Bogas explicó que la eléctrica ya tiene cinco millones de contadores inteligentes instalados, lo que supone un volumen «por encima de lo previsto», y que Endesa está en condiciones para facturar a los consumidores conforme a la evolución horaria del precio del mercado eléctrico. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene previsto aprobar este mes la normativa que permitirá aplicar las tarifas eléctricas horarias a los consumidores acogidos al precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Tras cumplir este trámite, se abrirá un periodo transitorio de unos meses para que las eléctricas adapten sus sistemas.
El directivo señaló además que el Gobierno se encuentra «conceptualmente de acuerdo» en la reivindicación de Endesa de descargar costes regulados de la tarifa eléctrica para reducir su coste y expresó su deseo de que, cuando se reduzca la presión sobre el déficit público, se puedan adoptar «con más facilidad» decisiones en este sentido. Además, Bogas indicó que aún quedan pendientes de resolver cuestiones como la normativa sobre los sistemas extrapeninsulares, ahora en el Consejo de Estado, la retribución de la distribución, la generación distribuida o autoconsumo, y los pagos por capacidad en centrales de carbón y en ciclos combinados.
Endesa considera que el sector eléctrico dispone ahora de un escenario regulatorio «más estable y predecible» tras la aplicación de las medidas puestas en marcha por el Gobierno durante esta legislatura, cuyo coste ha sido «muy elevado» para la compañía. En todo caso, desde la compañía esperan que a partir de ahora no solo deje de producirse déficit de tarifa, sino que, en línea con las previsiones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se puedan registrar los primeros superávit.
No obstante, el presidente de Endesa reconoció que el lado positivo es que la reforma está prácticamente concluida, «terminando así con la preocupante y negativa situación de incertidumbre regulatoria que veníamos afrontando desde hace demasiado tiempo«. Pero el principal avance, a juicio del propio Prado, es que «todo apunta a que se puso punto final al déficit tarifario, ese gravísimo problema estructural que amenazaba la sostenibilidad futura de nuestro sector».
Bogas consideró además «de vital importancia» que el Gobierno lance un diseño regulatorio para el sector eléctrico que contemple «señales de precios a largo plazo» que incentiven la instalación de nuevas centrales eléctricas cuando sea necesario. Según indicó, la evolución sectorial en muchos países está creando el problema de que, tecnologías como las renovables, la hidráulica y la nuclear «toman precio», es decir, entran a coste cero en los mercados mayoristas donde se negocia la energía y reducen el coste final del kilovatio que cobran las plantas de producción. Por ello desde Endesa ven necesario acometer cambios normativos «cuanto antes» para prever un ciclo de inversión a largo plazo, dijo.
Sobre la decisión de Industria de aparcar el decreto de hibernación de centrales de ciclo combinado, que utilizan gas para generar electricidad, Prado pronosticó que, dada su escasa utilización, «o se clausuran o sale adelante su proyecto de hibernación». «Va a haber más decisiones de cierres en el futuro», dijo Prado, que se mostró confiado en que el Gobierno tomará «alguna decisión más» a pesar de que Industria quiere contar con información suficiente sobre el futuro comportamiento del consumo de electricidad, con lo que podría no aprobarse en esta legislatura.
