía» y había sido denunciada desde hace años por organizaciones como Transport & Environment, que indicó que los datos que se ofrecen de las emisiones de los vehículos «no son reales» y están «trucadas», tanto de emisiones de CO2 como de partículas y dióxido de nitrógeno. «Hay una picaresca muy grande por parte del sector», lamentó Castejón que recordó que el transporte es el principal factor de deterioro de la calidad del aire en Europa y que la contaminación provoca 450.000 muertes prematuras anuales en el continente.

Además, incidió en que detrás de este «fraude» está la explicación de por qué las ciudades europeas siguen superando los niveles de contaminación mientras, en teoría, los vehículos van reduciendo sus emisiones. De este modo, admitió que la contaminación del aire ha ido bajando «algo», pero no tanto como debiera con las mejoras tecnológicas existentes. «Los fabricantes nos engañan. Volskwagen debería tener una multa pero Bruselas debería abrir una investigación de oficio para ver si el resto de fabricantes también lo hace», apuntó mientras recordaba que la industria alemana hace «piña» y es «la que más se opone a limitar las emisiones de los vehículos» por su especialización en coches de diésel y muy potentes.

Por su parte, el portavoz de Clima y Energía de Amigos de la Tierra, Héctor de Prado, denunció que esta falsificación ha sido totalmente intencionada puesto que ya venía de fábrica y, a nivel general, recuerda que los combustibles fósiles aumentan el problema del cambio climático. Por ello, ha reclamado el paso hacia un cambio de modelo, donde prevalezcan las iniciativas sostenibles, los coches eléctricos eficientes e inteligentes, por ejemplo. «Con coches 100% eléctricos no habría problema de falsificación de las emisiones«, indicó de Prado. Asimismo, valoró que si los coches se fabrican cada vez con mejor tecnología es bastante sencillo reducir emisiones. En definitiva, también abogó por eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles.

En la misma línea, la responsable de Energía de Greenpeace España, Marina Bevacqua, añadió que la ONG también lleva años denunciando a Volkswagen porque insiste en evitar que se pongan límites a los gases tóxicos al sector y desarrolló una influencia muy fuerte ante los responsables comunitarios para lograrlo. «Se demuestra que la industria automotriz no tiene problema en cometer un delito para vender sus productos perjudicando a la salud de los ciudadanos«, denunció. Según sus estimaciones, se piensa que 30 millones de autos podrían estar trucados para limitar las emisiones que estaban generando. Por ello, cree que Europa debe fijar unos límites y cada Estado es el que debe controlar que eso se cumple.

«Si tienen tecnología para hacer algo así, ¿por qué no la usan para limitar realmente las emisiones y no provocar daños a la salud?», apuntó Bevacqua que indicó que parece que la brecha entre los datos ofrecidos y la realidad podría ser de 40 veces más que el límite permitido, según la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos. Finalmente, reclamó un cambio de paradigma en la movilidad, para que sea eficiente, fomentando los sistemas de transporte público, la electrificación de los vehículos y, «lo más importante», lograr un cambio de mentalidad con consecuencias en la movilidad en las ciudades.

«Es un crimen porque estaban utilizando un software que se activaba únicamente cuando detectaba que el auto estaba siendo testado por sus emisiones, con lo que, directamente, trataron de engañar a la administración pública», añadió. Bevacqua recalcó que, así como Volkswagen podría enfrentarse a una multa de 18.000 millones de dólares (16.200 millones de euros) en Estados Unidos, los países que detecten el fraude «deberían cobrar» al gigante alemán. «Los Estados deben evitar que las empresas marquen la agenda política de cuáles son los límites de emisiones, instaurar mecanismos de controles claros y multas millonarias a quienes quebranten esto», apostilló.

Ecologistas en Acción denuncia la muerte de dos buitres leonados en el parque eólico de Guadalteba (Málaga)

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Europa Press.- La asociación Ecologistas en Acción-Silvema Serranía de Ronda denunció la aparición en un parque eólico de la comarca malagueña del Guadalteba de dos cadáveres de buitres leonados, muertos «al ser impactados por los aerogeneradores«. La muerte de ejemplares adultos afecta especialmente a la población de una especie, en mayor medida a las que tienen poca tasa de natalidad y alta longevidad, como es el caso del buitre leonado.

Posiblemente, se tratara de individuos de una de las buitreras más descolgadas del área de distribución de la especie en Andalucía y la más aislada de la provincia de Málaga, cuya conectividad con las otras quedó seriamente afectada tras el establecimiento de los parques eólicos de Cañete la Real (Málaga). Como le ocurrió a estos buitres, el impacto de las aspas de los aerogeneradores produce a veces una muerte inmediata o en ocasiones una lenta agonía al sufrir severos traumatismos o en muchos casos amputaciones.

El parque eólico donde se localizaron los buitres muertos consta de pocos aerogeneradores, pero corresponden a uno de los modelos de mayores dimensiones existentes en Andalucía. Tienen unas aspas de 64 metros de largo, que giran a una altura de 120 metros sobre el suelo, «barriendo una inmensa superficie, el equivalente a una barrera, invisible y mortal, con las dimensiones de unos dos campos de fútbol dispuestos verticalmente». «Las aspas se mueven aparentemente de forma lenta pero pueden llegar a moverse incluso a más de 200 kilómetros por hora», indicaron.

Según Silvema, «con frecuencia los parques eólicos se instalan en zonas de montaña, buscando los regímenes de vientos, donde habitualmente se encuentran ricos y variados ecosistemas, a los que suele acompañar una singular avifauna«. «Y lamentablemente se siguen cometiendo graves errores en la elección de las ubicaciones, obviando toda lógica y desoyendo todas las recomendaciones, como ocurrió en el malagueño parque eólico de La Nava y La Escalereta, en Cañete la Real, donde se producen casi la mitad de las muertes de buitres de toda la provincia», advirtieron los ecologistas.

Siendo, además, frecuente, como en este caso, que las muertes estén concentradas en sólo algunos de los aerogeneradores, han alertado. Por eso, han considerado «fundamental» que se avance en la calidad de los estudios de impacto previos a la instalación de estas industrias, incluyendo siempre un «riguroso» estudio de ciclo completo de la avifauna del entorno. Para ello, es imprescindible «una celosa intervención» de la Consejería de Medio Ambiente ante cada anteproyecto recibido y sobre todo realizar una planificación a niveles provinciales o regionales, teniendo en cuenta el efecto sinérgico negativo de la acumulación de parques eólicos en una zona.

De todos modos, los ecologistas han aclarado que, «una vez mal ubicado un parque eólico, no todo el daño está hecho». «Aún se podría paliar en alguna medida el impacto sobre la avifauna si se contase con unos buenos Programas de Vigilancia Ambiental», han expuesto. En concreto, permitiría tomar medidas durante el propio funcionamiento de los aerogeneradores, siendo detenidos momentáneamente en las situaciones de riesgo para las aves, detectadas por un vigilante situado en el parque, o bien, posteriormente, realizando un seguimiento de la mortandad para tomar unas acciones correctoras, que podrían llegar hasta el desmantelamiento de las instalaciones críticas.

Ecologistas en Acción denuncia el «enorme riesgo» que el transporte de residuos nucleares al ATC tendría para 35.000 personas

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Europa Press.- Ecologistas en Acción está elaborando un informe, a partir de datos de Enresa, de la Comisión Interministerial para el emplazamiento del Almacén Temporal de Residuos (ATC) y del Plan General de Residuos Radiactivos que pone de manifiesto «el enorme riesgo al que se someterían a más de 35.000 personas de 27 localidades de la provincia de Cuenca, por las que pasarían los residuos nucleares al transportarse.

La organización señala que 12 de estas localidades, con una población de casi 8.000 habitantes, serían las «más afectadas», pues los convoyes pasarían a menos de 500 metros de las viviendas más cercanas a las vías de comunicación. Según Ecologistas, en condiciones normales, las dosis recibidas por la población serían muy bajas, puesto que el convoy circularía a 40 kilómetros por hora, pero destaca que «no son despreciables las dosis en los puntos de descanso o en paradas». Además, el «elevado» número de viajes, hasta 1.254 desde todas las centrales, «multiplica el riesgo de accidentes«.

Ecologistas en Acción también destacó que, en el estudio de impacto ambiental encargado por Enresa a la consultora INYPSA, «apenas se aporta información sobre los posibles riesgos y los planes de emergencia en caso de accidente» ni se mencionan «los protocolos de actuación en caso de avería, operaciones de mantenimiento de los vehículos y su carga, indisposición del conductor o cómo llevar a cabo lo relevos con el segundo conductor.

Shale Gas España asegura que el CSN ve compatible la explotación de fracking cerca de Garoña

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EFE.- La plataforma española de exploración y desarrollo del gas pizarra, Shale Gas, ha asegurado hoy que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha considerado que los proyectos presentados en el norte de Burgos, en el lugar en el que se ubican, son compatibles con la actividad de la central nuclear de Garoña.

En un comunicado, el director general de Shale Gas España, David Alameda, ha asegurado que, desde 2013, con la nueva Ley de Impacto Ambiental, los proyectos de exploración de gas no convencional están supeditados a múltiples requerimientos técnicos, entre ellos un detallado Estudio de Impacto Ambiental que es analizado por técnicos cualificados de distintas instituciones y de las Administraciones, y también por asociaciones, sindicatos, partidos políticos, ONGs y ciudadanos.

David Alameda ha asegurado que entre los organismos que han sido consultados está el CSN, la instancia oficial que posee las competencias en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Tras las últimas críticas de Ecologistas en Acción, que apuntan al riesgo añadido de que el uso de la técnica de la fractura hidráulica -fracking- a pocos kilómetros de Garoña pueda provocar un riesgo de accidente nuclear, Alameda ha explicado que los organismos técnicos toman decisiones fundamentadas y basadas en hechos científicos, por lo que pide «responsabilidad para aportar claridad y no confusión» al debate sobre los proyectos de exploración.

David Alameda ha asegurado que hay consenso en la comunidad sobre el hecho de que los trabajos de exploración, incluyendo la técnica de fractura hidráulica, «son seguros si se desarrollan bajo la legislación adecuada y aplicando los estándares de la industria». En su opinión, en España se cumplen ambos requisitos, ya que las empresas que forman parte de Shale Gas España saben que «el éxito de los proyectos requiere hacer todo lo necesario para que éstos se desarrollen con total seguridad.» En todo caso, ha añadido que la «sismicidad inducida» por fractura hidráulica es menor que la producida por otras actividades tales como la minería o el llenado de embalses.

De hecho, considera que la sismicidad inducida provocada por el fracking entra normalmente en el rango de los microsismos, con menos de tres grados en la escala de Richter, lo que no es detectable por el ser humano, sólo por sismógrafos, y está un punto por debajo del nivel de riesgo que señalaba hace unos días el portavoz para temas nucleares de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

Además, el representante de la compañía ha asegurado que solo en tres ocasiones, de los dos millones de fracturas que se han realizado en el mundo, se han detectado microsismos, en todos los casos por debajo de esta magnitud

Las organizaciones ecologistas dan por «paralizado» el ATC y amenazan con acciones legales si el Gobierno pretende empezar las obras

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Europa Press / Servimedia.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran «paralizado» el proyecto de construir un Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en la localidad de Villar de las Cañas, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha iniciara un nuevo Plan de Ordenación de la Recursos Naturales (PORN) con el objetivo de proteger la zona e impedir las obras.

Además, los ecologistas aseguran que si, tras la decisión del Ejecutivo manchego, el gobierno central autoriza el permiso provisional para la construcción del ATC en Villar de las Cañas, «emprenderán acciones legales» para paralizarlo, aunque indicaron que, a su juicio, quien debería hacerlo sería la Junta de Castilla-La Mancha. Según el portavoz de la plataforma contra el ATC, Carlos Villeta, la intención del Gobierno manchego con la tramitación del PORN es estudiar una ampliación del Espacio Red Natura de la Laguna del Hito de las 955 hectáreas que ocupa ahora a un total de 21.400 hectáreas, de modo que abarque la zona en la que se planea construir la instalación.

Villeta recordó que, conforme a la Constitución, las competencias en materia de protección del medio ambiente corresponden a los gobiernos de las comunidades autónomas y señaló también que, de acuerdo con la legislación, una vez iniciada la tramitación de un PORN, que entrará en vigor este jueves, «no se podrán realizar actos en esa superficie que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno». Por ello, asegura que ninguna administración fuera del gobierno regional tiene autoridad legal para revertir el procedimiento de ampliación de la zona de protección natural y, de este modo, «queda automáticamente paralizada» la posibilidad de iniciar el proyecto de construcción del ATC.

Los responsables de estas tres organizaciones aseguraron que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la concesión del primero de los cinco permisos necesarios para la construcción de la infraestructura, aprobado este lunes, «no es vinculante«. Así, para que dicho permiso fuera efectivo, debería recibir la aprobación del Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según explicaron.

Por otra parte, la responsable de Proyectos de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que, una vez paralizado el proyecto, la propuesta de las organizaciones contrarias al proyecto de Villar de las Cañas pasa por un plan en «tres fases«. A su juicio, la primera necesidad consiste en la elaboración de un «séptimo Plan General de Residuos Radiactivos» que, a su juicio, debería contar con la participación de la sociedad civil y la aprobación por parte de la ciudadanía. «Hace prácticamente una década que se aprobó el sexto plan y la situación ha cambiado lo suficiente para necesitar una actualización«, han asegurado.

Además, Montón recordó que dicho plan establecía que la construcción del ATC debía estar finalizada en 2010 y que dicho proyecto estaba planteado para una vida útil de las centrales nucleares de 40 años, cuando «actualmente existe un proyecto del Gobierno para ampliar esa vida a 60». Una vez hecho esto, las organizaciones consideran que debería realizarse un nuevo planteamiento del proyecto a la luz del nuevo plan y en la que sociedad civil y organizaciones pudieran participar en la aportación de alternativas técnicas y económicas para su definición final.

Por otro lado, la responsable de Greenpeace explicó que la organización se ha puesto en contacto con más de 200 de los 217 ayuntamientos de Cataluña, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura que, además de Villar de las Cañas, se verían afectados por el proyecto de construir el ATC en esta localización debido a que están en la ruta que deberían seguir los camiones que transportarían los residuos radiactivos hasta las instalaciones, desde las centrales nucleares. «Los municipios por los que pasarán estos transportes no están exentos de riesgos, y estos municipios deben saberlo», indicó. Por allí circularían unos 40 transportes nucleares por año, según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Para Montón, quien defiende que antes de definir el proyecto para construirse un ATC debería abordarse un debate sobre la continuidad de la energía nuclear, el planteamiento de un proyecto centralizado al que derivar todos los residuos nucleares de las seis plantas que hay en España supone un «peligro» desde cinco perspectivas. En primer lugar, debido a que el transporte por carretera de estos residuos «no está exento de accidentes«. De hecho, ha asegurado que, en los últimos 50 años se han contabilizado en Estados Unidos un total de 58 accidentes en los que estaban implicados vehículos con residuos nucleares.

Además, Montón cree que las condiciones que se exigen para el transporte del material radiactivo «no son suficientes» desde el punto de vista de su resistencia a altas temperaturas en caso de un incendio. Por otra parte, cree que es un «riesgo innecesario» someter a las personas de las localidades por las que pasarán estos vehículos a una dosis de radiación adicional, pese a que ha reconocido que esto «no supondría un peligro fulminante» para nadie. Por último, cree que el efecto para estas poblaciones será la devaluación de sus productos naturales, y un incremento del «estrés» para los ciudadanos y conductores de la zona. Por ello les solicitaron que se sumen también a la petición de paralización del proyecto.

Las organizaciones antinucleares consideran que las actuaciones tanto del Ministerio de Industria, como del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su conjunto, en especial del presidente y su vicepresidenta, atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear, según denunciaron los ecologistas. En este sentido, las organizaciones ecologistas criticaron que el Ministerio de Industria pidiera al CSN que anticipara la evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello envió un informe incompleto.

Ecologistas en Acción pide una apuesta «real» contra el cambio climático en la Cumbre de París

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Europa Press.- Ecologistas en Acción. confederación de grupos ecologistas de España, criticó los documentos presentados a nivel internacional para la Cumbre del Clima de París, la denominada COP21 que se celebrará del próximo 30 de noviembre al 11 de diciembre, y ha pedido una apuesta «real» contra el cambio climático que apunte a un nuevo modelo.

Según Ecologistas, los objetivos de los documentos base y los compromisos nacionales de reducción de gases invernadero «se alejan demasiado de las recomendaciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)». El IPCC, integrado por expertos en calentamiento global, advierte de que «si no se realizan esfuerzos adicionales a los ya desplegados, se experimentarán aumentos en la temperatura media global en 2100 de 3,7 a 4,8 grados». El IPCC recomienda reducir las emisiones a nivel global en un 95% en 2050, algo que «atendiendo al crecimiento de la población y a las desigualdades existentes en las emisiones por cápita, debería traducirse en un escenario de emisiones prácticamente cero para la Unión Europea en 2050«, indicó.

Sin embargo, la confederación lamenta que los documentos presentados por Naciones Unidas y los diferentes países insistan en mecanismos «injustos», como los mercados de carbono, donde España gastó más de 800 millones de euros para cumplir sus compromisos entre 2008 y 2012. También consideran «falsas» las soluciones nacionales para el cambio climático, como la geoingeniería, la captura de carbono, la energía nuclear o las repoblaciones industriales: «Se aboga por continuar con un modelo ya agotado basado en el consumo excesivo de combustibles fósiles que nos conduce a un futuro donde los efectos del cambio climático pasarán una tremenda factura», denunciaron.

Ecologistas en Acción considera necesaria la creación de un Fondo Verde para el Clima que proporcione financiación pública para los países más afectados por el cambio climático, «totalmente independiente de instituciones como el Banco Mundial, que tiene una larga trayectoria de financiación de proyectos que han agravado el cambio climático, la corrupción y la pobreza«. Abogan por desarrollar urgentemente planes que permitan desarrollar una economía baja en carbono y «dar un impulso definitivo a una transformación integral» del modelo, como la agroecología y el comercio local de proximidad. Asimismo, creen que se debe prohibir la fractura hidráulica, dejar sin explotar la mayor parte de las reservas fósiles y abandonar las soluciones implementadas hasta el momento.

La plataforma anti ATC protestará este miércoles ante el Consejo de Seguridad Nuclear

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EFE / Servimedia.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca convocó una concentración frente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), durante el pleno en el que este organismo analizará este miércoles un informe sobre la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Por otra parte, la organización Ecologistas en Acción asegura que el Gobierno está acelerando los trámites para autorizar la construcción del ATC en Villar de Cañas(Cuenca), «ante el miedo de nuevos posibles reveses electorales».

Según la plataforma opositora, la concentración se llevará a cabo el próximo miércoles, 22 de julio, con motivo del pleno que celebrará el CSN, en el que previsiblemente se aprobará el informe positivo sobre la autorización previa o de emplazamiento del ATC que debe emitir el Ministerio de Industria. Por ello, la plataforma critica que el CSN esté a punto de emitir un informe favorable a la instalación del ATC en Villar de Cañas, a pesar de que «un importante estudio de caracterización de los terrenos está pendiente de inicio».

CSN «rendido» al Gobierno central

La plataforma asegura que el CSN se ha «rendido» a las presiones del Gobierno central, después de mantener hasta mayo «una posición firme en relación con el ATC», desde que en 2014 recibiera el encargo de Industria de emitir los informes preceptivos para otorgar las autorizaciones previa «o de emplazamiento» y de construcción. Antes de los comicios de mayo, en el organismo regulador de las instalaciones nucleares prevalecían los criterios técnicos en relación al ATC.

Según opinaron, ahora «han quedado en un segundo plano ante las conveniencias políticas del Ejecutivo», advirtió la Plataforma contra el Cementerio Nuclear. «Ahora, la proximidad de elecciones generales espolea al Ejecutivo central a dejar licenciado el ATC en los meses de julio y agosto», indicó la portavoz de la Plataforma María Andrés, quien justificó la convocatoria de la concentración del 22 de julio «para solicitar al CSN neutralidad y que deje trabajar a sus técnicos».

Acelerando la tramitación del ATC

Por su parte, Ecologistas en Acción asegura que el Gobierno está acelerando los trámites para autorizar la construcción del ATC de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), «ante el miedo de nuevos posibles reveses electorales«. La organización señaló que desde el CSN se realiza la Evaluación de Impacto Radiológico y se quiere otorgar la Autorización Previa o de Emplazamiento sin que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) haya concluido todos los estudios geológicos.

Enresa licitó la realización de nuevos estudios geológicos para caracterizar el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas por un valor de 1,17 millones de euros y para una duración de ocho meses, explicó Ecologistas en Acción, que añadió que dichos estudios deberían comenzar en septiembre de 2015 y mejorar el conocimiento que se tiene del subsuelo. «A pesar de esto», agregó, «los trámites para conceder la autorización al emplazamiento del ATC se han acelerado». En concreto, asegura que el Ministerio de Industria pretende otorgar autorización previa o de emplazamiento en las próximas semanas, «lo que supone una presión inadmisible sobre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)».

Ecologistas en Acción afirma no comprender cómo este organismo puede pronunciarse sobre la calidad del emplazamiento sin haberse realizado los sondeos y las pruebas de caracterización ya licitadas por Enresa, salvo que estas pruebas sean redundantes e innecesarias y en ese caso «Enresa esté tirando 1,17 millones» de euros. Por todo ello, la ONG sostiene que todos estos movimientos responden «a la prisa que le ha entrado al Gobierno para acelerar los trámites que permitan la construcción del ATC», ya que desearía que estén listos antes de las próximas elecciones generales, «por si se produce un cambio de Ejecutivo». Pero además, el nuevo Gobierno manchego se ha manifestado ya en contra de la instalación, «lo que no debería ser desoído».