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Facua pide al Gobierno bajar al 4% el IVA de la luz para que cada consumidor ahorre 130 euros anuales

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Europa Press / EFE.- Facua ha propuesto al Gobierno que baje al 4% el IVA de la luz, una medida que ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, al considerar que mantener este tributo al 21% está «injustificado» para un suministro esencial. Así se lo trasladó el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Sánchez le entregó un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, donde se recogen sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y garantizar el acceso a los consumidores domésticos y luchar contra la pobreza energética,. Por ello Facua reclama al Ejecutivo socialista que establezca una tarifa regulada para todos los consumidores domésticos que no superen los 10 kW de potencia contratada y con un tope razonable de kWh de consumo al año.

El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los «desproporcionados» precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Sánchez ha reconocido que el informe plantea «un giro radical» con la regulación de la factura eléctrica que considera “necesario” ya que el mercado libre es «una farsa» y las eléctricas «no tienen ninguna intención de competir, son oligopolios» y «no hay competencia«. Asimismo, Sánchez expresó su deseo de que «todos los grupos de la oposición y, por supuesto, el grupo que sustenta fundamentalmente al Gobierno» valoren todas las reivindicaciones. El portavoz de Facua ha defendido que hay que evitar el corte de suministro eléctrico «a ciertos perfiles de consumidores», como familias «con niños pequeños, con ancianos o con enfermos».

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido «un fracaso aún mayor» que el que se aprobó durante la etapa socialista de Rodríguez Zapatero, “que ya era malo”. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a todas las familias numerosas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

Además de repercutirse el IVA más elevado, éste ha aumentado en los últimos años. Pasó del 16% al 18% en julio de 2010 y subió al 21% en septiembre de 2012. Asimismo, desde enero de 1998 al recibo se le aplica, además del IVA, el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%. A partir de ese año, al término fijo y al variable de la factura se le repercutieron impuestos indirectos que sumaban el 21,93%, porcentaje que se elevó al 24,03% con la subida del IVA de 2010 y al 27,19% con la de 2012.

Desde este 27,19%, el porcentaje bajaría al 9,32% si se aplicase el IVA superreducido, una de las reivindicaciones que Facua ha trasladado al Gobierno para reducir la desproporcionada e factura que pagan los usuarios en España. La organización ha realizado su comparativa teniendo en cuenta las tarifas aplicadas durante el último año a las familias con la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y contadores sin telegestión.

La CNMC abre expediente sancionador a Repsol por un posible incumplimiento en los compromisos adquiridos en la compra de Petrocat

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos por un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la compra de Petrocat. Concretamente, según el organismo, existen indicios de que Repsol habría incumplido varios compromisos recogidos en la resolución del Consejo de la CNMC de abril de 2014, cuando Repsol adquirió el control exclusivo de Societat Catalana de Petrolis (Petrocat).

Concretamente, la CNMC se refiere a los compromisos de la Sección C, que establecían una obligación de aprovisionamiento mínimo por parte de Repsol de producto (gasolinas y gasóleos) procedente de terceros operadores para la actividad de distribución de combustibles a través de las gasolineras gestionadas por Petrocat en régimen de venta en firme y para la actividad de ventas directas. Además, el organismo subraya que los compromisos de la Sección E obligaban a Repsol a enviar a la CNMC un informe con carácter anual sobre el grado de cumplimiento del compromiso de la Sección C.

La CNMC señala además que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. En 2014 Competencia autorizó la propuesta de venta a terceros de la red de gasolineras de Petrocat hecha por Repsol, excepto en el caso de una estación de servicio. La CNMC detalló las condiciones impuestas para tomar el control de la compañía.

Repsol debía desprenderse de 23 gasolineras, 17 en la provincia de Barcelona, 4 en la de Tarragona, una en la de Lérida y otra en Madrid, en cumplimiento de la ley de cuotas de mercado por provincias, así como permutar la de Font Freda con el objetivo de que se mantenga la presencia de un tercero con imagen propia. La exigencia de compromiso de aprovisionamiento por otras empresas distintas de Repsol exigido por la CNMC trataba de evitar que la petrolera, con su refinería en Tarragona, reforzase su integración vertical y se produjera un cierre de mercados a otros suministradores.

Bruselas acusa a Abengoa de alterar el precio del etanol y podría imponerle una multa del 10% de su negocio

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Europa Press.- La Comisión Europea ha enviado un pliego de cargos a Abengoa y a la belga Alcogroup en el que les acusa formalmente de manipular los índices de referencia del etanol publicados por la agencia de notificación de precios Platts, lo que supone un paso más en el proceso hacia la imposición de una multa que podría alcanzar hasta el 10% de su volumen de negocio.

«Puedo confirmar que la Comisión ha adoptado un pliego de cargos en el caso de los índices de referencia del etanol», ha indicado el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, quien ha rehusado identificar a las empresas afectadas. Sin embargo, fuentes cercanas a Abengoa han confirmado que la compañía ha recibido el requerimiento desde Bruselas. La energética «discrepa» de la valoración emitida por los reguladores de Bruselas y adoptará «todas las medidas» que el procedimiento otorga dentro de los plazos normativos para «defender» su posición.

Las reglas de la Unión Europea establecen 10 semanas a partir del envío del pliego de cargos para que las entidades señaladas presenten sus objeciones. Las mismas normas contemplan hasta un 10% de reducción en la multa impuesta a las sancionadas si éstas reconocen la manipulación. Este caso se remonta a diciembre de 2015, cuando el Ejecutivo comunitario anunció la apertura de una investigación formal contra tres productores de etanol, la española Abengoa, la belga Alcogroup y la sueca Lantmännen.

En concreto, los hechos a los que se refiere el procedimiento ocurrieron entre 2010 y 2014. Como parte de la reestructuración financiera que llevó a cabo la compañía, realizó una desinversión en el negocio del etanol por lo que ya no posee ningún activo en Europa. Por otro lado, la empresa sueca es la única de las tres investigadas que no ha recibido hasta la fecha el pliego de cargos.

La Comisión inició el expediente al sospechar que manipularon los índices de referencia del etanol publicados por Platts, por ejemplo, mediante un acuerdo para presentar o apoyar ofertas con la intención de influir al alza y así aumentar los precios del etanol. Los precios publicados por agencias de notificación de precios sirven de referencia para el comercio en los mercados físicos y en los mercados de derivados financieros de materias primas tanto en Europa como en el resto del mundo.

La Comisión Europea pide a Luxemburgo recuperar de la francesa Engie 120 millones de euros otorgados en ventajas fiscales ilegales

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EFE.- La Comisión Europea instó a Luxemburgo a recuperar 120 millones de euros en concepto de beneficios fiscales a su juicio ilegales que concedió al grupo energético francés Engie. La Comisión Europea indicó que Luxemburgo permitió que dos empresas del grupo evitaran pagar impuestos por «cerca de todos sus beneficios» durante una década, lo cual es «ilegal» bajo las normas comunitarias de ayudas estatales porque «da a Engie una ventaja indebida«.

Así, pidió a Luxemburgo recuperar «unos 120 millones de euros por impuestos no pagados». La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, indicó que esta maniobra «redujo artificialmente la carga fiscal de la compañía», lo que le permitió abonar una tasa efectiva de impuestos corporativos del 0,3% en Luxemburgo por ciertos beneficios durante una década. «Este tratamiento fiscal selectivo es ilegal», indicó Vestager. El Ejecutivo comunitario llegó a esta conclusión tras una investigación iniciada en 2016.

Detalló que, en 2008 y 2010 respectivamente, Engie puso en marcha dos estructuras financieras «complejas» para dos empresas del grupo en Luxemburgo (Engie LNG Supply y Engie Treasury Management) que «no reflejaban la realidad económica«. Esto permitió, de acuerdo a la Comisión Europea, que Engie pagara de forma selectiva menos impuestos que otras compañías sujetas a las normas fiscales nacionales.

2.600 millones obtenidos en Tailandia

Por otro lado, Engie firmó con el tailandés Global Power Synergy Public Company Ltd. (GPSC) la cesión de su participación del 69,1% en el productor de electricidad independiente Glow. El monto de la transacción se eleva a 2.600 millones de euros. La compañía gala da con esta operación un nuevo paso en su objetivo de descarbonización al reducir un 14% su capacidad instalada para generar electricidad a partir de carbón.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, considera «un error» dividir el organismo regulador al enfrentar un «mundo poliédrico»

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EFE.– El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha recalcado en el Senado que dividir este organismo supervisor sería «un error» porque vivimos en un «mundo poliédrico» y las respuestas necesarias no son sectoriales. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Alta, Marín ha vuelto a reclamar competencias para la CNMC en sectores como la energía o las telecomunicaciones.

«Es público que no soy partidario de la división de la CNMC», ha explicado Marín, quien ha pedido a los senadores que «se lo piensen dos veces» antes de respaldar esa opción. Marín ha apuntado que dividir el organismo cuando hay una situación de tensión con el Gobierno «es muy poco meritorio«. Según Marín, para que la CNMC «ponga todo su potencial al servicio de los ciudadanos, es imprescindible que disponga de los recursos, las competencias y la independencia necesarias».

Como ejemplo, el presidente de la CNMC ha dicho que este organismo trabaja «con una mano atada a la espalda» en el sector energético porque es la única autoridad independiente de Europa que carece de las competencias sobre peajes fijadas en las directivas europeas. Marín expresó su «sorpresa» por la pretensión del Gobierno de «fijar esas competencias» en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando es probable que se abra un procedimiento de infracción contra España por este motivo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presidente de la CNMC recordó que el organismo recurrió ante el Tribunal Supremo el real decreto que concedía esas competencias a Energía, recurso que se admitió a trámite en diciembre del año pasado. El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, ha manifestado en varias ocasiones su intención de reactivar el proyecto de ley de racionalización y reordenación de los organismos supervisores de los mercados. La reforma supondrá la división de la CNMC en dos organismos, uno para la competencia y otro para los mercados.

La OCU celebra que la CNMC estudie obligar a las compañías eléctricas a usar marcas diferentes en sus actividades

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició un procedimiento jurídicamente vinculante que, si se resuelve de forma favorable, supondrá que las compañías energéticas verticalmente integradas tendrán que diferenciar las marcas comerciales que cada grupo empresarial tiene en el sector, según la OCU.

Este procedimiento se inicia a raíz de la denuncia presentada por OCU ante la CNMC en 2016, acompañada de un informe que acreditaba que, en contra de la legislación vigente, las compañías energéticas de gas y electricidad estaban utilizando marcas, logos, web e incluso teléfonos de atención al cliente idénticos, independientemente de que se tratara de la distribuidora, de la comercializadora en el mercado regulado o de la comercializadora en el marcado libre. OCU recuerda que, en la actualidad, cada grupo empresarial (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo) tiene al menos 3 compañías que se relacionan con el consumidor y todas utilizan marcas, logos, prácticamente idénticos. Eso sí, la distribuidora gasista de Gas Natural ya pasó a llamarse Nedgia.

Confusión para el consumidor doméstico

A juicio de la OCU, esta «confusión interesada» provoca grandes problemas en el sector: por un lado, una barrera de entrada para nuevos comercializadores en el mercado libre que compiten contra marcas consolidadas y herederas de la actividad de la distribución; por otro lado, «más grave aún», la confusión de los usuarios que son expulsados del mercado regulado al mercado libre sin su conocimiento, ya que la filial en el mercado libre puede fácilmente atraer a los clientes del mercado regulado que no perciben el cambio de compañía ante la similitud de nombres y marcas.

OCU recuerda que la normativa del sector eléctrico califica como grave esta infracción y establece sanciones que van de 600.000 euros a 6 millones de euros, por lo que pide a la CNMC que, con este procedimiento, además de obligar a una clara separación de marcas y logos entre ellas, se estudie la aplicación de las sanciones que desincentiven nuevas prácticas perjudiciales para los consumidores.

La CNMC investiga los métodos de captación de clientes de las comercializadoras energéticas

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga la actuación de las comercializadoras energéticas para captar clientes, especialmente en los casos que acuden a domicilios particulares, con el objetivo proteger a los consumidores. El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha explicado que también pretenden evitar la «confusión» y «obstáculo a la competencia» que se produce porque los grupos eléctricos muestran marcas similares para sus distribuidoras, comercializadoras del mercado libre y las de referencia, que son las que ofrecen los precios regulados.

También se ha referido a la «más que probable» apertura de un procedimiento de infracción contra España por atribuir al Gobierno la fijación de tarifas de peajes eléctricos y otras funciones que deberían corresponder a la CNMC, lo que fue recurrido por ésta ante el Tribunal Supremo. Marín Quemada ha afeado la «resistencia» a «entender y aceptar el papel que las autoridades de regulación independientes han de jugar en economías modernas«. Finalmente, cifró el ahorro para los consumidores derivado de las actuaciones en defensa de la competencia de la CNMC entre 2013 y 2017 en 600 millones de euros anuales.

La CNMC autoriza la integración de las comercializadoras de electricidad Audax y Unieléctrica aunque seguirán trabajando de forma independiente

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EFE.- El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la integración de las comercializadoras de energía eléctrica Audax y Unieléctrica, según los registros del organismo regulador. Audax, a través de la sociedad Eryx Investments, notificó la operación a la CNMC el pasado 9 de febrero.

Posteriormente, Unieléctrica precisó que la integración sólo se producirá a nivel estratégico, ya que las dos empresas y sus filiales seguirán trabajando de forma independiente y en régimen de competencia. El acuerdo, del que surgirá el séptimo grupo comercializador de energía de España, se concretará mediante una toma cruzada de participaciones accionariales. La estructura interna y las líneas de trabajo de Unieléctrica y de las otras dos empresas del grupo no variará. Lo mismo ocurrirá con Audax y sus filiales.

El organismo antimonopolio Cofece investiga en México una concentración empresarial “ilícita” en el mercado de los carburantes

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EFE.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció que ha iniciado una investigación por denuncia para determinar la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de comercialización, distribución y expendio público de gasolinas y diésel. La Cofece indicó que, a raíz de la reforma energética de 2013, los expendedores de combustibles han buscado esquemas para lograr economías de escala, por lo que en fechas recientes podrían haberse llevado a cabo adquisiciones, fusiones, consorcios o «alianzas comerciales».

Por ejemplo, en el último año el 10% de las estaciones de servicio del país ha cambiado de razón social. La Comisión señaló que estas operaciones, que generalmente buscan conseguir objetivos como reducir costes, mejorar el suministro o ampliar la oferta de combustibles, no necesariamente son concentraciones ilícitas. Sin embargo, añadió, pueden constituir una práctica anticompetitiva si aumenta sustancialmente el poder de uno o varios agentes económicos, desplaza a otros agentes, obstaculiza el acceso de terceros al mercado o facilita la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.

«Por ello, desde 2016 la Cofece recomendó a los agentes económicos de este sector que notifiquen de forma preventiva cualquier proyecto de asociación o concentración, con el objeto de ponderar su posible impacto en las condiciones de competencia que prevalecen en los mercados de estos combustibles», señaló. Precisó que este procedimiento de investigación «no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones en materia de competencia económica«. De comprobarse una concentración ilícita, la Comisión puede demandar la corrección o supresión de la práctica ilegal, ordenar la desconcentración parcial o total y multar al agente económico, entre otras medidas.

Cañete subraya que los Estados no pueden dar ayudas a las empresas para adaptar las térmicas a los requisitos medioambientales

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EFE.- El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, recordó que los Estados miembros de la Unión Europea «no están autorizados» a conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas medioambientales obligatorias porque eso les otorgaría «una ventaja competitiva desleal«.

Cañete respondió así a los eurodiputados de Los Verdes/ALE, Florent Marcellesi, y de Podemos, Xabier Benito, sobre el encaje en la legislación europea y el Acuerdo Climático de París del plan del Gobierno de impedir el cierre de centrales energéticas, incluidas las térmicas, si afecta al precio de la luz: «De conformidad con las normas de competencia, los Estados miembros no están autorizados a conceder ayudas estatales a las empresas para cumplir normas medioambientales obligatorias porque esto atentaría contra el principio de quién contamina, paga«.

El eurocomisario señaló que supondría una «ventaja competitiva desleal» respecto a otras formas de producción de electricidad y de las mismas centrales en otros Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea aseguró estar «al corriente» del decreto de España y aseguró que mantiene «un estrecho contacto con las autoridades españolas» para aclarar el contenido del mismo y buscar soluciones «que se ajusten al Derecho vigente de la Unión».

«La Comisión Europea nos da razón: el Gobierno español no puede conceder ayudas estatales a centrales de combustibles fósiles para cumplir normas medioambientales. En caso contrario, esto conferiría a las energías sucias una ventaja competitiva desleal frente a las energías limpias, como las renovables«, celebraron ambos eurodiputados. Marcellesi y Benito pidieron al Gobierno español que se una a la lista de países que anunciaron una fecha para poner fin al carbón tras la cumbre climática COP23 de Bonn de noviembre.