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La deuda del sistema eléctrico cae hasta los 18.851 millones de euros, pero no se terminará de pagar hasta 2028

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Europa Press.- La deuda del sistema eléctrico ascendía a cierre de 2018 a 18.851 millones de euros, tras haberse reducido en 2.143 millones de euros a lo largo del pasado año, lo que supone un descenso del 10% con respecto a los 20.994 millones de euros en que se situaba en 2017.

Según el informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico español y sus previsiones futuras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima que ésta no se terminará de pagar hasta 2028, aunque habrá reducciones significativas en las anualidades de 2021 y de 2026 a 2028. En total, existen cuatro categorías de derecho de cobro asociados a la deuda del sistema eléctrico: el déficit 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit ex ante, los derechos de cobro del déficit 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

El derecho de cobro asociado al FADE representa la mayor parte, con casi el 82% del importe total pendiente de cobro, seguido del derecho de cobro del déficit 2013, que supone un 13%. Según indicó la CNMC, el coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en 2019, con los datos disponibles al finalizar 2018, es del 2,562%, lo que implica un descenso de 66,6 puntos básicos con respecto al ejercicio de 2018. El coste de la anualidad correspondiente a 2018 de la deuda del sistema eléctrico asciende a 2.738 millones de euros, un 2,81% inferior a la anualidad total satisfecha en 2017, que ascendió 2.818 millones de euros.

Desde 2014, el sistema eléctrico español ha registrado superávit un año tras otro, después de sumar 14 ejercicios consecutivos de déficits anuales. Concretamente, el superávit fue de 550 millones de euros en 2014, en 2015 ascendió a 469 millones de euros, en 2016 se situó en 422 millones, y en 2017 fue de 150 millones. Así, el superávit acumulado en estos ejercicios asciende a 1.591 millones de euros. No obstante, de esta cantidad, 638,5 millones de euros se han destinado a la financiación del bono social y proyectos de inversión en energías renovables de territorios no peninsulares. En consecuencia, existe un saldo de 952,5 millones de euros en la cuenta específica donde está depositado el superávit más los intereses generados.

De acuerdo con la Ley 3/2017, diversas órdenes ministeriales han determinado que parte del superávit acumulado en estos años se destinara a financiar las cantidades abonadas por varias sociedades en concepto de bono social, tras diversas sentencias anulatorias del Tribunal Supremo. Concretamente, los importes de 2014, 2015 y 2016 por un total de 518,5 millones de euros. Igualmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2017 y la Ley 6/2018, se han dedicado 120 millones de euros para ayudas a la inversión en instalaciones renovables en territorios no peninsulares.

El déficit eléctrico asciende a 1.420 millones hasta diciembre, 899,7 millones menos de lo previsto, a falta de dos liquidaciones

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.420 millones de euros hasta diciembre del pasado año, 899,7 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A pesar de ser la duodécima liquidación, esta cifra no es definitiva ya que, dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Así, antes de diciembre de este año se efectuará la liquidación definitiva.

Este desajuste inferior a lo previsto, que sitúa el déficit provisional un 0,7% por debajo del mismo periodo del 2017, se debió, fundamentalmente, a la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares, que fue 423 millones de euros inferior a lo previsto, y a la retribución de la actividad de la distribución, que resultó 294,5 millones inferior a lo previsto. El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 228.166 gigavatios hora (GWh), un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. La CNMC indicó que esta demanda se estima que representa el 94,5% de la prevista para el conjunto de 2018.

Por otra parte, se han liquidado 63.650 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en 2018, asciende a 7.148 millones de euros (antes de IVA). Así, dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, con un resultado del 90,17%, que se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. Como consecuencia de aplicar el coeficiente de cobertura, resulta una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 447,3 millones de euros (antes de IVA).

Mientras, la liquidación provisional correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 72,6 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. En la fecha de cierre de esta liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 5,7 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

En lo que respecta al sector gasista, el déficit provisional se situaba a cierre de diciembre en los 350 millones de euros, con una disminución del 9,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos liquidables declarados por las empresas al sistema liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones fue de 2.692 millones de euros. Esta cantidad es un 4,1% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior, debido al incremento de los ingresos por facturación del peaje de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

AsÍ, la retribución total acreditada a las empresas ha sido de 2.716 millones de euros, que es un 0,02% inferior a la del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 87,1% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2018 facturada hasta diciembre fue de 315,6 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (10,7 TWh). Esta cantidad es 1,6 TWh superior a la del mismo periodo de 2017, lo que supone un incremento del 0,5%.

Maroto augura menos costes energéticos con el nuevo estatuto de industria electrointensiva pero el PP advierte de déficit de tarifa

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Europa Press.- El PP alegó que permitió con su abstención en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ley ómnibus del Ministerio de Industria porque no quería poner en riesgo el empleo pero ya ha adelantado que exigirá modificar toda la parte relativa a la energía. Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, avanzó que el nuevo estatuto para la industria electrointensiva contemplará la posibilidad de que estas empresas se beneficien de exenciones y compensaciones, pero también «obligaciones».

Así, durante la defensa del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en la industria y el comercio en España, Maroto señaló que estas «obligaciones» permitirán mejorar la eficiencia energética de estas plantas. Pese a que en este decreto se incluye la creación de este estatuto, fijando un plazo de 6 meses al Gobierno para desarrollar reglamentariamente su contenido, la ministra ha expresado su compromiso y confianza para poder presentarlo «en plazos mucho más cortos».

La ministra ha defendido que el estatuto otorgará una mayor «estabilidad y certidumbre» a la industria electrointensiva de cara a planificar las inversiones productivas y mejorará su competitividad, permitiendo un abaratamiento de su factura energética, que puede alcanzar hasta el 50% de los costes productivos. Maroto ha reclamado a los grupos que contribuyan para incrementar hasta el 20% del PIB en 2020 el peso de la industria, tal y como figuran en los objetivos europeos.

En este sentido, ha avanzado que buscará el consenso parlamentario para la nueva Ley de Industria para actualizar una ley en vigor que, a su juicio, «no responde a las necesidades actuales» de la industria española y con la que espera fortalecer este sector. Maroto ha puesto en valor varias de las medidas contenidas en el decreto ley, como el establecimiento de las redes de distribución cerradas, que también dependerán de un desarrollo reglamentario y permitirá reducir el coste energético.

PP: déficit del sistema eléctrico

«Modificaremos todo lo que tenga que ver con el sector eléctrico y aquellos aspectos que incidan gravemente en el déficit tarifario», ha avanzado el portavoz adjunto de los populares en la Cámara Baja, Guillermo Mariscal. En este sentido, Mariscal ha anunciado que el PP presentará para ello una enmienda a la totalidad a esta norma, con el fin de que las medidas de carácter energético no encarezcan la tarifa eléctrica. Y es que, pese a su convalidación, el decreto ley podrá ser modificado al tramitarse como proyecto de ley, en una decisión respaldada con los apoyos de ERC, PDeCAT y PNV y la abstención de PP, Unidos Podemos y Ciudadanos.

El déficit provisional del sistema eléctrico en 2018 asciende a 1.530 millones hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.530 millones de euros hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto, según la décima liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No obstante, el organismo regulador presidido por José María Marín Quemada señaló que esta cifra de déficit del sector eléctrico a octubre es un 1% superior a los 1.443 millones de euros del mismo periodo del año pasado. La CNMC indicó que este resultado se debió, fundamentalmente, a una menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 399 millones de euros y de la actividad de distribución en 245 millones de euros.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta décima liquidación alcanzó los 187.787 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 77% de la total prevista para el ejercicio 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de 2015 a 2017 (76,6%). Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 87,33% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar ahora con cargo a la liquidación.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.614 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el pasado octubre asciende a 6.010 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 605,843 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 363 millones de euros, frente a una cifra negativa de 466 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 22%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.188 millones de euros, un 5,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior debido al incremento de los peajes de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la Orden ETU/1283/2017 por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de Castor afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional. En esta liquidación, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.320 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del 2017.

El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto, según la novena liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador indicó que este resultado de la liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 393,9 millones de euros y de la actividad de la distribución en 220,9 millones de euros. Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta liquidación alcanzó los 167.541 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 69,4% de la demanda prevista para 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (68,2%).

Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 85,83% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.622 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el 31 de septiembre asciende a 5.414,5 millones de euros (antes de impuestos).

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 614,026 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,177 millones de euros, antes de IVA o equivalente.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 326 millones de euros, frente a un déficit de 396 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 17,8%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.012 millones de euros, un 5,8% superior al 2017 debido al incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución.

En esta novena liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.122 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del año anterior. Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 31 de septiembre ha ascendido a 7,88 millones, con un aumento interanual de 103.366 consumidores (+1,3%), de los que 1,6 millones se suministran con tarifa de último recurso.

El PP propone excluir a las instalaciones renovables más pequeñas de la revisión a la baja de su rentabilidad razonable

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Europa Press.- El PP ha presentado una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para excluir a las instalaciones de energías renovables de pequeño tamaño de la revisión de su rentabilidad razonable prevista para el periodo 2020-2025. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una tasa de retribución para el segundo periodo regulatorio 2020-2025 del 7,09% para la actividad de producción con renovables. Esta propuesta supondría un recorte del 5,5% con respecto al 7,5% vigente.

En concreto, en su iniciativa el grupo popular pide una modificación de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, para fomentar así estas instalaciones de producción de energías renovables que cuenten con una potencia inferior a los 300 kW. En el texto, señala que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, aprobada por el anterior Gobierno del PP, establecía una serie de medidas que tenían como finalidad básica la regulación del sector eléctrico, garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico.

El déficit de tarifa en el sistema eléctrico español llegó a alcanzar más de 6.000 millones al año en 2008 o más de 5.500 millones en 2010, lo que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar medidas de urgencia en 2012. Entre las medidas adoptadas figuraron, en primer lugar, el Decreto Ley 1/2012 por el que se procedía a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, que suprimió los incentivos para la construcción de las instalaciones de tecnologías de régimen especial, a fin de evitar la incorporación de nuevos costes al sistema eléctrico.

Del mismo modo, el Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero introdujo nuevas medidas para corregir los desajustes entre los costes del sector eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados, tratando de evitar la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores. Además, el Decreto Ley 9/2013 establecía que los parámetros sobre los que gira la rentabilidad razonable se fijaran teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años, modificando de este modo las rentabilidad existentes para este tipo de instalaciones.

Esta batería de normativas consiguió en 2014 que el sistema eléctrico cerrara su primer ejercicio con superávit de tarifa, después de años consecutivos de déficit. Así, en su proposición, el PP destaca que las energías renovables se han desarrollado y han reducido su precio de un modo exponencial. Por ello, cree necesario revisar, potenciar, dar seguridad y fomentar las instalaciones de producción de energía eléctrica con energías renovables y comenzar con aquellas de menor tamaño.

Montero asegura que la subida del diésel no tiene afán recaudatorio» sino que busca preservar el medio ambiente”

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Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la equiparación del impuesto del diésel con el de la gasolina que prepara el Gobierno no tiene un «afán recaudatorio«, sino «preservar el medio ambiente» y «cuidar la salud de los ciudadanos».

Así lo señaló durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la senadora del PP, Esther Basilia del Brío, sobre si el Gobierno mantiene que el impuesto al diésel no afectará a las clases medias y trabajadoras, en donde ha asegurado que la propuesta intenta que aquellos que más tienen aporten «algo más» para contribuir a las arcas públicas con el fin de «consolidar» el Estado de bienestar, mientras que se bajará la fiscalidad a los que facturen menos.

La senadora popular ha criticado que el sistema fiscal «ataca directamente» al empleo, al ahorro y a la inversión, por lo que cree que los más humildes «pueden pasarlo muy mal». También advertía que el 30% del tributo «lo van a sufragar agricultores, usuarios de calefacción diésel, conductores y autónomos» y en cambio «el coche lo van a disfrutar otros».

De esta forma, ha acusado al Gobierno de convertirse en la «antítesis de Robin Hood» ya que «roba a los pobres para dárselo a los ricos», y ha indicado sobre la fiscalidad que «lo único verde es la gestión y planificación de recursos públicos, que es pura y llanamente recaudatorio». «Nos van a meter en la misma trampa que con las energías renovables, que por llegar los primeros pagamos más que nadie y condujo al déficit tarifario”, auguró la senadora.

Del Brío criticó que el Gobierno prevé recaudar más por esta subida impositiva que por el alza de impuestos a las rentas altas. En concreto, la subida del diésel elevará la recaudación por este impuesto en 670 millones de euros, por encima de lo que prevé ingresar por la subida de impuestos a las rentas más altas (323 millones por el alza del IRPF y 339 millones por la subida de Patrimonio). Por su parte, la ministra aseguró ver una «falta de respeto» las palabras vertidas por la senadora, que a su juicio intentan «desacreditar» la fiscalidad verde, y esgrimió que las subidas impositivas en materia medioambiental tratan de ser «disuasorias» de comportamientos agresivos medioambientales.

El déficit del sistema eléctrico asciende a 2.044 millones de euros hasta julio, 579 millones menos de lo previsto

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Europa Press / EFE.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 2.044,3 millones de euros hasta julio, 579 millones menos de lo previsto, según la séptima liquidación provisional de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los ingresos por peajes de acceso fueron de 7.213 millones de euros, mientras que los costes regulados se elevaron a 9.515,3 millones de euros. El regulador señaló que este resultado de liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 321 millones de euros, a la menor retribución específica en 28,2 millones de la producción renovable, cogeneración y residuos del sistema peninsular y a la menor retribución de la actividad de distribución en 171,8 millones.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada (124.399 GWh) fue un 1,9% superior al valor promedio observado en años anteriores. Dado que los ingresos no fueron suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 75,82% y se aplica a cada uno de los costes a pagar en esta liquidación.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.608 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada entre enero y julio ascendió a 4.184,3 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Como consecuencia de estos desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 519,23 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ascendió a 42,8 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Según la CNMC, a la fecha del cierre de la liquidación se recibieron ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,34 millones de euros, antes de IVA o impuesto.

149 millones en el gasista

Respecto al sector gasista, el déficit provisional del sistema fue de 149 millones de euros, frente a los 232 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 36%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la liquidación, se ha calculado un índice de cobertura del 91,1% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados fue de 1.677 millones, un 3,6% superior a los ingresos previstos para la liquidación y un 7,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.

En esta séptima liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas ascendió a 1.672 millones de euros, que es un 0,4% superior a la del 2017. Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden ETU/1283/2017, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Ribera asevera que «el diésel tiene los días contados» y que hay que «ir pensando en un proceso de salida»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado al anterior Gobierno del PP de haber utilizado partidas presupuestarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para financiar el déficit de tarifa en el sistema eléctrico al tiempo que ha manifestado en el Congreso que «el diésel tiene los días contados» y que su «impacto» en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».

En todo caso, sobre una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, la ministra se remitió a su colega María Jesús Montero, titular del departamento de Hacienda. Respecto a las restricciones al tráfico que preparan ciudades como Madrid, Ribera las ha celebrado como una medida «muy razonable y muy normal» pues cree necesario facilitar la movilidad pero también que ésta «afecte cada vez menos, en la medida de lo posible, a la salud de los ciudadanos». «Evidentemente, el diésel tiene los días contados. Durará más o menos, pero sabemos que su impacto en partículas y en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida», afirmó.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno debe plantearse qué «señales fiscales y regulatorias» puede aprobar para acompañar a los gobiernos municipales «en ese proceso de cambio» de la movilidad. La ministra ha aclarado que «no se puede culpabilizar a quien compra» un vehículo diesel, aunque el consumidor debe saber que su precio “no está reflejando el coste real del impacto que tiene ese coche». «Un consumidor responsable es lo mejor que podemos tener, pero para facilitar comportamientos de consumidor responsable tenemos que asegurarnos de que las señales de mercado, las señales fiscales, nos permitan discriminar de una manera intuitiva, natural, sin tener que hacer análisis profundísimos sobre qué significa cada compra», ha concluido.

El PP «vacía» partidas medioambientales

Respecto a sus críticas al PP, Ribera aludió a un «vaciamiento» del presupuesto de Medio Ambiente para cubrir el déficit de tarifa, lo que considera «el descubrimiento más importante y llamativo» que ha hecho al llegar a su departamento. En este sentido, la ministra contrapuso la utilización de estas partidas con la de las subastas de derechos de emisión de gases contaminantes, ya que considera «perfectamente legítimo» y «positivo» financiarlo a través de estos ingresos. «Menos mal que había subastas de emisión y que esos ingresos permitían financiar cosas», ha dicho, haciendo un llamamiento a pensar «en un contexto estructural» y dirigir este gasto «de forma más transparente y más estratégica, que no sustituyendo partidas presupuestarias preexistentes que han desaparecido«.

Brufau (Repsol) ve “regresiva” la propuesta de la comisión de expertos de costear la transición energética subiendo los impuestos indirectos

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EFE.- El presidente de Repsol, Antonio Brufau, critica las propuestas del comité de expertos que pretenden que la reducción de emisiones de CO2 y la transición energética se pague a través de impuestos indirectos que soportan los ciudadanos porque eso «no es justicia progresiva», sino «regresiva».

Brufau ha demandado «buenas políticas regulatorias que no impacten en el individuo» y ha recordado que en el pasado se hicieron legislaciones para extender determinadas tecnologías renovables que favorecieron a compañías eléctricas, pero que generaron «déficits de tarifa enormes» que se van a tener que pagar durante bastantes años. Brufau, que recordó la factura pendiente de pagar de 25.000 millones de euros por este motivo, ha manifestado que la mejor regulación energética para el desarrollo del país es la que piense en el ciudadano y no en la empresa energética.

El presidente de Repsol considera que la «factura» de la transición energética no la debe pagar nadie, sino que lo que hay que conseguir es acertar en la ruta para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Brufau cree que en este momento hay que apostar por la tecnología que ya hay en el mercado para mejorar en eficiencia energética, pues otras como el vehículo eléctrico, la sustitución del carbón por el gas o la captura de carbono, tendrán efecto sólo a largo plazo.

Nuevos motores reducirían las emisiones

Además, ha señalado que los costes de la transición hacia un modelo en el que se reduzcan las emisiones de gases invernadero no pueden perjudicar a la competitividad, especialmente a la de la industria, pues un país sin industria es un «país pobre». También ha manifestado que la investigación en tecnología no debe recaer en los ciudadanos, sino en las empresas, que deben invertir con cargo a su cuenta de resultados y no esperar a que se invierta dinero público, que, en su opinión, deber destinarse a que los ciudadanos tengan mejores prácticas energéticas. Apuntó, en este sentido, que si los vehículos actuales emplearán nuevos motores de combustión, se reducirían las emisiones en un 26%.

Brufau, que ha pedido también apoyo regulatorio a la generación distribuida en España, ha manifestado que el vehículo eléctrico es una «gran oportunidad» y Repsol va a estar en este campo, pero «cuanto toque estar», pues actualmente «presenta grandes dudas e incertidumbres». Ha apuntado que el coche eléctrico no será competitivo hasta 2025 y siempre que se solucionen temas básicos, como la geopolítica de los metales para producir sus baterías ya que en el caso del cobalto se va a producir una dependencia de los pocos países que lo producen.

Por eso, ha señalado que es necesario poner el peso donde sea más eficiente para la sociedad y ahora lo es, a su juicio, en la renovación de la flota actual de los vehículos de combustión más que en el vehículo eléctrico. Además, pidió tener cuidado con las subvenciones a los vehículos eléctricos por las transferencias de recursos que pueden suponer en el corto plazo de las clases medias a las de alto nivel adquisitivo. También se pregunta «por qué tenemos que pagar la investigación de las compañías de automóviles alemanas», que asegura que reciben toda la subvención de I+D+I.