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Facua acusa a las eléctricas de «falsear manipulaciones de los contadores para lucrarse» y pide a Competencia que las multe

Europa Press / Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción denunció ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las principales eléctricas por «falsear manipulaciones de los contadores por los usuarios» con el objetivo de lucrarse, según comunicó. En la denuncia, que es fruto de las quejas presentadas por varios usuarios, Facua pide al organismo presidido por José María Marín Quemada que tome medidas e impulse sanciones a las principales empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa).

Numerosos consumidores, indicó la organización, aseguran que las compañías les reclaman «el pago de cantidades acusándoles falsamente de haber manipulado sus contadores y sin aportar pruebas fehacientes de ello«. «La legislación del sector establece el abono de cantidades a las eléctricas por los casos de fraude que detecten, lo que está ocasionando que hinchen las cifras reales para lucrarse irregularmente con el dinero público, más allá de las cantidades que muchos usuarios que no han cometido irregularidad alguna acaban pagando por temor a sufrir cortes de suministro», afirmaron los consumidores.

La CNMC, recuerda Facua, indicó en un informe que hay irregularidades en la gestión que las compañías hacen del fraude en el suministro eléctrico, al concluir que en los últimos años se ha producido un aumento de los fraudes en el suministro de la electricidad, esto es, enganches ilegales a la red y manipulación de contadores. Sin embargo, el regulador admitió que las actuaciones de las compañías eléctricas ante los supuestos de fraude adolecen «en muchas ocasiones de la transparencia y rigor necesarios para garantizar los derechos de los consumidores».

En este sentido, Facua recuerda que, de acuerdo a la legislación actual, las eléctricas reciben una compensación económica por detectar fraudes, que es más alta cuanto mayor es la supuesta irregularidad localizada. «Las principales eléctricas se benefician económicamente de las manipulaciones de los contadores«, lamentó. En su informe, la CNMC consideró necesario revisar el actual sistema de incentivos a la reducción de pérdidas por fraude que reciben las empresas y que sean éstas quienes las sufraguen y no el consumidor.

La asociación viene presentando una batería de denuncias contra las principales compañías por «penalizar a numerosos usuarios por falsas manipulaciones de contadores». Frente a las justificaciones de las empresas de haber enviado técnicos propios para comprobar dichas irregularidades, Facua alega que dichas revisiones no son notificadas con anterioridad a los usuarios, a los que «tampoco se les permite acceder al contador durante dicha inspección«. Así, Facua criticó que la CNMC «se limite a sugerir un cambio en la regulación para que dejen de producirse dichas irregularidades y no adopte más medidas ni se sancione de acuerdo a la legislación existente».

Además, la asociación reprueba que, en su informe, la CNMC no haya analizado otros elementos que intervienen en las pérdidas del sistema eléctrico, como el estado de la red de distribución de electricidad, o los fallos y errores en los sistemas de facturación que «no necesariamente están provocados por fraudes cometidos por los consumidores finales«. Según Facua, la CNMC reconoce en el informe la «indefensión del consumidor» y la «falta de homogeneidad» de las administraciones que resuelven estas reclamaciones. Por ello, llama a denunciar estos casos ante las autoridades de Industria de cada comunidad autónoma.

La CNMC confirma que por un contador inteligente sin telegestión se debe cobrar lo mismo que por los antiguos contadores

Europa Press / Servimedia.- La organización de consumidores Facua asegura que el director de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ratificó que el alquiler de los contadores inteligentes no adaptados al nuevo sistema de telegestión «debería cobrarse como el precio del alquiler del equipo de medida correspondiente a los antiguos contadores monofásicos«, 0,6534 euros (0,54 más IVA), «puesto que no se están beneficiando de las funcionalidades de los nuevos equipos de medida«.

Según Facua, esto implicaría que las compañías eléctricas «facturan un 50% por encima de la establecido por el alquiler de los contadores digitales a los usuarios cuyos aparatos no están adaptados al sistema de telegestión». En concreto, las compañías eléctricas cobran un precio de 0,81 euros más IVA «en lugar de los 0,54 euros estipulados para los anteriores contadores que debería cobrarles». La CNMC remitió esta información a Facua a raíz de una denuncia presentada por la propia organización contra las grandes distribuidoras eléctricas el pasado noviembre por la aplicación de tarifas ilegales en el alquiler de los nuevos contadores.

La asociación tachó de «ilegales» estas prácticas y emprendió acciones judiciales ante «la falta de actuación por parte de las autoridades competentes». La CNMC, por su parte, señala que «es necesario realizar un seguimiento detallado de cada una de las empresas distribuidoras sobre la adecuada integración de los equipos en los sistemas de telegestión». Facua decidió denunciar estar «irregularidades» ante la «pasividad» de los ministerios de Industria y Sanidad, así como de las administraciones de consumo de las comunidades autónomas. Además, la organización de consumidores ha habilitado en su web un modelo de demanda para que los usuarios afectados puedan presentarla contra las distribuidoras eléctricas.

Cada afectado paga anualmente 3,92 euros de más (0,3267 euros al mes) por el alquiler de contadores inteligentes «que no lo son en absoluto, lo que representa para las eléctricas beneficios extra de decenas de millones de euros», esgrime Facua, un dinero que la asociación exige que devuelvan. La CNMC también recuerda que en julio las empresas distribuidoras «debían enviar un listado actualizado en formato plano a los respectivos comercializadores y a Competencia de todos los suministros con contrato en vigor conectados a la red del distribuidor que dispongan de equipos de medida efectivamente integrados en el sistema de telegestión».

Facua dice que la CNMC y el Gobierno «se pasan la pelota» con los carburantes y pide precios máximos

Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción considera que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre mejora de la competencia en el sector de los carburantes forma parte del «espectáculo habitual» en el que «Competencia pasa la pelota al Gobierno», aseguró el portavoz de la organización, Rubén Sánchez.

Para Sánchez, ni Competencia ni el Gobierno son capaces de adoptar «medidas contundentes» para detener la «carestía injustificada de la gasolina». Las últimas propuestas de la CNMC, indica, no funcionarán ya que «son meros parches dado el enorme poder en la fijación de precios de los grandes operadores». A la vista de que «la competencia es casi nula», Facua se muestra partidaria de «volver a un sistema de fijación de precios máximos desde el Gobierno».

«La raíz del problema está en que se decidió liberalizar el sector con la mentira habitual de que provocaría más competencia y bajadas de precios. En cambio, los consumidores han visto desde los 90 que la competencia es casi nula, que los precios han subido de forma desorbitada y la calidad del servicio se ha devaluado hasta el punto de que el consumidor tiene que suministrarse su propia gasolina en un alto número de estaciones de servicio sin trabajadores», indicó.

Sánchez recuerda que la Comisión Europea ya ha adoptado medidas relacionadas con la fijación de precios máximos en el ámbito de las telecomunicaciones y, en concreto, en la regulación sobre el roaming. Si bien esta regulación de precios máximos de carburantes por parte del Gobierno no es una práctica habitual en la Unión Europea, Facua considera que existe base normativa para adoptarla y se muestra partidaria de un compromiso político para avanzar en este sentido.

Facua critica que las compañías eléctricas reduzcan al mercado libre el plazo de pago de las facturas de acuerdo a la normativa

EFE / Europa Press.- La asociación Facua-Consumidores en Acción advierte de que las compañías eléctricas, a partir de un real decreto de diciembre de 2012, aplicarán un plazo menor para que los consumidores paguen las facturas de la luz y, en virtud del mismo, las penalizaciones por retrasos  pasrían a aplicarse a los 7 días en lugar de a los 20 que se venían aplicando. De este modo Facua asegura de que las compañías están notificando a los usuarios el cambio en las condiciones contractuales a los usuarios del mercado libre, lo que afecta a todos los recibos con domiciliación bancaria de este tipo de consumidores.

«El ministro de Industria está muy preocupado porque hay tantas familias que no pueden hacer frente al recibo de la luz. Pero no por sus dificultades económicas, la carestía de las tarifas y las alarmantes cifras de pobreza energética. Básicamente, lo que le preocupa al ministro Soria es que las eléctricas tarden en cobrar. Por eso ha reducido el plazo que tienen los usuarios para pagar, facilitando que se aceleren los cortes de suministro y que aumente la cuantía de las penalizaciones por abonar las facturas con retraso», criticó el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

Según señala Facua, los clientes de la compañía Iberdrola están recibiendo las nuevas condiciones contractuales donde, además del plazo de pago, se establece que si el cliente se retrasa en los pagos tendrá unos intereses de demora anual de más de dos puntos. Por ello, con este motivo, la asociación lamenta la falta de sensibilidad del Gobierno con la situación económica que viven muchas familias, aunque la aplicación de esta normativa sea para los consumidores libres.

De hecho, el corte de suministro por impago de la tarifa PVPC sigue manteniendo el procedimiento establecido en la legislación desde hace 15 años, que establece que pueden suspender el suministro «cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago».

En torno a esta cuestión, también es preciso recordar la campaña que se promovió en el mes de mayo para que los consumidores rechazaran las domiciliaciones de los recibos para alargar el período de pago de las facturas de la luz.

Los consumidores ven «insuficiente» y «electoralista» la bajada de la luz

Redacción / Agencias.- Diversas organizaciones de consumidores como CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios), Facua-Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideran que la bajada del recibo eléctrico del 2,2% para los consumidores domésticos anunciada por el Gobierno es «insuficiente» e incluso «electoralista» tras varios años de subidas.

«Sea bienvenida cualquier tipo de rebaja, pero los consumidores necesitamos más, necesitamos planes, algo que nos dé la sensación de que está cambiando algo en el sector eléctrico, que necesita una reforma en mayor profundidad, dotarlo de mayor competencia», indicó David Hurtado, portavoz de CECU. Esa reducción «no es suficiente», apuntó, a la vista del encarecimiento de los últimos años. Por ello reivindicó que la liberalización del sector, que tuvo lugar hace muchos años, tiene que funcionar para que el ciudadano se vea beneficiado por una situación de «competencia real«.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, destacó que se trata de una medida con «tintes electoralistas». Además, para Sánchez es «una tomadura de pelo» para el consumidor doméstico, ya que la reducción anunciada va a ser «ínfima«. Asimismo, criticó también que tal anuncio del Gobierno se produzca después de una legislatura en la que se multiplicó por dos la parte fija de la factura de la luz. «Se trata de una bajada absolutamente insignificante, intentando tomar el pelo al electorado al vender como medida positiva algo que no va a tener incidencia en lo que pagamos de electricidad», afirmó Sánchez.

Sánchez insistió en tachar de «absolutamente ridícula» la bajada de la luz. Así, sostuvo que la rebaja «no va a provocar una reducción significativa en el recibo ni muchísimo menos», coincidiendo además con un precio del kilovatio-hora (kWh) un 3,8% más caro en lo que va de mes respecto a junio. El portavoz de Facua reclamó una intervención del sector eléctrico y fijar la tarifa aplicando una bajada «drástica» ante los beneficios «desproporcionados» obtenidos por las compañías eléctricas con el «injusto» precio de la energía.

Por su parte, la OCU advirtió de que la bajada de la parte regulada del recibo de la luz anunciada por el Gobierno repercutirá «muy poco» en el recibo y el efecto positivo será «mínimo». Así lo señaló la portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, quien calificó de «muy pequeñita» la bajada de la luz si se tiene en cuenta el incremento de la factura de los últimos años. Izverniceanu recordó que se ha encarecido en la presente legislatura tanto en la parte regulada como en la de la luz, y sostuvo que la medida anunciada «va a repercutir muy poco».

«Todo lo que sean bajadas se acoge de buen grado, pero va a ser insignificante en el coste que asume el consumidor», apuntó tras recalcar que el efecto positivo «se va a diluir» en la factura. Además, la portavoz lamentó que el Gobierno no se decante por incentivar «e incluso presionar a las eléctricas» para que se instalen más contadores inteligentes para disponer de estos aparatos ante la nueva facturación ya que disponer de estos contadores permite adaptar los consumos a los horarios con los precios más bajos, lo que sí supone una «rebaja real».

En cuanto a la disminución de las cargas administrativas para el autoconsumo eléctrico, Izverniceanu opinó que desde Industria «deberían de aclararse», tras la fijación de un canon y la decisión de suavizar ahora la penalización al autoconsumo. En cualquier caso, dijo ver «interesante» la medida, aunque abogó por «potenciar mucho más» el autoconsumo y por una «verdadera política energética» en España, el tercer país europeo con la energía más cara.

Asgeco ve «abusivo» el aumento del coste de los nuevos contadores «supuestamente inteligentes» de luz

Europa Press.- La asociación de consumidores Asgeco recuerda que desde que se anunció hace varios años la instalación progresiva y obligatoria de contadores eléctricos inteligentes en todos los hogares españoles la asociación «siempre ha expresado y argumentado sus dudas sobre la verdadera utilidad de esta nueva herramienta». «Millones de estos contadores están instalados en hogares de todo el país» y «las comercializadoras han empezado a cobrar coste de alquileres más altos por unos supuestos nuevos servicios que desde Asgeco consideramos inexistentes», afirma.

Para la asociación de consumidores, resulta «imprescindible» que los contadores ayuden a los usuarios a controlar mejor sus gastos y abaratar su factura eléctrica, a través de una mejor información sobre el consumo individual en los hogares y las diferentes tarifas disponibles. «Estos nuevos contadores deben permitir a los usuarios un conocimiento preciso de las diferentes variables para que puedan adaptar realmente sus pautas de consumo», afirma. Por este motivo, desde la asociación piden que se reembolsen los aumentos de alquileres de contadores aun no interconectados y que no se cobren alquileres más altos hasta que los contadores ofrezcan servicios reales a los consumidores finales.

Las tarifas de gas natural están aún un 2% más caras que cuando empezó la legislatura, según Facua

Redacción / Agencias.- Facua-Consumidores en Acción denuncia que las tarifas de último recurso de gas natural aprobadas por el Gobierno desde finales de 2011 registraron una subida del 2,4% para los usuarios de la TUR 1 y del 1% para los acogidos a la TUR 2. Por ello, la organización critica que «lejos de aliviar la situación económica actual de las familias, el Gobierno toma medidas insuficientes» y no baja la tarifa de gas para alcanzar al menos los niveles del comienzo de su legislatura.

En la comercialización de gas natural, existen dos tarifas reguladas: la TUR 1, destinada a usuarios que no superan los 5.000 kWh de consumo anuales, y la TUR 2, para los que sobrepasan esa cantidad, que suelen ser hogares con agua caliente, cocina y calefacción con gas. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en España había 7,4 millones de clientes de gas natural en 2013 y el consumo medio doméstico-comercial es de 8.838 kWh anuales.

El último análisis de Facua pone de manifiesto que, con las tarifas vigentes desde julio de 2015, un usuario que consume 800 kWh mensuales abona actualmente con la tarifa TUR 2 un importe de 56,58 euros al mes, un 1% por encima de los 56,03 euros de octubre de 2011, la última tarifa vigente antes de la llegada del PP al Gobierno. Por su parte, un usuario con un consumo de 400 kWh mensuales paga con la tarifa TUR 1 cada mes 31,54 euros, impuestos indirectos incluidos, suponiendo un incremento del 2,4% sobre los 30,79 euros que abonaba en 2011.

El análisis de Facua muestra que la última tarifa TUR 2 vigente, la de julio de 2015, es un 3% menor que la publicada en abril de 2015, cuando era de 58,33 euros para un usuario con un consumo de 800 kWh. En el caso de la tarifa TUR 1, con un consumo de 400 kWh, el usuario paga ahora un 2,7% menos de lo que costaba el gas natural en abril de 2015, cuando era de 32,42 euros. A pesar de las bajadas trimestrales, ambos precios se mantienen por encima del fijado antes de la entrada del actual Gobierno.

Facua critica que los incrementos aprobados en el término fijo del recibo y la tarifa por el consumo se han visto agravados con la subida del IVA en 2012, que pasó del 18 al 21%, y la introducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos en 2013, que incrementó el precio del kWh. El término fijo de la tarifa TUR 1 subió un 9,3% desde octubre de 2011, pasando de 4,83 a 5,28 euros mensuales, y un 8,9% en la TUR 2, donde pasó de 9,83 a 10,70 euros. Mientras, la tarifa por el consumo disminuyó en un 3,2% en la TUR 1, pasando de 6,49 a 6,28 céntimos por kWh, y un 5,5% en la TUR2, de 5,77 a 5,45 céntimos.

TNU lanza una campaña para reducir el consumo de combustible y el impacto ambiental de los coches

Europa Press.- Tratamiento Neumáticos Usados (TNU) comenzó una campaña con el objetivo de cambiar los hábitos y costumbres del conductor actual, para poder reducir de esta forma su huella de carbono al máximo, según anunció.

«Manteniendo la presión correcta de los neumáticos, además de alargar su vida útil, se puede reducir el consumo de combustible hasta un 3,3%. Asimismo, si todos los conductores llevasen la presión correcta en sus neumáticos, este porcentaje equivaldría a una reducción anual de más de 1.320 millones de litros de combustible y más de 2 millones de toneladas de emisiones de CO2 al medio ambiente», señaló TNU, que lanzará progresivamente más sugerencias a los conductores para así intentar reducir la huella de carbono, que se conoce como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto.

Industria asegura que España cumplirá los objetivos en materia de renovables para 2020

Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo indicó que España está actualmente por encima de la senda de cumplimiento prevista de los objetivos en materia de renovables para 2020, por lo que cumplirá con el objetivo del 20% para 2020, de acuerdo con la tendencia actual y las previsiones. Así, recuerda que en 2014 se alcanzó un 17% de renovables, frente al 12,1% de la senda prevista para alcanzar el objetivo en 2020, es decir 4,9 puntos por encima de lo previsto.

El departamento que encabeza José Manuel Soria recuerda que hasta la fecha España ha cumplido todos y cada uno de los compromisos en materia de energías renovables que se marcaron desde 2012 derivados de la pertenencia a la Unión Europea. «Estamos por tanto muy cerca del objetivo final del 20% a alcanzar para el año 2020 y ello a pesar de que el objetivo de España en 2020, que fue fijado por el anterior Gobierno, es más exigente que el de otros Estados miembros que tienen una renta per cápita superior a nosotros, sea el caso de Alemania (18% de renovables), Holanda (14%) o Reino Unido (15%), entre otros», asegura.

«Elevado coste» para el consumidor

Consecuentemente, el 20% de la energía primaria consumida en 2020 debe proceder de fuentes renovables. Industria explica que el Gobierno de España ha decidido «apostar» por el despliegue de las energías renovables por encima de otros países del entorno y hacerlo además antes, «a pesar del elevado coste que eso ha supuesto para el consumidor eléctrico español». Así, indica que tras la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno, el apoyo a las energías renovables «continúa». Actualmente, este tipo de energías percibe unos 7.000 millones de euros al año en concepto de retribución específica regulada adicionales a lo que perciben por el mercado. Además percibirán, hasta el final de su vida útil, unos 150.000 millones de euros en primas.

Con esta reforma, se ha sustituido el anterior mecanismo de primas «por un régimen económico que garantiza una rentabilidad razonable». «De esta manera, se ha ajustado la retribución a aquellas instalaciones renovables que superaban el umbral de rentabilidad razonable«, afirmaron. Industria destaca que la producción con energías renovables en esta legislatura «no ha dejado de crecer» y se produjo un incremento progresivo de su peso dentro del mix de generación eléctrica desde el 31% en 2012 hasta alcanzar un 43% en lo que va de año. En el caso de las tecnologías solares (fotovoltaica y termosolar), aumentaron su peso hasta un nivel aproximadamente del 5% sobre el total de energía generada en 2014, frente al 4% de principios de legislatura.

El silencio de los consumidores

La polvareda en torno al nombramiento de Juan Lasala como consejero delegado de Red Eléctrica no ha cesado en estos días. La comunicación articulada desde la compañía informando de que  esta decisión se inscribía en una mayor profesionalización de la compañía ha dejado tras de sí un reguero de interpretaciones´en una empresa, por otra parte, muy profesionalizada desde el punto de sus servicios técnicos.

Profesionalización; ¿se refiere a despolitización por la cabeza en el sistema de turnos instrumentado por populares y socialistas?. O profesionalización se refiere al incremento del poder de lo financiero en la compañía como garantía de las inversiones técnicas que tiene previsto realizar: es decir, la posible creciente posición de los inversores institucionales en la compañía al calor de la retribución y de las inversiones reguladas (más de 4.700 millones, criticadas vanamente por la CNMC). La evolución en Bolsa lo confirma.

De hecho, se puede recordar la intervención en aquella jornada de IESE al alimón de Luis Atienza y de Antoni Llardén respecto al papel de los TSO gasista y eléctrico español en la realización de inversiones, como contribución a la salida de la crisis económica. Sólo ha cambiado uno de sus protagonistas; el discurso no.

Los consumidores domésticos asisten a todo este proceso de forma silente. Las inversiones reguladas de hoy serán los costes de acceso de mañana. Con la propia mentalidad española favorecedora de las empresas públicas, aunque estén participadas por inversores privados,  la atención de los consumidores a las pretensiones de inversión en activos regulados pagaderos por la tarifa y, por tanto, por la factura pueden pasar inadvertidos.

Del mismo modo los consumidores tienen otra tesitura añadida, la del autoconsumo, que pasa a ser un dilema del prisionero, cierto para los primeros. O bien todos los consumidores lo son en términos de igualdad y neutralidad, o bien se reivindica un tipo de discriminación positiva para incentivar sectores productivos. Aquí opera la teoría de la manta, es decir, cuanto más se tapa uno la boca, más se le salen los pies. Y, evidentemente,  consumidor que sale del sistema de suministro eléctrico, si se cumple la pretensión de evitar su participación en los costes regulados, sería un consumidor que aumenta la carga para el resto.

Consecuencia. Se advierte una cierta fatiga del discurso historicista/nostálgico en España en lo que se refiere a la energía (versión retroprogresiva promoviendo un sistema de retribución regulada administrada) y una necesidad de regeneración hacia la realidad financiera actual y sus riesgos para consumidores domésticos e industriales sobre sus costes actuales y futuros en términos de certeza. Salvo que se acaben nuevamente en los procesos de solicitud de subsidios cruzados y sea un eterno deja vu.