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El Gobierno «no duda» sobre las propuestas del horizonte 2040 pero Equo les acusa de ceder ante la industria automovilística

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Europa Press.- Equo ha acusado al Gobierno de ceder ante «las presiones de la industria del automóvil» por eliminar la fecha de prohibición para la venta y matriculación de vehículos que emitan CO2, que en un primer momento se había establecido para 2040. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «no tiene ninguna duda» de que la fecha para la prohibición de la venta de coches diésel, gasolina e híbridos debe ser 2040.

Ribera reiteró la importancia de fijar una fecha de referencia «para dar estabilidad y fijar el proceso de transformación de la industria», y subrayó que para el Gobierno 2040 es «la mejor fecha». La titular de Transición Ecológica destacó que esa fecha está respaldada por las señales que han dado en esa dirección tanto la Comisión Europea, «incluido el comisario de Energía, que hizo comentarios un poco confusos en voz alta», como Francia, un país con «potencial industrial asociado al automóvil y sede de dos de las casas automovilísticas más importantes, como Renault y PSA».

Ribera señaló que «es imposible» abordar una estrategia de descarbonización «seria» sin afrontar que todos los coches nuevos en 2040 «deberán ser cero emisiones». No obstante, defendió la «neutralidad tecnológica» ya que en ese horizonte es imposible saber qué tipo de vehículos habrá. «Pero sí la referencia de que deberán ser cero emisiones», apuntó. La ministra afirmó que la industria está en una transformación «muy profunda a escala global», por lo que los gobiernos deben acompañar en ese proceso para que la industria europea «no pierda ese tren», pero «sin olvidar el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de clima».

«Es un sector importantísimo desde el punto de vista del empleo, del peso industrial y de la salud y del riesgo asociado al cambio climático», añadió. Asimismo, consideró que el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se trata de un documento de trabajo abierto y en el que el Gobierno está «ocupado», pero que en ningún momento existe «ninguna decisión concreta».

Devolverá peajes a la CNMC

Por otra parte, Ribera confirmó que el Gobierno devolverá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de 2019 la potestad para fijar los peajes de la luz y del gas, unas competencias que le fueron arrebatadas por el anterior Ejecutivo y que había provocado que existiera la amenaza de sanción por Bruselas. «Lo que hemos hecho ha sido trabajar con la propia CNMC para poder entender cómo dábamos una solución a la práctica habitual de nuestro ordenamiento y nuestras instituciones. Es lo que es compatible con el marco comunitario», explicó.

Ribera reiteró que pronto se dará a conocer la senda que el Gobierno cree «más adecuada» para conseguir ese objetivo de descarbonización y afirmó que la transformación del sector eléctrico de 2021 a 2030 movilizará «algo más de 100.000 millones de euros. La ministra subrayó que la transición energética presenta «grandes desafíos», pero también ofrece «grandes oportunidades» que deben incluir la referencia de la solidaridad y «el trabajo serio y comprometido desde el Gobierno para que estos años convulsos se conviertan en años de prosperidad».

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, aprovechó para pedir a la ministra que en esa hoja de ruta que se está diseñando para la transición energética se recoja un entorno «claro» y que se «pueda escuchar» a las empresas antes de tomar las decisiones. «Estamos para respetar las reglas del juego y sólo pedimos que sean claras y un entorno estable», indicó.

El directivo reiteró la necesidad de escuchar a las empresas antes de tomar las decisiones, «que son del Gobierno», para que esa «ambiciosa» ley pueda contemplar los diferentes puntos vista. Así, el ejecutivo de Naturgy indicó que estamos ante la «gran transformación» para el sector en los últimos años, en la que las compañías deberán adaptarse a un entorno «cambiante».

Equo habla contra el Gobierno

Según indicaron desde la formación ecologista integrada en el Congreso en el grupo confederal de Unidos Podemos, el borrador del decreto ley de medidas urgentes contra el cambio climático deja sin fecha esta prohibición, algo que lamentan como un «paso atrás» del Ministerio para la Transición Ecológica. «Consideramos que es un error y que obedece a las presiones de la industria del automóvil, una vez más, sin tener en cuenta los beneficios que tendría para la sociedad en general», apuntó el diputado de Equo, Juan López de Uralde, tras conocer el contenido de este borrador.

«La mayor parte de la producción de coches en España se exporta, y por tanto nuestra industria debe estar preparada cuanto antes para el cambio que se está produciendo ya», ha apostillado, recordando que la Comisión Europea contempla este límite de 2040, con el fin de establecer un futuro de cero emisiones en 2050. De esta forma, España no estaría en condiciones, según esta formación, de alcanzar los acuerdos de París, y pide al Gobierno que asuma este escenario. «No tiene sentido eliminar la fecha en el Decreto para ponerla después», criticó López de Uralde.

«Lo que hay que hacer es comenzar cuanto antes la transformación para que el impacto sea el menor posible en los puestos de trabajo. Sin olvidar que también es una oportunidad», ha concluido el diputado verde. Por su parte la coportavoz de Equo, Carmen Molina, ha subrayado la necesidad de «avanzar hacia políticas valientes que realmente supongan un impacto claro en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). «Tenemos que adoptar medidas contundentes y rápidas, ya nos hemos demorado demasiado tiempo», afirmó.

La Fundación Española del Corazón reconoce que los nuevos vehículos diesel disminuyen en gran medida sus emisiones de gases contaminantes

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Europa Press.- Los datos son contundentes: el 93% de la población española respira un aire que excede los límites considerados como peligrosos para la salud, según ha asegurado el vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, José Luis Palma, durante la jornada Impacto de la calidad del aire en la salud cardiovascular.

El objetivo de este encuentro, que se ha celebrado en la Casa del Corazón, sede de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la FEC, ha sido analizar la situación de la contaminación ambiental en España y en Europa. Para ello, han participado expertos en el área de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como responsables en definir y aplicar políticas de salud y medioambientales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expuestos por el vicepresidente de la FEC durante su intervención, la contaminación del aire es responsable de alrededor de 7 millones de muertes al año en el mundo, de las que 2,5 millones corresponden a enfermedades del corazón (25%) y 1,4 millones a ictus (24%).

Palma recuerda que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refiere a la contaminación del aire como el «nuevo tabaco», poniendo en evidencia que la contaminación ambiental se ha convertido en «uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial». En la misma línea, ha recordado que los productos contaminantes de mayor impacto medioambiental son las partículas de la materia en suspensión, tanto sólidas como líquidas. Las más peligrosas son las que miden 2,5 milimicras o menos; el ozono; el monóxido de carbono (CO); el dióxido de nitrógeno (NO2); el dióxido de azufre (SO2) y los compuestos orgánicos volátiles (COV).

«Todas estas sustancias vician el aire, haciéndolo insalubre y peligroso. Su paso a la sangre, a través de la barrera alveolar, favorece el desarrollo de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, arritmias graves que pueden generar en parada cardiocirculatoria, ictus, tromboembolismo pulmonar y sistémico, trombosis venosa profunda y arterioesclerosis acelerada», ha indicado Palma. Asimismo, ha recordado que «la enfermedad coronaria y el ictus representan el 80% de todas las muertes debidas a la contaminación ambiental». «La salud cardiovascular y respiratoria de la población será mejor cuantos más bajos sean los niveles de contaminación del aire», ha zanjado.

El millonario gasto en Sanidad

Sobre el impacto económico total de la contaminación ambiental, en 2013 se estimó que los costes relacionados con la salud a causa de la contaminación ambiental en la Unión Europea oscilaban entre los 300.000 y los 940.000 millones de euros al año, incluyendo gastos sanitarios directos e indirectos pero también los derivados que inciden en la economía nacional y mundial.

En este contexto, ha citado los datos de un estudio realizado en Vancouver (una ciudad tres veces menos contaminada que París), que demostraron que la exposición de las embarazadas a la contaminación del tráfico aumenta en torno a un 25% el riesgo de que sus hijos padezcan graves enfermedades respiratorias antes de cumplir los 6 años de edad. Junto con las embarazadas, el experto ha apuntado que los pacientes más susceptibles a la contaminación del aire son los de bajo estatus socio-económico, edad avanzada, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedad arterial coronaria o fumadores.

Aunque la «mayoría» de actividades desarrolladas en las sociedades contemporáneas generan productos contaminantes, como las económicas, industriales, comerciales, agrícolas y ganaderas, Palma ha identificado al tráfico rodado como «uno de los principales responsables del deterioro de la calidad del aire en las ciudades». Así, ha explicado que, de acuerdo con estudios españoles, su contribución oscila entre un 70% y un 80% en la contaminación por partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM 2,5), compuesto que tiene un «impacto directo» sobre la salud de la población y que, en la actualidad, supone «el mejor indicador de la contaminación urbana».

Para luchar contra esta «lacra», ha apostado por tomar una serie de medidas de planificación urbana que luchen contra la contaminación ambiental, como el diseño óptimo de carriles para bicicletas, promover los coches eléctricos e híbridos, fomentar el transporte público, una nueva legislación para la construcción de edificios, o iniciativas para reducir la emisión de combustible y otros gases tóxicos.

Otro de los puntos sobre los que ha incidido es el conocido como dieselgate. «Los nuevos diésel emiten, en comparación con los antiguos, un 84% menos de dióxido de nitrógeno y un 90% menos de PM 2,5″, ha afirmado Palma. Además, ha añadido que los nuevos catalizadores de reducción selectiva disminuyen en más de un 99% la emisión de estas partículas. Como propuesta, ha reclamado que se impulse el aditivo AdBlue como mezcla en los diésel, ya que «reduce la emisión de dióxido de nitrógeno en más de un 90%».

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, ve clave que la Administración ayude para que la descarbonización tenga éxito

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Europa Press.– El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que la Administración tiene que ayudar si quiere tener éxito en el proceso de descarbonización de la movilidad, que contempla la prohibición de la matriculación de vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040. El Ejecutivo socialista estudia una propuesta que contempla vetar la venta de vehículos nuevos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040, así como impedir su circulación a partir de 2050.

En la comisión de Transición Ecológica en el Congreso, Morán indicó que para esta situación todavía quedan 22 años en el caso de la matriculación y consideró necesario tener un proceso de anticipación previo «suficientemente largo». Asimismo, resaltó la importancia de habilitar procesos de ayuda que permitan implementar el tránsito del modelo convencional al nuevo, ante lo que señaló que la Administración tiene que ayudar. «Es un proceso nada menor, por lo que los esfuerzos privados y públicos van a ser considerables y cuanto más largo sea el período de aplicación de las medidas, más capacidad habrá para minorar las consecuencias de los impactos», añadió.

En esta línea, destacó la relevancia de dar certidumbre a las empresas y también herramientas adecuadas para que tomen decisiones en perspectiva de que el retorno de las inversiones tenga un período de tiempo suficiente, con un proceso de anticipación «suficientemente largo». «El Gobierno no toma sus decisiones en términos de medición de votos, sino de medición de vidas. Este compromiso se basa en la salud de los ciudadanos. Por encima de cualquier cosa, el cambio tecnológico se tiene que basar en la salud de los ciudadanos», añadió el secretario de Estado de Medio Ambiente.

El Tribunal Supremo confirma la sanción de 18,4 millones a Nuclenor por el cese unilateral de la central de Garoña

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Europa Press.- La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó la sanción de 18,4 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso en julio de 2014 a Nuclenor por una infracción muy grave prevista en la Ley del Sector Eléctrico por el cese de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña acordado de forma unilateral en diciembre de 2012 sin comunicarlo con la antelación suficiente a la Administración.

Se consideró entonces que la empresa propietaria de la planta, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, incurrió en la infracción consistente en «la reducción sin autorización de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». Nuclenor recurrió el acuerdo de Competencia a la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso en junio de 2016, y a continuación recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que lo rechazó, entre otros motivos, al no compartir que en el caso concurriese el presupuesto de «causas imprevistas» que habría permitido excluir la necesidad de comunicación de la decisión del cese en la explotación con una antelación de un año.

En ese sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada, destacó que no podía considerarse como una circunstancia de carácter técnico, susceptible de ser una causa imprevista, la derivada de la entrada en vigor de una reforma legislativa que afectaba de forma sensible a la fiscalidad de las centrales nucleares. Según recogió la misma sentencia, la decisión de Nuclenor de cesar la explotación sita en Burgos se adoptó el 14 de diciembre de 2012, y la comunicación de dicho acuerdo, sin embargo, no se produjo hasta transcurridos 14 días.

«La recurrente siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que, además, no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, con ocasión de la publicación de la Ley de Medidas Fiscales y, lo que se subraya en la Resolución sancionadora, cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre, de forma de que la indisponibilidad de la potencia de Garoña era ya un hecho irreversible en el año 2012″, destacó la Audiencia.

El Supremo indica que la resolución sancionadora aplicó correctamente el tipo previsto en la Ley del Sector Eléctrico. «en la medida que existe una plena concordancia entre la ejecución de la decisión empresarial de cese en la explotación de la central de Garoña, que ha supuesto una reducción de la capacidad de producción del sistema eléctrico de 455,9 MW, y la conducta ilícita descrita» en el correspondiente artículo de la Ley del Sector eléctrico. Asimismo, considera que no se vulneró el principio de proporcionalidad en la cuantía de la sanción, teniendo en cuenta también el impacto sobre la garantía de suministro de energía eléctrica y la afectación al mercado eléctrico.

La CNMC celebra la sentencia

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha resaltado que la sentencia está «alineada con los planteamientos del súperregulador. Marín Quemada ha señalado que Endesa e Iberdrola, propietarios al 50% de la central nuclear de Garoña, decidieron cerrarla «por decisión unilateral» y en contra de la normativa, que establece que hay que avisar a las autoridades con un tiempo y cumplir unos trámites, para no afectar a los precios ni a la seguridad del suministro.

«Los propietarios pensaron que no era imprescindible, la CNMC actuó por seguridad energética y, en el uso de nuestras obligaciones, procedimos a imponer una sanción. Los propietarios fueron a los tribunales y la sentencia está alineada con los planteamientos con la CNMC», ha destacado Marín Quemada. Marín Quemada ha destacado que el alto tribunal está sancionando en línea con la opinión de la CNMC el 82% de las cuestiones que le llegan. «Hay todavía una brecha del 18%, y eso nos ha obligado a hacer en los últimos años una serie de esfuerzos para reducirla. Aún no estamos satisfechos», ha manifestado el presidente del organismo.

Respecto al recibo de la luz, Marín Quemada ha insistido en que sigue siendo de «dificilísima comprensión» por parte de los clientes, y ha recordado que se compone de tres elementos: el precio de la generación eléctrica, lo que se paga por otros conceptos (peajes) y los impuestos. «En los peajes hay una mezcla tremenda de compensaciones a cierre de instalaciones, subvenciones a renovables… ese totum es lo que convendría aclarar, porque es de dificilísima compresión por los clientes», enfatizó.

Tras constatar que «no siempre», pero sí a veces, se cumple el llamado efecto cohete y pluma en los precios de los carburantes, que trasladan las subidas del crudo con mucha rapidez, pero no así las bajadas «cuando se acerca un periodo vacacional o punta de consumo», ha considerado razonable el plazo de 20 años dado por el Gobierno para el fin de las matriculaciones de vehículos diésel, gasolina, híbridos o a gas, que no podrán circular por España a partir de 2050. «Si así lo ha establecido el Gobierno, sus razones tendrá», ha manifestado.

Por último, tras ser alabado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la labor de la CNMC, lo que aleja el fantasma de una reordenación de los organismos supervisores promovido por el anterior Gobierno, Marín Quemada, que se considera «totalmente independiente», ha señalado que cuando a los políticos se les explica que los sectores están interrelacionados, que las cuestiones son transversales, lo entienden. «La CNMC tiene que aproximarse a esos mercados con una visión de conjunto y con la transversalidad de la competencia», apuntó.

La Unión Europea analizará si es legal prohibir la venta de determinados vehículos en 2040 antes de su aprobación definitiva

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha señalado que la Comisión Europea analizará si la prohibición de vender en España coches con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040 es «conforme o no» con la normativa del mercado interno, y que se hará antes de que se adopte definitivamente dicha medida.

Acerca de la medida anunciada por el Gobierno, Arias Cañete ha señalado que «no le consta» que ningún otro país haya fijado por ley la prohibición de vender determinados vehículos. «He oído declaraciones de Gobiernos y ministros de que en 2040 no se podrá…, pero no lo he visto plasmado en legislaciones internas», ha señalado el comisario, quien ha añadido que «habrá sectores en los que el motor de combustión interna deberá seguir y los fabricantes tendrán que ver cómo cumplen los objetivos de emisiones».

Desde la Comisión no se plantean prohibiciones de venta de vehículos, ha apuntado el comisario, quien ha dicho que la labor de la Comisión es «establecer trayectorias con la contribución de cada sector a la descarbonización, pero no proponer medidas concretas drásticas«. El Consejo y el Parlamento Europeo están debatiendo la estrategia horizonte 2050 con los objetivos de reducción de emisiones elaborada por la Comisión. El debate, centrado en establecer un objetivo del 35% o 45% de emisiones, se encuentra estancado por la «poca flexibilidad» de las partes, según Arias Cañete, quien señala que si no hay acuerdo en esta legislatura, se mantendrán los objetivos de 95 gramos ya establecidos.

La electrificación generará más empleo

En este debate también se está considerando el número de puntos de carga, que podría llegar a los 2,8 millones de puntos con el 35% de nivel de emisiones que se está barajando. El comisario considera que «no se puede conseguir este objetivo haciéndolo obligatorio únicamente en gasolineras», ya que se trata de «puntos públicos de recarga». Con respecto a la preocupación manifestada por los fabricantes sobre la posible pérdida de empleo que causaría la electrificación, Arias Cañete ha afirmado que «los datos de la Comisión apuntan a que la electrificación acaba con generación neta de empleo». Sin embargo, ha apuntado que se producirán «impactos claros» en los fabricantes, así como externalidades que deberán «corregirse».

Cañete ha mencionado otras posibles vías para reducir las emisiones de carbono (CO2), entre las que ha señalado la fiscalidad, otorgar ayudas directas a través del presupuesto comunitario o los antiguos planes Renove. En este sentido, el comisario ha destacado que «lo que tiene que tener un Estado es una política muy clara del nivel de desarrollo de vehículos eléctricos que quiere y poner en marcha los temas de apoyo a las infraestructuras y las políticas fiscales necesarias». El tema verdaderamente importante, concluye Cañete, es que «no se está hablando de cómo mejorar la formación profesional para hacer posible la descarbonización del sector del transporte».

Aniacam y la reunión ministerial

Por otro lado, la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam) ha mostrado su agradecimiento a los Ministerios de Industria y para la Transición Ecológica por convocar una reunión «de urgencia» para atajar y clarificar el ruido mediático en relación con el borrador sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que trabaja el Gobierno.Este documento contempla la intención del Gobierno de prohibir la matriculación de vehículos nuevos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040, mientras que su circulación se vetará desde el año 2050.

Aniacam destacó que el Gobierno dejó patente que el ejercicio de descarbonización tendrá unos plazos que «no tienen que poner en peligro» la capacidad productiva de las fábricas en España, de sus empleados, del sector de la distribución y de los consumidores.Desde Aniacam indicaron que el Gobierno tiene el objetivo de marcar unas metas de un futuro para que «con tiempo» todos los protagonistas del sector y los usuarios puedan ir adecuando sus necesidades para adaptar sus estructuras a un horizonte que, aunque lejano, puedan ir incorporando a las agendas de todo el sector para poder cumplir los objetivos.

Ribera: España no puede estar en el «vagón de cola» hacia la descarbonización y ve 2040 como una fecha «razonable»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que España no puede ser el «vagón de cola» en el proceso hacia la descarbonización y subraya que 2040 le parece un «plazo razonable» para adaptarse al objetivo de prohibir en España la matriculación de vehículos con emisiones de CO2.

Ribera destacó la importancia de ir transformándose para liderar esas nuevas alternativas que están surgiendo en el campo de la movilidad eficiente y respetuosa con el medio ambiente. «Creo que 20 años es un plazo razonable para gestionar dicha transformación», subrayó. Además, afirmó que su sensación es que los cambios se están produciendo muy rápidamente. «Lo peor que nos podemos encontrar es que nos pasa un tsunami por encima, tenemos que anticipar esa preparación por parte de la industria», indicó.

En este sentido, recordó que recientemente tanto representantes de su Ministerio como del de Industria, Comercio y Turismo se reunieron con las principales asociaciones del sector y señaló que dicha mesa de transformación «es fundamental» para asegurar el futuro. «Los que tenemos hoy coches podemos estar tranquilos, tenemos tiempo con coches mucho más eficientes, con motores de combustión y también híbridos», resaltó, al tiempo que indicó que, en la actualidad, el 65% de los coches que exportan se envía a países con normas que limitan la circulación de los motores de combustión en diferentes períodos.

En cuanto a la transformación de la estaciones de servicio hacia la movilidad eléctrica, Ribera indicó que estas instalaciones, por motivos de seguridad, están acostumbradas a cumplir con aspectos más complejos que su adaptación a electrolineras y destacó que hay empresas eléctricas y del sector petrolero que ya se están posicionando en relación con este cambio del modelo de negocio. La titular de la cartera de Transición Ecológica afirmó que hay que evitar que se produzcan «cuellos de botella» en la transformación porque no se cuente con infraestructuras preparadas para acoger esta evolución. «Esto requiere cambios en garajes y también en las vías públicas», señaló.

Por otro lado, afirmó que en todo proceso de cambio se producen desajustes en el marco regulatorio, puesto que fue ideado bajo otras circunstancias, y, respecto al modelo eléctrico, apuntó que la electricidad «tiene gran futuro», al ser el gran vector de desarrollo energético, aunque indicó que hay que llevar a cabo ajustes. Ribera reivindicó que están trabajando en algo que «estaba prácticamente sin hacer» y aseguró que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se tiene que presentar antes de finales de año.

Ningún país es tan ambicioso

Por otro lado, Ribera ha asegurado que «nadie» se ha marcado un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero «tan ambicioso» como la propuesta de ley de cambio climático española, que señala que habrá que rebajar el CO2 en 37 puntos en 11 años. Ribera ha defendido que se proponen reducir en 2050 un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa «reducir prácticamente» a cero las emisiones y la transformación «de todo», excepto algunas emisiones residuales de la agricultura que todavía se desconoce cómo gestionar. En definitiva, reivindica que la propuesta de ley «pone patas arriba el sistema eléctrico y parte de la movilidad».

El Gobierno «no dejará solos» ni a automóvil ni a ciudadanos en la transición hacia el coche eléctrico

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Europa Press.- La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, asegura que el Gobierno no «dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en el proceso de transición hacia los vehículos eléctricos, que contempla que desde 2040 no se podrán vender en España vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2).

Celaá indicó que el Gobierno tiene la obligación, como política de Estado, de impulsar las energías renovables y de apoyar a la industria de la automoción para llevar a cabo una transición ordenada que sustituya «en plazos razonables» los vehículos de combustión por otros más ecológicos que cumplan con los compromisos del cambio climático. El Gobierno trabaja en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, entre otros objetivos, contempla que desde 2040 no se pondrán comercializar vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos, mientras que desde 2050 tampoco podrán circular.

Celaá se mostró confiada en que el Ejecutivo pueda remitir a las Cortes este anteproyecto de ley «antes de que finalice el año», al tiempo que manifestó su deseo de que se consensue un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas ante un problema como el cambio climático, «urgente, que no puede esperar», que preocupa «seriamente» a la sociedad ya que el cambio climático es un “asunto de Estado”. Celaá reiteró que el Gobierno «no dejará solos» ni al sector del automóvil ni a los ciudadanos en este proceso hacia los vehículos eléctricos, ya que es consciente de su «vital importancia».

En este sentido, subrayó que desde el Ejecutivo están trabajando «muy activamente» con la industria del motor, que calificó como «ejemplar», al tiempo que expresó su convicción en que ésta favorecerá la movilidad del futuro, lejos de la contaminación actual. «El Gobierno estará a su lado permanentemente. Este proceso de transformación es parte sustancial de la nueva ley de Cambio Climático, que tiene el objetivo de preservar la salud de los ciudadanos y la calidad del aire urbano», añadió Celaá.

Además, Celaá apuntó que la industria automovilística ya estaba haciendo cambios, aunque señaló que el marco temporal que baraja el Gobierno es 2040 para dejar de vender coches que emitan CO2 y 2050 para vetar su circulación, en línea con lo que hacen los países en los que están las matrices de los fabricantes de coches. «Son periodos temporales muy largos y muy razonables para que la empresa automovilística se haya reconvertido, aunque, al mismo tiempo, habrá las ayudas que se acuerden entre la industria automovilística y el Gobierno», finalizó.

Las dudas de los ciudadanos

Por su parte, el director General de Tráfico, Pere Navarro, asegura que los ciudadanos le trasladan que «no saben qué coche comprar en estos momentos», en referencia al borrador de la Ley de Cambio Climático que fija 2040 como fecha límite para comprar un vehículo diesel, gasolina o híbrido. «El que se quiera comprar un coche hoy en día tiene un escenario de confusión. La gente no sabe qué coche comprarse en estos momentos y con este escenario», señaló Navarro.

Se afean las formas ministeriales

Por otro lado, las asociaciones que han participado en la reunión con el Ministerio de Industria, junto con el de Transición Ecológica, han valorado de forma positiva dicho encuentro, aunque han criticado las formas del Ejecutivo a la hora de anunciar sus planes de prohibir la venta de modelos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040. Así, la directora general de Faconauto, Marta Blázquez, indicó que el encuentro ha sido positivo ya que el Gobierno se ha comprometido a trabajar con el sector para dar forma al borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«Si no estamos todos, no tiene sentido. La hoja de ruta tiene que englobar a todo el sector, eso lo tiene claro el Gobierno», aseguró Blázquez, al tiempo que subrayó que le ha trasladado la preocupación de los empresarios del sector por los recientes anuncios y por la incertidumbre generada. Además, comunicó a los representantes de la Administración que las prioridades son el compromiso de inversiones públicas, ante lo que se han mostrado favorables, así como la puesta en marcha de medidas de rejuvenecimiento del parque, el excluir a los híbridos en un primer momento del veto a la matriculación de 2040 y también el garantizar la unidad de mercado.

Por su parte, la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, destacó la voluntad de «mantener espacios de diálogo que permitan a todo el sector trabajar de manera coordinada y con un objetivo común, el futuro de la movilidad en nuestro país». «Todo ello nos va a permitir posicionar a España como uno de los países de referencia en movilidad cero y de bajas emisiones», añadió.

Desde Ganvam señalaron que durante la reunión se acordó seguir trabajando sobre el Acuerdo Estratégico para una Movilidad Sostenible y Eficiente del sector de la Automoción y que también sirvió para fijar las medidas que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos planteados en el borrador del Anteproyecto de Ley. Sánchez aseguró que la ministra trasladó a los representantes de Ganvam, Faconauto y Aniacam su voluntad de fomentar y mantener espacios de diálogo con toda la cadena de valor del sector de la automoción.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria explicaron que el encuentro fue «bien», con una cadena de valor alineada con el Gobierno, al tiempo que señalaron que sirvió como una reunión para seguir trabajando. Este encuentro fue convocado por parte del departamento de Industria con el fin de dar «certidumbre» al sector del automóvil español, después de que se conociera la intención del Gobierno de prohibir la venta de vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040.

La reunión, según dichas fuentes, contó con la presencia de representantes de Aniacam, Ganvam y Faconauto, mientras que señalaron que desde UGT, CC.OO. y Sernauto se excusaron por no poder asistir alegando «problemas de agenda». No obstante, desde la asociación de fabricantes Anfac aseguraron que no acudirían a esta, alegando que necesitaban más tiempo que 24 horas para analizar y reflexionar sobre los temas de importancia que afectan al sector del automóvil, aunque se mostraron dispuestos a trabajar con el Ejecutivo en favor del sector.

El Gobierno propone edificios descarbonizados en 2030, coches solo eléctricos en 2050 y un 90% menos de CO2 en 2050

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Europa Press.- El Gobierno quiere «poner en el centro de la acción política» la lucha contra el cambio climático y la transición energética para «construir el futuro» mediante un plan que prevé la «neutralidad» de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 con pasos previos que incluyen la descarbonización de los edificios de aquí a 2030, la prohibición de circular a los vehículos que emitan CO2 en 2050 y una economía descarbonizada al 90%.

Así consta en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que para facilitar esta transición de una manera justa se podría destinar el 30% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a los «elementos con incidencia social» provocados por la transición hacia una economía descarbonizada o relacionados con la vulnerabilidad de los impactos del cambio climático. La propuesta normativa, que consta de 31 artículos en 9 títulos y varias disposiciones, reconsidera el papel de los combustibles fósiles, la electricidad, el consumo, la movilidad o la vivienda y un nuevo sistema fiscal que grave las prácticas perjudiciales para el medio ambiente.

Los objetivos, superiores a los marcados por la Unión Europea, son reducir en 2030 un 20% las emisiones de GEI respecto a 1990 y que el conjunto de la economía española deberá reducir en un 90% sus emisiones de aquí a 2050 respecto a 1990, con un sistema eléctrico basado «exclusivamente» en fuentes de generación de origen renovable. Al mismo tiempo, en 2030 se deberá alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final del 35% en 2030 y alcanzar en esa fecha un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación renovable y mejorar la eficiencia energética en un 35%.

En el camino de cumplimiento, el Gobierno plantea la aprobación de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima que incluirán los objetivos, políticas y medidas correspondientes así como un presupuesto de carbono quinquenal que precisará lo que corresponde a los sectores cubiertos por el régimen europeo de comercio de derechos de emisión de CO2 y lo que le toca al resto. Para facilitar el impulso a las energías renovables, el Gobierno propone abrir procedimientos para construir un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año entre 2020 y 2030.

Otra de las principales cuestiones que prevé el anteproyecto es que cuando entre en vigor la Ley no se darán en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, ninguna autorización nueva de exploración o permisos de investigación o de explotación de hidrocarburos ni tampoco para fracking, al tiempo que las autorizaciones en vigor podrán solicitar prórrogas solo hasta 2040. También se prohibirán los subsidios o incentivos económicos a los combustibles fósiles, mientras que se aprobarán mecanismos de apoyo al biometano, al hidrógeno y a otros combustibles sintéticos a partir de materias primas y energías renovables y se permitirá la inyección de gases renovables en la red de gas natural.

El título V del anteproyecto de Ley se centra en la movilidad y la edificación, dos aspectos en los que el cambio que se plantea de aquí a los próximos 32 años es casi de 180 grados. En concreto, el borrador apuesta porque el parque de turismos que circule por las carreteras no emita CO2 en 2050 y para ello, 10 años antes no se permitirá en España la matriculación y venta de vehículos que emitan CO2, lo que incluye a los de gasolina y diésel, pero también a los híbridos. Solo se libran los vehículos históricos, que sí podrán circular siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales.

Las gasolineras deberán presentar un plan para instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW que además se deberán abastecer con renovables. Para ello dispondrán de un plazo que va de 9 a 15 meses en función de su volumen de ventas. En materia de vivienda, la propuesta normativa prevé la rehabilitación de al menos 100.000 viviendas anuales entre 2021 y 2030 mediante una estrategia que deberán elaborar las comunidades autónomas. Además, todas las edificaciones que liciten las administraciones públicas deberán ser de energía casi nula en 2025, cuando tampoco podrán arrendar edificios no eficientes.

En general, todos los planteamientos, tanto de inversiones como de planificación, deberán considerar los riesgos del cambio climático. En este objetivo, las comunidades autónomas y los municipios de más de 100.000 habitantes deberán contar con planes de energía y clima antes del 31 de diciembre de 2021. La política fiscal, según el anteproyecto, incorporará incentivos a la economía baja en carbono. Concretamente, estima que al menos el 20% de los Presupuestos deberán impactar de forma positiva en la lucha contra el cambio climático de aquí a 2025 y entonces ese porcentaje se revisará al alza.

Por último, para garantizar el cumplimiento de la ley, de los planes y las estrategias dirigidos a lograr los objetivos finales, el Gobierno creará el Comité de Cambio Climático y Transición Energética, que estará integrado por la Presidencia y 8 expertos que asesorarán al Ejecutivo y contarán con independencia. Sus miembros serán propuestos por el Consejo Nacional del Clima y serán aprobados por el Congreso de los Diputados. Este órgano se encargará de realizar recomendaciones y propuestas que el Gobierno deberá valorar de forma motivada.

La AIE cree que las promesas políticas para reducir las emisiones «no son suficientes» mientras los alergólogos miran a 2040

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Europa Press.- La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) celebra la iniciativa del Gobierno de prohibir en 2040 la venta de coches diésel y gasolina, puesto que contribuirá a mejorar la calidad del aire, mientras las estrategias políticas orientadas a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera «no son suficientes» para lograr los objetivos alcanzados en el Acuerdo de París, de forma que, en vez de contribuir a su reducción, generarán una lenta tendencia ascendente de aquí a 2040.

Así lo expresó la chief energy modeller de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Laura Cozzi, en la presentación del estudio anual de energía que realiza este organismo internacional. El informe trabaja con diferentes escenarios en función del esfuerzo de todos los agentes sociales por reducir los niveles de contaminación. El primero, de Nuevas Políticas, plantea un escenario de máxima emisión en 2020, año a partir del cual empezarían a descender gracias a la contribución de todos los sectores y tecnologías de bajas emisiones teniendo en cuenta los cambios actuales en la legislación de todos los países y las medidas anunciadas por los gobiernos.

El segundo escenario, de Desarrollo sostenible, supondría mantener las políticas actuales, que generarían una tendencia ascendente de las emisiones de aquí a 2040, lo que iría en contra de los objetivos establecidos al plantear un crecimiento de la demanda de energía del 25% hasta ese año, un aumento que, de no ser por la mayor eficiencia energética, podría ser hasta dos veces mayor. Entre el resto de conclusiones del estudio destacan el fortalecimiento de los vínculos entre la energía y la geopolítica o el posible fuerte endurecimiento de los mercados petroleros en la próxima década.

Los alergólogos aplauden al Gobierno

La SEAIC cree que las medidas propuestas por el Gobierno para impedir a partir de 2040 la venta de los vehículos que emplean combustibles fósiles beneficiarán a los pacientes con alergias respiratorias. Asimismo, la SEAIC se ofrece a colaborar para el impulso de este tipo y otro tipo de medidas encaminadas a reducir la contaminación ambiental siempre y cuando estén convenientemente planificadas y ampliamente consensuadas, evitando que puedan perjudicar el tejido industrial y productivo español.

A favor de esta medida recuerdan que diferentes estudios científicos han demostrado que las enfermedades alérgicas en los países industrializados se ha incrementado en las últimas décadas y que existe una relación directa entre la contaminación y estas patologías debido a que los principales agentes contaminantes como el óxido nítrico, el ozono y las partículas en suspensión procedentes de las partículas de emisión de diésel (PED), no solamente tienen un efecto directo sobre el individuo sino que tienen una acción negativa sobre los aeroalérgenos que facilita el acceso de las partículas en las vías respiratorias.

Por otro lado, destacan que la emisión de partículas contaminantes procedentes de las calefacciones y de los motores diésel altera la estructura del polen haciendo que este genere proteínas de estrés como mecanismo de defensa y aumentando su capacidad de inducir una respuesta alérgica. Además, los altos niveles de contaminación de las ciudades favorecen el fenómeno de inversión térmica que impide a los pólenes abandonar la atmósfera e incrementa el tiempo de exposición a ellos.

Ribera defiende la importancia del sector del automóvil mientras Pedro Sánchez recalca que otros países prohibirán los coches contaminantes antes

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado en el Congreso que otros países como Alemania pretenden acabar con los vehículos contaminantes hasta 10 años antes que el objetivo que se marca su Ejecutivo. Asimismo, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha defendido la importancia del sector del automóvil y pide trabajar en su evolución para que se adapte a las necesidades del contexto, en el que varios países avanzan para reducir el peso de los vehículos contaminantes.

Así se pronunciaron sobre las líneas generales de la Ley del Cambio Climático, que estudia la prohibición de la matriculación de vehículos que emitan CO2 más allá de 2040, como los diésel, gasolina e híbridos. Ribera garantiza que al Gobierno le importa mucho el peso de la industria del automóvil, que representa el 11% del PIB, y ha defendido que es fundamental que pueda seguir representando ese peso y que el desafío es «hacer evolucionar ese modelo hacia donde tiene que evolucionar», algo que cree que se debe abordar desde el sector y las administraciones.

Ha asegurado que el 85% de los automóviles fabricados en España están destinados a la exportación, y que el 65% de éstos se dirigen a países que se han marcado objetivos similares y en plazos más cortos en algunos casos, por lo que debe llevarse a cabo un proceso de cambio que lleve a producir «aquello que más se demanda» en este contexto. Ribera ha asegurado que ha constatado que «existe un compromiso sincero por parte de todos para facilitar ese proceso de cambio y un marco normativo» que contribuya a mantener el buen posicionamiento de la industria automovilística española.

«Si hablamos de transición, todos tenemos que saber dónde estamos y saber dónde queremos llegar, no decir: Yo me quiero quedar más o menos donde estoy», ha señalado la ministra, que ha subrayado que actualmente no tienen respuestas a todas las preguntas, pero que es importante ir planteando todos los interrogantes sobre los que hay que ir trabajando para avanzar.

Ribera ha destacado que “los inputs que lleguen van a ser fundamentales para poder ultimar este borrador» de la Ley de Cambio Climático. «Creemos que presentamos objetivos ambiciosos, que son los objetivos que debemos marcarnos si nos tomamos en serio las obligaciones internacionales que España asumió» al ratificar los acuerdos de París contra el cambio climático, ha destacado la ministra, que ha resaltado que estos objetivos requieren cambios importantes en la estructura económica y energética.

Ribera intervino en un encuentro de la red de ciudades contra el cambio climático C40, en el que sostuvo que combatir el cambio climático es un proyecto común y compartido que debe perseguirse de forma transversal en cada acción: «Tenemos la capacidad y la obligación de hacerlo. Tenemos que saber en qué lado de la historia queremos estar«. La ministra asegura que las ciudades son «factores fundamentales» en este ámbito.