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Bruselas aprueba el régimen español de ayudas a las renovables

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Europa Press.- La Comisión Europea ha dado luz verde al plan de España de ayudas a la producción de electricidad a partir de fuentes renovables al concluir que cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado y que contribuirá a cumplir los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático.

El régimen está vigente desde 2014 y se aplica tanto a nuevos beneficiarios como a aquellas centrales que se acogían al régimen anterior. En total, cuenta con unos 40.000 beneficiarios y los pagos en 2016 en virtud de este plan ascendieron a 6.400 millones de euros, según explicó el Ejecutivo comunitario. Los beneficiarios de este sistema reciben una prima por encima del precio de mercado de electricidad. La ayuda tiene el objetivo de compensar los costes que no pueden ser recuperados mediante la venta de electricidad al mercado, así como de obtener un margen de beneficio razonable de la inversión.

Avala las subastas de renovables

Las ayudas a nuevas centrales se conceden desde 2016 a través de subastas competitivas, en la que los beneficiarios reciben compensaciones únicamente si el precio de mercado cae a niveles «muy inferiores» con respecto a los precios actuales. Esto, señala Bruselas, ayuda a garantizar la financiación de los proyectos y completarlos a tiempo. La Comisión Europea ha explicado que en las subastas de mayo y julio de este año compitieron diferentes tecnologías y se adjudicaron ayudas a más de 8 gigavatios de capacidad, sobre todo a parques eólicos y solares.

El Ejecutivo comunitario ha evaluado el régimen español de ayudas a las renovables para determinar si se ajusta a la norma europea que exige subastas competitivas y garantiza que la utilización de fondos públicos sea limitada y no exista sobrecompensación. Finalmente, arribó a la conclusión de que las medidas aumentarán el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes renovables y se reducirá al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales.

«Las últimas subastas de energía procedente de renovables en España han puesto de manifiesto los efectos positivos de la competencia. Las empresas están dispuestas a invertir en nuevas instalaciones con niveles muy bajos de ayudas estatales. La transición de España a un suministro de energía sostenible y bajo en emisiones es importante y este régimen contribuirá a ello», aseveró la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

El Gobierno transfiere al Ministerio de Energía algunas funciones que ejercía la CNMC como las inspecciones y las liquidaciones

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EFE / Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que la Secretaría de Estado de Energía asumirá algunas funciones que desempeñaba hasta ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este traspaso de funciones se enmarca en una reestructuración orgánica del Ministerio.

Fuentes del Ministerio señalaron que esta nueva distribución de funciones se hará progresivamente y que no se había acordado antes «por falta de medios materiales y humanos» del propio departamento. Esta estructura organizativa, según el Gobierno, pretende «ayudar a alcanzar un crecimiento económico sólido y duradero, que permita una generación de empleo sostenible». Las funciones transferidas en el ámbito energético son las inspecciones y liquidaciones, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos (petróleo y sus derivados y líquidos del gas natural), el sistema de certificados de biocombustibles y control de operaciones, todas recogidas en la Ley de la CNMC de 4 de junio de 2013.

El objetivo de esta medida es adaptar la estructura del Ministerio para adecuarla a las competencias en materia de energía y telecomunicaciones recogidas en diferentes leyes sectoriales. Por tanto, se han creado ad hoc las siguientes subdirecciones generales: Energías Renovables y Estudios, Eficiencia Energética e Inspecciones y Liquidaciones Energéticas. Por el contrario, desaparece la subdirección general de Planificación Energética, mientras que la de Relaciones Energéticas Internacionales refuerza su dimensión exterior y participará en las funciones de estudios, estadísticas y prospectivas.

El tiempo de los cambios de suministrador de luz y gas se redujo hasta marzo

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EFE.- Los tiempos medios de cambio de comercializador de electricidad y gas se han reducido en el primer trimestre de 2017, y fueron en ese periodo de 10,6 días para la electricidad y de 12,1 días para el gas, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El informe de Supervisión de los Cambios de Comercializador de la CNMC correspondiente al primer trimestre señala que en el sector eléctrico el tiempo medio para cambiar de suministrador ha pasado de 11 días en los tres últimos meses del año pasado y de 11,9 días en 2016 a 10,6 en los tres primeros de 2017.

En el caso del sector gasista, también se han rebajado y han pasado de 12,6 días en el trimestre anterior y 14,1 días en 2016 a 12,1.

El informe señala que los tiempos medios desde que se recibe la solicitud de cambio varían en función de si el distribuidor está integrado con el comercializador y en el caso de la electricidad cuando el cambio lo activa la distribuidora del mismo grupo empresarial puede haber de cuatro a cinco días menos de diferencia.

La tasa de cambio de comercializador (cociente entre el número de cambios activados y el número de puntos de suministro) del primer trimestre de 2017 fue del 3,1% en el sector eléctrico y del 2,7% en el sector gasista, en el primer caso un 0,3% superior a la del cuarto trimestre y en el segundo un 0,3% inferior.

Los rechazos de cambio de comercializador se incrementaron en el primer trimestre del año, con una tasa del 9,7% en el sector eléctrico y del 19,5% en el de gas.

En el caso de la electricidad, ha aumentado con respecto a los últimos tres meses del año pasado, en que la tasa fue del 9,1%, si bien es inferior a la de todo 2016, en que se situó en el 10,4%.

Iberdrola Distribución fue en el primer trimestre de 2017 la compañía con la tasa de rechazo más baja -un 7,4%- por tercer trimestre consecutivo.

En el caso del sector gasista, la tasa de rechazo de cambios ha subido al 19,5% frente al 17,7% en que se situó en el último trimestre de 2016 y un 18,9 % en el conjunto de ese año.

Según indica el informe, el aumento se explica por la elevada tasa de rechazo de Gas Natural y el incremento que ha habido en el área de distribución de EDP por la reordenación de activos de distribución por parte de Naturgas y EDP.

Los movimientos de comercializadoras de referencia (que aplica el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada) a libres representaron el 30,7% de los cambios y del mercado libre a las de referencia el 7,9%.

La mayoría de los movimientos de comercializadores de referencia a libres tuvieron como destino comercializadores del mismo grupo (el 72,7%).

En el sector gasista prevalecen los cambios entre comercializadores libres (el 86,9%), mientras que los cambios de comercializadoras de último recurso a libres sólo supone un 11,5%.

Al finalizar el primer trimestre de 2017, el mercado eléctrico estaba compuesto por 29,1 millones de puntos de suministro y el mercado gasista por 7,7 millones.

En el mercado libre, las comercializadoras de los cinco grandes grupos energéticos suministraban el 89,5% de los puntos de electricidad y el 99,2% de los de gas.

Bruselas autoriza 4 planes de ayuda de Francia a instalaciones eólicas y solares

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Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado 4 planes de ayuda de Francia a la producción de electricidad procedente de instalaciones eólicas y solares tanto en edificios como sobre el terreno, que permitirán al país producir más de 7 gigavatios adicionales energía procedente de fuentes renovables. El Ejecutivo comunitario concluyó que estos esquemas de apoyo están en línea con las normas europeas de ayudas de Estado y ha destacado que ayudará a Francia a alcanzar su objetivo para 2020 de satisfacer el 23% de sus necesidades energéticas con renovables.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha afirmado que estos 4 regímenes de ayudas «ayudarán a Francia en su transición hacia un suministro energético con bajas emisiones de carbono y sostenible«. «Estas medidas incluyen un concurso público neutral desde el punto de vista tecnológico que estimulará la competencia entre instalaciones solares y eólicas y contribuirán a que la Unión Europea logre sus objetivos medioambientales», auguró.

Energía solar también en edificios

Concretamente, el plan para energía solar terrestre cuenta con un presupuesto provisional de 188 millones anuales, mientras que los dos esquemas de energía solar cuentan con una financiación de 232 millones de euros anuales. El cuarto de los regímenes, que incluye instalaciones eólicas y solares, tiene un presupuesto de 6 millones anuales. Los cuatro planes incluyen un plan de evaluación detallado para examinar su impacto.

El Ejecutivo comunitario ha analizado estos regímenes bajo las normas sobre ayudas de Estado, que permiten el apoyo público mientras que los fondos sean limitados y los operadores no sean sobrecompensados. Bruselas ha concluido que las medidas impulsarán la cuota de electricidad producida con renovables en Francia, al mismo tiempo que ha estimado que minimizan la distorsión a la competencia que provoca el apoyo estatal.

Europa abre una investigación sobre el euskopeaje a instancias de Cataluña y el Ministerio argumenta que no vulnera la competencia

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EFE.- El Ministerio de Energía considera que la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios (kV), utilizada sobre todo por empresas vascas y sobre la que la Comisión Europea ha abierto una investigación a instancias de la Generalitat de Cataluña, no vulnera la competencia. Así se manifestó Energía tras confirmar el viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.

El acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 kV, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas. Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat ha decidido denunciarlo ante la Comisión Europea.

Zarraonandia ha explicado que el acuerdo «de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado», ya que su objetivo es «corregir una discriminación histórica» que supuso en 2013 «un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca». No se trata, ha insistido, de «un trato de favor a la industria vasca» ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente «las homologa respecto a otras industrias del Estado».

De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía. Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no se benefician por el acuerdo «porque están conectadas a un nivel de tensión de 25 kV”. «Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás», ha agregado.

Energía niega vulnerar la competencia

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han indicado que hasta el momento no han tenido conocimiento oficial de la investigación abierta por la Comisión Europea por la eliminación de esa tarifa. Al igual que Zarraonandia, las mismas fuentes han señalado que la eliminación de esa tarifa no vulnera la competencia y no privilegia a unas zonas de España respecto a otras, pues afecta no sólo a empresas del País Vasco, sino también de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y parte de Andalucía.

Según los datos de la Plataforma KV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión en toda España, unas 1.250 empresas en las 5 comunidades autónomas afectadas, de ellas 790 del País Vasco, se beneficiarán del cambio en la tarifa. Esta plataforma, que ha venido reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad para las empresas consumidoras de alta tensión, señaló que en Cataluña 3.277 empresas no podrán beneficiarse del cambio porque la potencia aplicada es de 25 kV, al igual que les ocurrirá a otras de Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha.

Partidos vascos critican a Cataluña

Por otro lado, los partidos vascos han considerado un error la denuncia presentada por Cataluña ante Bruselas para que investigue la rebaja a la industria vasca. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha precisado que no es la Generalitat catalana la que promueve el recurso, sino el Defensor del Pueblo catalán, y ha considerado que la actuación «políticamente no es muy presentable«. El portavoz nacionalista ha opinado que la denuncia «en el fondo no tiene demasiado recorrido» y ha afirmado que el acuerdo entre PP y PNV ha corregido «una discriminación histórica» sufrida por la industria vasca, que paga tarifas más altas por el uso de las redes eléctricas en comparación con otras regiones de España.

Asimismo, el PNV, a través de las redes sociales, ha asegurado que «lamenta» la denuncia catalana y ha insistido, como el Gobierno del País Vasco, en que esa reforma «no constituye ningún privilegio para la industria vasca sino que viene a paliar la sobretasa que pagaba desde hace años». «Grave incoherencia catalana: no es justo ni necesario atacar los derechos legítimos de otros para defender los propios», ha criticado la formación presidida por Andoni Ortuzar.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha considerado el recurso catalán «un error en el fondo y la forma» porque esa reforma no supone «una ayuda de Estado«, sino «la subsanación de un agravio» sufrido por las empresas vascas. A su juicio, «quien ha hecho perder cientos de millones a las empresas vascas» por este asunto «han sido los gobiernos del PP y del PSOE» por «permitir» que esta situación se mantuviese en el tiempo. Para el portavoz parlamentario de ElkarrekinPodemos, Lander Martínez, el recurso catalán en este momento «es sorprendente». A su juicio, no tendrá «mucho recorrido» y «tiene más que ver con marcar una posición política de enfrentarse al Gobierno Vasco».

En opinión del representante socialista Eneko Andueza, la denuncia es «un error» y «una especie de agresión, de falta de respeto». «Llama la atención que algunos quieran construir país a costa de destruir el país de otros», ha indicado. Por su parte, la parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha opinado que la iniciativa es «un contrasentido» y «un disparate«. En su opinión, «choca» que quien hace «planteamientos rupturistas» y «menoscaba» la democracia «mire a una cuestión negociada entre dos Administraciones». Garrido también ha destacado que el acuerdo en materia de tarifa eléctrica no constituye «ningún trato de favor» para la industria vasca, sino una solución a la situación «de desventaja» en la que se hallaba.

El Gobierno defenderá el euskopeaje

Por su parte, el PP del País Vasco ha confiado en que el Gobierno de España responderá ante la denuncia presentada desde Cataluña y defenderá ante la Comisión Europea el cambio en las tarifas eléctricas que pagan las empresas vascas. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha manifestado su «apoyo rotundo» a la industria vasca y ha mostrado su confianza en que el Gobierno de España defenderá ante la Comisión Europea los «intereses de la industria de Euskadi».

El PP quiere que las eléctricas compartan con sus clientes la información de los nuevos contadores

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Europa Press.- El Partido Popular quiere que todas las empresas de distribución eléctrica compartan con los consumidores la información de consumo que les proporciona los nuevos contadores telegestionados o digitales.

Así figura en una proposición no de ley que los ‘populares’ han registrado en el Congreso para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital de la Cámara Baja.

En la iniciativa, destacan que aunque algunas de las compañías comparten con sus clientes la información de consumo que le suministran los nuevos contadores, no todas ellas lo hacen, «sobre todo las más pequeñas», critican.

Además, recuerdan que la propia Comisión Nacional de la Competencia considera que los sistemas de medición inteligente deberían disponer de dispositivos adicionales para proporcionar información directamente al cliente más allá del propio visor, que está incluido por defecto en el aparato.

Mejora en la eficiencia energética

Los nuevos contadores proporcionan información de manera instantánea a las compañías eléctricas sobre distintos aspectos y sobre el consumo energético de sus clientes, permitiendo visualizar el consumo horario, la potencia máxima y el envío de nuevas tablas tarifarias.

Además, también es posible la realización a distancia de la lectura del propio contador, limitar la potencia y modificar parámetros asociados a los contratos. Según datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aludidos por el PP, en España se están instalando un total de 27 millones de contadores inteligentes.

El PP considera que el conocimiento de esta información permitiría al consumidor planificar mejor su consumo diario, el control de sus consumos residuales y una mayor precisión a la hora de elegir su potencia contratada, lo que, a su juicio, «contribuiría de manera notable a una mejor eficiencia energética y ahorro en la factura de los consumidores».

La Audiencia Nacional anula una multa de 22,6 millones impuesta a Repsol por Competencia por defecto de forma

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Europa Press / EFE.- La Audiencia Nacional anuló una multa de 22,59 millones de euros impuesta a Repsol por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015 por considerar que en sus relaciones con sus estaciones de servicio abanderadas cometió infracciones en materia de formación de precios o aplicación de descuentos, coordinando los precios de los carburantes.

En una sentencia dictada el pasado 28 de julio, la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional estima el recurso interpuesto por Repsol S.A. al existir un defecto de forma. En concreto, la petrolera recurrió la multa al considerar que la CNMC fundamentaba erróneamente la imputación de forma exclusiva de la autoría y responsabilidad de las conductas anticompetitivas contra Repsol S.A., al entender que ejerció influencia en la toma de decisiones de sus sociedades filiales, en este caso Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, sociedad de la que la matriz posee un 99,78% de su capital, y que fue en realidad la autora de las presuntas prácticas que fueron sancionadas.

En su escrito de recurso, Repsol señalaba que la responsabilidad e imputación del delito era contraria a los principios de responsabilidad personal y de culpabilidad de la legislación comunitaria. De esta manera, añadía que Repsol S.A. no realiza actividades en el mercado de distribución de combustibles de carburantes a través de estaciones de servicio, actividad que corresponde a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos. Para la multinacional, la sociedad matriz podría haber sido declarada responsable solidaria junto a la sociedad filial a la que previamente se le había declarado autora de la acción, pero no fue esto lo que hizo la CNMC, que declaró a Repsol SA autora y responsable de los actos de la filial.

Así, el fallo, del que ha sido ponente la jueza Berta Santillán Pedrosa, admite el recurso de Repsol al considerar que «se le ha sancionado aplicando la responsabilidad objetiva y se ha vulnerado el principio de personalidad de la pena cuando como sociedad matriz la CNMC le ha declarado autora y responsable de los acuerdos colusorios que se han realizado materialmente por la filial, lo que ha supuesto que la CNMC aplicara la responsabilidad objetiva».

En la sentencia, en la que no se entra a valorar si las conductas sancionadas eran o no anticompetitivas, se subraya que en el ámbito del derecho de la competencia «es clara» la distinción entre autor material y entre responsable de la actuación realizada por la filial. Esta sanción de 22,59 millones de euros fue impuesta en julio de 2015 por la CNMC a Repsol. El organismo presidido por José María Marín Quemada sancionaba además a 3 empresas de gasolineras abanderadas de Repsol: con 113.801 euros a Lence Torres y Complejo San Cristóbal; con 28.074 euros a Estación de Servicio Lorqui, y con 148.763 euros a Cerro de la Cabaña.

Una vez instruido el procedimiento, la CNMC consideró acreditado que las sociedades multadas infringieron la Ley de Defensa de la Competencia; concretamente, constataron que en 2013, Repsol llegó a un acuerdo con Lence Torres y Complejo San Cristóbal para coordinar sus precios de venta en el entorno de Lugo. Denunciaba además que la petrolera había llegado a un compromiso similar con la Estación de Servicio Lorqui, en Murcia, para no aplicar descuentos superiores a tres céntimos por litro. Acusaciones de las que se desmarcaba Repsol, que durante este proceso ha alegado una vulneración de sus derechos fundamentales como persona jurídica dada su «ausencia de actividad» en el mercado de distribución.

La resolución culminaba un expediente incoado en 2013, que se abrió en el marco de las actuaciones dirigidas contra los principales operadores petrolíferos de país a raíz de los informes publicados por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Tres consejeros de la CNMC, incluido su presidente Marín Quemada aprobaron la resolución, que contó con los votos en contra de los otros dos consejeros de la Sala. La Audiencia Nacional ya anuló otra sentencia de la CNMC por la que había sancionado con 61 millones de euros a la patronal eléctrica (Unesa).

Gas Natural recurre el concurso eléctrico del Ayuntamiento de Madrid

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EFE.- Gas Natural Fenosa ha recurrido el concurso eléctrico del Ayuntamiento de Madrid al entender que beneficia a las comercializadoras que venden electricidad libre de emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Fuentes de la compañía han confirmado que han recurrido los pliegos del concurso al entender que uno de los criterios de valoración de las ofertas, concretamente el que hace referencia al etiquetado de energía, «no es igualitario para todas las compañías que opten a dicho concurso».

Dicha licitación otorga puntos extra en función de un sistema de etiquetado de la energía que certifica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y con el que Gas Natural y Endesa, por ejemplo, no obtendrían ningún punto, ya que exige que el cien por cien de la energía consumida tenga garantía de origen renovable.

Según publica hoy eldiario.es, Gas Natural Fenosa ve esta cláusula como «una prescripción técnica diabólica», ya que premiar a las suministradoras que menos CO2 emiten «tiene como objetivo único y evidente favorecer a las empresas comercializadoras pequeñas en detrimento del resto de empresas comercializadoras que llevan más tiempo en este sector».

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.321,7 millones a junio, 330,6 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.321,7 millones de euros en los seis primeros meses del año, 330,6 millones menos de lo previsto, según la sexta liquidación mensual realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, el consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 102.144 gigavatios hora (GWh), un 2,1% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 5.967,6 millones de euros, un 1,3% superiores (+79 millones de euros) al valor promedio histórico.

En esta liquidación se registraron 519,3 millones de euros por aplicación de la Ley 15/2012, de los cuales 498,7 millones de euros procedieron de los impuestos y 20,5 millones de euros de la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Por su parte, los costes regulados fueron 222,5 millones de euros inferiores a los previstos, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares (-225 millones de euros).

El coeficiente de cobertura de la liquidación provisional se situó en un 81,63%, frente al 74,26% en la liquidación anterior, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2017, con cargo a las Liquidaciones de las Actividades Reguladas del Sector Eléctrico se elevó hasta los 3.525,72 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 81,63% al importe total de las liquidaciones acumuladas positivas. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la Liquidación 6/2017 asciende a 743,97 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

175 Millones de déficit en el sector gasista

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado fue de 175 millones de euros, frente a los 169 millones de euros en el mismo periodo del año anterior.

El total de ingresos declarados por las empresas al sistema supuso 1.385 millones de euros por facturación de tarifas, peajes y cánones. Esta cantidad es un 0,5% inferior al mismo periodo del ejercicio anterior, con un descenso de ingresos por término de conducción y, en sentido contrario, con el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, la retribución total fija acreditada a las empresas asciende a 1.422 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acredita en esta liquidación una retribución variable de 14 millones de euros. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 1.436 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del año anterior.

Competencia considera que las distribuidoras de gas logran una alta rentabilidad y pide revisar su retribución

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Servimedia.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que se debe revisar a la baja la retribución recibida por las empresas distribuidoras de gas, ya que actualmente se produce «una alta rentabilidad para una actividad de bajo riesgo».

Así lo señala la CNMC en su análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector gasista, que analiza el periodo 2013-2015.

La Comisión apunta que el periodo objeto de análisis es especialmente relevante, dado que permite analizar el impacto de la reforma del marco retributivo del sector gasista que tuvo lugar en 2014.

Actualmente la retribución regulada de la distribución de gas se sitúa aproximadamente en 1.400 millones de euros anuales y representa casi la mitad de los costes regulados del sistema gasista.

En su análisis, la CNMC observa que las inversiones en inmovilizado material, que corresponden esencialmente a instalaciones de distribución, han tenido un crecimiento promedio del 31% entre 2013 y 2015.

Asimismo, el informe revela que casi todas las empresas analizadas evidencian una disminución de su ratio de apalancamiento en dicho periodo, estando una parte importante de la deuda de las empresas distribuidoras suscrita con empresas del grupo y asociadas.

En lo que a rentabilidad se refiere, del análisis realizado concluye que los resultados obtenidos para los ratios de rentabilidad analizados por las distribuidoras gasistas durante el periodo 2013-2015 reflejan las características del marco retributivo que ha venido aplicando a esta actividad desde el año 2002.

Para la CNMC, este marco es especialmente favorable para aquellas distribuidoras que tenían una parte de sus activos amortizados en el año 2000 y que comenzaron a recibir una retribución por amortización y una retribución financiera por dichos activos como si se acabasen de poner en servicio.

Por ello, considera que a pesar de los cambios introducidos en 2014, los ratios de rentabilidad de las distribuidoras de gas «continúan siendo holgados» para una actividad que de acuerdo con la ley está considerada como de bajo riesgo. Además, estima que son superiores a los de otras actividades reguladas comparables.

En conclusión, advierte de que dichos ratios de rentabilidad «resultan especialmente llamativos» en un contexto de continuado desequilibrio entre los ingresos y los costes regulados del sector gasista, por lo que sostiene que si no se toman las medidas adecuadas, este desequilibrio se puede agravar.

El periodo regulatorio finaliza el 31 de diciembre de 2020. Por consiguiente, es necesario revisar la retribución de la actividad de distribución en el segundo periodo regulatorio que comienza en 2021. Y, en particular, la CNMC pide modificar la retribución por amortización y la retribución financiera de los activos que fueron puestos en servicio antes del año 2001.