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La colocación de deuda eléctrica logra el mayor interés de inversores internacionales hasta la fecha

Europa Press.- La colocación de deuda realizada por el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) alcanzó el mayor porcentaje de interés de inversores extranjeros registrado hasta la fecha, que compraron el equivalente al 58% de la emisión valorada en un total de 1.300 millones de euros, según los gestores del fondo.

En concreto, los inversores nacionales compraron el 42% de esta emisión mientras que los alemanes, austriacos y suizos acapararon un 17%, frente al 11% de Reino Unido, el 7% de Francia, el 7% de los países bálticos y Benelux, el 4% del sur de Europa y el 12% del resto del mundo. Por perfil de inversiones, la operación también se caracterizó por haber registrado el mayor interés de instituciones oficiales hasta la fecha, con un 25% del total. Los fondos compraron el 46% de la emisión, frente al 14% de aseguradoras y fondos de pensiones, y el 10% de bancos.

La emisión recibió en un primer momento peticiones de compra por valor de 1.200 millones, lo que animó a los colocadores a elevar su oferta inicial y titulizar finalmente 1.300 millones. La demanda final acabó alcanzando los 1.750 millones. El «tamaño y la calidad» de las peticiones de compra permitieron cerrar la operación con un diferencial de 23 puntos básicos sobre el tipo de referencia, lo que supone el menor spread hasta la fecha para un bono del FADE a cuatro años. El tipo final de la emisión, que permitirá refinanciar las emisiones iniciadas por el fondo de la deuda eléctrica en 2011, quedó fijado en el 0,85%, mientras que el vencimiento se producirá el 17 de septiembre de 2019.

El déficit de tarifa funcionaba a efectos prácticos como una deuda de los consumidores de luz con las compañías eléctricas, hasta que en 2010 se creó el FADE, encargado de titulizar este desajuste entre los mercados de deuda. El FADE inició sus colocaciones en 2011 y titulizó el déficit generado hasta 2013, unos 21.145 millones de euros. Para el desajuste de 2013, el Gobierno aprobó un real decreto por el que las eléctricas serían de nuevo las responsables de financiarlo, con la posibilidad de cederlo a terceros. Desde 2014, son todos los agentes del sistema eléctrico cuyas actividades reguladas estén sometidas al sistema de liquidación de la CNMC los que se encarguen de la financiación.

El déficit eléctrico provisional hasta febrero asciende a 934 millones, 75,2 millones menos de lo previsto

Redacción / Agencias.- El desajuste provisional entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, conocido como déficit de tarifa, alcanzó en la segunda liquidación de 2015, que engloba los meses de enero y febrero, los 934,4 millones de euros, cifra que aún tiene que ajustarse una vez que se incorporen ingresos pendientes de cobro. El déficit gasista es de 103 millones en este período.

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la distinta estacionalidad entre los ingresos y los costes del sistema produce que en los primeros meses del año los desajustes sean mayores y se reduzcan a lo largo del ejercicio. Según el organismo, el déficit registrado es inferior en 75 millones a la previsión esperada en la liquidación de febrero (1.009,6 millones). Entre los aspectos destacables respecto a las cuentas del sector eléctrico durante el periodo, la CNMC destaca que la demanda en consumo ha sido de 23.398 gigavatios/hora (GWh), un 2,1% inferior al valor promedio observado en años anteriores, lo que ha implicado una caída de los ingresos por peajes del 3,7%, es decir, de 54 millones.

Asimismo, los peajes que pagan los generadores de electricidad han sido un 2,4% más elevados, 0,3 millones más, y los ingresos de costes regulados han sido 136 millones inferiores a los esperados. Además, se han registrado 77,4 millones de euros de ingresos por la aplicación de la Ley 15/2015; 29,5 millones de euros procedentes de los impuestos y 48 millones de euros correspondientes a la subasta de los derechos de emisión de gases invernaderos. Por su parte, los costes regulados fueron 136,8 millones de euros inferiores a los previstos, debido a un menor coste en los pagos por capacidad, de 52,7 millones de euros y 90 millones en el coste de la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos.

De esta manera, el coeficiente de cobertura de costes de esta liquidación es del 60,2%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles. La nueva normativa establece que los costes del sistema se pagarán conforme a los recursos disponibles, lo que genera un cierto desfase porque los ingresos procedentes de los peajes de acceso se suelen recibir con algún retraso.

Asimismo, se han liquidado un total de 64.029 instalaciones que estaban activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC, y se encontraban inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Su retribución en los primeros meses del año ascendió a 1.073 millones de euros, con un índice de cobertura del 60,2%. De esta manera, una vez descontadas las cantidades correspondientes al ejercicio 2015 ya abonadas en las liquidaciones anteriores, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación asciende a 487,413 millones de euros.

Por su parte, el desajuste acumulado en el sector del gas a febrero de 2015 ascendió a 103 millones de euros, un 39,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque en la primera liquidación del ejercicio anterior se incluyó la cantidad de 20,8 millones de euros correspondientes a la ejecución de una sentencia de la Audiencia Nacional.

El total de ingresos declarados por las empresas al sistema gasista ascendió a 410 millones de euros, mientras que la retribución fija acreditada a las empresas por las instalaciones de transporte, distribución, regasificación y almacenamiento subterráneo se situó 496 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acreditó una retribución variable de 5 millones de euros. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 501 millones de euros que es un 7,1% inferior a la del mismo periodo del ejercicio 2014.

La CNMC cree que el sistema eléctrico cerrará el ejercicio 2014 «en equilibrio o incluso superávit»

Esta consideración del regulador aparece recogida en la decimocuarta liquidación del sistema eléctrico de 2014, a la que seguirá aún una liquidación complementaria de cierre del ejercicio. El Ministerio de Industria ya calcula que el ejercicio eléctrico puede cerrarse con superávit de entre 100 y 200 millones, el primero en diez años.

En su liquidación, la CNMC cifra en 464 millones de euros el déficit de tarifa provisional, frente a 1.421 millones un mes antes. Sin embargo, el desajuste está en línea con lo previsto y quedará compensado una vez el Ministerio de Hacienda traspase a la tarifa una serie de tributos ya comprometidos.

En concreto, el sistema eléctrico está pendiente de ingresar el canon hidráulico de 2013 y 2014, así como unas reliquidaciones correspondientes a renovables y cogeneración, a los sistemas extrapeninsulares en 2012 y 2013 y al ‘decreto del carbón’ en 2011.

En esta liquidación, los distintos agentes participantes en la actividad regulada tienen derecho a recibir un 97,04% de la retribución que les correspondiente, frente al coeficiente del 91,11% un mes antes.

Al analizar los ingresos del sistema, el regulador señala que la demanda fue un 1,2% inferior a lo previsto para el año, debido sobre todo al menor consumo entre usuarios de baja tensión. A esto se suma un descenso en la potencia contratada con tasas que alcanzan en algunos casos el 8,3%, frente al aumento previsto del 6,6%.

Estas circunstancias han hecho que los ingresos obtenidos se hayan situado 742 millones de euros por debajo de lo previsto, una vez contabilizados hasta la fecha 2.523 millones procedentes de tributos.

En la última liquidación, Hacienda inyectó 469 millones, si bien la llegada de tributos es 727 millones inferior a la prevista debido al retraso en la partida del canon hidráulico y a la reducción de los ingresos del impuesto de generación.

En cuanto a los costes, han sido 942 millones inferiores a lo previsto, debido sobre todo a una retribución a las renovables y cogeneración 398 millones inferior a la prevista. El ‘decreto del carbón’ también ha sido menos costoso, en 285 millones.

También hubo un coste de la retribución específica de los sistemas no peninsulares 169,7 millones euros inferior al previsto, debido en este caso a la revisión del coste de los combustibles.

La retribución a las renovables y cogeneración ascendió a 6.552 millones antes de IVA o impuesto equivalente, tras una reliquidación en el último trimestre de incentivos por valor de 9,3 millones.

Por otro lado, el sistema gasista arrojó un déficit de tarifa de 538 millones euros en la última liquidación, un 65% superior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos netos liquidables del sistema gasista ascendieron a 2.762 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El Tribunal Supremo avala la obligación de que las renovables financien también el déficit de tarifa

Concretamente, el Supremo rechaza los recursos presentados por más de 40 productores fotovoltaicos en contra de esta obligación e impone el pago de las costas judiciales a los recurrentes hasta un máximo de 4.000 euros, tras rechazar los siete argumentos utilizados por los abogados de estas empresas. Los productores renovables habían recurrido la orden de peajes de acceso de electricidad de 2014 con el argumento de que la financiación del eventual déficit tarifario debería corresponder a las eléctricas integradas, como ocurría antes de esta normativa, y no a todos los agentes del sistema, como ahora.

Sin embargo, el Supremo no comparte esta pretensión ya que no existe discriminación porque la obligación de financiar el déficit no se distribuye a partes iguales entre los agentes del sistema, sino «de modo proporcionado» a su tamaño. El Tribunal rechaza igualmente el resto de argumentos presentados por las empresas y no encuentra «razones que nos induzcan a plantear ni la cuestión de inconstitucionalidad» sobre la Ley del Sector Eléctrico «ni las cuestiones prejudiciales sugeridas».

La Ley del Sector Eléctrico

Esta Ley, de 2013, indica que los desajustes del sistema eléctrico a partir de 2014 no podrían superar el 2% de los ingresos estimados, al tiempo que la deuda acumulada por los nuevos déficit no podría rebasar el 5% de estos ingresos. Si se superan estos umbrales, se subirían los peajes de forma automática. Los déficit que se produzcan y sean inferiores a estos porcentajes deben ser financiados por todos los agentes del sector eléctrico «de forma proporcional a los derechos de cobro por la actividad que realizan», aspecto que rechazan desde las empresas fotovoltaicas.

Los productores argumentan que el nuevo esquema de reparto de costes contradice «la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a los sujetos que deben ser obligados a la financiación de los desequilibrios temporales y del déficit de tarifa». También consideran que se vulnera el principio constitucional de no discriminación «en cuanto se aplica el mismo trato a sujetos con situaciones y características diferentes» y en cuanto «el coeficiente de cobertura no se aplica a todos los costes del sistema eléctrico«. Esta discriminación se produce además, conforme a sus argumentos, «en cuanto a la capacidad de solvencia» de las distintas empresas y conforme al Derecho comunitario. Los tipo de interés a los que se financia el déficit también son discriminatorios, aseguran.

El Supremo tampoco aprecia la existencia de una «discriminación por indiferenciación», consistente en la aplicación de «una regulación unitaria que no hubiera introducido distingos ante situaciones diferenciadas». El Tribunal rechaza otros fundamentos de la denuncia por su «muy escaso desarrollo argumental», entre ellos el que indica que la norma «beneficia a las empresas sujetas con anterioridad a la Ley del Sector Eléctrico a la financiación del déficit», esto es, a las eléctricas integradas en Unesa.