Los representantes de las cinco principales organizaciones ambientales en España han criticado la política de los distintos Gobiernos en esta materia y han reclamado una «verdadera transición energética» y unos objetivos de reducción de emisiones domésticas «verdaderamente ambiciosos».

En este sentido, la portavoz de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, ha indicado que se trata de una noticia que ya se esperaba porque España «ha hecho lo que tenía que hacer formalmente» respecto al primer periodo del Protocolo de Kioto, pero «lo ha hecho comprando emisiones».

Por ello, ha recomendado al Gobierno que, de cara al segundo periodo de cumplimiento, debe fijar objetivos de reducción de emisiones «más ambiciosos» de lo que exigen los compromisos internacionales y que estas reducciones se hagan en España. «Eso es esencial, porque si no, la reducción no es real», ha manifestado. Para ello, estima necesarias políticas «efectivas» en esta línea y que esto se planifique con los presupuestos de carbono, con un objetivo repartido de la carga entre los distintos sectores.

Mientras, el responsable de energía de Ecologistas en Acción, Rodrigo Iruzun, ha dicho que el primer periodo de Kioto era «simbólico» porque, en realidad se permitía a España emitir un 15% más de CO2 que en 1990. En este sentido, ha denunciado que España no ha cumplido con reducciones internas sino con la compra de derechos y haciendo «un uso masivo y desmesurado» de los mecanismos de flexibilidad y de desarrollo limpio en terceros países.

En concreto, ha indicado que a partir del año 2000 España incrementó «muchísimo» sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a partir de 2008 experimentaron un «fuerte descenso». «El periodo 2008-2012 -el que sirve para medir las emisiones- no es representativo y sin embargo se han tenido que comprar derechos en el exterior».

A su juicio, «esto es una trampa, pero el Protocolo de Kioto está así pensado», ya que España ha emitido «mucho más de lo deseable» en un desarrollo sostenible.

Entre sus recomendaciones, se deben poner en marcha mecanismos estructurales eficaces para reducir los GEI y dejar de apostar por un crecimiento basado en la movilidad, el turismo insostenible, los viajes en avión, alta velocidad y carretera. «Se necesita una apuesta por un cambio en la economía hacia lo más sostenible ambientalmente y socialmente», ha apostillado.

En este sentido, la portavoz de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha recordado que España es el país que más ha tenido que pagar para cumplir con Kioto porque «no ha sido ambiciosa» a la hora de cambiar el modelo energético y le ha costado 830 millones de euros entre 2008 y 2012. «Las cuentas salen, pero porque se ha comprado, ya que se ha emitido más de lo permitido», ha subrayado.

De este modo, quiere que en el segundo periodo de Kioto (2012-2020) España vaya más allá de cumplir la cuota de energías renovables hasta el 20 por ciento y de reducir un 10 por ciento las emisiones de sectores difusos como el transporte o la agricultura. Sin embargo, cree que, de momento «no está encaminada» y ha mostrado su sorpresa por la reciente aprobación del plan de apoyo al carbón nacional que, «queda muy lejos de los objetivos de reconversión del sistema energético». «El Gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que recomiendan los objetivos de la UE y los científicos», ha sentenciado.

Mientras, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha lamentado que se ha cumplido con «un aprobado por los pelos» y ha manifestado que no es una cuestión de signo político, sino que esto se debe al último periodo del PSOE y al primero del PP.

En su opinión, España «debe hacer bien sus deberes» con una transición a un nuevo modelo energético y ha recordado que es el país europeo con mayor riesgo de desertificación. «El nuevo modelo energético requiere de un pacto de Estado que no dependa de los vaivenes políticos del partido que esté en cada caso en el poder», ha reclamado y ha advertido de los efectos futuros del parón de las renovables.

De hecho, estima que si los más de 800 millones destinados a la compra de derechos de CO2 se hubieran invertido en una transición energética y en la eficiencia energética, se habría logrado, además «un montón de empleo verde». Por ello, estima que el país debe ser «más inteligente» a la hora de afrontar los compromisos climáticos, que van de la mano con el crecimiento verde del futuro.

Respecto a la política del último Gobierno, ha valorado que es un «acierto indiscutible» dejar de comprar derechos, pero cree que esto se debe acompañar de un tránsito a una energía 100 por 100 renovable.

Además, ha lamentado la «clara incoherencia política» entre las apuestas del Ministerio de Medio Ambiente y la política energética del Ministerio de Industria y ha precisado que el «parón de las renovables» del ministro José Manuel Soria «ha hecho mucho daño».

«Los ministerios que debían ir de la mano iban por caminos distintos. Solo se han puesto tiritas. Esperamos que la ventana de oportunidad que se abre con las interconexiones sirva para desbloquear el avance de las renovables y no para dar vía libre al gas«, ha concluido.

Por su parte, el director ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, opina que cumplir el Protocolo de Kioto es «mejor noticia que no cumplido», pero en este caso se ha logrado porque el periodo en que se miden las emisiones de gases de efecto invernadero coincide con la «mayor crisis económica que se recuerda» y que ha provocado un desplome del consumo y que la nueva potencia instalada ha entrado a contar en el mix energético.

«Al final hemos compensado lo que nos faltaba comprando derechos a Polonia y así es como hemos cuadrado las cuentas. Si hubiéramos hecho los deberes España habría tenido muy buenos resultados, así que nada de triunfalismos ni de sacar pecho porque hemos tirado de chequera», ha apostillado.

En este sentido, ha alentado poner las bases para evitar que tan pronto haya una recuperación económica vuelvan a aumentar las emisiones porque, de momento, se mantiene una enorme dependencia de las energías fósiles y ha urgido a cambiar la política de infraestructuras y transportes y de eficiencia energética.

Del Olmo reconoce que se han hecho «algunas cosas» para cambiar la tendencia por parte de Medio Ambiente, departamento del que señala que con los pocos recursos que tenía lo ha intentado, pero ha criticado al Ministerio de Industria por su «bombardeo de las renovables».

Finalmente, cree que España tiene un gran potencial para reducir emisiones más allá del objetivo del 40 por ciento de reducción fijado por la Unión Europea. «Este ha sido un aprobado de chiripa por la crisis. España tiene posibilidades y puede ir más allá», ha concluido.